Sentencia 2013-00477 de abril 18 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 110010203000-2013-00477-00

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil trece.

Se decide de plano la solicitud de cambio de radicación que formula María del Pilar Espinosa del Castillo de dos procesos civiles que adelanta contra Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa y Cía. S. en C., ante los Juzgados 3º y 5º Civiles del Circuito de Santa Marta.

Antecedentes

1. La demandante dentro de sendos trámites “en los cuales se disputan la autenticidad y legalidad de unas actas”, pide que sean trasladados de los dos despachos judiciales en que están siendo impulsados, a otros de igual categoría en Bogotá.

2. Fundamenta su reclamo en lo siguiente:

a) María del Pilar Espinosa del Castillo “inició dos (2) acciones civiles (...), con el fin de impugnar las actas de asamblea 3 y 4 de Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa y Cía. S. en C.”.

b) El 24 de enero de 2011, “cuando iba entrando con su vehículo a la ciudad de Bogotá”, la accionante sufrió un atentado que casi le cuesta la vida, ocasionándole cuadriplejía y atrofia en las cuerdas vocales.

c) Al parecer “su propio hijo —Jorge Camilo—, y cuñados —hermanos de Jorge Gnecco—”, están comprometidos con el ataque, así como con “las falsedades que se consignaron en las actas 3º y 4º”.

d) En la actualidad se encuentra en estado de indefensión “porque no puede valerse por sí misma, grave en su salud a raíz del atentado, sin dinero porque la despojaron de su fortuna y, con unos escoltas que la protegen”.

e) Denunció penalmente “a los que podrían ser los autores intelectuales del crimen —léase hijos y cuñados—, correspondiéndole a la Fiscalía 4ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Soacha, Cundinamarca”.

f) El 30 de mayo de 2011 los “indagados” provocaron una circular suscrita por el Superintendente de Notariado y Registro que “ordenó descabellada y arbitrariamente a todos los notarios del país, abstenerse de realizarle trámites notariales (...) facultad que solo le es dada a las autoridades judiciales, (...) esto con el fin, de no darle oportunidad de otorgar poderes especiales a sus abogados”.

g) Los medios de comunicación, en general, “coinciden en afirmar que la familia Gnecco, son los de mayor poder económico y político (...) del departamento del Magdalena y sus alrededores y; es por ello que ostentan influencias a todo nivel y por ende regional, y lo que al parecer, no le permite a las autoridades ejercer unas funciones diáfanas y, ajustadas a derecho”.

Consideraciones

1. El numeral 8º del artículo 30 de la Ley 1564 de 2012, establece que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia conoce, entre otros asuntos, de “las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación de carácter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisión de un distrito judicial a otro”, cuando “en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes” y, en su inciso tercero, añade que también podrá ordenarse “cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

En esos términos, se constituye en una medida de protección para evitar que los litigios sean definidos con vulneración al debido proceso y en pos de que estén libres de influencias externas, que pongan a una o varias partes en desventaja frente a los demás involucrados.

Sin embargo, tal beneficio no puede ser el producto del capricho o el arbitrio, sino de una exposición clara y concreta del interesado, debidamente justificada y con elementos de convicción que permitan concluir, sin lugar a dudas, la existencia de condiciones de inestabilidad social, inequidad, la indebida injerencia de factores ajenos al debate o la desidia de los funcionarios encargados de solucionarlos.

2. Si bien la figura a la que se acude es nueva en la competencia de esta Sala, en virtud de la asignación hecha en el precepto transcrito del Código General del Proceso, que entró a regir a partir del 1º de octubre de 2012, la corporación en Sala Penal tiene señalado que “el cambio de radicación constituye una excepción a los factores que determinan la competencia territorial y tiene como finalidades preservar el orden público, la imparcialidad o la independencia en la administración de justicia, las garantías, la publicidad del juzgamiento y la seguridad e integridad personal de los sujetos procesales o de los funcionarios judiciales, según lo prevé la norma transcrita (L. 906/2004, art. 46). (...) Dichos objetivos determinan también su viabilidad, de donde se sigue que solo es procedente proponerla con fundamento en uno o varios de los motivos antes señalados, siempre y cuando la causal invocada se motive suficientemente y, a la petición se acompañen las pruebas que le sirvan de soporte, por cuanto el canon 48 del ordenamiento ritual en cita señala que ‘la solicitud debe ser debidamente sustentada y a ella se acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes’” (auto, feb. 20/2013, Exp. 40696).

3. Tienen relevancia en la decisión que se toma los aspectos que se resaltan a continuación:

a) Que el 9 de septiembre de 2011, se inició ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta proceso abreviado de María Espinoza del Castillo contra Inversiones Palo Alto Gnecco Espinoza y Cía., con radicado 2011-00214 (fl. 27).

b) Que el 20 siguiente, se repartió al Juzgado Quinto de igual categoría y ciudad, un trámite de la misma clase, entre idénticos oponentes, con radicado 2011-00123 (fl. 28).

c) Que se aportan impresiones de páginas en internet de Semana.com, El Heraldo.co, Caracol Radio y otras fuentes, que dan razón del atentado sufrido por la peticionaria, así como unas reproducciones inauténticas de la historia clínica y un acto administrativo expedido por un ente de control.

4. No es viable la solicitud elevada por los motivos que se pasan a exponer:

a) Los elementos de prueba con los que se busca demostrar el mérito de lo pedido, no tienen la entidad suficiente para tener por cierta la ocurrencia de una o varias de las causales que justifican el desplazamiento de un despacho para que otro de igual categoría, pero en diferente distrito, lo asuma.

El deficiente valor de los mismos puede precisarse así:

(i) La historia clínica que de manera incompleta se anexa (fls. 12 al 19), se aportó en copias informales, sin que estén acompañadas de certificación o documento alguno expedido por el médico tratante, en la que se haga constar el estado actual de la paciente o su grado de incapacidad.

Prescindiendo del reparo que acaba de hacerse, es del caso destacar que, aceptando que el estado de salud de la solicitante tenga la precariedad que informa, este medio de por sí, no es suficiente para justificar los hechos habilitantes del cambio de radicación implorado.

(ii) En lo que respecta a la Circular 224 del 30 de mayo de 2011 de la Superintendencia de Notariado y Registro, la misma corresponde a un acto administrativo con efectos limitados, de cuya expedición debe existir plena certeza, por lo que debió allegarse en copia autorizada por el funcionario público correspondiente.

Así lo tiene por establecido la Corte al advertir que “resulta palmario que la aludida circular no tiene el carácter de norma jurídica de alcance nacional y, por ende, como quedó dicho, debía aducirse al proceso en copia auténtica para demostrar su texto; no obstante, mirado el expediente la Sala encuentra que dicho acto administrativo, además de incompleto, fue aportado en fotocopia informal, es decir, sin acatar la referida imposición legal del memorado artículo 188 del Código de Procedimiento Civil” (sent., ago. 15/2008, Exp. 2003-00067).

Haciendo abstracción de la autenticidad de que carece, el documento por sí nada arroja sobre a instancia de quién fue producido o la validez actual y sus alcances, ni mucho menos que con el mismo se pretendiera “no darle oportunidad de otorgar poderes especiales a sus abogados”.

Textualmente la Circular advierte a los Notarios del país que “a partir de la fecha (mayo 30/2011), se abstengan de dar fe a manifestaciones en nombre de la señora María del Pilar Espinosa del Castillo, identificada con cédula de ciudadanía 57429935 que puedan crear, modificar, extinguir o renunciar a cualquier derecho o situación jurídica a nivel de ella como persona natural o como integrante o miembro de autoridades administrativas de sociedad en la que haga parte hasta tanto la Fiscalía General de la Nación se pronuncie al respecto”, diligencias dentro de las cuales no encuadran los mandatos especiales o generales para representación judicial.

Si en gracia de discusión se le diera la trascendencia acusada, tampoco aportaría nada al caso por cuanto está dirigida a los “notarios del país”, esto es, que surte efectos en todo el territorio nacional y, como el poder que se confiere para iniciar este trámite fue autenticado en una de esas dependencias, a la cual estaría dirigida la prohibición de que se queja, quiere decir que tal obstáculo está superado.

(iii) Las publicaciones de distintos medios (Semana.com, El Heraldo.co, Caracol Radio, grupo-r.com.mx y humanas.org.co), que se refieren a que “los Gnecco Cerchar son una de las familias con mayor poder político y económico en Cesar”, no constituyen probanzas suficientes de que su influencia trascienda a la esfera de los despachos judiciales en el distrito de Santa Marta.

Esas impresiones, tomadas de páginas de internet, dan cuenta de la historia de las personas en litigio y corresponden a escritos periodísticos que describen unos hechos, sin que las conclusiones consignadas tengan el efecto de sustituir la prueba indispensable que aquí se exige.

Sin restarles el mérito que les asiste como fuente de enteramiento de sucesos trascendentales para la comunidad, no puede considerarse que tengan el alcance de los testimonios, pues, nacen del dicho de los personajes a que se refieren y de labores de averiguación, para arrojar un resumen interpretativo de lo recaudado, razón por la cual no pasan de ser documentos que dan fe de la existencia de la información, mas no de la certeza de su contenido.

b) Es indiscutible que la peticionaria no satisfizo, como legalmente le correspondía, la carga de la prueba que establece la norma que autoriza la novedosa figura jurídica del cambio de radicación en asuntos civiles. En este caso, por intermedio de su vocero, se limitó a hacer varias afirmaciones y numerosos juicios de valor que quedaron huérfanos de respaldo.

Es sabido que, en derecho, no basta aseverar o negar, toda vez que siempre y de manera ineludible, salvo casos excepcionales que no corresponden al presente, es indispensable y obligatorio probar, demostrar y acreditar lo que se dice, con la finalidad de obtener un pronunciamiento determinado.

c) La afirmación de que los demandados “ostentan influencias a todo nivel y por ende regional, y lo que al parecer, no le permite a las autoridades ejercer unas funciones diáfanas y, ajustadas a derecho”, no pasa de ser una apreciación subjetiva y carente de respaldo, sin que se haya agotado ningún esfuerzo demostrativo para establecer en qué han consistido las irregularidades o inconsistencias, sugeridas a título de especulación.

Tan cierto es lo que se viene exponiendo que frente a cada uno de los procesos mencionados no se ilustra en qué estado se encuentran; qué decisiones se han tomado; cuáles recursos se formularon; cómo se resolvieron; en qué consiste, si es que existe, la interferencia perniciosa de las personas o grupos familiares, con entidad suficiente para desviar la recta administración de justicia, perjudicar a la aquí peticionaria y beneficiar irregularmente a los opositores.

d) Tampoco tendría respaldo un posible amparo a la “seguridad o integridad de los intervinientes”, si se tiene en cuenta que los hechos violentos de que ha sido víctima María del Pilar Espinosa del Castillo han ocurrido precisamente en la ciudad de Bogotá, lugar al que se pretende la reasignación y diferente de la ciudad donde cursan los diligenciamientos.

5. Las falencias persuasivas y la falta de peso de los argumentos propuestos, que se alejan de la realidad procesal para sustentarse en temores particulares, prevenciones o sospechas de uno de los contendientes, impiden la prosperidad de la alteración en el conocimiento de los pleitos en curso planteada.

Si para la asignación de los debates a los diferentes despachos y tribunales existen reglas adjetivas, por tanto de obligatorio cumplimiento, que garantizan su fácil y libre acceso para las partes, una vez avocado el estudio por el funcionario correspondiente, únicamente se le puede privar del mismo por motivos de tal envergadura y gravedad, que pongan en riesgo el cumplimiento del deber de prestar pronta y cumplida justicia.

Por ello la alteración que se procura, no puede ser resultado del querer de los litigantes, en atención a sus intereses particulares, o producto de los miedos infundados expresados por estos, derivados de la incertidumbre que les produce la reyerta.

Como lo tiene decantado la Sala Penal “los motivos justificantes del cambio de radicación no pueden consistir en raciocinios subjetivos, suposiciones, hipótesis inciertas o reflexiones aisladas sobre el particular parecer del reclamante para modificar las reglas de competencia por el factor territorial” (auto, feb. 11/2013, Exp. 40625), además de que “el proceso judicial es un asunto demasiado serio como para que sirva de receptáculo a peticiones sustentadas en afirmaciones carentes de demostración, las cuales dan lugar en la mayoría de ocasiones a dilaciones innecesarias del trámite” (auto, ene. 23/2013, Exp. 40521).

6. Consecuentemente, no se accederá a lo pedido.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Negar el cambio de radicación solicitado.

2. Advertir que contra la presente decisión no proceden recursos.

3. Comunicar la presente decisión a los Juzgados Tercero y Quinto Civiles del Circuito de Santa Marta.

4. Archivar la actuación.

Notifíquese.

Magistrado: Fernando Giraldo Gutiérrez.