Auto 2013-00441 de abril 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Ref.: Expediente 11001020300020130044100

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Cuando los jueces dilucidan una u otra controversia, según sus competencias, deben acometer un mínimo de formalidades previstas en la normatividad vigente, entre las que, de manera principal, aparecen las reguladas en el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, relacionadas con la decisión de fondo.

“En la sentencia (...)”.

“La parte resolutiva (...) deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones (...)” —se hace notar—.

Exigencia de estas características no es sino el reflejo de la forma en que se materializa el precepto constitucional del debido proceso (art. 29). No resulta procedente evaluar en su verdadera dimensión el pronunciamiento judicial de que se trate, si el mismo no contiene resolución sobre todos los extremos de la relación material o conteniéndolos, devienen incompletos o carentes de la claridad debida en procura de su efectividad. Las partes, sin duda, verán limitadas sus posibilidades de exponer en uno u otro sentido la inconformidad que les nazca frente a una concreta decisión, si no es clara y expresa. La ejecución de las decisiones judiciales no sería eso, la forma de materializar el derecho reconocido, sino una nueva controversia.

2. Cuando la determinación judicial, como en el caso presente, no contiene resolución expresa sobre aspectos de suma trascendencia como la fecha que debe tenerse presente para efectuar el cambio de la moneda extranjera, ni los límites temporales de los intereses corrientes y moratorios, surgen razonables controversias y, por supuesto, emerge incertidumbre alrededor de esos referentes litigiosos dejando, inclusive, a la especulación o aprovechamiento interpretativo de uno u otro litigante, el sentido o destino de la decisión, con las consecuencias nocivas a las partes mismas y al servicio de justicia.

3. En el caso examinado, en el libelo pertinente, la actora en sus pretensiones 2 y 3, en su orden, solicitó:

“(...) se condene a la sociedad demandada al pago del saldo insoluto (...) o a su equivalente en pesos, a la tasa representativa de la fecha en la que se verifique el pago” —la suscrita magistrada hace notar—.

“Que se condene al demandado a pagar los intereses moratorios y corrientes que habrán de liquidarse respecto de la factura ZFMM-0257 del 9 de diciembre de 2002, hasta la fecha en la que se verifique el pago integro y definitivo de la suma adeudada”.

El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, al momento de redactar la sentencia emitida, expuso como parte de los argumentos esbozados lo que sigue:

“Siendo así las cosas, y como quiera que se encuentra responsable a la demandada de manera solidaria por el incumplimiento del contrato de fecha 31 de julio de 2002, debiendo cancelar las sumas que por las (sic) prestación del servicio se acordó con la demandante, cuyos montos no fueron objeto de contradicción dentro del proceso, valores que se concretan a: Setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y un mil dólares con quince centavos (US$78.651.15), pagaderos desde el 9 de diciembre de 2002, más los intereses corrientes y moratorios hasta que se verifique el pago”.

Luego de esa fundamentación, resolvió:

“2. En consecuencia condenar a la demandada Agencia Marítima Mundinaves Ltda al pago de setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y un mil dólares con quince centavos (US$78.651.651.15), pagaderos desde el 9 de diciembre de 2002, más los intereses corrientes y moratorios hasta que se verifique el pago”.

El tribunal, a su turno, expuso:

“(...) en todos los aspectos cuestionados o discutidos en la alzada acertó la juez a quo, y en ese orden de ideas, evidencia esta Sala que el fallo apelado encuentra fuerza suficiente para mantenerse incólume, por lo que debe ser confirmado (...)”. Y, ciertamente, el ad quem validó en su totalidad la sentencia de primera instancia.

4. Ninguno de los funcionarios precisó, en las sentencias de primera o segunda instancia, dos aspectos de vital trascendencia: i) la fecha en que debía realizarse la conversión de la moneda extranjera a la nacional; y, ii) aquella en que debían contabilizarse los intereses reconocidos. Este último olvido se hace más notorio si se tiene en cuenta que la obligación reconocida a favor de la actora, según quedó reseñado en el debate planteado, refleja plazos para el pago de algunas cuotas y mora en la satisfacción de las mismas.

5. Tan importante resultaba un pronunciamiento sobre lo anterior que el mismo tribunal, al momento de analizar la procedencia del recurso de casación y, luego, cuando se vio precisado a resolver la reposición aducida, frente a la providencia que negó el recurso extraordinario, tuvo que aludir a esos aspectos y, en particular, a la fecha de la tasa de cambio y a aquella en que procedían los intereses moratorios.

En otras palabras, de la actuación cumplida por los sujetos procesales alrededor de esta controversia, surgen dos conclusiones: la primera de ellas, que las sentencias emitidas no resolvieron aspectos que hacían parte de las pretensiones de la demandante, como los reseñados en precedencia, y, la segunda, que por razón de esa omisión, convalidada tanto por la actora como por la demandada, ante la necesidad de expresar el parecer de la judicatura sobre tales tópicos, el fallador, a través de dos autos y no sentencia (el que negó la concesión del recurso de casación y el que resolvió la reposición ante tal negativa), intentó suplir tales deficiencias, proceder que no responde, plenamente, a las previsiones legales sobre aclaración, adición o complementación de providencias judiciales, cuya regulación está señalada expresamente en la Ley de Procedimiento Civil (arts. 309 y ss.), a lo que debe agregarse que en providencia unitaria se hizo pronunciamiento alrededor del tema.

6. Bajo esas circunstancias, puesta la Corte en el compromiso de resolver la legalidad o no de la providencia que negó la concesión del recurso de casación, es decir, pronunciarse sobre la queja propuesta, se vería precisada a convalidar la actuación del tribunal que, como se advirtió, no responde a los parámetros normativos fijados en las disposiciones de procedimiento o, dado el caso, a prohijar los límites temporales necesarios para resolver el recurso, lo que implicaría fijar las fechas de la tasa de cambio y aquellas en que operen los intereses reconocidos, asunto que es de la potestad de los jueces de instancia. Uno y otro proceder, por supuesto, no le están permitidos a esta corporación.

7. Surge de lo dicho que el trámite agotado por el ad quem con ocasión del recurso que se examina resultó prematuro, en la medida en que la sentencia proferida no ha fijado, con la claridad y precisión que impone la norma procesal (CPC, art. 304), los términos de las pretensiones de la actora. Cumplido lo anterior, muy seguro, existirán los elementos suficientes para superar cualquier discrepancia sobre el interés de la actora para recurrir en casación.

Por lo expuesto se

RESUELVE:

1. DECLARAR PREMATURO el trámite relacionado con la queja propuesta por la parte demandada.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal para que disponga lo que considere pertinente, habida cuenta que la sentencia emitida no dilucidó aspectos de las pretensiones de la actora (CPC, arts. 304, 309 y 311).

3. La secretaría devolverá las presentes diligencias en su debida oportunidad, dejando, previamente, las constancias del caso.

Notifíquese».