Auto 2013-00722 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Exp.: 68001-23-33-000-2013-00722-01 (49.348)

Demandante: Bernardo de Jesús Barbosa Rey

Demandado: Nación-Rama Judicial, Municipio de Girón

Proceso: Medio de control de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra el proveído del 26 de septiembre de 2013, proferido por Tribunal Administrativo de Santander, en el que rechazó la demanda por no corregir los defectos señalados en el auto de inadmisión.

I. Antecedentes

1. En escrito presentado el 25 de julio de 2013, el señor Bernardo de Jesús Barbosa Rey, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitó se declarara responsable a la Nación- Rama Judicial, al Municipio de Girón y a la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga C.D.M.B, por los perjuicios ocasionados con la mora o retardo en el fallo de la acción popular que actualmente se encuentra en trámite, contrariando las disposiciones establecidas en la Ley 472 de 1998, que señalan los términos en que deben agotarse todas las etapas del proceso de este instrumento constitucional.

Como fundamento de sus pretensiones narró los siguientes hechos:

— En el año 2010, el actor interpuso demanda de Acción Popular contra el Municipio de Girón y la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga C.D.M.B, la que por reparto le fue asignada al despacho de la magistrada Solange Blanco Villamizar, quien a juicio del demandante dilata y demora el proceso de manera ilegal incumpliendo el término de pruebas.

— La acción popular instaurada debió fallarse según la ley dentro de los seis meses siguientes, sin embargo, al momento de la presentación de la demanda, luego de tres años, el proceso se encuentra en etapa probatoria.

— Señala que faltando a la moralidad pública y al derecho de los ciudadanos de bien, se desvían dineros que deben invertirse en la comunidad.

— Indica que los líderes cívicos y comunales se encuentran en el deber de proteger la prosperidad general y exigir a las autoridades administrativas el cumplimiento de la ley cuando exista omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, solicitó que se condenara a pagarle las siguientes sumas de dinero:

“1. Por concepto de fallos y providencias del operador judicial y omisión de resolver los derechos reclamados en la Ley 472 de 1998, oportunamente contra el Municipio de Girón y la C.D.M.B en la sumatoria de 500 smlmv”.

“2. La indemnización a los demandantes como afectados en la Ley 472 de 1998 y no haber justicia pronta y oportuna, en relación con acciones y medidas cautelares preventivas legales realizadas y ejecutadas en 500 smlmv contra el Municipio de Girón y la CDMB”.

“3. El daño y la burla moral por parte de la operadora judicial de Tribunal Contencioso Administrativo de Santander y no cumplir los términos procesales perentorios del art. 3,4,5,6,7 de la Ley 472 de 1998 en la ley sustancial y ley procesal, en la sumatoria de 500 smlmv”.

2. El 30 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander, inadmitió la demanda con fundamento en las siguientes razones:

— Respecto a los hechos se le solicitó al demandante que hiciera una relación cronológica exacta de los mismos, de conformidad con el artículo 162 del CPACA, comoquiera que no precisó en qué etapa procesal se encuentra la acción popular. De igual manera, no señaló ni la fecha en que se radicó la demanda, ni el motivo de inconformidad, pues no es claro si su objeción es porque no se ha proferido sentencia o porque no se ha decretado la medida cautelar. Asimismo no especificó cuáles son los hechos u omisiones que permiten endilgar responsabilidad al Municipio de Girón y a la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga C.D.M.B; finalmente, consideró que el demandante no estableció a qué clase de dineros se refiere, con lo expuesto respecto a aquellas sumas que deben invertirse en la comunidad y que “toman otros rumbos”.

— Con relación a las pretensiones, la parte demandante debía ordenarlas atendiendo en primer lugar a la petición de carácter declarativo, esto es, aquellas que se orientan a derivar la responsabilidad de las demandadas y luego, señalar las de orden condenatorio para cada demandado, así como también, establecer el monto y modalidad de cada perjuicio solicitado.

— Señaló que el demandante solicitó la suma de 1500 smlmv sin discriminar cuales son las sumas que reclama por perjuicios materiales, morales etc. Por tanto, ordenó que se subsanara la petición con miras a determinar la competencia.

— Igualmente indicó al demandante, que aportara el buzón de correo electrónico para las notificaciones judiciales de las entidades demandada, y la dirección física de la oficina o habitación de su poderdante.

— Finalmente, se requirió al apoderado de la parte actora para que allegara el comprobante de pago del arancel judicial.

3. En proveído del 26 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander, rechazó la demanda por no ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que en providencia del 30 de agosto de 2013, se había inadmitido, y no se subsanó los defectos allí señalados.

3.(sic) El demandante apeló la decisión, para deprecar que, en su lugar, se admitiera la demanda, y para tal efecto sostuvo en primer lugar, que por tratarse de una acción popular sus efectos son erga omnes y al haber sido publicada en edicto no requiere que se especifique de manera redundante(1). De otra parte, sostuvo que las pretensiones se expresaron de forma clara, concreta y precisa por cuanto el afectado con el daño general es la comunidad del barrio alto del Llanito del municipio de Girón. En relación a la cuantía y a las notificaciones expresó que éstas se señalaron de manera clara y específica. Finalmente, indicó que la parte demandante está exenta del pago del arancel judicial, por cuanto el artículo 5 de la ley 1653 de 2013, dispone que los juicios derivados del ejercicio de acciones populares y demás acciones constitucionales, no están obligadas al mismo.

4. El recurso fue concedido por el tribunal el 16 de octubre de 2013.

II. Consideraciones

1. La Sala tiene competencia funcional para conocer del asunto, por tratarse de un auto interlocutorio pasible del recurso de apelación, proferido en primera instancia por un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con los artículos 125 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Lo pretendido por el demandante, es que se declare patrimonialmente responsable a la Nación —Rama Judicial— y al municipio de Girón, por los perjuicios derivados del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, con ocasión del retardo en la resolución del proceso de acción popular 2010-903-00 que para el momento de presentación de la presente demanda se encontraba en etapa probatoria. Aduce que la Ley 472 de 1998 preceptúa términos de carácter perentorios en los que se deben surtir todas las etapas procesales, dada la naturaleza constitucional de la acción ejercida, no obstante, a juicio del actor, el tribunal ha desconocido la naturaleza de los mismos y consecuencialmente, entorpecido y dilatado el desarrollo del proceso.

3. La Sala confirmará la decisión del tribunal, pero por razones distintas a las a quo. Ahora bien, en atención a que la figura procesal de la inadmisión de la demanda es un instrumento encaminado al saneamiento del proceso, a efectos de evitar la estructuración de nulidades posteriores y fallos inhibitorios(2), es preciso tener en cuenta que la ley otorgó al juez esa facultad de control, para que la ejerciera en una sola oportunidad.

Como puede observarse, el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(3) establece la competencia para que, constatada la falta de requisitos de la demanda, el juez declare su inadmisión, actuación que ejercitará con total respeto del principio de eficiencia, según el artículo 7º de la Ley 270 de 1996(4). Así, el incumplimiento de uno o varios requisitos formales de la demanda, se constatará y declarará, en una primera y única actuación.

Bajo esta lógica y entendimiento, el control formal de legalidad realizado por el juez al momento de examinar la demanda y decidir sobre su admisión, debe ser íntegro, pues esa es la oportunidad procedente para decretar su inadmisión.

Al respecto, la doctrina dispone(5):

“Inadmisión y rechazo significan no aceptación de la demanda, pero medio gran diferencia entre una y otra: la inadmisión conlleva posponer la aceptación, a fin de que se corrijan ciertas fallas; el rechazo tiene un carácter definitivo, pues implica la no tramitación de la demanda. La inadmisión puede ser paso previo al rechazo, pues al no admitiese una demanda, si dentro del término legal no se subsanan las fallas, el juez la debe rechazar”.

4. En efecto, se tiene que la decisión de primera instancia que inadmitió la demanda señaló algunos requisitos que, a juicio del a quo, no se encontraron debidamente acreditados. Y en virtud de ello, de conformidad con lo establecido en el CPACA, se le otorgó un término al actor para que subsanara los defectos indicados y poder así continuar con el proceso. Sin embargo, la parte demandante no presentó escrito de corrección dentro del término legal, por lo que el tribunal se vio compelido a rechazar de plano la demanda.

Ahora bien, a juicio del tribunal, la demanda presentaba errores en el acápite de los hechos, en las pretensiones, en el de la cuantía, en las notificaciones, y además, en la acreditación del pago del arancel judicial. En criterio de esta Sala, le asiste razón al a quo respecto de las falencias que presenta el libelo demandatorio, no obstante, debe hacerse claridad respecto al acápite de notificaciones, pues se tiene que se le exige al demandante aportar la dirección electrónica del buzón de la entidad demandada, y se tiene que el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo no exige esta formalidad para dar por debidamente aportada la dirección de notificación de las partes, la norma del CPACA establece:

“ART. 162.—Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

“(...).

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”.

De allí que, de la redacción de la norma no se puede concluir la exigencia de esta formalidad para que se entienda presentada en debida forma la demanda, comoquiera que en el entendimiento de la norma, ésta expresa una facultad que va de la mano con las medidas de adopción de nuevas tecnologías al proceso contencioso administrativo. De modo que, exigir el cumplimiento en esos términos, como si se tratase de una obligación impuesta por el nuevo código, resulta violatorio del derecho de acceso a la administración de justicia. Por tanto, respecto de este tópico o punto específico no es correcta la decisión del tribunal.

Se tiene, por tanto, en el caso sub examine que el demandante no corrigió los defectos de la demanda lo que de conformidad con el numeral 2 del artículo 169 y el artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, implica como consecuencia el rechazo de la demanda.

Por lo anterior, considera la Sala que le asistió la razón al tribunal al rechazar la demanda, toda vez que no fue subsanada conforme a lo solicitado en la providencia de inadmisión, donde se señalaron los defectos de que adolecía.

En este orden, y por las razones expuestas se confirmará la providencia recurrida.

En mérito de lo anterior, se

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto de 26 de septiembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Enrique Gil Botero, presidente—Olga Mélida Valle De La Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) Folio 43 cdno. ppal.

(2) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte General, Dupré Editores, Bogotá, 2002, pág. 483.

(3) “ART. 170.—Inadmisión de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda”.

(4) ART. 7º—Ley 270 de 1996: “La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley”.

(5) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte General, Dupré Editores, Bogotá, 2009, pág. 486.