Sentencia 2013-01188 de junio 12 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Ref.: 11001-02-03-000-2013-01188-00

Discutido y aprobado en sesión de doce (12) de junio de dos mil trece (2013)

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil trece.

Decide la Corte la acción de tutela instaurada, a través de apoderado judicial, por Johanna Etelvina Gámez y Milton Alexander Ávila Vargas, en nombre propio y en representación de sus menores hijas [P.N.A.G.] y [A.A.G.] contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, integrada por los magistrados Mabel Montealegre Varón, María Clara Rovira Díaz y Germán Torres.

Antecedentes

1. Los promotores del amparo reclaman protección constitucional del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporación accionada con ocasión de la sentencia de segunda instancia de 21 de marzo de 2013, proferida dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual instaurado por los accionantes en nombre propio y de sus menores hijas contra el conjunto residencial Orquídea II etapa y Joseph Freddy Valencia.

Solicitan, entonces, “dejar sin efectos” la actuación memorada y “dejar en firme el fallo de 30 de agosto de 2012, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal” (fl. 87).

2. Sustenta su petición, en síntesis, así:

Manifestaron que el 11 de enero de 2010, en la piscina del Conjunto Residencial Orquídea -II Etapa- del Municipio de Flandes (Tolima), falleció por ahogamiento una de sus tres hijas, hecho que dio lugar a que se iniciara el juicio motivo de censura (fl. 71).

Aseguró que luego de concluidas las etapas del trámite aludido, mediante la sentencia de 30 de agosto de 2012 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal declaró civilmente responsables a los demandados y los condenó a pagar el 70% del valor de los perjuicios morales a favor de la parte demandante. Así mismo, negó el reconocimiento de dicha indemnización en beneficio de las hermanas de la difunta niña “por el hecho de no haberse aportado los registros civiles” (fl. 77).

Afirmaron que el extremo antagonista apeló la anterior determinación, mecanismo al que adhirieron con fundamento en que “se debió reconocer perjuicios a…las menores hermanas de la fallecida”, pues la falta de prueba del parentesco entre ellas, no fue motivo de “excepciones previas, nulidad o [pronunciamiento] en la diligencia de medidas de saneamiento”. Adicionalmente, también se discutió la “compensación de culpas frente al padre”, quien no se hallaba en el sitio donde ocurrió el accidente, “por estar en Bogotá trabajado” (fls. 77 y 78).

Aseveraron que el tribunal accionado admitió el mecanismo de alzada y, posteriormente, en el auto de 4 de diciembre de 2012, negó el reconocimiento de “personería a la nueva apoderada…del Conjunto Residencial Orquidea Real” (fl. 78).

Adujeron que por medio de la providencia de 21 de marzo de 2013, la Corporación atacada modificó el fallo de primer grado, en el sentido de atribuirles la “culpa” por el ahogamiento de su menor hija en un 70% y condenar a los demandados a cancelarles el 30% de los perjuicios morales tasados(fl. 83).

Sostuvo que el juez colegiado acusado incurrió en una vía de hecho por las siguientes razones: a) ha debido declarar “desierto el recurso presentado por el Conjunto Residencial Orquídea”, toda vez que su administradora no acreditó serlo y por ende su nuevo apoderado no se le reconoció personería para actuar; b) el trámite cuestionado está viciado de nulidad porque la propiedad horizontal aludida carecía de representación judicial —CPC, art. 140, num. 7º; c) la ausencia de los registros civiles de nacimiento de las hermanas de la menor fallecida no fue objeto de “inadmisión de la demanda, conforme al artículo 85 del Código de Procedimiento Civil y tampoco “se excepcionó como falta de legitimación en la causa”; d) el Tribunal accionado “sin fundamento legal o fáctico” les atribuyó la “culpa” del accidente de su menor descendiente en un 70%, a pesar de que el progenitor de ésta se encontraba en otra ciudad; e) realizó un “errado análisis” del elemento “nexo causal”, pues omitió referirse a las condiciones técnicas que legalmente debe contar una piscina (fls. 78 a 83).

3. La Corte admitió a trámite la demanda de la referencia; requirió copia de las piezas procesales pertinentes; y dispuso librar las comunicaciones de rigor.

4. El tribunal accionado guardó silencio.

Consideraciones

1. En abundantes pronunciamientos la Sala ha dicho que la acción de tutela es un mecanismo singular establecido por la Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sin que se pueda instituir como una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tales derechos.

De la misma forma, se ha señalado que en línea de principio esta acción no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisión por completo desviada del camino previamente señalado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado “vía de hecho”, situación frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados.

2. La controversia gira en torno a determinar si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué incurrió en una vía de hecho, con ocasión de la sentencia de segunda instancia de 21 de marzo de 2013, proferida dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual instaurado por los accionantes contra el Conjunto Residencial Orquídea —II Etapa— y Joseph Freddy Valencia.

3. En efecto, la Corporación accionada en el fallo aludido realizó un análisis atendible respecto de los ítems del nexo causal y la denominada concurrencia de culpas.

Así, luego de determinar el daño y la “existencia de una conducta culposa en la parte demandada”, la Colegiatura atacada estableció el nexo de causalidad y señaló que:

“La mentada relación de causalidad, aparece, cuando menos en forma parcial, debidamente acreditada en el caso de marras, dado que el demandado Conjunto Residencial Orquídea Real II Etapa, al ser el propietario de la piscina donde se produjo el daño…, dada su falta de control en su funcionamiento, produjo a la parte demandante un perjuicio por la muerte de su pequeña hija, el cual debe ser reparado…”.

Y respecto de la “compensación de culpas” estimó que:

“…no puede dejarse pasar inadvertido que, la multicitada ley impone que los menores que ingresen a una piscina deben de estar acompañados de un adulto responsable de su seguridad, aspecto éste que no le es imputable exclusivamente a la unidad residencial y que aquí se echa de menos, de acuerdo con los testimonios y la aceptación de esa circunstancia por la parte demandante, conllevando la falta de cuidado por parte de los progenitores de la niña permitiendo su salida de vacaciones sin la suficiente compañía y para el momento de los hechos el ingreso al sitio de la piscina sin vigilancia alguna, sin delegar esa custodia en otra persona mayor y ausentarse todo adulto dejando la niña expuesta…la muerte de la niña…obedeció a una culpa atribuible a [e]sta, concurrente con la de sus padres que no asumieron las obligaciones de vigilancia y cuidado que se les exige en todo momento para con sus hijos, aunado eso sí con la conducta omisiva del Conjunto demandado quien también faltó a su deber de cuidado”.

“…dadas las circunstancias dejadas vistas, ha de reducirse la indemnización impuesta a la parte demandada en el 70%, contrario a lo aducido por el juzgador de primera instancia, ya que la víctima concurrió con gran eficacia en el acaecimiento de los hechos de donde se derivan los daños solicitados en reparación. Véase que existe gran probabilidad de que el daño no hubiera acaecido si el padre hubiera acompañado en las vacaciones a su familia, su esposa y sus 3 hijas menores de edad, y la madre hubiera permanecido atenta al actuar de su hija, hecho menor, eso sí, a la asistencia y atención de un salvavidas en la piscina…”

“En lo que respecta al argumento esgrimido por el apelante adhesivo, en cuanto a la no concurrencia de culpa en el padre de la menor, toda vez que éste el día del accidente no se encontraba en el sitio de los hechos, cabe precisar que el cuidado se predica de los padres en general, más no individualmente como se quiere dar a entender en este caso al expresar que únicamente le es atribuible a la madre por ser quien en ese momento ejercía la custodia sobre la niña, cuando en todo momento los padres son responsables de la conducta desplegada por sus hijos estén o no con ellos, se trata de una responsabilidad parental y no de madre o padre en un determinado evento…” (fls. 25 a 44, cdno. del tribunal).

Bajo ese entendido, no es contraria al ordenamiento la providencia objeto de amparo respecto de los anteriores tópicos, pues fue el resultado de la labor valorativa de los elementos demostrativos que realizó el juez natural como expresión de su autonomía, trabajo en el que, en este caso, no puede intervenir el juez constitucional, tanto más cuando la conclusión a la cual arribó la autoridad judicial querellada es respetable, aún con independencia de que la Corte la comparta o no.

A ese respecto, se ha considerado que:

“…al margen de que esta corporación comparta o no, el análisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo” (Sent., feb. 15/2011, exp. 2010-01404-01).

Análogamente, la acción de tutela, ha dicho la Corte “no está concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la razón y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo” (Sentencia de 6 de mayo de 2011, Exp. 11001-02-03-000-2011-00829-00).

4. Ahora bien, los accionantes no recurrieron el auto de 25 de septiembre de 2012, mediante el cual, el tribunal accionado admitió la alzada formulada por el Conjunto Residencial Orquídea II Etapa, oportunidad en la pudieron alegar las razones por las que consideraban que se debía declarar desierto el recurso de apelación, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos.

Se ha dicho que “[p]or lineamiento jurisprudencial de la Sala, esta acción pública no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir tópicos no controvertibles en sede constitucional cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisión no agotaron hacia el interior del mismo las herramientas jurídicas a su alcance, pues debido a su finalidad ius fundamental “no está concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acción, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o términos fenecidos” (exp. 05001-22-03-000-2008-00065-01)” (Sentencia de 25 de enero de 2012, Exp. 11001-02-03-000-2012-00006-00).

Además, téngase en cuenta que los demandados sustentaron el recurso de apelación desde su interposición, circunstancia que acaeció en la audiencia de fallo celebrada el 30 de agosto de 2012, en la que aquellos expusieron las razones por las que disentían de la determinación de primera instancia. De manera que, en su debida oportunidad, la parte antagonista sustentó la mencionada alzada, por lo que, no había lugar a declararla desierta a voces del parágrafo 1º del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil.

5. De otra parte, los actores carecen de legitimación e interés para alegar el presunto vicio de nulidad consistente en la supuesta indebida representación del Conjunto Residencial Orquídea II Etapa durante el trámite de la segunda instancia, ya que ese reparo corresponde alegarlo a éste último, pues es quien eventualmente resultaría afectado con esa situación.

6. Aparte de lo dicho en precedencia, la Sala observa que la decisión del tribunal cuestionado en lo que tiene que ver con la falta de legitimación por activa de las hermanas de la menor fallecida, no es atendible.

El ad quem acusado sobre dicho aspecto apreció que:

“Con relación al daño reclamado por las menores (…), quienes intervinieron en este asunto a través de sus progenitores según se expresa en el poder otorgado al profesional del derecho para iniciar la presente demanda, advierte la Sala la carencia del documento idóneo para acreditar el parentesco entre la menor fallecida y éstas, cual es el registro civil de nacimiento de cada una de ellas…”

“Sobre este tópico es inadmisible el argumento esgrimido por el apelante, en cuanto a la existencia de una «causal de nulidad que se subsanó al no haber sido alegada por las partes ni advertida por el juez de conocimiento», situación que no se puede confundir con la calidad en la que accionan, pues no es otro el medio de prueba que otorga convicción sobre el parentesco, y ante su ausencia, el juzgador deberá declarar la falta de ese elemento esencial en la conformación de la relación sustancial, tal y como lo advirtió el a quo al momento de fallar, debiéndose confirmar la falta de legitimación en la causa por activa de [las menores]”.

Nótese que la corporación accionada sostuvo que la ausencia de los registros civiles de nacimiento de las menores, también demandantes, fue la razón por la que carecían de legitimación por activa para participar en la contienda y, por ende, no podían ser reparadas por los daños morales causados como consecuencia del fallecimiento de su pequeña hermana. Sin embargo, no advirtió el tribunal censurado que a folios 232 y 233 del cuaderno principal del expediente motivo de reparo, reposan dichos documentos, los cuales, la parte actora —accionantes— allegó al proceso con el memorial de sustentación del recurso de apelación, esto es, mucho antes de la admisión del mecanismo de alzada.

Así las cosas, en el trámite de la segunda instancia, el juez colegiado accionado bien pudo decretar pruebas de oficio dentro de la oportunidad señalada en la ley, con el propósito de tener como aportados los instrumentos públicos señalados, empero, no lo hizo, conculcando de esta manera los derechos de las menores al debido proceso y a la reparación.

Téngase en cuenta que el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil confiere al juez natural la facultad de decretar pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes. Lo anterior se acompasa con lo dispuesto en el canon 180 de la misma obra, según el cual, “Podrán decretarse de oficio, en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar”.

Sobre el alcance de las normas aludidas la Sala ha precisado que:

“Según lo tiene definido la jurisprudencia de la Sala, el ejercicio esta prerrogativa judicial está ampliamente respaldado en los dos preceptos acabados de mencionar, precisando sobre el particular que los mismos le confieren al juzgador la facultad-deber de disponerlas cuando las consideren indispensables para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes’.

‘…Es incuestionable que uno de los avances más importantes que ha tenido el derecho procesal ha sido el de darle al juez o magistrado que tiene a su cargo el trámite de determinada controversia judicial la potestad de decretar pruebas de oficio. El proceso en estas circunstancias, si bien conserva su naturaleza dispositiva, morigera su estructura a través de la prerrogativa que se le concede al funcionario con el fin de acudir en la búsqueda de la llamada verdad real, con la cual pasa de simple espectador del debate entre los litigantes a convertirse en el director del mismo con plenos poderes, aunque respetando, como es obvio, las reglas aplicables fijadas por el legislador” (subraya la Corte, Sentencia de 24 de noviembre de 2008, Exp. 0500131030101998-00529-01).

Bajo esa perspectiva, el ordenamiento procesal civil otorga al juez la atribución de decretar de oficio los elementos demostrativos que estime convenientes con el propósito de auscultar los hechos expuestos ante su estrado, y tener el convencimiento para tomar una decisión en derecho; poder que debe ser ejercido dentro de los límites fijados por la ley y el cual, en este caso, no fue utilizado por el tribunal cuestionado.

7. En ese orden de ideas, se concederá el amparo pero únicamente respecto del derecho al debido proceso de las pequeñas [P.N.A.G.] y [A.A.G.] de cara a lo examinado en el anterior ítem. En consecuencia, se ordenará a la corporación accionada que deje sin efecto la sentencia de segunda instancia de 21 de marzo de 2013 solamente en lo que tiene que ver con la legitimación en la causa por activa de las nombradas menores, para que en uso de la facultad legal de decretar pruebas de oficio, proceda a regularizar la incorporación al proceso de los registros civiles de nacimiento de las mismas, y una vez cumplido lo anterior, emita un nuevo fallo en el asunto bajo su conocimiento, sobre lo pedido en representación de las mismas, atendiendo lo consignado en el cuerpo de esta providencia.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE PARCIALMENTE el amparo solicitado.

En consecuencia, para salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso de las menores [P.N.A.G.] y [A.A.G.], se ordena a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que deje sin efecto la sentencia de segunda instancia de 21 de marzo de 2013, única y exclusivamente con relación a lo decidido con respecto a la legitimación en la causa por activa de las niñas en mención, para que en uso de la facultad legal de decretar pruebas de oficio, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir del recibo del expediente contentivo del proceso fuente del reclamo, proceda a regularizar la incorporación al proceso de los registros civiles de nacimiento de las referidas infantes. Una vez cumplido lo anterior, la Corporación aludida en el plazo de diez (10) días emitirá el fallo que corresponda atendiendo los lineamientos expuestos en este fallo.

La Colegiatura accionada dará informe a la Corte sobre el cumplimiento de la orden de tutela, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del plazo últimamente señalado.

Por secretaría, devuélvase el expediente adjunto al juzgado de origen.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Margarita Cabello Blanco, (Ausencia justificada)—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall de Rutén Ruiz.