Auto 2013-00661 de abril 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001 02 03 000 2013 00661 00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. Sea lo primero advertir, que el recurso de queja, en cuanto al extraordinario de casación refiere, no tiene otro propósito que desvirtuar los argumentos esgrimidos por el ad quem para negar la concesión del mismo y, una vez removidos los planteamientos expuestos, procederá, sin reticencia alguna, la impugnación excepcional impetrada.

2. Por supuesto, la viabilidad de este mecanismo involucra la concurrencia de unos presupuestos comunes y mínimos inmanentes a todo medio de censura, por ejemplo, el interés de quien reprocha la providencia emitida, la legitimidad del recurrente, el tiempo en que haya sido aducido; y, naturalmente, que esté dirigido frente a las sentencias en que proceda según las previsiones legales.

3. En el asunto que transita por la Corte, obsérvese que el juzgador de segundo nivel, cuando dispuso la negativa del recurso de casación adujo para ello, la ausencia de interés en la parte actora para recurrir, habida cuenta que el supuesto perjuicio padecido, como perdedora del juicio, no alcanzaba el mínimo económico fijado por el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, de manera que, oportuno resulta memorar que la servidumbre, en general, no describe otra circunstancia que una carga impuesta de un predio a otra heredad distinta. Es, según la lectura del artículo 879 del Código Civil, “un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño”.

Por ello, la servidumbre como tal, según su naturaleza y clase, no es nada diferente que la potestad proveniente de la ley, del convenio de las partes interesadas o de una decisión judicial, de utilizar un inmueble con el único objetivo de satisfacer la necesidad proveniente de una carencia que advierte el inmueble beneficiado. En esa perspectiva, surge, con brillantez incontestable, que aquella, en puridad, es la prerrogativa de usar el predio sirviente; de someterlo aún a desazón de su propietario a un servicio del que está privado el feudo dominante.

De lo anterior deviene que, cual lo ha señalado la Sala, “una vez constituida la servidumbre, es decir, después de subyugar la porción de tierra necesaria para el servicio requerido, su beneficiario o aun el mismo propietario, según a los acuerdos a que lleguen, para el uso o aprovechamiento adecuado de la servidumbre constituida, bien puede adelantar las obras necesarias, en el entendido que sin ellas se truncaría el propósito del gravamen” (Auto, nov. 1º/2012, exp. 02060).

En esa dirección, el canon 885 ejusdem dispone: “El que tiene derecho a una servidumbre, lo tiene igualmente a los medios necesarios para ejercerla (…)”. De donde aparece, sin asomo de dubitación, que las obras realizadas o los elementos establecidos para poder ejercer la servidumbre, son diferentes al gravamen mismo. No puede confundirse el beneficio derivado de la imposición del servicio con las construcciones o adecuaciones para viabilizar la prerrogativa concedida.

Pues bien, conforme lo previene el universo normativo reseñado, una es la circunstancia de la servidumbre y otra, por entero distinta, la que deriva de las obras de adecuación para su debido aprovechamiento, de suerte que resulta fundamental en este escenario discriminar, por un lado, el valor de la franja de terreno afectada con la servidumbre pedida en usucapión y, por otro, el valor total de la infraestructura que afecta la integridad de la zona, como bien lo hizo el juzgador ad quem.

4. Tratándose de la servidumbre de conducción de energía, por disposición del artículo 889 sustantivo civil, las directrices memoradas son aplicables, en la medida en que las normas especiales sobre la materia no alteraron su orientación. Al efecto, la referencia legal en cita precisó: “Las disposiciones de este título se entenderán sin perjuicio de lo estatuido sobre servidumbres en el Código de Policía o en otras leyes”.

Y, efectivamente, el artículo 18 de la Ley 126 de 1938, disposición que estableció la servidumbre de conducción de energía como un gravamen de carácter o naturaleza legal, no varió la concepción o características del mismo; contrariamente, validó las premisas adoptadas por la normatividad civil. Así fue establecida por dicha norma: “Grávanse con la servidumbre legal de conducción de energía eléctrica los predios por los cuales deben pasar las líneas respectivas”.

Luego, la servidumbre, en estrictez, no la constituye las obras desarrolladas, ni los elementos puestos en función de hacerla efectiva; el gravamen existe por el solo hecho de someter el predio al servicio requerido.

Por manera que la potestad de tender las redes eléctricas, colocar torres de energía, hacer el mantenimiento necesario, ejercer la vigilancia, etc., actividades todas ellas propias de la prestación del servicio público de energía eléctrica, no pueden confundirse como lo pretende el recurrente, con la servidumbre establecida para tales propósitos, pues, todo ese ejercicio es consecuencia del derecho de usar el predio, más no es el gravamen como tal. Y en esa confusión iterase, incurrió el gestor de la queja al esgrimir que es incontrovertible que el avalúo practicado por el perito por la suma de $ 380.423.566, respecto a infraestructura eléctrica ubicada en el predio afectado “corresponde al valor actual de la resolución desfavorable al recurrente” (resaltado fuera de texto).

5. Lo anterior no solo aparece patentizado sino que además fue validado por la parte actora según dimana de lo vertido en las pretensiones del libelo introductorio del litigio cuando sostuvo: “Que se declare que pertenece a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP el derecho real de servidumbre de conducción de energía eléctrica que va por la franja por donde transcurren las líneas de transmisión (…)”. De la misma manera, en el escrito introductorio más adelante recalcó: “Es esta la franja sobre la que versa este proceso y aquí lo reitero destacando que no es el interés jurídico de la demandante obtener el dominio de todo o de parte del predio al que se refiere esta acción”.

Síguese, entonces, que la misma convocante admite que el derecho a utilizar el predio, esto es, la servidumbre, es diferente a las obras de infraestructura realizadas para hacer efectivo dicho servicio; y por ello, para fijar el interés para recurrir en casación. En ese orden, bien hizo el tribunal en tener en cuenta aquello que esperaba recibir el demandante y que, a la larga, no le fue concedido, pues como se vio, en este caso, a pesar de que la primera instancia acogió enteramente las súplicas de la demanda, al surtirse el recurso de apelación, el ad quem revocó el fallo impugnado en su integridad y optó por negar la usucapión.

Dijo la Sala recientemente en un asunto de similares características al que ahora conoce la Corte que: “En verdad, pareciese, como lo consignó la providencia cuestionada, que la parte actora no tiene la claridad exigible en torno al objeto de sus pretensiones y subsecuentemente del proceso promovido, en la medida que confunde el gravamen cuya imposición se pretende, con los bienes de su propiedad utilizados para la transmisión de energía cuando, esa infraestructura no es el motivo del litigio por cuanto ha sido y será propiedad del extremo pasivo” (Auto, nov. 19/2012, exp. 2012 02430-00).

6. Aquí, con fundamento en la aclaración al dictamen pericial practicado visible a folios 103 a 105 del cuaderno de copias de segunda instancia, se determinó que el valor del terreno que ocupa la línea de transmisión de energía eléctrica, a precios actuales es de $18.372.000.oo, lo que le sirvió como suficiente soporte para negar sin más, la concesión de la opugnación extraordinaria dado su monto significativamente inferior al mínimo exigido por el artículo 366 de la ley de enjuiciamiento civil a efectos de recurrir en casación. Es que, no puede olvidarse, incluso las reglas que determinan la cuantía en procesos de servidumbre, ha señalado la corporación “remiten al avalúo catastral del predio sirviente (CPC, art. 20, num. 8º), directriz que sirve de referencia para desechar el argumento del quejoso tendiente a considerar como un todo la zona de terreno que conforma la servidumbre, y la infraestructura instalada sobre ella”(1).

En este orden de ideas, cuando el tribunal decidió negar la concesión del recurso de casación, a partir de la ausencia del interés de la actora para evocar dicho recurso, su determinación estuvo ajustada a derecho y, por ello, debe declararse bien denegada la impugnación como en efecto así se dispondrá.

IV. Decisión

Con fundamento en lo antes expuesto, el despacho,

RESUELVE:

1. Declarar bien denegado el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP, a través de apoderado.

2. Para los fines a que haya lugar, devuélvase al tribunal la presente actuación.

Notifíquese.»

(1) CSJ Auto de 7 de diciembre de 2012, expediente 2012 01957.