Auto 2013-01129 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 110010325000201301129-00

Expediente 2666-2013

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

Autoridades nacionales

Actor: Rosalba Inés Jaramillo Murillo

EXTRACTOS: «Considera

El numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política establece la competencia del Consejo de Estado para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los Decretos dictados por el Gobierno Nacional “cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional”(1).

Atendiendo la normativa en cita, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 135, incluyó la acción de nulidad por inconstitucionalidad dentro de los medios de control advirtiendo que la misma puede ser incoada por cualquier ciudadano en nombre propio o a través de representante para obtener la nulidad de los Decretos de carácter general a los que se refiere la Constitución Política y de los actos administrativos “que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional”.

El tenor literal de la norma es el siguiente:

“ART. 135.—Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la Constitución.

También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional(2).

PAR.—El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.

El parágrafo de la norma en cita fue declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-415 de 6 de junio de 2012, argumentando, entre otras razones, que la competencia del Consejo de Estado para conocer de acciones de nulidad por inconstitucionalidad está consagrada en la Constitución Política y, en tal sentido, lo que hizo el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, fue reproducirla en una norma de rango legal. Advirtió además, que no se excedió la potestad del legislador, por el contrario, fue legítima, razonable y proporcionada.

Concluyó que el parágrafo de la norma, según el cual el Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda y, en consecuencia, “podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa”, garantiza los principios de integridad y supremacía de la Constitución Política dado que le permite al juzgador pronunciarse en la sentencia sobre normas con las que la demandada tenga una estrecha e íntima relación(3).

Competencia del Consejo de Estado en acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los Decretos dictados por el gobierno.

Conforme a la Constitución Política, el control de constitucionalidad que ejerce el Consejo de Estado se refiere de manera general a todos los decretos “cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional”, entre los que se encuentran los que expiden el gobierno y las entidades u organismos del Estado para desarrollar la Constitución y los demás que sean acusados por violación directa de la Constitución sobre los cuales podrá conformarse unidad normativa en la sentencia dada su naturaleza.

En relación con el tema, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 25 de noviembre de 1997, M.P. Dr. Mario Alario Méndez, al decidir la acción de nulidad interpuesta contra el Decreto 999 de 1997, por medio del cual el Presidente de la República designó el reemplazo del Alcalde Mayor de Bogotá, consideró lo siguiente:

(…).

Mediante el artículo 241 de la Constitución de 1991 se atribuyó a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, pero, se advirtió, “en los estrictos y precisos términos de este artículo”, y para tal fin le fueron otorgadas determinadas funciones, entre otras las de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentaran los ciudadanos contra las leyes y contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150, numeral 10, y 341 de la Constitución; sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215, y sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley objetados por el Gobierno como inconstitucionales y de los proyectos de leyes estatutarias.

Es así como, por ejemplo, el control jurisdiccional de constitucionalidad de todos los decretos del gobierno, distintos de los referidos, corresponde al Consejo de Estado, como fue dispuesto en el artículo 237, numeral 2º, de la Constitución. Pero, además, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y cualesquiera normas jurídicas, deben aplicarse de preferencia las normas constitucionales, como manda el artículo 4º constitucional. Es el control constitucional difuso.

(…).

Al dirimir un conflicto de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, a propósito precisamente del Decreto 1421 de 1993, y que fue decidido en favor de aquél, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en auto de 13 de octubre de 1994, precisó que la Corte Constitucional tenía la atribución de guardar la integridad y supremacía de la Constitución dentro de los precisos y estrictos términos señalados en el artículo 241 constitucional, esto es, que su función de control estaba limitada a las puntualizaciones establecidas en esa norma, “sin duda con el propósito de que un exceso de celo no convirtiera al guardador en constituyente permanente” (Revista Jurisdiccional Disciplinaria, núm. 4, pág. 180).

De la Corte Constitucional obligan sus decisiones, como obligan las decisiones de todos los jueces, mas no sus opiniones, que la de ningún juez es obligatoria”.

Del anterior pronunciamiento se deduce que la competencia del Consejo de Estado para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad puede incoarse respecto de cualquier decreto cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional, es decir, que sólo se entienden excluidos de tal atribución, los siguientes: los que expida el gobierno en uso de facultades extraordinarias (art. 150, num. 10), el decreto del plan nacional de desarrollo (art. 341) y los decretos legislativos expedidos por el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución (estados de excepción).

Acorde con lo anterior, el artículo 189 del CPACA, al fijar los efectos de las sentencias según el medio de control incoado, determinó en el inciso tercero que las sentencias proferidas en virtud de la competencia Constitucional del Consejo de Estado dispuesta en el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política “tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional”(4). Sin embargo, la Corte Constitucional aduciendo la guarda de la supremacía de la Carta en Sentencia C-400 de 2013, declaró inexequible la expresión “constitucional” de la norma en cita, bajo los siguientes argumentos:

“(…).

Así, en virtud de la potestad legislativa que ejerce el Congreso, corresponderá a esta corporación el estudio de constitucionalidad de los asuntos con contenido material de ley, esto es, (i) con fuerza de ley ordinaria, dispuestos de manera expresa por la Carta Política (art. 150); y (ii) con fuerza de ley especial, referidos a materias estatutarias y orgánicas específicas (arts. 151 y 152), las cuales comportan una mayor exigencia de aprobación. En este ámbito, serán también de su conocimiento los decretos o actos cuya expedición, de ordinario o de manera transitoria, la Constitución le atribuye a otros órganos distintos del Congreso de la República, siempre que regulen asuntos sometidos a reserva ordinaria o especial de ley, así su denominación suponga aparentemente el conocimiento y decisión de otra autoridad constitucional.

(…).

Aun cuando en términos generales, la competencia de la Corte Constitucional se encuentra definida en el artículo 241 superior, esta corporación ha explicado que no siempre resulta fácil determinar cuándo un decreto o acto expedido por el Gobierno Nacional, se encuentra comprendido o no dentro de esa preceptiva, dado que “puede ocurrir que sea una norma con fuerza jurídica equivalente a la de una ley a pesar de que no haya sido emanada formalmente del Congreso sino del Ejecutivo”[40].

Teniendo presente que en un Estado de derecho no caben competencias por analogía o por extensión[41], la Corte ha recurrido a los criterios orgánico, formal y material para establecer la autoridad encargada del control constitucional, denotando la función principal que cumple esta corporación como garante de la supremacía e integridad de la Constitución frente a la competencia residual asignada al Consejo de Estado[42]. Cabe aclarar que el criterio orgánico, por obvias razones, no resulta útil en el presente asunto, tratándose de decretos o actos emanados del Gobierno Nacional.

Según el criterio formal, la naturaleza de un decreto o acto del Ejecutivo está determinada por los fundamentos señalados al momento de su expedición, de manera que si se trata de una norma jurídica frente a la cual expresamente el artículo 241 de la Constitución Política le otorga competencia a la Corte Constitucional, es claro que su control le corresponde a esta corporación.

Sin embargo, puede acontecer que el decreto o acto gubernamental no señale las facultades que le sirven como soporte, o sea impreciso, ambiguo o contenga varios fundamentos jurídicos, de modo que dificulte determinar la autoridad judicial a la cual le corresponde adelantar el control de constitucionalidad.

En tales circunstancias, por resultar insuficiente el criterio formal, debe acudirse al criterio material, según el cual la naturaleza del decreto o acto determina la autoridad competente para asumir el juicio constitucional. De manera que si es una norma con fuerza o contenido material de ley, encuadrada en el artículo 241 superior, conocerá la Corte Constitucional, pero si concierne a una disposición que carece de magnitud legislativa, su examen atañera al Consejo de Estado con fundamento en el artículo 237-2 ib.

En este último espacio, se encuentran los actos a que refieren los artículos 135 y 189 de la Ley 1437 de 2011, cuyo conocimiento, por su naturaleza, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, la cual ubica en el Consejo de Estado la nulidad por inconstitucionalidad, figura anclada en la competencia residual que cumple ese alto tribunal, dentro del propósito de velar por la supremacía de la Constitución, pero acorde a ciertos alcances y limitaciones. De esta manera, los actos generales que no son competencia de la Corte Constitucional, según las previsiones expresas de mandatos superiores, serán del ámbito del Consejo de Estado.

Así, la disposición del legislador ordinario, prevista en el inciso 2º del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, respeta los principios y las reglas establecidas para el tribunal supremo de lo contencioso administrativo, pero entendiéndose que corresponde a la Corte Constitucional el conocimiento de los actos de carácter general con contenido material de ley, esto es, con virtualidad de modificar, subrogar o derogar la ley, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.

De otro lado, en virtud de los artículos 242, 243 y 244 superiores, que regulan los procesos que se promuevan ante la Corte Constitucional, entre ellos, los derivados de las acciones públicas de inexequibilidad que instaure cualquier ciudadano, no es posible trasladar los efectos de cosa juzgada constitucional al Consejo de Estado por carecer de la potestad de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional.

Advierte entonces esta Corte que el efecto de cosa juzgada constitucional, expandido en el inciso 3º del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 a las sentencias de nulidad que profiere el Consejo de Estado, no se aviene a la Constitución, por cuanto la calidad “constitucional” únicamente está instituida, de manera orgánica y expresa, a los fallos que la Corte Constitucional profiera en ejercicio de su control jurisdiccional (inc. 1º, art. 243 superior). Esta consecuencia, en manera alguna implica desmedro del control residual que ejerce el supremo tribunal de lo contencioso administrativo, ubicado en el referente funcional del control mixto de constitucionalidad, lo cual indica que las sentencias de nulidad de los actos proferidos en virtud del artículo 237-2 de la carta política, tienen efecto de cosa juzgada y, por lo general, a futuro.

(…)”.

La interpretación restrictiva de la Corte Constitucional respecto de la competencia del Consejo de Estado dispuesta en el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política, motivó el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, que en sentencia de 30 de julio de 2013, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla, al decidir la acción de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 27 del Decreto 1421 de 1993(5), “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, manifestó lo siguiente:

“(…).

Las normas y la jurisprudencia citada son concluyentes en cuanto a la competencia constitucional del Consejo de Estado, como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, para decidir sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, mediante una confrontación directa entre la norma atacada y la disposición constitucional que se considera violada.

Respecto de los efectos de una sentencia de nulidad por inconstitucionalidad, cabe recordar que la Carta Política, en el artículo 237 numeral 2º, le atribuye al Consejo de Estado, como se dijo antes, la competencia para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, lo que definitivamente le otorga sobre ellos, sin lugar a dudas, la potestad de dictar sentencias con fuerza de cosa juzgada constitucional, por varias razones: (i) porque es deber de todas las autoridades respetar la Constitución y ejercer sus funciones a la luz de ella; (ii) porque dentro del sistema de control constitucional adoptado en Colombia, el Consejo de Estado forma parte de lo que se denomina la jurisdicción constitucional; (iii) porque al otorgarle la Carta la facultad de conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional, el mismo constituyente le está asignando al fallo que en tal virtud se expida, el efecto de cosa juzgada, y (iv) dado que la acción cuya competencia se atribuye al Consejo de Estado por el artículo 237 numeral 2º es la de nulidad por inconstitucionalidad, el efecto necesariamente debe ser el de cosa juzgada constitucional, sin que ello implique que se esté invadiendo la competencia de la Corte Constitucional.

Una interpretación diferente sobre el control de constitucionalidad que ejerce el Consejo de Estado, como la que según el comunicado de prensa hizo la Corte Constitucional en la Sentencia C-400 de 2013, al declarar la nulidad de la expresión “constitucional” contenida en el inciso 3 del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, cuyo tenor es: “Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes”, resulta abiertamente inconstitucional y quiebra la coherencia que el constituyente imprimió al control de constitucionalidad.

En efecto, con tal interpretación la Corte no solo hace nugatorio el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política y con ello lo borra de un plumazo, sin competencia para ello, sino que parece evidenciar una confusión, inaceptable tratándose del Tribunal Constitucional, entre la acción de nulidad por inconstitucionalidad cuya competencia asignó el citado artículo al Consejo de Estado, de una parte, y la llamada “excepción de inconstitucionalidad” (C.P., art. 4º), que si bien pueden aplicar los jueces, también puede ser invocada por cualquier funcionario público, y tiene solo efectos inter-partes, de manera que con la interpretación de la Corte la acción de nulidad por inconstitucionalidad perdería todo su valor.

Adicionalmente, por vía de esa interpretación no sólo se llega al absurdo de concluir que el Consejo de Estado quebranta la Carta Política al ejercer con fuerza de cosa juzgada constitucional una competencia que, con tales efectos, la misma Constitución le ha dado, sino que se desconocen principios claros al derecho como: (i) el de cosa juzgada constitucional que, en la calidad de juez constitucional la Carta atribuye al Consejo de Estado en el artículo 237-2 y (ii) el de la seguridad jurídica que ello implica y a la cual tienen derecho los ciudadanos.

(…)”.

Todo lo anterior permite concluir que los decretos que se demandan ante el Consejo de Estado a través de la acción de nulidad por inconstitucionalidad se refieren de manera general a los dispuestos en la propia Constitución Política y no es viable hacer interpretaciones restrictivas respecto de la competencia que la propia Carta le otorga a esta corporación en esa materia.

En tal virtud, la competencia Constitucional atribuida al Consejo de Estado para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucional no puede limitarse bajo la interpretación de que ésta solo se refiere a los decretos que desarrollan directamente la Constitución o, a aquellos que no tengan una ley de por medio, pues, se repite, la Constitución Política no hace distinción alguna, sólo establece que esta corporación conocerá de todos “cuya competencia no corresponde a la Corte Constitucional”.

Aclarado lo anterior, procede el despacho a determinar el procedimiento aplicable para tramitar el presente asunto.

Procedimiento aplicable a las acciones de nulidad por inconstitucionalidad según la naturaleza del decreto o acto administrativo demandado

La competencia que la Constitución Política le otorga a la corporación para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad nada tiene que ver con la distribución de funciones al interior del Consejo de Estado y por tal razón, las interpretaciones restrictivas según las cuales sólo es viable acusar de inconstitucionales los decretos que desarrollan directamente la Constitución no son de recibo.

La diferenciación que la ley y la jurisprudencia han hecho respecto de la naturaleza o contenido de los decretos que se demandan ante el Consejo de Estado está relacionada únicamente con la distribución de competencias al interior de la corporación, así, las demandas de nulidad por inconstitucional de los decretos que desarrollan directamente la Constitución han sido decididas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y, las dirigidas contra los demás decretos, han sido resueltas por las diferentes Secciones.

El fundamento legal de la distribución de competencias al interior de la corporación para tramitar y decidir las acciones de nulidad por inconstitucionalidad ha sido el artículo 33 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 97(6) del Código Contencioso Administración, en el siguiente sentido:

“Competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

(…).

7. De las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se promuevan contra los Decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, que no correspondan a la Corte Constitucional, cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con la Constitución Política y que no obedezca a función propiamente administrativa(7).

(…)”.

Tal normativa evidencia que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sólo decide las demandas de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos que “no obedezcan a función propiamente administrativa” dado que las incoadas en contra de estos últimos son resueltas por las Secciones que integran la corporación según la especialidad de cada una.

En la actualidad, el artículo 184 del CPACA, establece el procedimiento especial para el trámite de las acciones de nulidad por inconstitucional, de la siguiente manera:

“La sustanciación y ponencia de los procesos contenciosos de nulidad por inconstitucionalidad corresponderá a uno de los magistrados de la Sección respectiva, según la materia, y el fallo a la Sala Plena. Se tramitará según las siguientes reglas y procedimiento:

1. En la demanda de nulidad por inconstitucionalidad se deberán indicar las normas constitucionales que se consideren infringidas y exponer en el concepto de violación las razones que sustentan la inconstitucionalidad alegada.

2. La demanda, su trámite y contestación se sujetarán, en lo no dispuesto en el presente artículo, por lo previsto en los artículos 162 a 175 de este código. Contra los autos proferidos por el ponente solo procederá el recurso de reposición, excepto el que decrete la suspensión provisional y el que rechace la demanda, los cuales serán susceptibles del recurso de súplica ante la Sala Plena.

3. Recibida la demanda y efectuado el reparto, el magistrado ponente se pronunciará sobre su admisibilidad dentro de los diez (10) días siguientes. Cuando la demanda no cumpla alguno de los requisitos previstos en este código, se le concederán tres (3) días al demandante para que proceda a corregirla señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará.

4. Si la demanda reúne los requisitos legales, el magistrado ponente mediante auto deberá admitirla y además dispondrá:

a) Que se notifique a la entidad o autoridad que profirió el acto y a las personas que, según la demanda o los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso, de conformidad con lo dispuesto en este código, para que en el término de diez (10) días puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas. Igualmente, se le notificará al Procurador General de la Nación, quien obligatoriamente deberá rendir concepto;

b) Que se fije en la Secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el mismo término a que se refiere el numeral anterior, plazo durante el cual cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo. Adicionalmente, ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo;

c) Que el correspondiente funcionario envíe los antecedentes administrativos, dentro del término que al efecto se le señale. El incumplimiento por parte del encargado del asunto lo hará incurso en falta disciplinaria gravísima y no impedirá que se profiera la decisión de fondo en el proceso.

En el mismo auto que admite la demanda, el magistrado ponente podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito su concepto acerca de puntos relevantes para la elaboración del proyecto de fallo, dentro del plazo prudencial que se señale.

En el caso de que se haya solicitado la suspensión provisional del acto, se resolverá por el magistrado ponente en el mismo auto en el que se admite la demanda.

5. Vencido el término de que trata el literal a) del numeral anterior, y en caso de que se considere necesario, se abrirá el proceso a pruebas por un término que no excederá de diez (10) días, que se contará desde la ejecutoria del auto que las decrete.

6. Practicadas las pruebas o vencido el término probatorio, o cuando no fuere necesario practicar pruebas y se haya prescindido de este trámite, según el caso, se correrá traslado por el término improrrogable de diez (10) días al Procurador General de la Nación, sin necesidad de auto que así lo disponga, para que rinda concepto.

7. Vencido el término de traslado al procurador, el ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada al despacho para sentencia.

La Sala Plena deberá adoptar el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo que existan otros asuntos que gocen de prelación constitucional”.

Si bien la normativa en cita establece de manera general que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decidirá las acciones de nulidad por inconstitucionalidad sin hacer distinción alguna respecto de la naturaleza de los decretos o actos administrativos demandados a través de ese medio de control, debe entenderse que este procedimiento sólo se aplica a las demandas contra decretos que “no obedezcan a función propiamente administrativa”, en razón a lo siguiente:

El artículo 37 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, al establecer las funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, incluyó, en el numeral noveno, la de conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional y, en el artículo 49 ibídem, reiteró que el control de Constitucionalidad se realizará respecto de aquellos decretos que no corresponda conocer a la Corte Constitucional “ni al propio Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo”.

Es decir que en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sólo decide las demandas de nulidad por inconstitucionalidad de los Decretos que no obedezcan a función propiamente administrativa dado que estas son resueltas por cada una de las Secciones del Consejo de Estado en los términos fijados en el reglamento interno de la corporación(8).

Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso el artículo 1º del Decreto 2879 de 4 de octubre de 1985, por medio del cual el Ministerio de Trabajo aprobó el Acuerdo 29 de 26 de septiembre de 1985 expedido por el Consejo Nacional de los Seguros Sociales, en los apartes demandados, no se trata de aquellos que debe decidir la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a través del procedimiento especial dispuesto en el artículo 185 del CPACA sino la Sección Segunda conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Consejo de Estado, que no ha sido modificado.

En ese orden, la demanda será admitida por cumplir los requisitos legales dispuestos en los artículos 161 y siguientes del CPACA pero se tramitará por el procedimiento ordinario previsto en los artículos 168 y siguientes ibídem, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. Admítase la demanda de nulidad instaurada por la señora Rosalba Inés Jaramillo Murillo contra algunos apartes del artículo 1º del Decreto 2879 de 4 de octubre de 1985 expedido por el Ministerio de Trabajo, por medio del cual se aprobó el Acuerdo 29 de 26 de septiembre de 1985 del Consejo Nacional de los Seguros Sociales, la cual se tramitará por el procedimiento ordinario dispuesto en los artículos 168 y siguientes del CPACA, por las razones expuestas.

Para su trámite, se dispone:

2. Notifíquese al Ministro de Trabajo y al director de Colpensiones de conformidad con lo previsto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 o Código General del Proceso.

3. En los términos del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, NOTIFÍQUESE al director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4. Córrase traslado de la demanda por el término de 30 días al Ministro de Trabajo y al director de Colpensiones para los efectos dispuestos en el artículo 172 del CPACA.

5. Informase a la comunidad la existencia de este proceso en los términos dispuestos en el parágrafo transitorio del artículo 171 del CPACA.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) “ART. 241.—A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

(…).

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.

(…)

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución. (…)”.

(2) Según comunicado de prensa Nº 26 de 3 y 4 de julio de 2013, expedido por la Corte Constitucional, el inciso segundo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, fue declarado exequible en Sentencia C-400 de 2013.

(3) Apartes de la Sentencia C-415 de 6 de junio de 2012:

“Lo que el parágrafo demandado contiene, es una facultad que el legislador, en su amplio poder de configuración normativa de las disposiciones que gobiernan los procesos, ha radicado en cabeza del Consejo de Estado para reforzar los mecanismos de control constitucional que garantizan la integridad y supremacía de la Carta Fundamental.

(…).

Por el contrario, lo que busca el precepto demandado es que los principios de integridad y supremacía de la Constitución, se hagan efectivos mediante el control constitucional integral, otorgando una facultad amplia al Consejo de Estado, que surge como una garantía básica dentro del Estado de derecho. El legislador, en su amplio margen de configuración normativa, está posibilitando el libre acceso de todos los intervinientes al proceso, permitiendo su participación directa, mediante procedimientos idóneos y eficaces.

(…).

El parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, no viola el preámbulo ni los artículos 2º, 29 y 229 de la Constitución. Por el contrario, al preceptuar que el Consejo de Estado en los juicios de nulidad por inconstitucionalidad no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda y que, en consecuencia podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional, al igual que podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas, que a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales, está reafirmando los principios superiores de supremacía e integridad de la Carta Fundamental, consagrados en los artículos 4º y 241 de la Constitución y el principio de configuración normativa del legislador en materia de acciones y procesos (C.P., art. 150). Por lo tanto, la norma será declarada exequible.

(…)”.

(4) Texto del inciso tercero del artículo 189 del CPACA: “(…) Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.

(5) En relación con el estudio de constitucionalidad del Decreto 1421 de 1993, el Consejo Superior de la Judicatura, en providencia de 13 de octubre de 1994, resolvió conflicto de competencias entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, otorgándosela a este último.

(6) Subrogado tácitamente por los artículos 36 y 37 de la Ley 270 de 1996.

(7) Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-560-99 de 4 de agosto de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Mediante Sentencia C-1290-01 de 5 de diciembre de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte Constitucional declaró estese a lo resuelto en la Sentencia C-560-99. Mediante la misma Sentencia se declararon EXEQUIBLES los apartes subrayados.

(8) Acuerdo 58 de 1999, artículo 15. Reparto y trámite. Las demandas que se presenten en las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional ni a esta corporación como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, serán repartidas por el presidente de la corporación y su trámite y decisión corresponderá a las Secciones y a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con las reglas que se determinan en los artículos siguientes.