Auto 2013-00782 de julio 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 11001 03 25 000 2013 00782 00 (1589-2013)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: César Augusto Medina Rojas

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C, treinta y uno de julio de dos mil trece.

Ley 1437 de 2011/medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el señor César Augusto Medina Rojas solicitó la nulidad de los fallos de primera y segunda instancia expedidos el 2 de marzo y 6 de agosto de 2012, en su orden, por el inspector delegado región de Policía 6 y por el inspector general de la Policía Nacional, por medio del cual se le sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 5 meses; así como del Decreto 2123 de 16 de octubre de 2012 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional, que determinó su retiro del servicio.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó el respectivo restablecimiento del derecho.

Para resolver, se

Considera

Previo a admitir la demanda de referencia, el despacho estima necesario realizar las siguientes valoraciones respecto de la competencia para conocer del presente asunto.

En el proceso en cuestión se demandan las decisiones disciplinarias emanadas de una autoridad del orden nacional, diferente a la Procuraduría General de la Nación, pretendiendo como restablecimiento del derecho el reintegro del actor a su cargo y el pago de los salarios dejados de percibir.

Con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se estableció la competencia del Consejo de Estado en única instancia de la siguiente manera:

“ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia: el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

(...).

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo director del Ministerio Público.

(...)”.

Considerando que la norma que se acaba de citar establece una especificidad respecto de los actos administrativos expedidos en virtud del poder disciplinario en cabeza del Procurador General de la Nación, esta corporación de entrada no sería la competente para conocer del asunto en cuestión, por lo que es necesario realizar una lectura sistemática de las normas que regulan la competencia de las demás autoridades para llegar a una conclusión.

Para el caso de los actos administrativos de carácter disciplinario proferidos por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación diferentes al jefe del Ministerio Público, según lo establecido en el numeral 3º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la competencia corresponde a los tribunales administrativos en primera instancia:

“ART. 152.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.

Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...).

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación.

(...).

La transcripción evidencia que no quedó textualmente definido el tema en cuestión, es decir la competencia para conocer demandas incoadas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de carácter disciplinario, que impongan sanciones que conlleven el retiro temporal o definitivo del servicio, emanadas de autoridades del orden nacional, diferentes a la Procuraduría General de la Nación.

En ese entendido, cobra fuerza dominante el factor funcional para la determinación de la competencia, por cuanto se debe tener en cuenta en primera medida la naturaleza del asunto y la entidad que profiere el acto acusado, deponiendo el factor cuantía; ante tal vacío normativo se debe entender que la voluntad del legislador consistió en fijar el estudio de las decisiones disciplinarias proferidas por autoridades del orden nacional (asimilándolos a los demás funcionarios del Ministerio Público), a los tribunales administrativos en primera instancia, encaminando así el estudio de las decisiones del Procurador General de la Nación en única instancia al máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, en ese orden de ideas, advirtiendo que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los casos ya descritos, se salvaguarda el acceso constitucional a la doble instancia a las partes dentro de la jurisdicción, sin que pueda reconocerse que la norma en estudio constituye un mecanismo exceptivo al principio en mención.

En conclusión, al no existir norma expresa que determine la competencia en los casos en que se controviertan actos administrativos de naturaleza disciplinara que impliquen retiro temporal o definitivo del servicio, emitidos por autoridades del orden nacional diferentes a la Procuraduría General de la Nación, llámense oficinas de control interno disciplinario o funcionarios con potestad disciplinaria, se aplicará el numeral 3º del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

Caso concreto

Explicado lo anterior y habida cuenta que en el presente caso se demanda la nulidad de las decisiones disciplinarias proferidas por una entidad del orden nacional, en las que se decretó la suspensión del señor César Augusto Medina Rojas, conllevando su retiro del servicio, es claro que no es esta la autoridad judicial competente para conocerlo, sino el Tribunal Administrativo de Antioquia, en razón a que fue en el Valle de Aburrá el lugar dónde se realizó el acto o hecho que dio origen a la sanción(1) de acuerdo con lo establecido en el numeral 3º del artículo 152 y en el numeral 8º del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

De conformidad con lo anterior y en aras de salvaguardar el principio constitucional de la doble instancia, el presente expediente será remitido al tribunal antes mencionado para que sea allí donde asuman la competencia y conozcan en primera instancia de la demanda instaurada por el señor César Augusto Medina Rojas contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

En consecuencia, se

RESUELVE:

REMÍTASE por competencia el presente expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para lo de su cargo, de conformidad con la parte motiva de este proveído.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(1) Folio 307.