Sentencia 2013-01184 de octubre 21 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 110010102000201301184-00

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Registro de proyecto: 17 de octubre de 2013

Aprobado según acta 80 de la fecha

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia.

Compete a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimir los conflictos trabados entre distintas jurisdicciones, conforme los numerales 6º del artículo 256 de la Constitución Política y 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, al igual que las impugnaciones de competencia cuando se involucra otra jurisdicción, conforme lo viene advirtiendo y resolviendo esta colegiatura, al interior de los diferentes procesos penales tramitados con la Ley 906 de 2004.

Tal como se viene relatando, esta corporación encuentra reunidos los requisitos constitucionales y legales para proceder a pronunciarse en adscripción de competencia, habida cuenta que se hallan presentes los presupuestos de ese raigambre normativo, en tanto existe la posición de los representantes de cada jurisdicción, esto es, petición formal del Gobernador del Resguardo de Muellamués del municipio de Guachucal, al igual que la negativa del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ipiales en reconocer la competencia de la jurisdicción especial para resolver el caso de filiación extramatrimonial, incoado por Yorely Jimena Fuelantala Cuatin contra Julio Carlosama Quenan.

Solución del asunto

Para este tipo de casos se tiene establecido una serie de requisitos sine qua non para que proceda el reconocimiento del fuero constitucional otorgado a los grupos indígenas asentados en el territorio nacional, como prerrogativa especial creada por el Constituyente de 1991, en protección de los considerados para esa época, grupos marginados, constitutivos de las etnias hoy celosamente salvaguardadas por el nuevo ordenamiento jurídico, fue así como en Asamblea Nacional Constituyente se plasmó en el artículo 246 de la nueva Constitución el nacimiento a la vida jurídica de una jurisdicción especial, teniendo como destino inmediato los pueblos indígenas, a fin de que dentro de su ámbito territorial y conforme a sus naturales normas y procedimientos administren justicia, mientras no sean contrarios a la Constitución.

Aunque la legislación interna es escasa sobre el desarrollo de esta norma constitucional, igual se marca una tendencia protectora sobre la autonomía de estas comunidades para resolver conflictos internos, independientemente de su índole o naturaleza.

Tal reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, fue el logro de la pluriparticipación en la concepción del nuevo marco constitucional, quienes en la lucha por hacer valer su raza, tradición y cultura, consiguieron hacer prevalecer su autonomía para ser respetada por el resto del ordenamiento tanto institucional como jurídico.

Sin embargo, como se dijo antes, el reconocimiento del aforo constitucional exige la integración de varios elementos que lo identifican, y varias circunstancias que la condicionan para su desarrollo y aplicación, estas últimas se dan en:

• La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias que administren justicia en los pueblos indígenas.

• La sujeción de dicha jurisdicción y las normas que los regulen a la Constitución y la ley.

Y como elementos reconocidos por la misma Constitución Política, deben presentarse necesariamente aquellos de carácter personal y geográfico; el primero, hace relación a la pertenencia de las partes a una comunidad indígena que debe ser juzgado en su propio seno y el segundo, al derecho de esas comunidades de juzgar los hechos cometidos al interior de su territorio.

Quiere decir entonces que de faltar uno de estos dos elementos, permite desconocer el fuero constitucional y se asuma la solución del asunto por vía ordinaria en cabeza de los jueces de la República que sean competentes.

Esa disertación respecto de la independencia de estas comunidades para resolver sobre sus propios asuntos, obedece a que, sí el artículo 7º de la Constitución Política establece y reconoce como principio fundamental la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana, quiere decir que el Estado también está orientado hacia la protección de la identidad de cada grupo humano y sus manifestaciones culturales y una de sus formas es precisamente el reconocimiento y respeto por su independencia justiciera, entregándoles autonomía en el ejercicio de funciones jurisdiccionales según sus normas y procedimientos, por ende, el protegido en forma directa por estas prerrogativas constitucionales son las personas pertenecientes a dicha comunidad, resguardo, cabildo o como se llame el grupo al que pertenezcan según la división política por ellos concebida.

Sumado a ello y como elemento trascendental, se tiene la cosmovisión propia de su cultura que le permite interactuar por dentro o fuera de su experiencia cultural y conforme a ello determina su comportamiento, factor que ha de analizarse en cada caso concreto para complementar los otros factores determinantes de la competencia o excluyentes de estos.

Son los anteriores conceptos los que permiten en un caso determinado, conceder o no a las autoridades indígenas la potestad de asumir sus propias responsabilidades a desarrollar de acuerdo a su conciencia e identidad cultural, en razón de estar habilitados para gobernarse y autodeterminarse por mandato constitucional expreso, pues contando en su interior con mandamientos que los regentan, según sus tradiciones, costumbres y usos, debe permitírseles desarrollar esa cultura, cultivada con identidad propia y mantenida por encima de factores endógenos que han intentado perturbarla o desconocerla.

Ahora, como el caso refiere a un asunto litigioso de reconocimiento de la paternidad, como hija extramatrimonial, incoado por la hoy ciudadana Fuelantala Cuatin, ante la negativa del señor Carlosama Quenan de hacerlo en forma voluntaria, ha de pronunciarse la Sala teniendo en cuenta factores determinantes como la regulación del estado civil de las personas al interior de un Estado unitario, tal como fue concebido Colombia por el Constituyente de 1991, claro, ello frente a la autonomía constitucional de los entes territoriales denominados territorios indígenas, autonomía que de entrada puede asegurarse es relativa, como lo igualmente su potestad de administrar justicia en tanto no cobija todos los ítems posibles que como conflictos surgen a su interior.

Lo anterior por cuanto en el compendio de entes territoriales, se previó en la Constitución Política —art. 287— que estos gozarán de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley, para lo cual tendrán derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que expresamente les corresponda entre otras atribuciones, pero en ese manejo del principio de autonomía planteado desde la óptica constitucional, debe resaltarse que la esencia del mismo es la promoción de la autonomía local, enfocado a varios tipos de Estados —Federal y regional—, sin que sea la excepción los unitarios, obviamente en búsqueda del mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de sus habitantes de cada territorio, lograr mayor incidencia en la gestión de los asuntos públicos con efectivo control sobre las autoridades.

Ahora, en esta autonomía, por lo menos en el modelo de Estado colombiano, no se discuten potestades legislativas o constitucionales, en tanto, de entrada, se presupone la existencia de un orden superior, igualmente de una institucionalidad superior y, es en esa aceptación de orden e instituciones superiores es que encaja el caso de autos, cuya naturaleza impide conocimiento y juzgamiento de las generales reglas previstas para su solución,

Afirmación precedente matriculada en el hecho que el estado civil de las personas tiene sus normas y reglas especiales, que no pueden ser subvertidas por autoridades extrañas a ellas por más autonomía que se pregone en punto de la administración de justicia para los entes territoriales denominados territorios indígenas, independientemente de la existencia o no de órganos de justicia y normas para solucionar sus conflictos.

Por ende, no es perentorio averiguar sobre estructura alguna al interior del Resguardo Indígena de Muellamués —sobre lo cual nada dijo el gobernador que propuso el conflicto—, para establecer la organización de justicia, sus autoridades y demás asuntos inherentes a esa función dada por el artículo 246 de la Constitución Política”, porque como se dijo, la especialización y naturaleza del asunto impide examinar al respecto, como sucede con otro tipo de conductas que pueden verificarse al interior de esas comunidades, tal cual sucede con los delitos políticos, los relativos a salubridad pública y trasnacionales como el narcotráfico, porte ilegal de armas —por ser monopolio del Estado— entre muchas otras, no justiciables por las propias autoridades según sus usos y costumbres.

Igual sucede con el proceso de filiación extramatrimonial de mayor de edad incoado por la señorita Yorely Jimena Fuelantala contra Julio Cesar Carlosama Quenan, donde se busca que se declare a aquella como hija extramatrimonial del último de los nombrados “para todos los efectos civiles señalados en las leyes”, por lo tanto, se disponga en el registro civil de nacimiento tal condición judicialmente determinada.

Esa situación por sí sola, excluye cualquier competencia de la justicia especial en razón a la organización creada constitucionalmente para llevar el registro civil de las personas, su determinación, cuando es en forma litigiosa está dada en forma exclusiva a los jueces ordinarios, con potestad de declarar el derecho en el ejercicio de la jurisdicción de la cual están revestidos, además, al interior del litigio, se disponen de mecanismos idóneos como pruebas científicas sólo practicables por y en la cultura mayoritaria, cuyo recaudo se torna imposible a través de los usos y costumbres cuando existe toda una estructura dada desde instituciones y normas superiores, no reemplazables por uso y costumbres.

Precisamente reseñó al respecto la Corte Constitucional cuando de materias como la que acá se trata, razonó:

“Nuestro legislador, previendo las posibles dificultades que podría tener el reconocimiento del derecho de filiación, previó dentro del ordenamiento jurídico varios procesos mediante los cuales se da el espacio con las debidas garantías para las partes para la indagación de este elemento de la personalidad jurídica. Estos procesos pueden procurar la declaración de la paternidad, o maternidad o, al contrario, la impugnación de una paternidad o maternidad presunta.

Dentro de los mecanismos procesales para la protección del derecho a la filiación se encuentran, entre otros:

a) Impugnación de la paternidad por parte del padre respecto del hijo nacido dentro del matrimonio (C.C., art. 214).

b) Impugnación de la paternidad por parte del hijo nacido dentro del matrimonio (L. 75/68, art. 3º(1)).

c) Impugnación por herederos del marido (C.C., art. 219).

d) Impugnación por ascendientes del marido (C.C., art. 222).

e) Impugnación de la maternidad (C.C., art. 335).

f) Reconocimiento del hijo extramatrimonial (L. 75/68, art. 1º)

g) Impugnación del reconocimiento del hijo extramatrimonial (L. 75/68, art. 5º).

h) Investigación de la filiación extramatrimonial (L. 75/68, art. 6º)

i) Acción de tutela, como mecanismo subsidiario, en caso de que a través de los procesos antes mencionados no se haya respetado el derecho a la filiación (C.P., art. 14), por ejemplo, por la falta de realización de la prueba de ADN como sustento del fallo.

Cada uno de estos mecanismos tiene previstos términos procesales para su iniciación, desarrollo, controversia probatoria, y culminación, los cuales deben ser respetados por las partes.

En efecto, en búsqueda de la garantía del derecho de filiación también se debe ver garantizado el debido proceso. No es viable, por tanto, que los sujetos que pretendan reconocimiento o impugnación de una determinada filiación acudan a medios ajemos al ordenamiento jurídico para buscar la satisfacción de sus intereses(2) (se resalta fuera de texto).

Por lo tanto, la debida identificación, su filiación y registro respectivo como integrantes del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica, es de privativa y exclusiva competencia de los jueces ordinarios, con la ayuda ineludible de la prueba científica legalmente creada para ello, tal cual piensa la Corte Constitucional:

“En razón de lo prevalente que resulta para el Estado social de derecho, de cara a las consideraciones de orden puramente procesal relativas a la actividad e inactividad de las partes, el esclarecimiento de la verdadera filiación, con miras a hacer efectivos los derechos y las obligaciones paterno-filiales la Sala concluye que el decreto y la práctica de las pruebas genéticas, en los procesos de investigación de la maternidad y de la paternidad, en cuanto conducen a la exclusión, con certeza absoluta de quien no es el progenitor, y al señalamiento, con una probabilidad cercana a la certeza, de quien sí lo es, son de imperativo cumplimiento”(3).

Tal conjunto de presupuestos fácticos y jurídicos, enseñan sin duda alguna que la competencia para asuntos de esta naturaleza siempre han estado y estarán en cabeza de la jurisdicción ordinaria, cuya consecuencia judicial determinará igualmente la participación de otras instituciones del orden nacional, como la Registraduría Nacional del Estado Civil entre cuyas funciones se le previó organizar y preservar el registro civil y la identificación de las personas.

Son todas las anteriores razones suficientes para que la Sala no aborde parámetros definidos por la Corte Constitucional para la aplicación de la justicia indígena en la Sentencia T-002 de 2012, como los objetivos, territorial y personal, por lo exclusivo y excluyente del tema como monopolio para ser tratado en la jurisdicción ordinaria, se torna inane cualquier comparación al respecto, más aún, son temas de naturaleza totalmente disímiles, incluso, el representante de la jurisdicción especial se limitó a exponer como argumento de su competencia el que la Constitución Política de 1991 le asignó tal atribución bajo sus usos y costumbres, sin aportar elementos determinantes de organización y funcionamiento exigibles en este tipo de controversias, que por lo menos le dé a atender a este juez del conflicto la capacidad logística y judicial para resolver el caso.

No basta el que las partes sean comuneras de ese resguardo, desconociendo incluso que la voluntad de la demandante —ahora mayor de edad— es que se tramite por la vía ordinaria al acudir a esa instancia judicial para plantear la controversia, quien además se capacita por fuera de esa misma comunidad, en la cual incluso, se ha practicado diligencia de conciliación aunque no se haya llegado a los acuerdos esperados por la actora.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

ADSCRIBIR el conocimiento del asunto ordinario de filiación extramatrimonial incoado por Yorely Jiménez Fuelantala contra Julio Carlosama Quenan, al representante de la justicia ordinaria, esto es, al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ipiales —Nariño— conforme lo motivado en esta providencia, en consecuencia remítasele de inmediato las diligencias para lo de su competencia.

Envíese copia de esta decisión al Resguardo Indígena de Muellamués del municipio de Guachucal —Nariño— para su información.

Comuníquese y cúmplase.»

(1) Ver Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En consideración a que al hijo tenía restringidas notoriamente las causales para impugnar en comparación con las que estaban consagradas para el padre, la Corte profirió una sentencia integradora para que el derecho fundamental a conocer la filiación real se pudiera hacer efectivo. Así, permitió al hijo alegar las mismas causales que el presunto padre (C.C., arts. 214 y 215 y L. 95/890, art. 5º).

(2) Sentencia T-363 de 2003. Corte Constitucional.

(3) T-1342 de 2004. Corte Constitucional.