AUTO 2013-01193 DE ABRIL 9 DE 2018

 

Auto 2013-01193 de abril 9 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 05001-23-33-000-2013-01193-01

Actor: Compañía Comercial Universal S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá D.C., nueve de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones del despacho

La apoderada judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, dentro del escrito de contestación de la demanda impetrada en su contra por la sociedad Compañía Comercial Universal S.A., propuso como excepción previa la que denominó “[…] falta del requisito de procedibilidad del trámite de conciliación prejudicial, en lo que hace referencia a la definición de situación jurídica de la mercancía, esto es, el decomiso […]”, medio exceptivo que fue resuelto desfavorablemente por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en la audiencia inicial celebrada el 10 de marzo de 2014, al considerar que el decomiso de mercancías se encuentra dentro de los asuntos frente a los cuales no se debe agotar el requisito de procedibilidad, por cuanto la legislación lo excluye expresamente como un asunto conciliable.

Por tal razón, la entidad demandada en la aludida audiencia interpuso recurso de apelación en contra de dicha decisión, señalando, para el efecto, que la parte actora, antes de interponer la demanda, debió haber agotado el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 161 del CPACA, por cuanto el decomiso de mercancías no es un asunto tributario y, por ende, sí es conciliable, en tanto que la norma que señalaba que no debía agotarse el requisito —Ley 863 de 2003— tuvo una vigencia limitada en el tiempo.

Para resolver, la Sala pone de relieve que, en relación con la procedencia de la conciliación en asuntos tributarios, la Sección Cuarta de esta corporación con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto(1), señaló:

“[…] Para el caso de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, son conciliables los aspectos económicos que contengan los actos administrativos, pero están expresamente prohibidos los asuntos que versen sobre conflictos tributarios. En consecuencia, para la presentación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos relacionados con tributos se puede acudir directamente ante el juez. De la interpretación armónica de las normas que regulan la conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad de la acción, se entiende, como se indicó en párrafos anteriores, que en los casos no susceptibles de conciliación, como por ejemplo los tributarios, no debe agotarse ese requisito previo a instaurar la demanda […]” (negrillas fuera de texto).

En el mismo sentido resulta procedente señalar que el concepto de tributo ha sido precisado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-402 de 2010(2), con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se sostuvo:

“[…] Los tributos han sido reconocidos como aquellas prestaciones que se establecen por el Estado en virtud de la ley, destinados a contribuir con el financiamiento de sus gastos e inversiones en desarrollo de los conceptos de justicia, solidaridad y equidad. En el caso colombiano, es posible identificar la existencia de por lo menos tres clases de tributos en el actual sistema fiscal, a saber: Los impuestos, las tasas y las contribuciones, cada uno con características propias que los diferencian […]” (negrillas fuera de texto).

Tales tributos, se dividen en tres grandes grupos, los impuestos, las contribuciones y las tasas y, respecto de sus características, la misma corporación judicial, señaló:

“[…] Las condiciones básicas del impuesto son: (i) tiene una vocación general, lo cual significa que se cobran sin distinción a todo ciudadano que realice el hecho generador; (ii) No guardan una relación directa e inmediata con un beneficio específico derivado para el contribuyente; (iii) en cuanto ingresan a las arcas generales del Estado conforme al principio de unidad de caja, este puede disponer de dichos recursos de acuerdo con lo previsto en los planes y presupuestos nacionales; (iv) su pago no es opcional ni discrecional, lo que se traduce en la posibilidad de forzar su cumplimiento a través de la jurisdicción coactiva; (v) la capacidad económica del contribuyente es un principio de justicia y equidad que debe reflejarse implícitamente en la ley que lo crea, sin que por ello pierda su vocación de carácter general.

[…]

Las contribuciones tienen las siguientes características: (i) surgen de la realización actual o potencial de obras públicas o actividades estatales de interés colectivo, en donde necesariamente debe existir un beneficio para un individuo o grupo de individuos; (ii) Se trata de una prestación que reconoce una inversión estatal, por lo que su producto está destinado a su financiación; (iii) La prestación que surge a cargo del contribuyente es proporcional al beneficio obtenido, así lo reconoce el artículo 338 Superior al señalar que: “La ley [puede] permitir que las autoridades fijen las tarifas de las [contribuciones] que cobren a los contribuyentes, como (...) participación en los beneficios que les proporcionen”; (iv) el obligado tributario no tiene la opción de negarse a la inversión, por el contrario, se encuentra comprometido con su pago a raíz del provecho que le reporta; (v) la contribución, por regla general, es progresiva, pues se liquida de acuerdo con el rédito obtenido.

[…]

De la evolución de las nociones jurisprudenciales y doctrinales que se han elaborado alrededor del concepto de las tasas, éstas se pueden definir como aquellos ingresos tributarios que se establecen en la ley o con fundamento en ella (origen ex lege), a través de los cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en un servicio de interés general o la utilización de bienes de dominio público. Por su propia naturaleza esta erogación económica se impone unilateralmente por el Estado a manera de retribución equitativa de un gasto público, que no obstante ser indispensable para el contribuyente, tan sólo se origina a partir de su solicitud.

En este orden de ideas, se consideran tasas aquellos gravámenes que cumplan las siguientes características: (i) la prestación económica necesariamente tiene que originarse en una imposición legal; (ii) la misma nace como recuperación total o parcial de los costos que le representan al Estado, directa o indirectamente, prestar una actividad, un bien o servicio público; (iii) la retribución pagada por el contribuyente guarda relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido, así lo reconoce el artículo 338 Superior al disponer que: “La ley [puede] permitir que las autoridades fijen las tarifas de las [tasas] que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten”; (iv) los valores que se establezcan como obligación tributaria excluyen la utilidad que se deriva de la utilización de dicho bien o servicio; (v) aun cuando su pago resulta indispensable para garantizar el acceso a actividades de interés público o general, su reconocimiento tan sólo se torna obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, por lo que las tasas indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una actuación directa y referida de manera inmediata al obligado; (vi) el pago, por regla general, es proporcional, pero en ciertos casos admite criterios distributivos, como por ejemplo, con las tarifas diferenciales […]” (negrillas fuera de texto).

Con base en lo anterior, es pertinente resaltar que ni el decomiso aduanero ni la definición de la situación jurídica de la mercancía son asuntos de naturaleza tributaria, en tanto que: (i) no tienen una vocación general; (ii) tampoco surgen de la realización actual o potencial de obras públicas o actividades estatales de interés colectivo y, mucho menos, (iii) contribuyen a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, para asegurar la prestación de una actividad pública.

En efecto, el artículo 1º del estatuto aduanero (Decreto 2685 de 1999)(3) define las expresiones usadas dentro de las actuaciones administrativas aduaneras, dentro de las que se encuentra la figura de la aprehensión y la del decomiso como se observa a continuación:

“[…] ART. 1º—Definiciones para la aplicación de este decreto. Las expresiones usadas en este decreto para efectos de su aplicación, tendrán el significado que a continuación se determina:

[…]

Aprehensión

Es una medida cautelar consistente en la retención de mercancías respecto de las cuales se configure alguno de los eventos previstos en el artículo 502 del presente decreto.

[…]

Decomiso

Es el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras, por presentarse alguna de las causales previstas en el artículo 502 de este decreto […]” (negrillas fuera de texto).

Cabe resaltar que el artículo 512 ibídem(4), establece cuál es el acto mediante el cual se produce la definición de la situación jurídica de las mercancías aprehendidas en desarrollo de la actuación administrativa desplegada por la DIAN, que no es otro que el de decomiso aduanero de las mismas, el cual, por lo demás es considerado por el legislador como el acto que decide de fondo dicho procedimiento.

De esta manera el estatuto aduanero, en los artículos 512 y 515, define el trámite previsto para decidir de fondo sobre la situación jurídica de las mercancías, en los siguientes términos:

“ART. 512.—Modificado por el Decreto 4431 de 2004, acto administrativo que decide de fondo.

Vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 505-1 del presente decreto o el término previsto en el inciso segundo del artículo 510 sin que se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar.

Modificado por el Decreto 2557 de 2007, nuevo texto: Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado pruebas o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero.

[…]

“ART. 515.—Modificado por el Decreto 1232 de 2001.

Contra el acto administrativo que decida de fondo procede el recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. El término para resolver el recurso de reconsideración será de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su interposición.

“PAR.—El término para resolver el recurso de reconsideración se suspenderá por el término que dure el período probatorio cuando a ello hubiere lugar […]” (negrillas fuera de texto).

Por lo anterior, y como bien lo ha interpretado esta Sección en diversas providencias, el decomiso de mercancías es una medida tendiente a definir la situación jurídica de las mismas, verbigracia en sentencias de 23 de mayo de 2003 y 25 de junio de 2003, sostuvo la Sala:

“[…] Considera la Sala que el ordenamiento aduanero, desde el Decreto 1750 de 1991, distingue entre la actuación encaminada a definir la situación jurídica de una mercancía ―que se inicia con la aprehensión y puede concluir con el decomiso―, por una parte, y la actuación que tiene por objeto imponer multa al responsable de la correspondiente infracción administrativa, ya sea de contrabando, ya de alguna infracción especial. El artículo 8º de este decreto señalaba cómo la actuación sancionatoria debe iniciarse después del decomiso […]” (negrillas fuera de texto).

Así las cosas, los actos enjuiciados mediante los cuales la DIAN ordenó el decomiso de las mercancías de propiedad de la actora, no son de naturaleza tributaria, como quiera que no se controvierten aspectos propios de la cancelación del tributo aduanero, tales como las liquidaciones que se encuentran en el Capítulo XIV Sección II del Decreto 2685 de 1999, esto es, la liquidación oficial de corrección (art. 513), la liquidación oficial de revisión de valor (art. 514) y los procesos que versen sobre devoluciones o compensaciones de impuestos nacionales o tributos aduaneros.

En el escenario planteado, encuentra la Sala que no es aplicable la excepción prevista en el literal 1º del parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1716 de 2000(5), compilado por el Decreto 1069 de 26 de mayo de 2016(6), pues no se discute un asunto tributario.

En este mismo sentido, cabe traer a colación que el comité de defensa judicial y conciliación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante el Acta 111 de 12 de julio de 2009, estableció su posición institucional respecto de los asuntos que, en su consideración, no resultan ser conciliables conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, al establecer lo siguiente:

“[…] Los asuntos de carácter tributario comprenden tanto los tributos internos como externos (asuntos aduaneros); así como el cumplimiento de los mecanismos para su adecuado recaudo y control (sanciones).

[…]

Con fundamento en los anteriores elementos de juicio, […] la dirección jurídica sugiere que no serán susceptibles de ser conciliadas, las solicitudes que versen sobre los siguientes temas:

• Las liquidaciones oficiales de impuestos nacionales de que trata el estatuto tributario Título IV Capítulo II, es decir:

Artículos 697 y ss.—Liquidación de corrección aritmética.

Artículos 702 y ss.—Liquidación de revisión.

Artículos 715 y ss.—Liquidación de aforo.

• Las sanciones definidas en el Título III del estatuto tributario, a saber:

1. Artículos 634 y ss. Sanción por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones.

“ART. 636.—Sanción por mora en la consignación de los valores recaudados por entidades autorizadas.

2. Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias (arts. 641 y ss. del estatuto tributario.

3. Sanciones relativas a informaciones y expedición de facturas (arts. 651 y ss. del estatuto tributario).

4. Sanciones relacionadas con la contabilidad y de clausura del establecimiento (arts. 655 y ss. del E.T.)

5. Sanciones relativas a las certificaciones de contadores públicos (arts. 659 y ss. del E.T.).

6. Sanciones específicas para cada tributo (arts. 662 y ss. del E.T.).

7. Sanciones a notarios y a otros funcionarios (arts. 672 y ss. del E.T.).

• Las liquidaciones oficiales de tributos aduaneros que trata el Decreto 2685 de 1999, “estatuto aduanero” en el Capítulo XIV Sección II, a saber:

“ART. 513.—Liquidación oficial de corrección.

“ART. 514.—Liquidación oficial de revisión de valor.

• Los procesos que versen sobre devoluciones o compensaciones de impuestos nacionales o tributos aduaneros […]”.

Como puede apreciarse, en dicha Acta el comité de defensa judicial y conciliación de la DIAN, no incluyó los asuntos aduaneros, como aquellos asuntos que por ser de naturaleza tributaria “no serán susceptibles de ser conciliadas”.

Cabe poner de relieve que la decisión de la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia se sustentó, entre otros, en el Auto de 4 de octubre de 2012, proferido por esta Sección, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González. Al respecto es pertinente resaltar que en dicha providencia se indicó que el decomiso de mercancías, asunto aduanero, no era conciliable, en tanto para tal fecha se encontraba vigente el artículo 38(7) de la Ley 863 de 2003(8).

Sin embargo, precisa el despacho que tal disposición fue expedida con una vigencia determinada en el tiempo, la cual concluyó el 30 de junio de 2004, y dicho precepto — artículo 38 ibídem —, en el que se dispuso que “[…] en materia aduanera, la conciliación aquí prevista no aplicará en relación con los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías […]”, estaba dirigido a los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como a los usuarios aduaneros que hubiesen presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho antes del 29 de diciembre de 2003; permitiéndoles “[…] conciliar el valor total de las sanciones e intereses según el caso, discutidos en procesos contra liquidaciones oficiales siempre y cuando el contribuyente o responsable pague o suscriba acuerdo de pago por el ciento por ciento (100%) del impuesto o tributo aduanero en discusión […]”.

Significa lo anterior que la restricción contenida en dicha norma, respecto de la conciliación en asuntos relacionados con la definición de la situación jurídica de mercancías, sólo era procedente: i) en un determinado tiempo, y ii) para los asuntos que cumplieran con los supuestos previstos en la misma; de allí que la regulación en comento no resulta aplicable al presente asunto, dada la temporalidad prevista en tal disposición y en tanto los actos administrativos cuya legalidad cuestiona el actor fueron expedidos cuando ya no estaba vigente la norma prohibitiva(9).

Lo antes expuesto había sido corroborado por esta Sección en proveído de 12 de junio de 2014(10), en la cual se sostuvo que “[…] la disposición transcrita tiene aplicación en relación con las demandas que se presentaron ante la jurisdicción contenciosa antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 863 de 2003 […]”.

Ahora bien, el despacho advierte que de las especiales características que reviste la actuación administrativa aduanera y dada la naturaleza de la discusión que se plantea en sede judicial, la controversia tiene un claro contenido económico.

Al respecto, de conformidad con el artículo 504 del Decreto 2685 de 1999, el procedimiento administrativo para la definición de la situación jurídica de la mercancía inicia con la expedición del acta de aprehensión, la cual debe contener, entre otros, “[…] lugar y fecha de la aprehensión; causal de aprehensión; identificación del medio de transporte en que se moviliza la mercancía, cuando a ello hubiere lugar; identificación y dirección de las personas que intervienen en la diligencia y de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas; descripción de las mercancías en forma tal que se identifiquen plenamente; cantidad, peso cuando se requiera, precio unitario y precio total de la mercancía, las objeciones del interesado durante la diligencia, la relación de las pruebas practicadas por la Administración o aportadas por el interesado durante la diligencia de aprehensión […]” (negrillas y subrayado fuera de texto).

En lo atinente al precio de la mercancía aprehendida y de los demás elementos retenidos, la Sala recuerda que ello guarda relación con la diligencia de reconocimiento y avalúo de que trata el artículo 505 ibídem, que a la letra dispone:

“[…] El reconocimiento y avalúo definitivo se entenderá surtido dentro de la misma diligencia de aprehensión de las mercancías, salvo cuando se trate de mercancías que requieran conceptos o análisis especializados, caso en el cual, dentro de un plazo hasta de diez (10) días siguientes a la fecha de notificación del acta de aprehensión, se deberá efectuar la diligencia de reconocimiento y avalúo definitivo de la mercancía aprehendida. El avalúo se deberá consignar en el documento de ingreso de la mercancía aprehendida, sin perjuicio de la facultad de la Aduana de determinar el valor en aduana de la misma cuando a ello hubiere lugar.

“PAR. 1º—Si como resultado de la diligencia de aprehensión o de reconocimiento y avalúo de la mercancía aprehendida, según corresponda, se determina que puede haber lugar a los delitos previstos en la Ley 788 de 2002, se deberá informar a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, enviando copia de las actuaciones adelantadas. La autoridad aduanera continuará con el proceso administrativo de que trata el presente capítulo para definir la situación jurídica de la mercancía. Igual determinación deberá adoptarse en cualquier estado del proceso siempre que se establezca un hecho que pueda constituir delito”.

“PAR. 2º—Cuando con ocasión de la diligencia de inspección en los procesos de importación, exportación o tránsito, se produzca la aprehensión de la mercancía declarada, se tomará como avalúo el valor de la mercancía señalado en la respectiva declaración, para los efectos previstos en el inciso primero del presente artículo, salvo que existan precios de referencia. En consecuencia, en estos eventos, no será necesario el avalúo de la misma […]”.

Como se puede advertir, se trata de una diligencia relevante dentro del procedimiento administrativo aduanero de decomiso, toda vez que hace parte fundamental del acta de aprehensión y, además, impulsa el procedimiento para la definición de la situación jurídica de la mercancía.

De otra parte, no debe perderse de vista que el avalúo no es otra cosa que la estimación del valor de un bien, ello a partir de sus características físicas y funcionales, el cual tiene como propósito garantizar el derecho de propiedad que se tiene sobre las mercancías aprehendidas, otorgándole certeza a tal derecho frente a las diferentes eventualidades que se presenten sobre el mismo, tales como la pérdida, destrucción, daño y deterioro.

Asimismo, se tiene que dicho contenido económico se encuentra vinculado con la prerrogativa que tiene la autoridad aduanera en relación con la disposición de la mercancía aprehendida, esto es, se repite, mientras no esté definida su situación jurídica a favor de la Nación(11).

De esta manera, la DIAN podrá disponer de ella mediante la venta, donación, asignación o dación en pago e, incluso, podrá entregarla en comodato o arrendamiento previa constitución de una garantía, a las entidades de derecho público(12).

Entonces, el acto administrativo relacionado con el decomiso de mercancías y la reclamación patrimonial asociada a tal hecho, resultan ser asuntos que no solo deben ser tramitados en sede de conciliación extrajudicial, sino que frente a ellos resulta exigible el agotamiento de dicho trámite, por cuanto la pretensión asociada a dicha recuperación sí tiene un claro contenido económico.

Sobre el tema, el despacho recuerda que el artículo 161 del CPACA dispone lo atinente al requisito de procedibilidad de conciliación antes de impetrar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como se observa a continuación:

“[…] ART. 161.—Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.

Cuando la administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación […]” (negrilla de la Sala).

Por su parte, el artículo 2º del Decreto 1716 de 2009, vigente para la época de los hechos, señala cuáles son los asuntos, que por su naturaleza, son conciliables, a saber:

“[…] ART. 2º—Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan […]” (negrillas de la Sala).

En atención a todo lo expuesto y a manera de conclusión, el despacho encuentra que en el sub lite obra la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial, suscrita por la procuradora 114 judicial ii para asuntos administrativos con sede en Medellín (fls. 218 y 219). Ello significa que la excepción de “falta del requisito de procedibilidad del trámite de conciliación prejudicial” propuesta por la DIAN en la contestación de la demanda, no está llamada a prosperar, como lo decidió el a quo pero no por las razones esbozadas en el auto objeto del presente recurso, sino por el hecho consistente en que dicho requisito fue debidamente agotado por la parte actora, según constancia que obra dentro del expediente, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión proferida por el doctor Álvaro Cruz Riaño, magistrado de la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la audiencia inicial celebrada el 10 de marzo de 2014, mediante la cual se declaró como no probada la excepción denominada “[…] falta de agotamiento del requisito de procedibilidad […]”, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta decisión devuélvase al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

1 Consejo de Estado, Sección Cuarta. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, 14 de julio de 2017, Exp. 25000-23-37-000-2014-011-63-02(22252), Actor: Secretaría de Hacienda Distrital - Bogotá, demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

2 Referencia: Exp. D-7846, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 78 (parcial) de la Ley 160 de 1994. “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”. Actor: Germán Ríos Arias. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 26 de mayo de 2010.

3 Aplicable a la controversia de acuerdo con la fecha de la ocurrencia de los hechos.

4 “ART. 512.—Acto administrativo que decide de fondo. Vencido el término previsto en el inciso primero del artículo 505-1 del presente decreto o el término previsto en el inciso segundo del artículo 510 sin que se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de quince (15) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida, mediante resolución motivada y de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, si a ello hubiere lugar. Cuando se hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado pruebas o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la situación jurídica de la mercancía aprehendida y para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente, contados a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero En el evento que se decrete la práctica de pruebas, los términos para decidir de fondo de que trata el inciso anterior se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos establecidos para su práctica en el artículo anterior”.
“PAR.—Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación, la cual se surtirá de conformidad con los artículos 564 y 567 de este decreto”.

5 “[...] Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001 […]”.

6 “[…] ART. 2.2.4.3.1.1.2.—Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Modificado por el artículo 1º, Decreto Nacional 1167 de 2016. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.
“PAR. 1º—No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: *Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario […]”.

7 “ART. 38.Conciliación contencioso-administrativa. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa antes de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, respecto de la cual no se haya proferido sentencia definitiva dentro de las instancias del proceso, podrán solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la conciliación hasta el día 30 de junio del año 2004, así: […] En materia aduanera, la conciliación aquí prevista no aplicará en relación con los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías […]”.

8 La improcedencia de la conciliación como requisito de procedibilidad para incoar demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme a la prohibición contenida en la Ley 863 de 2003, fue reiterada en las siguientes providencias.

9 En igual sentido que la Ley 863 de 2003, la Ley 1607 de 2012, fue expedida con una vigencia determinada en el tiempo, la cual concluyó el 31 de agosto de 2013.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de junio de 2014, Rad. 2012-00776. M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

11 “[…] ART. 528.—Disposición de mercancías aprehendidas. Se podrá disponer de las mercancías aprehendidas que no tengan definida su situación jurídica a favor de la Nación, sin perjuicio de que dicho proceso se lleve a cabo hasta su culminación, cuando: 1. Puedan causar daños a otros bienes depositados. 2. Sean susceptibles de sufrir en un tiempo breve descomposición o merma. 3. Tengan fecha de vencimiento. 4. Requieran condiciones especiales para su conservación o almacenamiento de las cuales no se disponga. 5. No se haya establecido su propietario o quien se crea con derecho sobre la misma. 6. Tengan restricciones de cualquier tipo que no hagan posible su comercialización. 7. Se refieran a las contempladas en el artículo 524 del presente decreto […]”.

12 “[…] ART. 526—Formas de disposición. Se podrá disponer de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la Nación mediante la venta, donación, asignación, destrucción o la dación en pago. Los medios de transporte aéreo, marítimo o fluvial y la maquinaria especializada, podrán entregarse en comodato o arrendamiento previa constitución de una garantía, a las entidades de derecho público, aunque su situación jurídica no se encuentra definida. Con las empresas de derecho privado se podrán celebrar contratos de arrendamiento siempre que presten servicios públicos […]”.