Auto 2013-00447 de mayo 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001-0203-000-2013-00447-00

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El “cambio de radicación de un proceso” es una posibilidad que introdujo el numeral 8º del artículo 30 de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso y cuya competencia se atribuyó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuando la petición implica la remisión de las diligencias de un distrito judicial a otro.

2. En lo atinente a los motivos para la procedencia de la señalada solicitud, se consagran los siguientes:

a). Que en el lugar donde se esté adelantando el proceso existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, o lo concerniente a las garantías procesales, la seguridad o integridad de los intervinientes.

b). Cuando se adviertan deficiencias en la gestión y celeridad de los procesos, situación ante la cual previamente a la decisión, se debe obtener concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Igualmente se establece que están legitimados para promover dicho trámite, las partes del proceso, el Procurador General de la Nación y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4. Así mismo se exige que al respetivo escrito se adjunten los elementos de convicción relacionados con los hechos invocados, toda vez que el asunto debe resolverse de plano. Empero ello no implica la consagración de una prohibición para que se entere al juzgado o tribunal que conoce del asunto, al igual que por su conducto a las partes; por el contrario, en virtud del principio de publicidad que enfatiza el mencionado ordenamiento y al prescribir la citada norma que “la solicitud de cambio de radicación no suspende el trámite del proceso”, permite interpretar que el legislador parte del supuesto que ha de generarse comunicación acerca de la existencia de tal actuación, máxime cuando lo que se busca es modificar las reglas de la competencia por el factor territorial, las que bien es sabido, entre otras razones se justifican porque contribuyen a salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia y a facilitar el derecho de defensa.

Es así, como la Sala en decisiones de ponente, se ha orientado por ese criterio y, en tal sentido en auto de 21 de marzo del año en curso, Exp. 2013-00447, sostuvo que “(...) lo más apropiado en todos los casos en que se pida el cambio de radicación es que se informe al despacho de conocimiento, sobre la presentación del escrito y, por ese medio, hacerlo conocer de todos los participantes en el debate.

“(...) ‘el legislador al momento de regular aquella prerrogativa, guardó silencio alrededor de la posibilidad de que quienes conforman o hacen parte de la controversia, dentro de la cual se peticiona el cambio de radicación, tuvieran la oportunidad de conocer la respectiva solicitud, situación que, inclusive, puede afectar derechos como el debido proceso, la igualdad, buen nombre, etc., (...). Por ello, precaviendo las eventuales repercusiones, [se] considera (...) necesario enterar a todos los intervinientes la iniciación del trámite pertinente, incluyendo al funcionario judicial’ (Auto dic. 18/2012, Exp. 2012-02646)”.

5. En virtud de que la causal basamento de la solicitud de objeto de este pronunciamiento, alude a la “violación de las garantías procesales”, para efectos de establecer los supuestos normativos que las identifican, es necesario consultar no solo la legislación interna, sino los convenios internacionales, toda vez que su mayor trascendencia la han alcanzado por su incorporación en tales textos y por razón de la constitucionalización de los “principios básicos del proceso”.

a). En tal sentido, orientando el análisis a los “asuntos civiles” y sustrayendo lo atinente al “proceso penal”, tenemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, contempla que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”; así mismo prescribe que “[t]oda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones (...)”.

A su vez, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en lo pertinente consagra, que “[t]odas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, (...) para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia (...) contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.

Y la Convención americana sobre derechos humanos o Pacto de San José, prevé que “[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, (...) o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

b). Por su lado, la Constitución Política, al enunciar los “principios de la administración de justicia”, incorpora los supuestos señalados en los reseñados convenios internacionales y sobre el particular establece que las decisiones de la jurisdicción del Estado son independientes, sus actuaciones públicas y permanentes, “y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”, debiéndose observar con diligencia los términos procesales (art. 228); así mismo “garantiza el derecho a toda persona para acceder a la administración de justicia” (229) y también contempla que “[l]os jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial” (230).

Adicionalmente, incluye en el ámbito de los derechos fundamentales, el “debido proceso”, imponiéndolo para toda clase de actuaciones judiciales o administrativas y exige que el juzgamiento sea conforme a las leyes preexistentes, ante juez o tribunal competente, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, el cual debe ser público, sin dilaciones injustificadas y brindar oportunidad para presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra (29), de igual manera ordena implementar la doble instancia, sin perjuicio de las excepciones legales, como también que no haya reforma del fallo en perjuicio del impugnante único (31) y, en virtud del reconocimiento del denominado “bloque de constitucionalidad”, se reconocen plenos efectos jurídicos a los tratados y convenios debidamente ratificados, concernientes a los derechos humanos (93).

c). En el entorno legal, el Código de Procedimiento Civil y con mayor énfasis el Código General del Proceso, incluyen expresamente en el acápite de “disposiciones generales”, la mayoría de las mencionadas garantías, quedando asegurada su aplicación al prever que sus normas son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, al igual que al asignarle específicos deberes al juez para velar por el respeto de las mencionadas garantías.

6. En el sub lite, se infiere de lo informado por el promotor de este trámite, que la “violación de garantías procesales” enrostrada al juez del conocimiento, proviene de que supuestamente omitió observar las normas que fijan los requisitos para la eficacia como “título ejecutivo” de los documentos anexados a las demandas acumuladas y, de otro lado, el haber pasado por lato algunas reglas procesales, de tal manera que pretirió emitir pronunciamiento oportuno en torno a la suspensión del proceso, como también haber negado la invalidación de las actuaciones que se surtieron sin haber adoptado decisión respecto a esa solicitud, procediendo en cambio a ordenar llevar adelante la ejecución.

7. Al respecto cabe acotar, que aunque la aplicación adecuada de la norma sustancial que consagra el derecho cuya protección se demanda, al igual que las reglas y prerrogativas que enmarcan el debido proceso, son una garantía de justicia tanto para quien acciona, como para el opositor, esos son aspectos que le compete examinarlos a los jueces de instancia, de tal manera que la inconformidad sobre esas temáticas, la parte que se considera lesionada en sus derechos e intereses, debe encauzarla a través de los medios de contradicción o mecanismos de defensa legalmente autorizados, en procura de obtener la revisión de la decisión por el mismo funcionario o por el superior funcional, o el saneamiento de las irregularidades cometidas.

8. Así mismo, es de resaltar que si la afectación de las “garantías procesales” tiene origen en una actitud de imparcialidad del juez, en principio, para su control está consagrado el mecanismo de la recusación, con base en las causales taxativamente señaladas por el legislador.

9. Lo anterior permite sostener, que cuando al interior del proceso existan medios habilitados para controlar lo concerniente a la aplicación del derecho en cada caso en particular, o corregir circunstancias que afecten las “garantías procesales”, no es admisible invocar el “cambio de radicación del proceso”, dado que este es un trámite de carácter excepcional y que al no tener la connotación de una instancia adicional, jurídicamente no permite que se entre a revisar las actuaciones, tampoco las providencias proferidas, para establecer su legalidad.

10. Por lo tanto, se estima que los fundamentos para promover dicha solicitud, deben ser externos al entorno fáctico y jurídico del proceso, como claramente lo evidencian las causas que le sirven de apoyo, las cuales aluden a hechos que pueden estar aconteciendo en el territorio o lugar donde se adelanta el juicio, o concernientes al funcionamiento del despacho judicial que conoce del mismo, o a situaciones que representan un peligro para la integridad de las partes.

Sobre el particular, es admisible tomar en cuenta el criterio doctrinario reiterado por la Sala de Casación Penal de esta corporación, plasmado entre otras, en la providencia de 11 de febrero de 2013, Exp. 40625, en la que se dijo: “El cambio de sede del proceso, como excepción a la competencia territorial, es siempre de carácter extremo, residual y procedente solo en casos taxativamente señalados en la disposición citada. Opera cuando se demuestre que, en conexidad con el asunto que es objeto de juzgamiento, existen circunstancias externas, generalizadas y con capacidad suficiente para alterar la competencia, al punto que resulta palpable el perjuicio para el normal desarrollo del proceso. Su finalidad es asegurar una recta, cumplida y eficiente administración de justicia, siempre que no existan otros mecanismos jurídicos distintos que permitan neutralizar las causas expuestas por el interesado” (se resalta).

11. Son suficientes los argumentos expuestos para despachar de manera desfavorable la mencionada petición.

Decisión

En mérito de lo analizado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Denegar la solicitud de cambio de radicación del proceso ejecutivo identificado en el encabezamiento de esta providencia, formulada por la parte demandada.

2. Comuníquese al juzgado de conocimiento para lo pertinente, adjuntando copia de este proveído.

Notifíquese.

Magistrados: Ruth Marina Díaz Rueda.