Auto 2013-00624 de julio 8 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2013-00624-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García Gonzalez

Actor: Juan José Montaño Zuleta

Bogotá, D. C., ocho de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Para resolver, Se considera:

Mediante proveído de 20 de junio del año en curso, la señora consejera María Claudia Rojas Lasso, interpretó el recurso ordinario de súplica interpuesto por el apoderado de los coadyuvantes de la parte demandada, señores Ernesto Jorge Clavijo Sierra, Germán Moreno Galindo, Ana María Cadena Tobón y Olga Lucía López Medina, Curadores Urbanos núms. 1, 2, 3 y 4, respectivamente, contra el auto de 28 de abril de 2014, como de reposición, por considerar que a través del mismo no se rechazó de plano, ni se negó, ni se decretó la acumulación solicitada, sino que surtió un trámite previo a la resolución de la misma. Por tal razón dispuso la remisión del expediente de la referencia a este despacho.

En efecto, el recurso procedente frente al proveído de 28 de abril de 2014, es el de reposición, por cuanto se trata de un auto de trámite, si se tiene en cuenta que a través del mismo se están solicitando los expedientes que se pretenden acumular para ser estudiados bajo una misma cuerda procesal.

Precisado lo anterior, el despacho señala lo siguiente:

El artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos contencioso administrativos, por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé:

“Competencia.- Modificado por el artículo 1º, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. De la solicitud de acumulación conocerá el juez que tramite el proceso más antiguo o el del proceso donde primero se practicaron medidas cautelares, según fuere el caso; pero si alguno de ellos se tramita ante un juez de mayor jerarquía, este será el competente. La antigüedad se determinará por la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, del mandamiento ejecutivo, o de la práctica de las medidas cautelares.

En los tribunales, la solicitud será resuelta por el magistrado ponente de la sala que conoce del proceso más antiguo.

Quien decrete la acumulación aprehenderá el conocimiento de los procesos reunidos” (negrilla fuera de texto).

Por su parte, el artículo 159, ibídem, consagra el trámite de la solicitud de acumulación de procesos. Dicha disposición consagra:

“Trámite.- Modificado por el Decreto 2282 de 1989. El solicitante expresará las razones en que se apoya, y si los otros procesos cursan en distintos despachos judiciales, acompañará certificados sobre la existencia de ellos y el estado en que se encuentran, así como de la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo a cada uno de los demandados; también copia de la demanda, del escrito de excepciones de mérito contra aquella y, si fuere el caso, de las medidas cautelares.

Cuando los procesos cursen en el mismo despacho, el secretario pasará la solicitud junto con los expedientes al juez o al magistrado ponente del más antiguo. Pero si cursan en diferentes despachos, el juez o magistrado ante quien se pida la acumulación la rechazará de plano si de la certificación y de la copia de la demanda aparece que la acumulación no es viable; de lo contrario, oficiará al que conoce de los otros procesos, para que los remita, previa citación de las partes, a menos que la instancia haya terminado, caso en el cual el funcionario requerido informará del hecho a quien le envió la solicitud.

El proceso en que se pide la acumulación se suspenderá desde que se presenta la solicitud, hasta que ésta se decida.

Reunidos los expedientes, el juez decidirá sobre su acumulación. Negada esta, se condenará al solicitante y a su apoderado a pagar sendas multas de cinco a diez salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las costas.

Decretada la acumulación, los procesos continuarán tramitándose conjuntamente, con suspensión del más adelantado hasta que el otro se encuentre en el mismo estado, y se decidirán en la misma sentencia.

El auto que rechace de plano, niegue o decrete la acumulación, es apelable. Si el superior revoca el auto que decretó la acumulación, será válida la actuación del inferior subsiguiente al auto revocado” (negrillas fuera de texto).

De las disposiciones transcritas se colige que de la solicitud de acumulación le corresponderá conocer al juez que tramite el proceso más antiguo, cuya antigüedad se determinará por la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, sin que en parte alguna se indique que dicho estudio deba realizarse una vez esté en firme la citada providencia, como lo afirma el recurrente.

Ahora, el inciso 3º del artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, señala que el proceso en que se pide la acumulación se suspenderá desde que se presenta la solicitud, hasta que esta se decida; y el inciso 5º consagra que decretada la acumulación, los procesos continuarán tramitándose conjuntamente, con suspensión del más adelantado hasta que el otro se encuentre en el mismo estado, y se decidirán en la misma sentencia, es decir, que no se requiere que estén en la misma etapa procesal.

De lo anterior, forzoso es concluir que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que antes de proceder al estudio de la acumulación se deba resolver el recurso de reposición interpuesto contra el auto que admitió la demanda de la referencia, esto es, el proveído de 27 de marzo de 2014, pues, como ya se dijo, de conformidad con el inciso 3º del artículo 159 ibídem, el proceso se suspende desde que se presenta la solicitud y hasta que esta se decida, so pena de incurrir en causal de nulidad por tramitarse un proceso legalmente suspendido.

En el caso sub examine, la solicitud de acumulación se radicó en la secretaría el 11 de abril de 2014, conforme consta a folio 112 del expediente, por lo que desde esa fecha el proceso se encuentra suspendido por mandamiento legal, lo cual impide que se surta actuación diferente a la de tramitar la solicitud de acumulación de procesos.

En resumen, el juez que deberá resolver la solicitud de acumulación, será el del proceso en el que primero se haya notificado el auto admisorio de la demanda, sin que para ello se requiera que esté en firme dicho proveído y que los procesos a acumular se encuentren en la misma etapa procesal.

Ahora, respecto de la providencia traída a colación de la Sección Tercera de esta corporación, de su transcripción se advierte que en la misma no mediaba solicitud de acumulación y las notificaciones no se habían efectuado en su totalidad, situación que no concurre en el sub lite, toda vez que hay una solicitud de acumulación y las notificaciones se efectuaron el 3 de abril de 2014, conforme a la constancia secretarial visible a folio 39 del expediente, esto es, antes del 11 de abril, fecha en que se radicó tal petición (fl. 112).

Siendo ello así, no hay lugar a reponer la providencia recurrida.

Ahora, en relación con la solicitud del recurrente, en el sentido de que se resuelvan los recursos ordinarios de súplica interpuestos contra el auto de 27 de marzo de 2014, que decretó la suspensión provisional del acto administrativo acusado, esto es, el Decreto 364 de 2013, y se aclaren los interrogantes planteados sobre los efectos de dicha medida, el despacho considera que la suspensión del proceso de la referencia, mientras se estudia la solicitud de acumulación, no se hace extensivo al trámite que se le debe imprimir a los recursos que se interpongan contra la providencia que decida sobre la medida cautelar, teniendo en cuenta que la admisión de la demanda se resuelve en auto separado al de la solicitud de suspensión del acto o actos administrativos demandados, de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1).

Siendo ello así, se dispondrá que por la secretaría, de manera inmediata, se remita el cuaderno contentivo de la medida cautelar al despacho del magistrado que siga en turno en orden alfabético, para que resuelva los recursos ordinarios de súplica interpuestos contra el proveído de 27 de marzo de 2013, que decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital 364 de 26 de agosto de 2013, “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003, y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.

En lo atinente a las solicitudes de aclaración, relativas al alcance de la medida cautelar, el despacho se abstiene de pronunciarse frente a los interrogantes allí planteados por cuanto no es de su resorte resolver tales inquietudes, dado que la Sección Primera no es órgano de consulta.

Al respecto se reitera el proveído de 24 de mayo de 2005 (Expediente 2001-00145-00, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en el cual, en lo pertinente, esta Sección dispuso:

“(…) Como bien se sabe, no es del resorte de la acción de simple nulidad y, por lo mismo, resulta ajeno a la sentencia estimatoria que se dicte en el respectivo proceso, establecer los efectos patrimoniales del fallo y, por ende, determinar las entidades que, como consecuencia del mismo, estarían llamadas a responder por las reclamaciones que en el aspecto indicado puedan formular los interesados. (…)”.

Además, las medidas cautelares de urgencia, como lo es la del sub lite, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2), una vez comunicadas son de inmediato cumplimiento, acatamiento que en este caso no estaba condicionado a la constitución de la caución por cuanto la misma no se fijó, pues no había lugar a ello de acuerdo con el inciso 3º del artículo 232 ibídem.(3)

Lo anterior, aunado al hecho de que el recurso procedente, esto es, el ordinario de súplica, se concede en el efecto devolutivo, el cual no suspende el cumplimiento de la providencia recurrida.

La decisión en este sentido será informada por la secretaría a las personas (naturales o jurídicas) que hayan elevado solicitudes de aclaración relativas al alcance de la medida cautelar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

RESUELVE:

1.- NO REPONER el proveído recurrido.

2.- Por la secretaría, de manera inmediata, REMITIR el cuaderno contentivo de la medida cautelar al despacho del magistrado que siga en turno en orden alfabético, para que resuelva los recursos ordinarios de súplica interpuestos contra el proveído de 27 de marzo de 2013, que decretó la suspensión provisional del Decreto Distrital 364 de 26 de agosto de 2013, “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003, y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C..

3.- Por la secretaría, INFORMAR a las personas (naturales o jurídicas) que hayan elevado solicitudes de aclaración relativas al alcance de la medida cautelar, lo decido al respecto en esta providencia.

En firme este proveído, regrese el expediente al despacho para continuar con el trámite correspondiente.

Notifíquese y cúmplase».

(1) ART. 233.Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
El juez o magistrado ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.
Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil. (…)” (negrillas fuera de texto).

(2) “ART. 234.—Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete”.

(3) “ART. 232.—Caución. El solicitante deberá prestar caución con el fin de garantizar los perjuicios que se puedan ocasionar con la medida cautelar. El juez o magistrado ponente determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución, para lo cual podrá ofrecer alternativas al solicitante.
La decisión que fija la caución o la que la niega será apelable junto con el auto que decrete la medida cautelar; la que acepte o rechace la caución prestada no será apelable.
No se requerirá de caución cuando se trate de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública” (negrilla fuera de texto).