Auto 2013-01081 febrero 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 050012333000-2013-01081-02

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Demandante: Juan Esteban Medina Botero

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Antioquia

Medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho

Asunto: recurso de apelación contra auto que declaró probada la excepción de caducidad

Bogotá, D. C., ocho de febrero de dos mil dieciocho.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Esteban Medina Botero contra el auto proferido dentro de la continuación de audiencia inicial de 8 de septiembre de 2015, a través del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia –Sala Segunda de Oralidad– declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formulada por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia –Corantioquia– y por el Departamento de Antioquia.

I. Antecedentes

1. La demanda y su contestación.

El señor Juan Esteban Medina Botero, actuando a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda(1) con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución AN-4734 de 12 de julio de 2006, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia –Corantioquia–, por medio de la cual se otorgó una licencia ambiental para la explotación de materiales de construcción en favor de los señores Javier de Jesús López Pérez y Jairo de Jesús Flórez Muñoz.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 7 de febrero de 2014(2), decretó la vinculación al proceso del Departamento de Antioquia y de los señores Javier de Jesús López Pérez y Jairo de Jesús Flórez Muñoz, como terceros con interés directo en el proceso.

La Corporación Autónoma Regional de Antioquia –Corantioquia– contestó la demanda y formuló la excepción de caducidad del medio de control(3), en los siguientes términos:

“[…] Es importante aclarar al despacho que Corantioquia, no tiene la obligación de notificar al demandante del otorgamiento de la licencia ambiental, como propietario del predio, toda vez que el trámite de licencia ambiental NO contiene entre sus requisitos el régimen de propiedad, entendiéndose que no le es exigible al interesado demostrar el grado de relación de éste o el proyecto con el o los inmuebles donde se desarrollará, y por ende, no se vincula al trámite administrativo al propietario de los predios, pues la normatividad que desarrollara el instrumento de control como es la licencia ambiental no lo exige.

Por consiguiente, en este caso el señor Juan Esteban Medina Botero, al solicitar que se declare la nulidad del acto administrativo por medio del cual se otorga una licencia ambiental a los señores Javier de Jesús López Pérez y Jairo Pérez, Resolución AN-4734 de 12 de julio de 2006, si tomamos el término o computo desde este tiempo, esta acción que pretende el demandante se encuentra caducada, igual que si la acción o si el medio de control fuese reparación directa como lo expresa la Ley 1437 de 2011 en su artículo 164 literal i

[…]

Finalmente, si miramos el otro contexto donde el demandante, pone en conocimiento a Corantioquia el oficio de fecha de 15 de julio de 2010, por medio del cual comunicaba que se hacía responsable de la presentación del Plan de Manejo Ambiental, para el plan de abandono de la mina Alvarado radicado interno 107-2143 (oficio aportado como parte probatoria) computo que tampoco le daría al demandante para ejercer la acción […]”.

Por su parte, el departamento de Antioquia también presentó la excepción de caducidad, de la siguiente manera:

“[…] Por lo anterior, ruego al despacho que dado el desconocimiento del ente territorial que apodero respecto a los términos en que fueron surtidas las actuaciones de Corantioquia, se proceda a una revisión de esta figura a fin de que si se advierte su ocurrencia sea declarada por el honorable despacho […]”.

2. Fundamentos de la providencia recurrida.

El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Segunda de Oralidad, a través del auto dictado dentro de la continuación de la audiencia inicial de 8 de septiembre de 2015(4), declaró probada la excepción de caducidad del medio de control con base en las siguientes razones:

“[…] Ahora bien, de conformidad con las pruebas allegadas con la demanda, la Sala observa que mediante oficio del catorce (14) de julio de dos mil diez (2010), el señor Juan Esteban Medina manifestó que, actuando en su condición de propietario del predio en el cuál se explotó la “Mina Alvarado” en el municipio de Copacabana y teniendo en cuenta que las licencias minera y ambiental que habían sido otorgadas a los señores Javier de Jesús López Pérez y Jairo de Jesús Flórez Muñoz para el proyecto minero habían sido revocadas, él iniciaría la fase de recuperación del predio, en virtud del acuerdo realizado con los explotadores de la mina.

[…]

Encuentra la Sala que, si bien el demandante alega que nunca se le notificó el acto administrativo contenido en la Resolución AN-4734 del 12 de julio de 2006, por medio de la cual se le concedió una licencia ambiental a los señores Javier de Jesús López Pérez y Jairo de Jesús Flórez Muñoz en un predio de su propiedad, y del cual se generaron presuntamente unos perjuicios, el mismo había quedado notificado del citado acto administrativo por conducta concluyente, por cuanto de las pruebas arrimadas al proceso puede evidenciarse que efectivamente tuvo conocimiento de dicho acto administrativo, incluso, desde el momento en que presentó el citado “Plan de manejo ambiental para el cierre y abandono de la mina Alvarado –Copacabana– Licencia 6085” el día 14 de julio de 2010.

Incluso de no tenerse en cuenta dicha fecha presuntiva de notificación por conducta concluyente, también es claro para la Sala que en el Acto Administrativo 130AN-1203-21675 del 20 de marzo de 2012, el cual fue notificado personalmente el día primero de junio de 2012, al señor Medina Botero, se advierte la existencia de la licencia ambiental a favor de los señores Javier de Jesús López Pérez y Jairo de Jesús Flórez Muñoz sobre el predio de propiedad del accionante, y teniéndose como prueba la misma en el procedimiento sancionatorio adelantado en su contra.

Así las cosas, concluye esta Sala de Decisión que para la fecha en la cual se presentó la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 114 Judicial II para Asuntos Administrativos, como requisito previo para demandar, esto es, para el día dos (2) de mayo de dos mil trece (2013) ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que ya habían transcurrido más de cuatro (4) meses desde la fecha en que se entiende quedó notificado por conducta concluyente el accionante de la Resolución AN-4734 del doce (12) de julio de dos mil seis (2006), esto es, el primero (1) de julio de dos mil doce (2012).

Advierte la Sala que, aún en el caso de tomar como fecha de notificación por conducta concluyente el día ocho (8) de agosto de dos mil doce (2012), fecha en la cual el señor Juan Esteban Medina Botero manifestó que la Dirección Territorial Aburrá Norte de Corantioquia, dentro del Expediente AN3-04-3 en contra de su voluntad, le había otorgado una licencia ambiental para la explotación minera a los señores Jairo de Jesús Flórez Muñoz y Javier de Jesús López Pérez en un predio de su propiedad, el fenómeno de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho está presente, pues, se reitera la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 114 Judicial II para Asuntos Administrativos, solo se presentó hasta el día dos (2) de mayo de dos mil trece (2013), es decir, nueve (9) meses después […]”.

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que el tribunal de primera instancia contó el término de caducidad del medio de control a partir de una presunta notificación por conducta concluyente, teniendo en cuenta unas actuaciones que realizó el señor Juan Esteban Medina Botero relacionadas con un plan de manejo ambiental y un proceso administrativo de carácter sancionatorio que adelantó la Corporación Autónoma Regional de Antioquia por incumplimiento de normas ambientales.

3. El recurso de apelación.

La parte actora presentó recurso de apelación contra el auto que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control, con base en los fundamentos:

El señor Juan Esteban Medina Botero en ningún momento manifestó de forma expresa que conoció la Resolución AN-4734 de 12 de julio de 2006; luego, no puede afirmarse que él fue notificado por conducta concluyente; él sí participó en unas actuaciones administrativas ante la Corporación Autónoma Regional de Antioquia relacionadas con un plan de manejo ambiental para la restauración del inmueble de su propiedad, pero estas actuaciones se surtieron en procedimientos administrativos distintos y en expedientes diferentes.

Adicionalmente, adujo que la Resolución AN-4734 de 12 de julio de 2006 está viciada de nulidad porque la autoridad ambiental omitió notificar y publicar el inicio de la actuación administrativa en la forma dispuesta en el artículo 7º de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993(5) y los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo(6); precisamente por esta irregularidad el señor Juan Esteban Medina Botero no tuvo conocimiento del contenido del acto administrativo demandado, ni siquiera por conducta concluyente; por consiguiente, no se configuró la caducidad del medio de control y la demanda no podía ser rechazada por este aspecto.

4. Traslado del recurso.

El Magistrado Ponente de primera instancia, dentro de la audiencia inicial de 8 de septiembre de 2015, corrió traslado del recurso de apelación a los demás sujetos procesales en la forma dispuesta en el artículo 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo(7), quienes manifestaron lo siguiente:

i) La Corporación Autónoma Regional de Antioquia, dentro de la oportunidad concedida, solicitó llanamente que se confirme la providencia que declaró la caducidad del medio de control.

ii) El departamento de Antioquia expresó su conformidad con la providencia apelada, debido a que el demandante quedó notificado por conducta concluyente de la resolución demandada el día 15 de julio de 2010 cuando presentó un plan de manejo ambiental; por lo tanto, señala que para la fecha de presentación de la demanda el medio de control había caducado.

iii) El curador ad-litem del señor Javier de Jesús López Pérez solicitó que se confirme la decisión porque el demandante quedó notificado del acto acusado desde el año 2010.

iv) Finalmente, el Agente del Ministerio Público también intervino en el sentido de conceptuar que en el presente asunto sí se configuró la caducidad del medio de control.

II. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(8), el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones contra los autos proferidos por los tribunales administrativos que sean susceptibles de este medio de impugnación.

2. El problema jurídico.

Para establecer si la demanda fue presentada dentro del término oportuno de cuatro meses, la Sala deberá determinar si el señor Juan Esteban Medina Botero, en su condición de demandante, quedó o no notificado de la Resolución AN-4734 de 2006 por conducta concluyente.

3. Notificación de los actos administrativos por conducta concluyente.

En virtud del principio de publicidad establecido en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo - CCA(9), las autoridades están en el deber de dar a conocer sus decisiones a los interesados, en la forma y con las ritualidades descritas en el ordenamiento jurídico.

Los artículos 44, 45 y 46 del Código Contencioso Administrativo disponen los métodos que deben utilizar las autoridades, según el caso, para notificar los actos particulares que ponen término a la actuación administrativa, estas son, personal, por edicto y publicación.

Adicionalmente, el artículo 48 del mismo código prevé la notificación de los actos por conducta concluyente, como mecanismo residual y presunto, con el siguiente tenor:

“[…] Artículo 48. Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.

Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del artículo 46. […]”.

Respecto de la notificación por conducta concluyente, esta corporación(10) ha realizado las siguientes precisiones:

“[…] De esta forma se ha entendido que por medio de la figura a la que se alude se busca sanear o convalidar la falta o irregularidad en que pudo incurrir la administración al publicitar los actos administrativos y se configura en tanto la parte interesada manifieste por algún medio que conoce la decisión de la administración y conviene en ella aceptándola u oponiéndose mediante la interposición de los recursos respectivos o de la demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa.

[…]

Ahora, aunque manifiesta que no basta con que las resoluciones impugnadas le hayan sido comunicadas y que por lo tanto éstas debían ser notificadas so pena de vulnerar su derecho a la defensa, para la Sala es claro que con independencia de que la actora haya resaltado una irregularidad en la notificación, conocía perfectamente el contenido de los actos impugnados y que consintió en la decisión adoptada por la administración con algunas objeciones.

Así las cosas, para la Sala es evidente que en el presente asunto se configuró una notificación por conducta concluyente en términos de lo previsto en el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo […]”.

En ese contexto, la notificación por conducta concluyente se configura cuando la persona interesada realiza una manifestación a partir de la cual se puede concluir que conoce la decisión administrativa, verbigracia, cuando presenta recursos o demandas, otorga poder, manifiesta en un escrito que conoce el acto o lo menciona en un documento que lleve su firma, entre otros. En todo caso, para que se constituya este tipo especial de notificación, es inexorable que el interesado se dé por suficientemente enterado de la decisión administrativa.

En ese mismo sentido se pronunció esta corporación(11), al señalar que la notificación por conducta concluyente se configura cuando el destinatario menciona en un documento que lleva su firma que conoce el acto administrativo, en los siguientes términos:

“[…] Esta Sección en sentencia de 13 de junio de 1996 (Expediente 3690, actor: Guillermo León Vargas Arroyo, C. P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz), precisó que el artículo 48 del C.C.A., consagra la notificación por conducta concluyente cuando prevé que ella tiene por finalidad convalidar o legitimar la falta o irregularidad en la notificación personal o por edicto dos eventos: cuando el interesado conviene con el acto, esto es, está de acuerdo con su contenido; o cuando el mismo utiliza en tiempo los recursos gubernativos procedentes; y que presenta un vacío en cuanto no contempla la posibilidad de que el interesado, a pesar de no haberse surtido las formalidades para la notificación personal o por edicto, pueda tener conocimiento de la existencia y contenido del acto, esté en desacuerdo y no hubiere ejercido en tiempo los recursos, evento este, en el cual, en virtud del artículo 267 ibídem, puede darse aplicación al artículo 330 del C. de P.C. que regula la notificación por conducta concluyente, así:

“Notificación por conducta concluyente. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la menciona en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia”.

En este caso, la circunstancia de que la persona revestida de capacidad para representar a la demandante se hubiera referido expresamente a la resolución acusada y autorizado a una persona para reclamarla, hace presumir que conoció su contenido el día en que fue reclamada, a menos que se demuestre lo contrario, lo que no ocurrió en este caso […]” (Destaca la Sala).

4. Caso concreto.

La Sala observa en el caso sub judice que el tribunal de origen declaró probada la excepción de caducidad contando el término a partir de la notificación por conducta concluyente de la resolución acusada; argumento que rebate la parte actora en el recurso de presentado, por cuanto, considera que no se configuró dicha notificación por conducta concluyente.

Al respecto, es importante precisar que el objeto de debate en este proceso consiste en determinar si existió o no una indebida notificación de la Resolución AN-4734 de 12 de julio de 2006 al señor Juan Esteban Medina Botero, propietario del inmueble donde se otorgó la licencia ambiental; por lo tanto, es pertinente establecer si se configuró o no una notificación por conducta concluyente para, según el caso, tomar esa fecha de notificación para contar el término de caducidad del medio de control.

En ese orden, la Sala procede a verificar los hechos relevantes que están acreditados en el proceso, frente a lo cual se encuentra probado lo siguiente:

i) El artículo 6º de la Resolución AN - 4734 de 12 de julio de 2006 establece el plan de abandono, el cual es implementado por el demandante en el plan de manejo ambiental que presenta el 20 de agosto de 2010 a la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO SEXTO: Plan de abandono. La adecuación morfológica se realizará a medida que se vaya terminando la intervención en cada una de las zonas de extracción. La adecuación de la totalidad del área se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la culminación de los trabajos mineros. El plan de abandono conlleva además el retiro de la planta de beneficio, y recuperación paisajística con siembra de pastos.

PARÁGRAFO: La totalidad de la zona intervenida deberá ser recuperada de forma que no dejen lagos o áreas susceptibles de su formación.

ii) El artículo 19 de Resolución AN - 4734 de 12 de julio de 2006 ordeno su publicación en el Boletín de la corporación.

iii) El señor Jairo de Jesús Flórez Muñoz, en su condición de beneficiario de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución AN-4734 de 12 de julio de 2006 (acto demandado), presentó un memorial el día 15 de julio de 2010(12) ante la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, con el siguiente contenido:

“Copacabana, julio 11 de 2010

Doctor

Carlos Alberto Molina Gómez

Director Territorial Aburrá Norte

Corantioquia

Expediente: AN3-04-3

Asunto: información sobre el plan de manejo ambiental

Jairo de Jesus Florez (sic) Muñoz, identificado con la C.C. No. 8.396.888, en mi calidad de titular de la licencia ambiental otorgada en el expediente de la referencia para el proyecto minero denominado Mina Alvarado, me permito manifestarle que de conformidad al acuerdo realizado con el señor Juan Esteban Medina Botero, identificado con C.C. Nº 8.031.222 propietario del predio en el cual se desarrolló el proyecto minero; será éste quien se haga cargo de la presentación del Plan de Manejo Ambiental para la fase de abandono del proyecto.

Por lo tanto, respetuosamente le solicito se sirva tener al señor Juan Esteban Medina Botero como titular del Plan de Manejo Ambiental que será impuesto y de las obligaciones y derechos originadas en el mismo.

Atentamente,

Jairo de Jesús Flórez Muñoz […]”. (Destacado de la Sala)

iv) El mismo día, esto es el 15 de julio de 2010, el señor Juan Esteban Medina Botero presentó un memorial(13) ante la Corporación Autónoma Regional de Antioquia solicitando, expresamente, lo siguiente:

“Copacabana, julio 14 de 2010

Doctor

Carlos Alberto Molina Gómez

Director Territorial Aburrá Norte

Corantioquia

Expediente: AN3-04-3

Asunto: comunicación sobre el responsable de la presentación del plan de manejo ambiental para el plan de abandono de la Mina Alvarado

Juan Esteban Medina B., identificado con la C.C. Nº 8.031.222, actuando en mi condición de propietario del predio en el cual se explotó la Mina Alvarado en el municipio de Copacabana, me permito manifestar que debido a que fueron revocadas las licencias minera y ambiental que habían sido otorgadas a los señores Javier de Jesús López Pérez y Jairo de Jesús Flórez Muñoz para el proyecto minero, procederé a iniciar la fase de recuperación del predio de mi propiedad ya mencionado, en virtud del acuerdo realizado con los explotadores de la mina.

Para cumplir con lo anterior y con el ánimo de realizar la recuperación física de (sic) lote ya mencionado, procederé a elaborar y presentar ante Corantioquia para su evaluación y aprobación el Plan de Manejo Ambiental para la implementación de una escombrera, de conformidad con los términos de referencia que fueron entregados por ustedes.

Anexo la carta firmada por el titular de la licencia ambiental en la cual informa sobre dicha situación.

Atentamente,

Juan Esteban Medina B. […]” (Destacados de la Sala).

v) El señor Juan Esteban Medina Botero, demandante en este proceso, presentó ante la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, el día 20 de agosto de 2010(14), el plan de manejo ambiental para el cierre y abandono de la mina “Alvarado”, que fue preparado por un ingeniero geólogo debidamente matriculado y especialista en gestión ambiental, en el que manifestó lo siguiente:

“Plan de manejo ambiental para el cierre y abandono de la Mina Alvarado - Copacabana

Licencia 6085

[…] Debido a que el área de interés se encuentra enmarcada dentro del Plan de Cierre y Abandono de un proyecto minero y con el objetivo de dar cumplimiento, por parte de los titulares, a lo señalado en la ley, el propietario del predio ha desarrollado el presente Plan de Manejo Ambiental, en común acuerdo con los titulares de la Licencia minera, donde se describe las actividades de disposición de escombros, los potenciales impactos y el manejo ambiental que el señor Medina desea realizar en el área del lote de su propiedad, para su posterior uso como zona de parqueaderos. El informe desarrolla los términos de referencia entregados por la propiedad ambiental. […]

[…] Una vez identificadas las principales actividades del proyecto que generarán impactos negativos sobre los diferentes elementos ambientales considerados, se ha procedido a elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el mismo que permitirá evitar, rectificar, reducir o compensar los impactos generados. La formulación de dicho plan, parte de las recomendaciones basadas en la caracterización ambiental y la evaluación de impactos, bajo el marco de la reglamentación ambiental vigente y el entorno legal específico que rige al estudio. […] “. (Destacado de la Sala)

vi) El señor Juan Esteban Medina Botero manifestó, en oficio del 8 de agosto de 2012(15), a la Dirección Territorial Aburrá del Norte de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, lo siguiente:

“[…] 1. Dentro del expediente AN3-04-3, la Dirección Territorial Aburrá Norte de Corantioquia, en contra de mi voluntad como propietario de uno de los dos lotes de terreno, le otorgó una licencia ambiental para una explotación minera a los señores Jairo de Jesús Flórez Muñoz y Javier de Jesús López Pérez. […]”

Del análisis de estos medios probatorios documentales se deduce inequívocamente que para el día 15 de julio de 2010 el señor Juan Esteban Medina Botero: i) sabía que los señores Javier de Jesús López Pérez y Jairo de Jesús Flórez Muñoz ejecutaron un proyecto de explotación minera en el inmueble de su propiedad; ii) tenía conocimiento de que existía una licencia ambiental para esa explotación minera; iii) pactó un acuerdo con los titulares de la licencia ambiental, señores Javier de Jesús López Pérez y Jairo de Jesús Flórez Muñoz, para la recuperación de las condiciones del inmueble por las alteraciones al medio ambiente casuadas por la explotación minera; iv) presentó un plan de manejo ambiental para el cierre y abandono de la mina, elaborado por un experto ingeniero geólogo y especialista en gestión ambiental, en cuyo texto se indica que se elaboró teniendo en “[…] el marco de la reglamentación ambiental vigente y el entorno legal específico que rige al estudio […]” para “[…] implementar el plan de cierre y abandono […]”, lo que supone que se ha cumplido, por parte del experto que lo elaboró y de la persona que lo presenta a la autoridad ambiental, con el deber de diligencia de haber investigado y conocido la licencia ambiental conferida mediante el acto acusado, para poder elaborar un plan de manejo ambiental conforme a la reglamentación ambiental y al entorno legal específico del proyecto, lo cual comprende el pleno conocimiento de la licencia ambiental y de lo dispuesto en su artículo 6º sobre el plan de abandono; más aún si el acto que concede la licencia ambiental fue publicado en el boletín de la respectiva corporación autónoma regional.

Es fundamental poner de presente que el plan de manejo ambiental(16) que presentó ante la autoridad ambiental el señor Juan Esteban Medina Botero, demandante en este proceso, es una obligación que emana directamente del otorgamiento de la licencia ambiental; en efecto, los artículos 4º, 21 y 28 de la Resolución 2041 del 15 de octubre de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “por la cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales” dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Licencia ambiental global. Para el desarrollo de obras y actividades relacionadas con los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, la autoridad ambiental competente otorgará una licencia ambiental global que abarque toda el área de explotación que se solicite.

En este caso, para el desarrollo de cada una de las actividades y obras definidas en la etapa de hidrocarburos, será necesario presentar un plan de manejo ambiental, conforme a los términos, condiciones y obligaciones establecidas en la licencia ambiental global […]”.

“[…] Artículo 21. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente:

[…]

7. Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus costos de implementación […]”.

“[…] Artículo 28. Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en virtud del cual se otorga una licencia ambiental contendrá:

6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al plan de manejo ambiental presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental durante la construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono y/o terminación del proyecto, obra o actividad […]”. (Negrillas de la Sala).

En ese orden de ideas, la Sala colige que cuando el señor Juan Esteban Medina Botero se comprometió y efectivamente presentó el plan de manejo ambiental, dio cumplimiento a una obligación establecida en el acto administrativo que otorgó la licencia ambiental, es decir, que con esas actuaciones administrativas el demandante manifestó que conocía la existencia de un proyecto minero y su correspondiente licencia ambiental y, adicionalmente, convino en el acto administrativo porque cumplió con una de las obligaciones que emanaba directamente del otorgamiento de la licencia ambiental, por ende quedó notificado por conducta concluyente de mencionado acto.

Con base en estas premisas, la Sala evidencia que efectivamente el señor Juan Esteban Medina Botero quedó notificado por conducta concluyente de la Resolución AN-4734 de 12 de julio de 2006 (acto demandado) el día el 15 de julio de 2010 porque, para esta fecha, conocía perfectamente la existencia de la licencia ambiental y las obras y la ejecución del proyecto minero; incluso, participó activamente en la actuación administrativa cuando elaboró, como el mismo afirma de común acuerdo con los titulares de la licencia, el plan de manejo ambiental de cierre de la mina denominada “Alvarado” y, luego, presentó dicho plan ante la respectiva entidad. Por tal razón, es a partir de esta fecha que se debe contar el término de caducidad, según lo preceptuado en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

[…]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

[…]

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]”.

En este caso concreto se evidencia que el acto administrativo acusado contenido en la Resolución AN-4734 de 12 de julio de 2006 se notificó al señor Juan Esteban Medina Botero el 15 de julio de 2010; empero, la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación se presentó el 2 de mayo de 2013 cuando el medio de control ya había caducado porque se habían superado ampliamente el término oportuno de cuatro meses, toda vez que dicha solicitud se presentó con más de dos años y nueve meses de posterioridad a la notificación del acto, luego, resulta diáfano que la demanda estuvo bien rechazada por este aspecto.

4. Conclusión.

Corolario de lo expuesto, la Sala concluye que efectivamente en el caso sub examine se configuró el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como lo declaró probado el Tribunal Administrativo de Antioquia en el auto apelado que fue proferido dentro de la continuación de audiencia inicial de 8 de septiembre de 2015; por consiguiente, se impone confirmar dicha providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto proferido dentro de la continuación de la audiencia inicial de 8 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Segunda de Oralidad, a través del cual se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la por la Sala en la sesión del ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Magistrados: Hernando Sánchez Sánchez, Presidente—María Elizabeth García González—Oswaldo Giraldo López—Roberto Augusto Serrato Valdés.

1 Folios 1 a 26 cuaderno principal.

2 Folios 252 a 254 del cuaderno principal.

3 Folios 144 a 161 el cuaderno principal.

4 Folios 480 a 486 del cuaderno principal.

5 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.

6 Normativa aplicable en el caso en concreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que la actuación administrativa inició en el año 2006.

7 “[…] ARTÍCULO 244. Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:
1. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente en el transcurso de la misma. De inmediato el juez dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales con el fin de que se pronuncien y a continuación procederá a resolver si lo concede o lo niega, de todo lo cual quedará constancia en el acta. […]”.

8 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.

9 Normativa aplicable en este caso en concreto porque la actuación administrativa en la que se expidió el acto acusado inició antes del 2 de julio de 2012, según lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.

10 Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo - Sección tercera, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, providencia de 9 de julio de 2014, Expediente: Radicación: 52001-23-31-000-2001-01115-01 (29.741).

11 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, providencia de 21 de febrero de 2002, Expediente 05001-23-15-000-1994-2216-01(6991).

12 Folio 182 cuaderno principal.

13 Folio 183 ibídem.

14 Cfr. Folios 184 a 232 ibídem.

15 Cfr. Folio 450 del cuaderno principal de primera instancia.

16 El concepto de plan de manejo ambiental está definido en la Resolución 2041 de 15 de octubre de 2014 en los siguientes términos:
“[…] Plan de manejo ambiental: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad […]”.