Auto 2013-00392/54691 de julio 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Bogotá D.C., veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

Rad. 23001-23-33-000-2013-00392-01 (54.691)

Actor: Rafael Darío Negrete Montes y otros.

Demandado: Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge y otros.

Referencia: Acción de reparación directa.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El recurso de apelación resulta procedente, comoquiera que fue interpuesto oportunamente y busca controvertir una providencia apelable, conforme a lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 180 del CPACA.

Ahora bien, respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la CVS, se encuentra que, si bien los actores no aportaron con la demanda el certificado de tradición y libertad en el que se evidenciara la inscripción de la escritura 643 de 2013, lo cierto es que, al descorrer el traslado de las excepciones, la parte demandante señaló que la inscripción de esa escritura se encontraba en trámite.

Adicional a ello, se observa que, en la audiencia inicial y ante la imposibilidad de probar plenamente la propiedad del lote de terreno afectado con el desbordamiento del rio Sinú, el a quo, de oficio, le solicito a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que allegara la información que permitiera establecer si la escritura 643 de 2013 había sido inscrita o si ese asunto se encontraba en trámite; sin embargo, al responder al tribunal, la oficina de registro de Montería no allegó la información de manera completa, toda vez que remitió el certificado de tradición y libertad que corresponde a otra escritura, situación ante la cual la parte actora allegó en ese mismo momento el certificado de tradición que daba prueba de la inscripción de la mencionada escritura pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el despacho es claro que no puede tenerse por extemporánea la prueba aportada por la parte actora, ya que, como bien lo manifestó la apoderada de la parte demandante en el recurso de apelación, al allegar el certificado de tradición y libertad en el que consta la inscripción de la escritura pública 643 de 2013 estaba supliendo la omisión en la que incurrió la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, la cual envió de manera incompleta la información solicitada por el tribunal de instancia; además, desde el inicio del proceso la actora puso de presente que el registro de la mencionada escritura se encontraba en trámite, situación que hacía imposible que allegara el certificado de tradición junto con la demanda.

Al respecto, resulta necesario aclarar que la ley establece ciertos términos procesales que deben respetarse; sin embargo, en eventos como el sub examine, no aceptar como prueba el certificado de tradición y libertad que fue aportado en audiencia pública implicaría caer en un exceso ritual que iría en detrimento, incluso, del acceso a la administración de justicia de los demandantes, pues se recuerda que, en este caso, la prueba no pudo ser oportunamente allegada al proceso por una omisión de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, omisión cuyos efectos no pueden recaer en cabeza de quien pidió a tiempo la prueba, so pena de incurrir en una posible violación a algunos derechos de las demandantes, tales como el de defensa y el de acceso a la administración de justicia. Por lo anterior, la decisión que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa será revocada.

Ahora, teniendo en cuenta que los argumentos utilizados por la Empresa Urrá S.A. ESP para fundamentar las excepciones de “inexistencia del demandado” y la “falta de legitimación en la causa por pasiva” son prácticamente los mismos, el despacho las estudiará de manera conjunta.

Como ya fue señalado, el inconformismo de la apelante radica en que la parte actora tanto en la demanda como en su corrección, señaló como demandada, entre otras, a la Empresa Urrá S.A. ESP - Central Hidroeléctrica Urrá I, cuando la denominación correcta es Empresa Urrá S.A. ESP, por lo cual, consideró que la empresa demandada no existe.

Frente a lo anterior, para el despacho no quedan dudas de que, como lo afirmó el tribunal de instancia, la denominación que le dio la parte actora en el texto de la demanda no obedeció a cosa distinta que a un intento de dar mayor claridad acerca a quién se demandada(sic), error que no resulta suficiente como para desvincular a la Empresa Urrá S.A. ESP del proceso, máxime cuando ese yerro no se prestó para que se configurasen nulidades procesales, pues se recuerda que, en el auto admisorio de la demanda, el a quo vinculó de manera correcta a la mencionada sociedad, la cual, además, ha venido actuando de manera constante a lo largo del proceso ejerciendo su derecho de defensa, razón por la cual la decisión tomada por el tribunal de instancia será confirmada, máxime que, si se quiere, se trata de un defecto meramente formal que no puede primar sobre lo sustancial (art. 228, C.P.).

Por último, en torno a la excepción de “caducidad de la acción”, propuesta por la CVS y la Empresa Urrá S.A. E.S.P., se observa que ambas demandadas alegan que el daño empezó en 1998, por lo que, al interponer la demanda en 2013, la acción se encontraba caducada.

Revisada la demanda y su corrección, se observa que la actora manifestó que en 1998 empezó el proceso de erosión que desvió el cauce del río Sinú; sin embargo, de manera clara dice también que el desbordamiento del mencionado río que causó los daños por los cuales demanda sucedieron en noviembre de 2011, por lo que, para el despacho, no quedan dudas de que, al haber interpuesto la demanda el 23 de octubre de 2013, la acción fue interpuesta dentro del término que prevé el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual la decisión tomada por el tribunal de instancia será confirmada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto del 17 de junio de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba, pero en lo que se refiere, únicamente, a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa; en consecuencia, se dispone:

Tener por allegada oportunamente la prueba aportada por la parte actora en eI trámite de la audiencia inicial y, en consecuencia, DECLÁRASE no probada la excepción del falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.

2. Conforme a lo expuesto en esta providencia, CONTINÚESE con el trámite del proceso.

3. En firme este proveído, DEVUÉLVASE el proceso al tribunal de origen, para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».