Auto 2013-00488 de julio 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 19001-23-33-000-2013-00488-01 (21079)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Proceso: nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Isagen S. A. ESP

Demandado: municipio de Guachené (Cauca)

Asunto: apelación auto que resuelve excepción previa - inexistencia de la parte demandante

Bogotá, D. C., catorce de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. Problema jurídico.

De conformidad con los fundamentos del recurso de apelación y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas del caso, le corresponde al despacho(3) determinar si la imprecisión en la que incurrió la sociedad demandante, consistente en identificarse con el NIT 800000740-4 al momento de presentar la demanda, cuando en realidad el que lo identifica es el 811000740-4 (fls. 36 del exp.), implica la inexistencia de la parte demandante, tal y como lo propuso el municipio demandado a manera de excepción previa.

Con fundamento en lo anterior, compete al despacho establecer si la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca, en la audiencia inicial celebrada el 22 de mayo de 2014, consistente en denegar la excepción previa de “inexistencia de la parte demandante”, debe ser revocada o debe ser confirmada.

5.2. Presupuestos procesales.

En el caso propuesto, se tiene que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad del recurso de apelación, toda vez que: (i) fue interpuesto y sustentado oralmente en la misma audiencia en que se profirió la decisión —artículo 244.1 de la Ley 1437 de 2011—; (ii) tiene como objeto el auto que resuelve sobre las excepciones previas —artículo 180.6 ibídem—; y (iii) fue dictado por un tribunal administrativo —ibídem—.

Precisa el despacho que aunque la decisión apelada, desde un punto de vista formal, fue la de declarar “[…] subsanada y libre de vicios la actuación procesal surtida hasta la presente instancia […]” (mnts. 20:06 a 20:14), lo cierto es que, desde una perspectiva material, tal decisión tuvo como objeto denegar la excepción previa de “inexistencia de la parte demandante” y, por lo tanto, es susceptible del recurso de apelación, en los términos del numeral 6º del artículo 180 de la norma citada.

5.3. Caso concreto.

5.3.1. La inexistencia de la parte demandante se encuentra enunciada, como excepción previa, en el artículo 97.4 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

La excepción de inexistencia de la parte demandante, como ya se dijo, se circunscribe dentro de las denominadas previas y, como consecuencia de esto, no está dirigida, en principio, a cuestionar las pretensiones de la demanda(4). Por lo tanto, resulta procedente afirmar que el objeto de dichas excepciones previas, incluida la de inexistencia de la parte demandante, es “[…] evitar actuaciones innecesarias remediando ciertas fallas en el proceso […]”(5), para el caso concreto, las fallas relacionadas con la titularidad del derecho de acción de quien acude al proceso.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que, a diferencia de las excepciones perentorias, las denominadas previas, en principio, favorecen a ambas partes del litigio, toda vez que […] al permitir el saneamiento inicial del proceso se asegura que este se adelante sobre bases firmes […]”(6). Como consecuencia de esto, se puede afirmar que dichas herramientas jurídicas, por regla general, tienen como objeto el saneamiento del proceso.

5.3.2. Teniendo en cuenta las consideraciones transcritas, el suscrito magistrado considera que el recurso de apelación que ahora se resuelve no está llamado a prosperar. Tal afirmación se sustenta en los siguientes argumentos:

5.3.2.1. En el proceso se demostró, en debida forma, la existencia de la sociedad Isagén S. A. ESP —demandante—. No puede concluirse, por lo menos desde un punto de vista jurídico, que la indebida digitación del NIT en la que incurrió la parte demandante implica su inexistencia jurídica.

Al respecto, hay que tener en cuenta que el legislador estableció que las demandas deben acompañarse del certificado de existencia y representación legal —artículo 166.4 CPACA—, cuando se trate de personas jurídicas de derecho privado, pero, de ninguna forma, dispuso que el NIT fuese un requisito indispensable para acreditar la existencia de tales personas jurídicas.

5.3.2.2. En el proceso no existe duda sobre la existencia legal de la parte demandante —Isagén—. En ese sentido, resulta importante precisar que, junto con la demanda, se aportó certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad comercial (fls. 36 a 43). Adicionalmente, que la apoderada de la sociedad accionante reconoció que se trató de un “error tipográfico” (fl. 187).

5.3.2.3. Los aspectos que se plantean en el recurso de apelación se relacionan directamente con el fondo del proceso, en el entendido de que lo que se discute son las actividades que Isagén desempeña en el mercado de la energía eléctrica en el municipio demandado y las obligaciones tributarias que se imponen como consecuencia de tales actividades.

5.3.2.4. El riguroso formalismo que el apelante propone desconoce los principios de efectividad, legalidad y preservación del derecho establecidos en el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, ya que se estaría dando preponderancia a un aspecto formal en detrimento de lo sustancial —legalidad de los actos administrativos demandados—. En ese mismo sentido, se estaría vulnerando el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (C.P., art. 228) y, por contera, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la sociedad demandante.

5.3.2.5. Lo que en el presente caso se produjo fue un error de digitación que no tiene la capacidad de generar la prosperidad de la excepción de inexistencia de la parte demandante, debido a que el NIT tiene relación con la identificación de las personas jurídicas y sus obligaciones tributarias, pero no con la existencia de la misma.

El despacho no desconoce que, de conformidad con el artículo 173.1 de la Ley 1437 de 2011, el momento procesal oportuno para corregir dicho error era dentro de los diez días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda. No obstante, también se debe resaltar que, dentro del traslado de las excepciones propuestas, el demandante puede pronunciarse respecto de los fundamentos jurídicos de las mismas, tal y como efectivamente lo hizo al manifestar que se trató de un “error tipográfico” (fl. 187). Aceptar lo contrario, esto es, que el demandado no puede subsanar tales errores, implicaría desconocer el objeto del traslado al que se refiere el parágrafo 2º del artículo 175 ibídem.

5.3.2.6. Subsanar el error de identificación en el que incurrió la parte demandante no implica per se la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la entidad territorial demandada. Por el contrario, esa decisión garantiza que el proceso se desarrolle de forma óptima y evita una decisión inhibitoria. Adicionalmente, se debe resaltar que a la parte demandada, hasta el momento, se le ha permitido el ejercicio del derecho defensa y contradicción.

Por los argumentos antes esgrimidos y, en aras de garantizar el acceso efectivo de la administración de justicia de la sociedad demandante, el despacho confirmará la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto interlocutorio del 22 de mayo de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante el cual se denegó la excepción previa de inexistencia de la parte demandante, por las razones expuestas en la presente providencia.

2. En consecuencia, ORDÉNASE continuar con el trámite del proceso.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) (L. 1437/2011, art. 125).

(4) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo III. Novena Edición (2005). Bogotá. Pág. 552.

(5) Ibídem.

(6) Ibídem.