Auto 2013-00615 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 68001-23-33-000-2013-00615-01(48476)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Orlando Zúñiga Herreño y otros

Demandado: Municipio de Bucaramanga y otro

Referencia: Apelación auto - Medio de control de reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En el presente asunto, las pretensiones de la demanda están encaminadas a obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con la expedición de los actos administrativos que ordenaron la expropiación del predio denominado “Las Juntas” de propiedad del señor Orlando Zúñiga Herreño.

Pues bien, en materia de expropiación por vía administrativa, la Ley 388 de 1997, norma especial que regula específicamente dicho tema, en su artículo 71 dispone:

“Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión” (se resalta).

De acuerdo con la norma anterior, en este caso la acción procedente no es, entonces, la de reparación directa (tampoco un “proceso acumulado de nulidad y reparación directa”, según dice la demanda), como lo consideró erradamente el recurrente, sino la especial de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en la citada Ley 388.

Ahora, se ha señalado en diferentes oportunidades que la indebida escogencia de la acción no constituye causal de rechazo de la demanda, toda vez que corresponde al operador judicial inadmitirla cuando carezca de los requisitos previstos en la ley, salvo que la acción se encuentre caducada, caso en el cual la misma se rechazará de plano(11); de tal manera que, cuando el demandante escoge indebidamente la acción y ésta no ha caducado, lo procedente es inadmitir la demanda y conceder diez (10) días para que se corrija, so pena de rechazo(12).

La caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en la Ley 388 de 1997 opera, según su artículo 71, al cabo “de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria” del acto administrativo acusado.

Contra la Resolución 413 del 26 de octubre del 2010, que declaró la expropiación administrativa del predio “Las Juntas”, se interpuso recurso de reposición, que fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución 58 del 16 de febrero de 2011 (fls. 107 a 112, cdno. 1), momento en el cual, conforme al artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, la orden de expropiación quedó en firme, como lo confirma la constancia secretarial visible a folio 118 del cuaderno 1.

Así las cosas y como la demanda se presentó el 20 de junio de 2013, es claro que para este último momento la acción ya había caducado, puesto que ya habían transcurrido los cuatro meses previstos en el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, contados a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la decisión cuestionada, es decir, a partir del 17 de febrero de 2011.

Incluso, obra en el proceso una constancia del 10 de abril de 2013, expedida por la procuraduría 160 judicial II para asuntos administrativos de Bucaramanga, en donde se certifica que la parte demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 31 de enero de 2013, fecha para la cual la acción ya se encontraba caducada, de manera que tal solicitud ya no tenía la virtualidad de suspender el término de caducidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto del 22 de julio de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en esta providencia.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(11) Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 8 de junio de 2011, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación: 680012331000201000331 01 (40.128), actor: Julio César López.

(12) Artículo 170 del CPACA.