Auto 2013-00651 de enero 21 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad.: 7300 12333000 2013 651 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 51643

Actor: Sociedad Lohi SAS.

Demando: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y municipio de Ataco-Tolima

Referencia: Medio de control de reparación directa

Bogotá, D. C., veintiuno de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

5. Esta corporación es competente para conocer del presente proceso comoquiera que supera la cuantía exigida por el numeral 6 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1) y se trata de un recurso de apelación interpuesto contra el auto que decide sobre las excepciones previas, de conformidad con el numeral 6(2) del artículo 180 de esa misma ley. También se aclara que se resolverá por este despacho, y no por la Sala, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 125(3) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5.1. De otro lado, en auto de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 25 de junio de 2014(4), se resolvió el interrogante acerca de la procedencia del recurso de apelación contra el auto que se pronuncia sobre las excepciones previas, proferido dentro de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que ese tipo de proveído no se encuentra consagrado dentro de los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 ibídem, acerca de los autos susceptibles del recurso de apelación cuando son proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia(5). La Sala de lo contencioso administrativo concluyó que esta última norma no constituye un precepto taxativo y que otras disposiciones especiales de ese mismo código pueden contemplar otros autos pasibles del recurso de alzada cuando son proferidos en el trámite de la primera instancia por los tribunales administrativos, como el evento del artículo 180 acerca de la decisión de declarar probada una excepción previa alegada por las partes:

Sobre el particular, es preciso señalar que el legislador limitó la apelación de los autos proferidos por los tribunales, con la finalidad de restringir la competencia del Consejo de Estado en materia de decisiones interlocutorias, máxime si se tiene en cuenta que las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011, persiguen el objetivo o tienen como finalidad la descongestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por lo tanto, simplificar procedimientos que no impliquen el desconocimiento de las garantías procesales.

No obstante lo anterior, es evidente que el Legislador incluyó o introdujo algunas normas especiales que, de manera particular, establecieron la procedencia del recurso de apelación contra específicas decisiones interlocutorias, a modo de ejemplo y de forma enunciativa, huelga citar las siguientes: i) la que decide las excepciones previas (art. 180), ii) el auto que resuelve sobre la intervención de terceros (art. 226), y iii) el que decreta una medida cautelar (art. 236).

II. Problema jurídico

6. Corresponde al despacho determinar si operó el fenómeno de la caducidad respecto de la acción de reparación directa impetrada por el demandante, teniendo en cuenta que los vehículos fueron retenidos el 3 de agosto de 2011, por el comandante de la policía del municipio de Ataco, pero que hasta el 24 de agosto de 2011 el Juzgado Promiscuo Municipal de Ataco, en sede de tutela, ordenó la entrega de los mismos.

III. Análisis del despacho

7. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el Legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

8. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial.

9. De conformidad con el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el 44 de la Ley 446 de 1998, vigente al momento en que ocurrieron los hechos(6) que dieron lugar a la presente demanda, la acción de reparación directa caducaba “al vencimiento de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

10. Ahora bien, según la jurisprudencia consolidada de la corporación(7), en los casos en los cuales la generación o la manifestación del daño no coincide con el momento en que se produjo el hecho causante, el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la existencia o de la manifestación fáctica de aquel, “pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria”(8).

11. En los casos en los cuales se pretende la reparación de los perjuicios que hubieran podido causarse por cuenta de la incautación de bienes muebles o inmuebles, ordenada en el marco de una investigación penal, la corporación ha distinguido dos situaciones. La primera es aquélla en la cual se solicita la reparación de los perjuicios causados por una orden de incautación que podría ser constitutiva de un error judicial, caso en el cual se ha considerado:

[…] solo cuando queda ejecutoriada la providencia que determina la desvinculación del propietario de los bienes afectados a la etapa preliminar, se torna en irregular la tenencia del bien y surge la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de devolverlo a su propietario. O lo que es lo mismo, cuando se profiere la decisión que ordena la devolución del bien se tiene por estructurado el daño causado(9).

12. La segunda situación es aquella en la cual se pretende la indemnización por el deterioro o la destrucción de los bienes incautados, eventos que podrían ser constitutivos de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. En estos casos la corporación ha sostenido que “el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la entrega material de los [bienes], ya que solo hasta ese momento los propietarios se (sic) pudieron percatar de los daños que presentaban”(10).

13. De acuerdo con lo expuesto, el término de caducidad debe empezar a computarse desde la entrega material de los vehículos incautados a la sociedad Lohi SAS, la cual, de conformidad con lo expresado por la parte actora es el 15 de septiembre de 2011 (p. 16 del escrito de la demanda, sin foliar, cdno. 1). Es decir, que el término para presentar la demanda era hasta el 16 de septiembre de 2013.

14. De otro lado, comoquiera que en el caso en concreto la parte demandante realizó solicitud de conciliación el 4 de abril de 2013 ante la Procuraduría 27 Judicial II para Asuntos Administrativos (fl. 120 cdno. anexos), a partir de ese momento y hasta el 12 de junio de 2013, fecha en la que fue celebrada la audiencia y se expidió la constancia de no conciliación, se suspendió el término de caducidad, por un término de 2 meses y 8 días. En ese orden de ideas, la fecha en la que normalmente se habría cumplido el término de caducidad, esto es el 16 de septiembre de 2013, se le suman esos 2 meses y 8 días, con lo cual se tiene que la fecha límite para interponer la acción de reparación directa era el 25 de noviembre de 2013 (el 24 de noviembre era un domingo, luego se toma el día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 118 del Código General del Proceso). Así pues, la demanda interpuesta el 19 de noviembre de 2013, se encuentra dentro del término previsto por la ley para ejercer la acción de reparación directa.

15. De conformidad con lo manifestado, y sin perjuicio de lo que se estime posteriormente en el curso de este proceso contencioso sobre el daño a indemnizar y la caducidad de la presente demanda, el despacho concluye que la acción de la reparación directa de la referencia no se encuentra caducada, razón por la cual se accederá a lo solicitado en el recurso de apelación elevado por la sociedad Lohi SAS y se revocará el auto proferido por el a quo en la audiencia inicial del artículo 180, en el sentido de declarar no probada la excepción de caducidad de la acción.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1: REVOCAR el auto del 2 de julio de 2014, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Tolima, en el sentido de declarar no próspera la excepción de caducidad de la acción, por las consideraciones expuestas en la presente providencia.

2: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) De conformidad con lo establecido en el artículo 152, numeral 6 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”, para que un proceso de reparación directa estuviera a cargo en primera instancia de los Tribunales Administrativos, la cuantía debía ser superior a los 500 SMLMV, es decir, $294 750 000, cifra que resulta de multiplicar por 500 el valor del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2013. La cuantía del proceso se encuentra estimada en la suma de $489 220 474 (p. 7 del escrito de la demanda, sin foliar, cdno. 1), correspondiente al lucro cesante, la cual excede a la requerida por la norma en comento.

(2) “ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas: […] 6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. […] El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso”.

(3) “ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

(4) Exp. 49.299, C.P. Enrique Gil Botero.

(5) “ART. 243.—Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: 1. El que rechace la demanda. 2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite. 3. El que ponga fin al proceso. 4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público. 5. El que resuelva la liquidación de los perjuicios. 6. El que decreta las nulidades procesales. 7. El que niega la intervención de terceros. 8. El que prescinda de la audiencia de pruebas. 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente. // Los autos a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia. // El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2º, 6º, 7º y 9º de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo. // Parágrafo. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rija por el procedimiento civil”.

(6) El fallo emitido por el juez promiscuo municipal de Ataco, en el cual se ordenó al municipio de Ataco hacer entrega de los vehículos retenidos dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, es del 24 de agosto de 2011.

(7) Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencias de 30 de abril de 1997, Exp. 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; 11 de mayo de 2000, Exp. 12.200, C.P. María Elena Giraldo; 2 de marzo de 2006, Exp. 15.785, C.P. Maria Elena Giraldo y auto de 7 de marzo de 2002, Exp. 21.189, C.P. Ricardo Hoyos Duque. De la Subsección B ver, por ejemplo, auto de 15 de diciembre de 2011, Exp. 40425, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 27 de abril de 2011, Exp. 18518, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(8) En este sentido se pronunció la Sección Tercera en providencia de 7 de septiembre de 2000, Exp. 13126, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(9) Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp. 13392, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(10) Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de enero de 2012, Exp. 22205, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.