Auto 2013-00805 de abril 30 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-02-03-000-2013-00805-00

Magistrado Ponente

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Se advierte, en primer lugar, que como el conflicto planteado, en los términos antes señalados, se ha presentado entre dos juzgados de diferente distrito judicial, esta Sala de la Corte es competente para decidirlo conforme a lo establecido en los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.

2. El numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil establece que en los procesos contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado, y el numeral 4º del mismo estatuto, señala que en los procesos de pérdida o suspensión de la patria potestad “será también competente el juez que corresponde al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve”.

Por su parte, el artículo 8º del Decreto 2272 de 1989, preceptúa que en los procesos de pérdida o suspensión de la patria potestad, “en los que el menor sea demandante, la competencia por razón del factor territorial corresponderá al juez del domicilio del menor”, disposición respecto de la cual esta corporación ha señalado que “... por tratarse de una excepción,... en el texto legal no caben más asuntos que los que él mismo contiene y cita expresamente; bien sabido se tiene que el marco de norma semejante es asaz ceñido y, por consiguiente, es inútil tratar de ensancharlo... en el punto está vedada, así, toda interpretación laxa, analógica o por extensión” (auto sep. 23/93).

3. En el presente asunto no es el menor sino su madre, quien figura como demandante, por intermedio de la defensora de familia, por lo que debe descartarse la aplicación en este evento, del fuero especial señalado en el artículo 8º del Decreto 2272 de 1989, cuyo presupuesto básico es el de que el menor sea el actor.

Sobre el particular, esta Sala, tiene asentado que “... si la nombrada menor no funge como demandante, así se encuentre bajo la custodia y cuidado personal de su progenitor y este asuma el antedicho rol, el fuero de que trata el artículo 8º del Decreto 2272 de 1989, resulta inoperante por definición” (auto jun. 30/2005, Exp. 2005-00395).

Síguese de lo anterior que no obstante lo dicho en la demanda como factor atributivo de competencia, en este asunto, el domicilio del menor no entra en juego para determinar cuál es el juez competente para conocer del proceso de privación de la patria potestad y, debe, por lo tanto, acudirse a la regla general prevista en el numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, que por el factor territorial, la asigna al juez del domicilio del demandado.

4. En la demanda presentada por la defensora de familia —como antes se señaló— se afirmó desconocer el lugar de trabajo o residencia del demandado y, por tal razón, se solicitó su emplazamiento, conforme al artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, petición que fue atendida favorablemente por el juez Quinto de Familia de Manizales, en el auto admisorio del libelo.

Sin embargo, el referido funcionario judicial se declaró luego incompetente para seguir conociendo del proceso, al ser informado por la defensora de familia, que la demandante cambió el lugar de su domicilio a Pereira.

5. Como varias veces ha precisado esta Corte, la situación vigente al momento de la presentación de la demanda, es la que debe tenerse en cuenta para la atribución de competencia, y la ulterior modificación de tal estado de cosas una vez radicada la demanda, no altera aquella.

Dicho de otro modo, el Código de Procedimiento Civil permite al juez asumir la competencia para conocer de un determinado proceso, desde su inicio, cuando estima ser el competente por razón de la calidad de las partes, la materia, la cuantía, el territorio y la atribución funcional dentro de la estructura de la jurisdicción correspondiente, o, en caso contrario, rechazarla de plano (CPC, art. 85 inc. 3º), disponiendo su envío al funcionario que considere competente.

Esta decisión inaugural del juez al declarar su competencia para conocer de un determinado asunto, no es inmodificable, por cuanto puede ser reexaminada en el curso del juicio, con fundamento en los recursos, excepciones previas o incidentes de nulidad pertinentes.

Pero si el juez admite la demanda —por estimar que en el confluyen los factores antes mencionados—, establecida queda, en principio, la competencia para conocer del proceso sin que sea posible desprenderse de ella antes de que el demandado comparezca al proceso, como aquí sucedió, con el pretexto del cambio del lugar domicilio de la demandante.

7. Con apoyo en las anteriores consideraciones se asignará la competencia para conocer del proceso al Juzgado Quinto de Familia de Manizales.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Asignar la competencia para seguir conociendo del presente proceso ejecutivo al Juzgado Quinto de Familia de Manizales.

2. Remitir el expediente a esa oficina judicial para que continúe con el trámite del proceso de privación de la patria potestad.

3. Comunicar esta decisión a los juzgados que formularon el conflicto y a todos los interesados.

Notifíquese y cúmplase».