Auto 2013-00557 de diciembre 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001 0324 000 2013 00557 00

Consejero de Estado:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Sociedad Excelsor y Compañía Ltda.

Demandado: Nación – Ministerio de Salud

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil catorce.

Ley 1437 de 2011

Se decide sobre la solicitud de suspensión provisional que, a través del medio de control de simple nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo promueve la Sociedad Excelsor y Compañía Ltda., contra lo contenido en las hojas de la 49 a la 53 de la Resolución 1441 de 2013 “mediante la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones”, proferido el Ministerio de Salud.

I. La solicitud de suspensión provisional

En escrito separado de la demanda se solicitó la suspensión provisional del acto acusado: hojas de la 49 a la 53 de la Resolución 1441 de 2013 “mediante la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones”, proferido el Ministerio de Salud.

1.1. Fundamentos de la solicitud.

Como fundamentos de la solicitud la parte actora esgrimió los siguientes argumentos:

Que el acto administrativo acusado se encuentra en conflicto con los preceptos enunciados en el parágrafo del artículo 4º de la Ley 657 de 2001.

Que el conflicto referido con anterioridad genera un perjuicio inminente y para ello refirió lo manifestado por la Corte Constitucional mediante Sentencia T-223 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

Que las medidas para conjurar un perjuicio irremediable han de ser urgentes.

Que la urgencia y la gravedad determinan que la “tutela”(1) sea impostergable ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

II. Contestación de la entidad demandada

Una vez notificado el Ministerio de Salud(2) contestó lo siguiente:

Que la Resolución 2003 de 2014, derogó de forma expresa la Resolución 1441 de 2013 “mediante la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones”.

Que no se previó el dejar vigente alguna disposición de la resolución derogada; por lo tanto no está vigente y por ello se solicita negar la medida cautelar solicitada.

III. Para resolver, se considera

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.

El artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que las medidas cautelares, entre las cuales se encuentra la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo debe ser solicitada por la parte y estar debidamente sustentada antes de que sea admitida la demanda.

Así mismo, el artículo 231 del mismo estatuto consagra que la suspensión provisional procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, “cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.

En este sentido se observa que, para que se decrete la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo resulta necesario que del análisis realizado por el juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud.

Al respecto, cabe resaltar que la nueva normativa presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma autoriza al juez administrativo para realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y de otro estudiar las pruebas allegadas con la solicitud, con el fin de obtener la percepción de que en efecto existe una violación desde este momento procesal.

De igual forma, el anterior Código Contencioso Administrativo (D. 1/84), establecía que esta medida estaba sujeta a que la contradicción con las disposiciones invocadas como fundamento de la solicitud de suspensión fuera manifiesta y apreciada por confrontación directa con el acto demandado. Así, no permitía que el juez pudiera realizar un estudio del caso, pues la trasgresión debía ser ostensible, y como tal, no podía implicar esfuerzo analítico alguno.

Finalmente, el despacho considera importante destacar que, pese a que la nueva regulación le permite al juez realizar un análisis de la sustentación de la medida y estudiar las pruebas pertinentes, la decisión sobre la medida cautelar no puede implicar un prejuzgamiento, lo que implica que el Juzgador debe ser muy cauteloso al momento de resolver si decreta la suspensión provisional.

2. El acto administrativo cuya suspensión se solicita es el contenido en las hojas de la 49 a la 53 de la Resolución 1441 de 2013 “mediante la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones”, proferido el Ministerio de Salud.

3. Por su parte, la norma legal que se considera manifiestamente infringida es el parágrafo del artículo 4º de la Ley 657 de 2001.

4. Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional formulada, este despacho observa que en síntesis la preocupación del actor está dada por la existencia de lo contenido en las hojas de la 49 a la 53 de la Resolución 1441 de 2013 “mediante la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones”, proferido el Ministerio de Salud.

Advirtiendo que la norma demandada fue derogada expresamente por el artículo 21 de la Resolución 2003 de 2014, proferida por el Ministerio de Salud, debe señalar el despacho que en virtud de dicha modificación pierde objeto la presente solicitud de suspensión provisional, pues la finalidad de esta herramienta procesal no es otra que la de evitar transitoriamente la aplicación del acto administrativo que el solicitante considera ilegal, esto es, que se suspendan los efectos que produce el acto acusado.

Se concluye que en este caso no tiene objeto alguno la medida cautelar de suspensión provisional pues el acto administrativo demandado no está actualmente produciendo efectos jurídicos, toda vez que, como se dijo con anterioridad, fue derogado por el artículo 21 de la Resolución 2003 de 2014, proferida por el Ministerio de Salud.

Si bien se procederá a negar la solicitud de suspensión provisional, debe aclararse que ello no es óbice para que continúe el trámite del proceso y mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se decida de fondo sobre la legalidad del acto administrativo demandado, toda vez que antes de su derogación produjo efectos jurídicos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

NEGAR la suspensión provisional de lo contenido en las hojas de la 49 a la 53 de la Resolución 1441 de 2013 “mediante la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones”, proferido el Ministerio de Salud.

Notifíquese y cúmplase,

Consejero de Estado: Guillermo Vargas Ayala.

(1) Folio 2 del expediente.

(2) Tal y como consta en el folio 7 del cuaderno de la medida cautelar solicitada.