Auto 2013-01061 de mayo 2 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 1100103250000201301061 00

Número interno: 2438-2013

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: David Buitrago Ávila

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil catorce.

Encontrándose el expediente para admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor David Buitrago Ávila contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el despacho observa lo siguiente:

Las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se inapliquen los artículos 2º y 4º del Decreto 2863 de 2007, por vía de excepción de inconstitucionalidad, al existir omisión legislativa relativa u omisión reglamentaria, debido a que no se incluyó al personal de agentes de la Policía Nacional.

Como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad del oficio 2035 de 10 de mayo de 2012, proferido por el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante el cual se negó el reajuste de la asignación de retiro.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada a reliquidar y pagar la asignación de retiro, en un porcentaje del 45% por concepto de variación en el cómputo del factor salarial y/o pensional denominado “Prima de actividad” de conformidad con el artículo 30 del Decreto 1213 de 1990 y los artículos 2º y 4º del Decreto 2863 de 2007.

El 16 de mayo de 2013, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá declaró falta de competencia para conocer de la demanda de la referencia, y en consecuencia ordenó remitir el expediente a esta corporación.

Para el efecto, señaló que de conformidad con el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es la jurisdicción contenciosa la competente para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en la leyes especiales, de los litigios originados en actos, contratos, hechos y omisiones sujetos al derecho administrativo, e donde se involucren entidades públicas, concluyendo que por tal razón, es competencia del Consejo de estado el conocimiento de los asuntos relativos a la nulidad por inconstitucionalidad, pues es la vía procesal para solicitar la declaración de omisión reglamentaria.

La excepción de inconstitucionalidad y la nulidad por inconstitucionalidad son mecanismos distintos, pues el primero pretende que una autoridad que tenga a su cargo aplicar una norma, para un caso particular, se abstenga de hacerlo por ser contraria a la constitución, lo cual no implica que dicha norma pierda vigencia en el ordenamiento jurídico aun cuando no produzca efectos para el asunto concreto, mientras que el segundo busca que el juez declare la nulidad de un acto de interés general con efectos erga omnes.

Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación, señaló:

“(...) El fundamento de la excepción de inconstitucionalidad se encuentra en el artículo 4º de la Carta Política. Tal mecanismo de control de constitucionalidad de las leyes resulta sustancialmente diferente de aquel que, por vía de acción ciudadana, ejercen la Corte Constitucional y, residualmente, el Consejo de Estado. Y, bajo ese entendido, la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad no es incompatible con la competencia que tienen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para determinar, de manera definitiva, la inexequibilidad o nulidad de una norma por razones de inconstitucionalidad. Y ello es así por el efecto diverso de cada una de tales figuras jurídicas de control (...)”(1).

En el presente asunto, se observa que lo que pretende el actor es la inaplicación de los artículos 2º y 4º del Decreto 2863 de 2007, y no la nulidad de dichas normas, por tanto esta corporación no es competente para conocer de la presente demanda, pues no existe acumulación de pretensiones de nulidad y nulidad y restablecimiento, ni se está demandando en ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad un acto administrativo que por disposición constitucional sea de competencia del Consejo de Estado.

Ahora bien, el artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la competencia de los jueces administrativos en primera instancia, en los siguientes términos:

“Los jueces administrativos conocerán en única instancia (...).

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...)” (se resalta).

De la norma transcrita, se colige que el competente para de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor David Buitrago Ávila es el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá, como quiera que se trata de actos administrativos de carácter laboral cuya cuantía no supera los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

REMÍTASE por competencia al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá para que conozca en primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejero: Alfonso Vargas Rincón.

(1) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Número de radicación: 2003-01176-02.