Auto 2013-00378/51243 de junio 29 de2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 170012333000201300378 01

Exp.: 51243

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actora: Paula Alexandra Zapata Castro y otros

Demandado: Municipio de Manizales y otros

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado de conformidad con el numeral 6º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1).

10. De igual forma, se advierte que el despacho es competente para decidir el presente asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las solicitudes de vinculación de terceros realizadas por las demandadas, providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 243 ibídem.

II. Problema jurídico

11. Le corresponde al despacho determinar si dentro del sub examine existe una relación legal o contractual que permita la vinculación en calidad de terceros de las entidades invocadas por el municipio de Manizales y Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

III. Análisis del despacho

12. En el presente caso, el tribunal de primera instancia consideró en la providencia impugnada que, frente a la solicitud de vinculación elevada por las demandadas, no se encontró relación legal o contractual que las fundamentara, pues, a su juicio, no resultaba procedente la figura del litisconsorcio, así como tampoco se acreditaron los requisitos mínimos para el llamamiento en garantía.

13. Por otro lado, en el escrito impugnatorio elevado por el municipio de Manizales, se dijo, respecto de la solicitud dirigida a vincular a Infimanizales bajo la figura del llamamiento en garantía, que el contrato de concesión aportado daba cuenta de la relación contractual que permitía realizar el llamamiento, mientras que, sobre la vinculación de Corpocaldas, era necesario traerla dentro del proceso en virtud de la cláusula general de competencias conforme a sus obligaciones legales y constitucionales en asuntos relacionados con el daño alegado en la demanda. Por su parte, como fundamento de la apelación, Aguas de Manizales S.A. E.S.P. adujo que el llamamiento en garantía solicitado se cimentaba en las obligaciones legales derivadas de la norma que consagraba las funciones de este establecimiento público.

14. En primer lugar, considera relevante el despacho recordar la naturaleza y noción de algunas de las figuras consagradas por la ley vigente para realizar la vinculación de terceros en el marco del medido de control de reparación directa. Así pues, se revisará someramente, para efectos de resolver el problema jurídico suscitado, el contenido y alcance de las figuras del llamamiento en garantía y el litisconsorcio conforme a lo estipulado en las leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012.

15. Con relación a la vinculación de terceros al proceso, se recuerda que las partes que intervienen en la composición de un litigio, como demandante y demandado, pueden estar conformadas por una sola persona, en cada caso, o por el contrario, pueden converger a integrarlas una pluralidad de sujetos independientes, evento en el cual se está en presencia de lo que la ley y la doctrina han denominado un litisconsorcio(2).

16. Frente a la vinculación de terceros a la causa bajo la figura del litisconsorcio, conviene resaltar que el artículo 61 del Código General del Proceso señala que “cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan”.

17. De lo anterior se desprende que la vinculación oficiosa que puede hacer el juez dentro de un proceso bajo la figura del litisconsorcio solo resulta posible y procedente en aquellos casos en los que se trate de un litisconsorcio necesario, es decir, en aquellos eventos en los cuales es pertinente llevar el proceso a fallo cuando dentro de la causa han concurrido todas las partes que deben componer uno de los extremos del contradictorio. Así pues, la figura del litisconsorcio es una institución procesal que se aplica en aquellos eventos en los cuales la legitimación por activa o por pasiva puede (facultativo) o debe (necesario) estar integrada por más de una persona natural o jurídica en virtud de una relación sustancial determinada.

18. En virtud de lo anterior, debe primero señalar el despacho que la solicitud de “vinculación de tercero” realizada por la demandada municipio de Manizales (supra párr. 2.2) respecto de la Corporación Autónoma Regional de Caldas —Corpocaldas— no se encuentra llamada a prosperar, comoquiera que es claro para el despacho que es al demandante a quien le asiste el derecho de ejercer el medio de control de reparación directa en contra las entidades que, a su juicio, originaron o contribuyeron solidariamente a la consecución del daño antijurídico del cual persigue una indemnización, sin que le sea posible a la entidad demandada suplir dicha facultad mediante la vinculación de terceros, salvo en el caso del litisconsorcio necesario, el cual, en todo caso, no resulta aplicable dentro del sub examine.

18. Ahora bien, el llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual que vincula a la parte dentro de un proceso determinado (llamante) y a una persona ajena al mismo (llamado), permitiéndole al primero traer a este como tercero, para que intervenga dentro de la causa, con el propósito de exigirle que concurra frente a la indemnización del perjuicio que eventualmente puede llegar a quedar a cargo del llamador a causa de la sentencia. Se trata pues de una relación de carácter sustancial que ata al tercero con la parte principal, en virtud de la cual aquel debe responder por la obligación que surja en el marco de una eventual condena en contra del llamante.

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(3) en materia del llamamiento en garantía dentro de los procesos adelantados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, le corresponde a la parte interesada cumplir con una serie de requisitos mínimos para efectos de que prospere su solicitud. En efecto, tal norma señala que le corresponde a la parte llamante mencionar en el escrito de su solicitud: la identificación del llamado, la información de domicilio y de notificación tanto del convocante como del citado, y los hechos en que se fundamenta el llamamiento(4).

21. Adicionalmente, existe la carga de aportar prueba, si quiera sumaria, de la existencia del vínculo legal o contractual que da lugar al derecho para formular el llamamiento en garantía. Es decir, es indispensable, además del cumplimiento de los requisitos formales, que el llamante allegue prueba del nexo jurídico en que apoya la vinculación del tercero al proceso, dado que su inclusión en la litis, implica la extensión de los efectos de la sentencia judicial al convocado, causándole eventualmente una posible afectación patrimonial(5).

22. Respecto del vínculo legal a que se refiere el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, aclara el despacho que este debe provenir de un precepto normativo que expresamente señale que a la entidad que se llama en garantía le asiste la obligación de concurrir a la reparación de un eventual daño que sea atribuido en cabeza de la entidad llamante. Por ello, la mera invocación de disposiciones generales que establecen la competencia de las entidades del Estado en materia del daño discutido en el litigio —por ejemplo, como ocurre en el presente caso, frente a las atribuciones funcionales en cabeza de las corporaciones autónomas regionales de velar por el mantenimiento medioambiental de las zonas en que ejercen su jurisdicción—, no resulta suficiente para fundamentar la vinculación como tercero.

23 En efecto, para que se pueda invocar el llamamiento en garantía con fundamento en un vínculo legal, se verificará que el nexo establecido en una determinada norma contenga de forma expresa la obligación de concurrencia, tal como ocurre en el caso del llamamiento en garantía con fines de repetición, consagrado en el artículo 19 de la Ley 678 de 2001(6), en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política. También es el caso de los daños ocasionados por aquellas personas a cargo de quien sea eventualmente llamado a concurrir, conforme a lo señalado en el artículo 2347 del Código Civil(7), en virtud del cual, por ejemplo, los padres son responsables solidarios del hecho de los hijos menores de edad a su cargo; los directores de colegios con ocasión de lo efectuado por sus estudiantes; o los empleadores por las conductas cometidas por sus empleados y dependientes en horario laboral.

24. Pues bien, respecto de la solicitud de vinculación bajo la figura del llamamiento en garantía realizada por el municipio de Manizales respecto de Infimanizales, se debe señalar que, tal y como lo encontró el tribunal, el contrato de concesión aportado como fundamento del vínculo existente entre las dos entidades no puede ser aceptado, comoquiera que este no fue suscrito entre el ente territorial y la entidad llamada en garantía(8), en tanto el mismo fue realizado entre esta última y Aguas de Manizales S.A. E.S.P. Por este motivo, la que eventualmente tendría derecho a invocar el derecho de llamamiento sería Infimanizales en su calidad de concedente frente a la sociedad concesionaria, quien, se advierte, quedó obligada a responder por los daños provocados a partir de la prestación de sus servicios(9), toda vez que a pesar de ser una autoridad adscrita al municipio de Manizales, goza de personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio e independiente(10). Es por esto que no hay lugar a considerar que se reúnen los requisitos exigidos por la ley para la admisión del llamamiento.

25. Lo anterior en atención a que la jurisprudencia constante de esta corporación, ha dejado claro que:

“(…) la exigencia de que, en el escrito de llamamiento, se expongan los hechos en que se apoya la citación del tercero y los fundamentos de derecho que sustenten la actuación, tiene por finalidad establecer los extremos y elementos de la relación sustancial que se solicita sea definida por el juez, y de otro lado, ofrecer un fundamento fáctico y jurídico mínimo del derecho legal o contractual en que se apoya el llamamiento en garantía que se formula, en orden a que el uso de ese instrumento procesal sea serio, razonado y responsable y, al propio tiempo, se garantice el derecho de defensa de la persona que sea citada en tal condición al proceso; de allí que, si bien la remisión que para efectos del trámite se hace en la parte final del artículo 57 del C. de P.C. está referida tan solo a los artículos 55 y 56 ibídem, la exigencia contenida en el inciso segundo del artículo 54 del mismo es igualmente predicable para el caso del llamamiento en garantía y no exclusivo para la figura de la denuncia del pleito allí regulada (…)”(11).

26. Por otro lado, frente a la solicitud de vincular a la Corporación Autónoma Regional de Caldas bajo la figura del llamamiento en garantía elevada por Aguas de Manizales S.A. E.S.P., el despacho aclara que, contrario a lo que sostiene dicha sociedad, de su solicitud no se deriva un vínculo legal que permita realizar dicho llamamiento, comoquiera que la legislación invocada tan solo señala las competencias de las corporaciones autónomas regionales de forma general, y no establece una obligación de concurrencia en los términos que aquí se han advertido.

27. En virtud de todo lo anterior, el despacho procederá a confirmar la providencia impugnada toda vez que, se advierte, el tribunal acertó al considerar que ninguna de las solicitudes elevadas por las demandadas cumplió con los requisitos mínimos exigidos por el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —y otros—, para realizar la vinculación de los terceros señalados en sus peticiones.

28. Por otro lado, con relación al memorial allegado el 11 de febrero de 2016, mediante el cual se remitió el poder(12) otorgado por la demandada municipio de Manizales, se procederá a reconocer la respectiva personería, toda vez que se cumplen con todos los requisitos legales para el efecto.

RESUELVE

1. CONFIRMAR el auto del 11 de abril de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, en virtud las consideraciones expuestas en la presente providencia.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 y siguientes del C.G.P., RECONOCER personería jurídica al abogado Carlos Alberto Arias Aristizábal, identificado con cédula de ciudadanía Nº 10 225 318 de Manizales y portador de la tarjeta profesional Nº 21 604 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial del municipio de Manizales, en los términos y para los efectos del poder a él conferido, obrante a folio 754 del cuaderno principal.

3. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

1 El despacho encuentra que el presente asunto tiene vocación de doble instancia comoquiera que la cuantía de la demanda presentada corresponde a la suma de $ 538 680 000 (f. 10, c. 1), la cual resulta mayor a los 500 S.M.L.M.V. exigidos para el medio de control de reparación directa promovido en el año 2013 ($ 294 750 000).

2 Sobre la figura del litisconsorcio se ha referido esta corporación en otra oportunidad, al señalar que: “[e]l Código de Procedimiento Civil en sus artículos 50, 51 y 83 plantea la existencia de litisconsorcios de carácter facultativo y necesario, cuya ocurrencia dependerá de la existencia de una relación substancial entre dos o más personas, naturales o jurídicas, que las habilita para hacerse parte en un proceso, ya sea activa o pasivamente. El litisconsorcio será necesario en la medida en que esa relación sustancial implique que el proceso debe ser resuelto de manera uniforme para todas esas personas, lo que implica que solo con la concurrencia de todos aquellos que compartan esa relación será válido adelantar el proceso. Por el contrario, cuando la relación existente no hace que la litis deba resolverse de forma homogénea, el litisconsorcio será facultativo, por lo que se podrá dirimir el litigio sin la concurrencia de todos aquellos que compartan la relación.” Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 29857 C.P. Danilo Rojas Betancourth.

3 “Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación (…)”.

4 Según dicho artículo: “(…) [e]l escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos: 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso. 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito. 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen. 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales”.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2011, Rad. 18.901 C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

6 “Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario”.

7 “Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así, los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices, o dependientes, en el mismo caso”.

8 En efecto, en el documento aportado se evidencia que los extremos del acuerdo de concesión están dados por Empresas Públicas de Manizales, hoy Infimanizales, como concedente, y Aguas de Manizales S.A. E.S.P., como concesionaria (f. 212-251, c. 2).

9 En virtud de lo señalado en los artículos 14 a 17 y 68 a 69 de la reglamentación contenida en el contrato de concesión celebrado (f. 212-266, c. 2).

10 Tal como así quedó establecido en el Acuerdo 292 de 1997, emitido por el Concejo de Manizales, “por medio del cual se modifican los estatutos de las empresas públicas de Manizales”, en cuyo artículo primero se establece que “[l]a entidad descentralizada creada por el Acuerdo 004 de 1962 del Concejo de Manizales y modificado entre otros por el Decreto Extraordinario 007 de enero 8 de 1987 de la Alcaldía de Manizales y el Acuerdo 044 de 1989 del Concejo Municipal, en adelante se denominará ‘Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales’, seguirá funcionando sin solución de continuidad como establecimiento público del orden municipal, adscrito a la Alcaldía, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio propio e independiente. Dicho establecimiento se identificará con la sigla ‘INFI-MANIZALES’” (se resalta).

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 14 de noviembre de 2002, exp. 22643, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

12 Visible a folio 754 del cuaderno principal.