Auto 2013-01292/4368 de septiembre 23 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E)

Exp.: 250002342000201301292 01.

Nº. Interno: 4368-2013.

Actor: José Enoc Cano Mora.

Demandado: Comisión Nacional de Televisión en Liquidación.

Asunto: Ley 1437 de 2011 - Rechazo De Demanda.

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez (E)

Bogotá D.C., veintitrés de septiembre de dos mil quince.

Ha venido el proceso de la referencia al Despacho con el informe de la Secretaría de la Sección Segunda de 20 de noviembre de 2013 (fl. 268), para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra auto interlocutorio de fecha trece (13) de junio de dos mil trece (2013), proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que rechazó la demanda en contra de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación, en adelante CNTV.

I. Antecedentes.

El señor José Enoc Cano Mora, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1), presentó demanda contra la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación, con la finalidad de que en sentencia se acceda a las siguientes:

A. Pretensiones.

Solicitó el demandante que se declare la nulidad de las Resoluciones 743 de 29 de agosto de 2012(2) y 861 de 23 de octubre de 2012(3), expedidas por el Liquidador de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación(4), mediante las cuales se rechazó con fundamento en la glosa 5.1 la reclamación que radicó el 13 de julio de 2012 y se resolvió un recurso de reposición.

Como consecuencia de la nulidad anterior pidió que se incluya la reclamación(5) oportunamente presentada dentro del Anexo 1 de la Resolución 743 de 29 de agosto de 2012(6) como acreencia laboral.

Igualmente requirió que se ordene a la entidad demandada el reconocimiento y pago de las siguientes sumas:

—Doscientos millones cuatrocientos seis mil ciento sesenta y cuatro mil pesos ($200.406.164) por concepto de la diferencia entre la indexación de las asignaciones básicas mensuales y de las prestaciones sociales liquidadas hasta el mes de marzo de 2004 y la que resulta de liquidar ese derecho hasta el 6 de mayo de 2008, día anterior a la fecha en que se produjo el reintegro del demandante a esa entidad, de conformidad con la sentencia proferida el 29 de enero de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda(7), así como de las Resoluciones 396 de 17 de abril de 2008(8) y 693 de 26 de junio de 2008(9), expedidas por la Comisión Nacional de Televisión en liquidación.

—Cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos nueve mil seiscientos setenta y cinco pesos ($463.509.675,00), por concepto de intereses moratorios causados sobre la suma anterior, desde la fecha en que debió hacerse el pago, esto es, 8 de mayo de 2008 y hasta cuando se solicitó la conciliación. Además, reclamó los que se causen desde esa fecha y hasta que se haga efectivo el pago y que se cumpla la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

La demanda se sustentó en los hechos sintetizados a continuación:

Manifestó el demandante que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, en sentencia de 29 de enero de 2004(10), declaró la nulidad de la Resolución 843 de 8 de octubre de 1998 a través de la cual la Comisión Nacional de Televisión suprimió el cargo de Jefe de la División de Asuntos Internacionales de la estructura orgánica de la entidad y el cargo de Jefe de División, grado 18.

Indicó que como consecuencia de la nulidad, la referida sentencia a título de restablecimiento del derecho, ordenó entre otras declaraciones las siguientes:

El reintegro al cargo de Jefe de la División de Asuntos Internacionales que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía y remuneración.

Igualmente condenó a la CNTV a pagar todos los salarios con sus aumentos anuales, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales desde la fecha en que fue desvinculado del servicio y hasta cuando fuera reintegrado al mismo.

Afirmó que la sentencia dispuso que el pago de los salarios y demás prestaciones debían ajustarse en su valor en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

El 21 de febrero de 2008, el tribunal profirió un auto de obedecimiento a lo resuelto por el Consejo de Estado y el 13 de abril de ese mismo año, se comunicó a la CNTV y se entregó al demandante la primera copia de la misma, la cual presta mérito ejecutivo.

Informó que una vez se comunicó la sentencia, la CNTV profirió la Resolución 396 de 17 de abril de 2008(11), mediante la cual dispuso su reintegro al cargo de Asesor II adscrito a la Subdirección de Recursos Humanos(12) y liquidó y pagó todos los salarios con sus aumentos anuales y las prestaciones sociales y emolumentos laborales de todo orden que le correspondían desde la fecha en que fue desvinculado del servicio y aquella en la que se hiciera efectivo el reintegro. En el artículo 3º del mencionado acto se encargó a la Subdirección de Recursos Humanos de hacer la liquidación teniendo en cuenta los lineamientos de la sentencia.

Posteriormente, en cumplimiento de la sentencia y de la Resolución 396, se expidió la Resolución 693 de 26 de junio de 2008(13), mediante la cual la CNTV reconoció y ordenó el pago de los derechos laborales del demandante por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 1998 y el 6 de mayo de 2008, esto es, desde cuando fue desvinculado del servicio hasta el día anterior en que se reintegró la suma de Un Mil Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos (1.044.248.838).

Expresó que contra la Resolución 693 de junio de 2008 interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución 1104 de 11 de septiembre de 2008, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida.

Recalcó que cuando se notificó de la Resolución 693 de 2008 solo se le entregó un resumen de la liquidación y el texto íntegro de la misma lo conoció el 13 de mayo de 2010, cuando recibió junto con el Oficio 20103200057593, respuesta del escrito que presentó en ese sentido.

Consideró que la CNTV no dio estricto cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de abril de 2004, ni al acto de ejecución de la misma.

Lo anterior por cuanto la indexación de la asignación mensual y de las prestaciones sociales se hizo desde octubre de 1998, fecha en que se produjo el retiro, lo evidente es que se tomó como fecha final el mes de marzo de 2004, lo cual contradice lo dispuesto en la sentencia, pues la fecha que se debió tener en cuenta es la del reintegro, es decir, 6 de mayo de 2008.

Expresó que presentó demanda ejecutiva(14) ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin que se librara mandamiento de pago en contra de la CNTV por el valor de novecientos cuatro millones ochocientos treinta mil setecientos nueve pesos por concepto de los intereses moratorios ordenados en la sentencia de 29 de enero de 2004 y veinticuatro millones ochenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos por concepto de descuentos de aportes a seguridad social.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, a través de providencia del 10 de julio de 2009, negó el mandamiento de pago solicitado por considerar que no había lugar al pago de los derechos reclamados.

El Consejo de Estado a través de providencia del 13 de diciembre de 2010, confirmó la providencia del 10 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al señalar que no se generaron intereses moratorios por cuanto la CNTV dio cumplimiento a la sentencia dentro del término previsto en la Ley y a partir del Oficio 219 de 14 de abril de 2008. Textualmente dice la sentencia:

“No obstante, de la situación analizada se evidencia, concretamente en el trámite surtido entre la notificación de la sentencia y el envío de la comunicación de la misma a la entidad, la cual tuvo una duración de cuatro años, que la Comisión Nacional de Televisión incurrió, con los recursos interpuestos y que no prosperaron, en una actuación temeraria y dilatoria para el envío de la comunicación referida. Sin embargo, si bien dicha circunstancia merece un juicio de reproche no implica que se reconozcan unos intereses que no se causaron, como se señaló anteriormente.

Advirtió que la acción ejecutiva que promovió en el año 2008, no incluyó la pretensión que ahora reclama, pues en ese momento no conocía las bases, cálculos y periodos que se tuvieron en cuenta para hacer la liquidación, como quiera que cuando se notificó la Resolución 693 de 2008, no recibió copia de la misma, solo hasta el 13 de mayo de 2010 le fue entregada como respuesta a la petición en la que expresamente la solicitó.

Informó que en el artículo 20 de la Ley 1507 de enero de 2012, se dispuso la liquidación de la CNTV a partir de la creación de la Junta Nacional de Televisión y la transferencia de funciones y facultades que en su momento fueron encargadas a la CNTV a las nuevas autoridades en materia de televisión. Luego, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió el Decreto 744 de 19 de abril de 2012, mediante el cual designó el liquidador de la CNTV.

El 13 de julio de 2012 presentó reclamación radicada con el número 54-96, a la cual anexó copia de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 29 de enero de 2004, las Resoluciones 396 y 693 de mayo y junio de 2008, respectivamente, y las liquidaciones de la CNTV.

El fundamento de la reclamación consistió en que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 29 de enero de 2004, en el ordinal 4º de la parte resolutiva, condenó a la CNTV a pagarle al actor todos los salarios, con sus aumentos anuales, las prestaciones sociales y emolumentos laborales, desde la fecha en fue desvinculado del servicio hasta cuando efectivamente fuera reintegrado al mismo, es decir que los salarios y prestaciones sociales debían indexarse desde el 9 de octubre de 1998, fecha en que se desvinculó hasta el 6 de mayo de 2008, día anterior al reintegro.

Mediante Resolución 743 de 29 de agosto de 2012, la CNTV rechazó la reclamación 54-96 con fundamento en la glosa 5.1.

Interpuso recurso de reposición con el fin de que se incluyera la reclamación en el Anexo 1 “Reconocido Reclamaciones Oportunas por Resolución” esto es aceptando la reclamación por no tener glosa, pues corresponde a una acreencia laboral que debe ser reconocida por su naturaleza, características y causa, conforme al artículo 2495 del Código Civil, de acuerdo con lo plasmado en la normativa relativa al régimen liquidatario de las entidades públicas.

El recurso se negó mediante Resolución 861 de 23 de octubre de 2012, confirmando la Resolución 743 de 2012.

Finalmente, señaló que antes de que se dispusiera la liquidación de la CNTV presentó demanda ejecutiva para el cobro de las acreencias laborales y para esa época se encontraba recurrida la providencia del Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá que rechazó la demanda por considerar que se configuró la caducidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante providencia de 22 de marzo de 2012, confirmó la providencia de 6 de diciembre de 2011, mediante la cual rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 21 de octubre de 2011, proferido por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá(15).

B. Decisión apelada.

Mediante providencia de 13 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, rechazó la demanda formulada por el señor Jose Enoc Cano Mora contra la Comisión Nacional de Televisión liquidada, por considerar que la situación sobre la cual versa la litis fue resuelta en providencia de 29 de enero de 2004, en el proceso radicado con 1999-1975, en virtud del cual la entidad cumplió lo dispuesto en esa sentencia.

No obstante, manifestó que la entidad al cumplir la sentencia omitió reconocer y pagar algunas sumas de dinero y en consecuencia el actor acudió de nuevo a la administración para solicitar el respectivo pago.

Argumentó que entrar a estudiar el fondo del asunto atentaría contra el mandato legal que prohíbe iniciar procesos contra entidades que se encuentran liquidadas o en proceso de liquidación, es decir, que el asunto objeto de estudio no es susceptible de control judicial toda vez que la cuestión planteada en el libelo de la demanda es ajena al conocimiento de esta jurisdicción, porque ya fue planteada y decidida mediante proveído del 21 de octubre de 2011, por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, que rechazó la demanda por haber operado la caducidad de la acción ejecutiva.

Concluyó que la demanda interpuesta contra la Comisión Nacional de Televisión, hoy liquidada no está sujeta a control judicial.

C. Recurso de apelación.

Expresó el demandante que la demanda interpuesta no hace relación a un proceso ejecutivo sino al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de los actos administrativos expedidos por la Comisión Nacional de Televisión liquidada mediante los cuales calificó la reclamación 54-96 presentada oportunamente por el actor y se resolvió el recurso de reposición, respectivamente.

Señaló que es procedente la demanda contra la CNTV por cuanto todos los actos administrativos que expide el liquidador son susceptibles de control judicial en la jurisdicción contencioso administrativa, además, en el presente caso, se pretende i) la nulidad de la Resolución 861 de 23 de octubre de 2012 y de la Resolución 743 de 29 de agosto de 2012 y ii) el reconocimiento y pago de doscientos millones cuatrocientos seis mil ciento sesenta y cuatro mil pesos a título de restablecimiento del derecho.

II Consideraciones.

A. Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de los recursos de apelación en contra de las sentencias y autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos(16).

B. Procedencia del recurso.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que el recurso de apelación procede contra las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. De igual modo, es procedente contra los autos enlistados en el artículo 243 ibídem que a la letra señala:

“ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

7. El que niega la intervención de terceros.

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

PAR.—La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil.

Así las cosas y como quiera que el auto expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 13 de junio de 2013 rechazó la demanda presentada por el señor José Enoc Cano Mora, es procedente el recurso de apelación interpuesto.

C. Trámite.

El artículo 244 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, regula el trámite que se debe dar al recurso de apelación. Al respecto, dice la norma:

“…Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

1. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente en el transcurso de la misma. De inmediato el juez dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales con el fin de que se pronuncien y a continuación procederá a resolver si lo concede o lo niega, de todo lo cual quedará constancia en el acta.

2. Si el auto se notifica por estado, deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que lo profirió. De la sustentación se dará traslado por Secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Si ambas partes apelaron los términos serán comunes. El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.

3. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano

4. Contra el auto que decide la apelación no procede ningún recurso…” (Se resalta).

En el sub lite, se observa que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de rechazar la demanda, se tramitó de acuerdo con la norma transcrita, y por tanto se resolverá de plano tal y como a continuación sigue:

D. Individualización de los actos administrativos demandados.

Petición que da origen al acto administrativo demandado

El 12 de julio de 2012, el señor José Enoc Cano Mora, solicitó a la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación que se incluyera en el registro de reclamaciones de acreedores los siguientes valores:

i) Doscientos millones cuatrocientos seis mil ciento sesenta y cuatro por concepto de la diferencia entre la indexación de las asignaciones básicas mensuales y de las prestaciones sociales pagadas por esta entidad y liquidadas hasta el mes de marzo de 2004.

ii) Doscientos veintinueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos por concepto de los intereses moratorios causados sobre la suma antes señalada hasta el 31 de agosto de 2011.

iii) La suma que resulte de liquidar los intereses de mora desde la fecha en que se hizo la liquidación mencionada en el numeral anterior hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago.

Resolución 743 de 29 de agosto de 2012(17).

El Liquidador de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación expidió la Resolución 743 de 29 de agosto de 2012, a través de la cual rechazó la reclamación presentada por el señor Jose Enoc Cano Mora por considerar que “el reclamante era funcionario de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación cuya nómina, prestaciones e indemnizaciones se resuelven como gasto administrativo de la liquidación.

Recurso de reposición.

El 12 de septiembre de 2012 el actor formuló el recurso contra la resolución antes mencionada por considerar que la reclamación se refiere a una obligación adquirida con anterioridad a la expedición del decreto de liquidación de la Comisión Nacional de Televisión, pues se le adeuda una suma de dinero por concepto de indexación e intereses moratorios derivados del cumplimiento de la sentencia de 29 de enero de 2004.

Resolución 861 de 23 de octubre de 2012(18).

La Comisión Nacional de Televisión en Liquidación, confirmó la Resolución 743 del 29 de agosto de 2012 al señalar que no es posible jurídicamente dar respuesta favorable a la reclamación formulada por el demandante como quiera que lo pretendido ya fue objeto de pronunciamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en providencia del 10 de julio de 2009, negó el mandamiento de pago solicitado por el señor José Enoc Cano Mora, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado a través de providencia del 13 de diciembre de 2010.

Así mismo el 21 de octubre de 2011, el Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá, rechazó la demanda ejecutiva formulada por el Señor José Enoc Cano Mora por considerar que se configuró la caducidad de la acción. Sea oportuno señalar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, rechazó por extemporáneo el recurso de apelación contra el auto de 21 de octubre de 2011(19).

E. Problema jurídico.

El problema jurídico gira en torno a determinar si la situación advertida por el a quo, en el estudio de admisibilidad de la demanda que formuló el señor José Enoc Cano Mora en contra de la Comisión Nacional de Televisión Liquidada, se configura como una de las causales de rechazo de la demanda, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

F. De las causales para rechazar la demanda.

De conformidad con el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo las causales para rechazar la demanda son las siguientes:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.

De acuerdo a la norma legal en cita, las causales taxativas para rechazar la demanda son tres: 1) cuando la demanda se hubiera presentado fuera de los términos establecidos por el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(20), 2) cuando no se corrija la demanda por el actor dentro del plazo establecido en el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(21) y 3) cuando el acto no sea susceptible de control judicial.

G. Del caso en concreto.

Considera la Ponente que si bien es cierto el a quo señaló i) que al estudiar el fondo del asunto se atenta contra el mandato legal que prohíbe iniciar procesos contra las entidades que ya se encuentran liquidadas y ii) que el asunto sometido a análisis no es susceptible de control judicial por que el debate objeto del presente proceso ya fue planteado y decidido en proveído de 21 de octubre de 2011 por el Juzgado 16 Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, es necesario analizar si las razones por las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda, se adecuan a las causales específicas que señala el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, el desarrollo del presente asunto se abordará así:

De la imposibilidad de iniciar procesos judiciales contra la extinta Comisión Nacional de Televisión.

Al respecto, sea lo primero señalar que la CNTV era un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeta a un régimen legal propio(22) y que con la expedición del Acto Legislativo 2 de 21 de junio de 2011(23) desapareció del ordenamiento jurídico.

La Ley 1507 de 10 de enero de 2012(24) creó la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y distribuyó las competencias que tenía asignada la extinta Comisión Nacional de Televisión entre varias entidades del Estado(25), sin embargo, si bien es cierto no puede darse inicio a nuevas actividades en desarrollo de las funciones que venía ejerciendo esta entidad, ni tampoco se pueden adelantar actos, contratos o acciones diferentes a las tendientes para llevar a cabo la liquidación, también lo es que a las entidades a las que les fueron transferidas las funciones de la Comisión Nacional de Televisión, les sustituyeron los procesos judiciales y todas las demás funciones de carácter administrativo.

En desarrollo de lo anterior, el Consejo de Estado en reciente providencia(26) al respecto señaló:

(…) Mediante la Ley 1507 de 2012 “por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones” se ordenó la liquidación de la Comisión Nacional de Televisión en su artículo 20, así:

“ART. 20.—Liquidación de la Comisión Nacional de Televisión. De conformidad con el Acto Legislativo número 2 de 2011 artículo tercero, una vez quede conformada la Junta Nacional de Televisión, las entidades del Estado a las cuales se han distribuido competencias, según la presente ley, asumirán e iniciarán el ejercicio de las mismas y la Comisión Nacional de Televisión entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos los efectos la denominación Comisión Nacional de Televisión - en Liquidación. El régimen de liquidación será el determinado por el Decreto-Ley 254 de 2000 y las normas que lo modifiquen o adicionen, salvo lo que fuera incompatible con la presente ley (…)” (Resaltado fuera de texto).

Las entidades a quienes se les atribuyeron competencias fueron:

La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la Superintendencia de Industria y Comercio y la Agencia Nacional del Espectro, en los siguientes términos:

“ART. 11.—Distribución de funciones en materia de control y vigilancia. La Autoridad Nacional de Televisión ANTV ejercerá las funciones que el literal b) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995 asignaba a la Comisión Nacional de Televisión, sin perjuicio de las actividades relacionadas con la dirección y manejo de la actividad concesional que en calidad de entidad concedente deba realizar la ANTV, de conformidad con el artículo 14 de la presente ley, y de aquellas relacionadas con el control y vigilancia del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de televisión de acuerdo con el artículo 15 de la presente ley.

PAR.—Corresponderá a la ANTV ejercer el control y vigilancia por el cumplimiento de las normas relacionadas con los contenidos de televisión.

“ART. 12.—Distribución de funciones en materia de regulación del servicio de televisión. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a que se refiere la Ley 1341 de 2009 ejercerá en relación con los servicios de televisión, además de las funciones que le atribuye dicha Ley, las que asignaban a la Comisión Nacional de Televisión el Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación contractual de cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y comercialización, que corresponderán a la ANTV. En particular, la CRC tendrá la función de establecer las prohibiciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, salvo cuando se relacionen con conductas que atenten contra el pluralismo informativo, caso en el cual tales prohibiciones serán establecidas por la ANTV.

Para el caso de los operadores del servicio de televisión, el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos transferirá a la CRC el equivalente a la contribución por regulación a que se refieren el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009 y artículo 11 de la Ley 1369 del mismo año, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

“ART. 13.—Distribución de funciones en materia de prácticas restrictivas de la competencia e integraciones empresariales. La Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo previsto en la Ley 1340 de 2009, seguirá conociendo de las funciones que el literal d) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, y el artículo 2º de la Ley 680 de 2001, le atribuían a la Comisión Nacional de Televisión.

“ART. 14.—Distribución de funciones en materia de otorgamiento de concesiones. La ANTV ejercerá las funciones que conferían a la Comisión Nacional de Televisión el literal e) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995, y en materia de concesiones, el literal g) del mismo artículo, con excepción de la función al régimen de uso del espectro radioeléctrico quedará a cargo de la Agencia Nacional de Espectro (ANE). En particular, la ANTV ejercerá la función prevista en el artículo 25 de la Ley 182 de 1995 sobre distribución de señales incidentales.

PAR. 1º.—En todo caso la asignación de frecuencias de la televisión estará a cargo de la ANTV.

PAR. 2º.—Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley la ANTV otorgará las concesiones de televisión por suscripción a las empresas públicas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones que así lo soliciten, previo cumplimiento de las condiciones establecidas por la entidad para el efecto.

“ART. 15.—Distribución de funciones en materia del espectro. La intervención estatal en el espectro electromagnético destinado a los servicios de televisión, estará a cargo de la Agencia Nacional del Espectro (ANE) de conformidad con lo determinado en la Ley 1341 de 2009 y el Decreto-Ley 4169 de 2011. En particular, la ANE ejercerá las funciones previstas en los artículos 24, 26 y 27 de la Ley 182 de 1995.

La ANTV será la encargada de asignar las frecuencias que previamente haya atribuido la Agencia Nacional del Espectro (ANE) para la operación del servicio de televisión.

Ahora bien, el artículo 22 ibídem, señaló que las funciones de la Comisión Nacional de Televisión que no fueran objeto de mención expresa en dicha ley, se entenderían transferidas a la Autoridad Nacional de Televisión. (Se resalta)

De la lectura de las disposiciones trascritas, es claro que los trámites administrativos y la función de atender solicitudes de los funcionarios de la extinta Comisión, no se encuentra dentro de las funciones transferidas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), ni a la Superintendencia de Industria y Comercio ni mucho menos a la Agencia Nacional del Espectro.

En consecuencia, no le asiste razón al apoderado de la ANTV cuando afirma que la solicitud del actor debió presentarla ante la Comisión Nacional de Televisión, toda vez que por haberse liquidado dicha entidad la ley le otorgó a la ANTV las competencias que expresamente no se les trasfirieron a las demás entidades y en esas condiciones es la encargada de atender la reclamación del actor tendiente a obtener la reincorporación o reubicación en la planta de personal de la Autoridad Nacional en el cargo que venía desempeñando en la Comisión Nacional de Televisión, u otro empleo de superior jerarquía. (Se resalta)

De acuerdo con los planteamientos antes expuestos, la Sala considera que la situación sujeta a examen en el presente asunto, no encuadra en las causales de rechazo de la demanda, establecidas en el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues aunque la CNTV se liquidó, la ley le otorgó a la ANTV las competencias que no fueron transferidas a las demás entidades y en consecuencia sería la encargada de atender la solicitud del actor.

Sobre este punto es importante señalar que el Juez al momento de examinar la admisibilidad de la demanda debe establecer si los extremos procesales del litigio tienen capacidad y representación para ser parte en el proceso y en caso de advertir algún defecto con respecto a ello, debe exponerlo para que el demandante corrija su demanda en el plazo de diez (10) días como lo establece el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De los asuntos no susceptibles de control judicial.

Los asuntos no susceptibles de control judicial, son aquellos a los que en principio se refiere el numeral 2º del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(27) esto es a las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de las funciones jurisdiccionales, de igual modo, se consideran como asuntos no susceptibles de control judicial, las decisiones disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y los actos de ejecución(28) o de trámite de una decisión administrativa o jurisdiccional.

De lo advertido hasta aquí, la actuación demandada no se encuadra en ninguno de los asuntos no susceptibles de control judicial, pues según se advierte, el demandante pretende la nulidad de la Resolución 743 de 29 de agosto de 2012 “por medio de la cual se decide sobre las reclamaciones de naturaleza laboral presentadas oportunamente por los ex servidores públicos de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación y por las Administradoras de Fondos de Pensiones” y la Resolución 861 de 23 de octubre de 2012 “Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición radicado con el número 10, interpuesto por el señor Jose Enoc Cano Mora, identificado con cédula 5.525.325, contra la Resolución 743 del 29 de agosto de 2012, expedida en el proceso liquidatorio de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación”.

Por consiguiente, en el contenido de los actos demandados, no se observa que se trate de un acto proferido por una autoridad administrativa en ejercicio de una función jurisdiccional, ni tampoco de una decisión disciplinaria emitida por el Consejo Superior de la Judicatura y mucho menos responden a un acto de ejecución o de trámite de una decisión administrativa o jurisdiccional.

En conclusión, las actuaciones administrativas demandadas en principio corresponden a actos definitivos, no obstante, al analizarse el contexto en el que se expiden y las consideraciones que allí se enuncian, encuentra la Sala que para el caso en concreto no son asuntos susceptibles de control judicial, por cuanto constituyen respuestas que reiteran lo dicho en sede administrativa y judicial y en tal sentido no crean, modifican o extinguen una situación jurídica particular y concreta para el actor.

A efecto de constatar lo anterior, conviene citar algunos apartes de los actos demandados, tal y como a continuación se procede:

Resolución 743 de 29 de agosto de 2012. El liquidador de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación en uso de sus facultades legales expidió el acto administrativo referido por medio del cual decidió sobre las reclamaciones de naturaleza laboral presentadas oportunamente por los ex servidores y servidores públicos de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación y por las Administradoras de Fondos de Pensiones. Dentro de los apartes más destacados de este acto se extraen los siguientes:

(…) 2.6. Que el artículo 7 de la Ley 1105 de 2006, establece que los actos del Liquidador sobre la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, son actos administrativos y gozan de presunción de legalidad y únicamente procederá en la vía gubernativa el recurso de reposición, de conformidad con los requisitos señalados en el artículo 76 del (sic) Ley 1437 de 2011 y serán objeto de control por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. (…)

(…) 8.1. Que para adelantar la calificación de las reclamaciones, se creó en la estructura general de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación, una unidad técnica especializada por los Directores de las Áreas de Recursos Humanos, Administrativa, Financiera y Jurídica y los asesores de la liquidación para adelantar en debida forma el proceso de auditoría a las reclamaciones presentadas. (…)

(…) 8.4. Que como resultado de este procedimiento se relacionan las causales legales y contractuales para el rechazo de las reclamaciones presentadas, denominadas “glosas”, las cuales se describen a continuación:

Comisión Nacional de Televisión en Liquidación
Catálogo de Causales de Rechazo
para Adelantar la Auditoría Integral y Calificación de las Reclamaciones
de los Acreedores del Proceso Liquidatorio
Causal de RechazoLaborales, Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.
5.1.(…) No corresponde a una reclamación: al 10-04-12 el reclamante era funcionario de la Comisión Nacional de Televisión en liquidación, cuya nómina, prestaciones e indemnización, se estudiará y resolverá como gasto administrativo de la liquidación. (…)

(…) 9.3. Que por otro lado, las reclamaciones oportunas relacionadas en el Anexo Uno (Anexo General), Anexo Dos (Anexo Individualizado por Acreedor), que forman parte del presente acto administrativo, en las que solicitaron el reconocimiento y pago de acreencias de carácter laboral, por concepto de salario y prestaciones sociales, que según el régimen que regula el proceso liquidatorio están a cargo de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación y que no han sido canceladas a la fecha, serán aceptadas con cargo a la masa a liquidar otorgándoseles la prelación correspondiente a la primera clase, dentro del cuarto orden, conforme lo indica el art. 2495 del Código Civil. (…)

(…) 9.4. Que respecto a las reclamaciones realizadas por algunos funcionarios y ex funcionarios de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación, donde solicitan, el reintegro de todas las sumas de dinero descontadas de más por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social, desde su ingreso hasta el 31 de julio de 2012 indexadas, es necesario realizar las siguientes precisiones:

(…) 9.4.2. De acuerdo a lo anterior, la Comisión Nacional de Televisión hoy en Liquidación mediante Resolución 006 del 23 de agosto de 1995, adopto la tabla de equivalencias aplicable a su propio personal, de conformidad con los cargos, niveles salariales y régimen prestacional existente para ese entonces en el Banco de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 182 de 1995, determinando en su artículo tercero como factor prestacional aplicable a los servidores de la comisión el 1.625% mensual, partiendo de los componentes del factor prestacional del Banco de la República; resolución que es adicionada en su artículo tercero por la Resolución 078 de 1996, aclarando la participación de cada una de las prestaciones dentro del factor total mensual, fijando además el procedimiento y las condiciones de liquidación de las prestaciones, de la siguiente manera (….)

(…) Anexo 1. Reconocido reclamaciones oportunas por resolución.

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 NIT/ CCRadicado ReclamaciónNombreValor ReclamadoTotal RechazadoTotal ReconocidoGlosas
2552532554-96Jose Enoc Cano Mora566121652.00566121652.000.005.1

Resolución 861 de 23 de octubre de 2012. El Liquidador de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación por virtud de esta Resolución resolvió el recurso de reposición radicado con el 10, interpuesto por el señor Jose Enoc Cano Mora, identificado con cédula de ciudadanía 5.525.325 contra la Resolución 743 de 29 de agosto de 2012, expedida en el proceso liquidatario de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación, en los siguientes términos:

(…) Que la glosa 5.1 se impuso a la reclamación presentada por el señor Jose Enoc Cano Mora, por ser un servidor público vinculado a la Comisión Nacional de Televisión al 10 de abril de 2012, por lo cual, se entiende como gasto administrativo de la administración, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9.1.3.5.2. del Decreto 2555 de 2010, según el cual “Los créditos que se causen durante el curso de la liquidación por concepto de salarios, prestaciones sociales (…) se pagaran de preferencia respecto de cualquier otro crédito, como gastos de administración de la liquidación.

De acuerdo a lo mencionado, no es procedente el levantamiento de la glosa 5.1, sin que esto implique el reconocimiento por parte del liquidador de la obligación reclamada dadas las siguientes consideraciones (…).

2. Improcedencia de La Reclamación.

Que pese a lo expuesto anteriormente, consideramos necesario realizar las siguientes precisiones en cuanto al alcance de las reclamaciones y las objeciones planteadas en el recurso de reposición que conllevan a rechazar los fundamentos del mismo:

Que el señor Jose Enoc Cano Mora, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho correspondiendo por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “D”, quien mediante sentencia proferida el día 29 de enero de 2004, debidamente ejecutoriada el día 26 de marzo de 2004, ordenó: “Primero: Declárese no probada la excepción propuesta por la entidad demandada. Segundo: Declárese la nulidad de la resolución 843 de 8 de octubre de 1998, expedida por el Director de la Comisión Nacional de Televisión, en cuanto suprime de la estructura de la Comisión Nacional de Televisión, la dependencia denominada División de Asuntos Internacionales y de la planta de personal el cargo de Jefe de División, grado de remuneración 18 de la división de Asuntos Internaciones, que ocupaba el señor José Enoc Cano Mora, Tercero: En consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho ordenase a la Comisión Nacional de Televisión, reintegrar al demandante José Enoc Cano Mora, identificado con la C C. 5 525.325 de Toledo (Norte de Santander), al cargo de Jefe de la División de Asuntos Internacionales que venía desempeñando en Bogotá, o a otro de igual o superior categoría y remuneración. Cuarto: Condena a la Comisión Nacional de Televisión, a pagarle al señor José Enoc Cano Mora, identificado de Toledo (Norte de Santander), todos los salarios con sus aumentos anuales y las prestaciones sociales y emolumentos laborales de todo orden que le corresponden, desde la fecha en que fue desvinculado del servicio cuando efectivamente sea reintegrado al mismo. El pago de los salarios y demás prestaciones que resulten a favor del actor se ajustarán en su valor, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y en la forma señalada por el Honorable Consejo de Estado, en la parte motiva de esta providencia y devengaran intereses moratorios de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo La Comisión Nacional de Televisión hará los descuentos correspondientes por razón de los aportes al sistema de Seguridad Social integral no efectuado, debidamente indexado al valor, para lo cual se seguirá el procedimiento previsto para la condena que se impone en esta sentencia. Quinto: Se declara para todos los efectos legales, especialmente los relacionados con la liquidación de las prestaciones sociales, que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte del demandante, José Enoc Cano Mora a la entidad demandada, desde la fecha de la desvinculación hasta cuando efectivamente se le reintegre al servicio. (…)

(…) Que el Consejo de Estado en providencia del 15 de noviembre de 2007, notificada por estado del 13 de diciembre del mismo mes y año rechazó por improcedente el recurso de reposición interpuesto.

Que en atención al fallo citado, la Comisión Nacional de Televisión hoy en Liquidación, mediante la Resolución 396 del 17 de abril de 2008, se ordenó textualmente “ART. 1º Dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sala de Descongestión, de fecha 29 de enero de 2004 y a la providencia del 15 de noviembre de 2007, proferida por Consejo de Estado Sección Segunda, notificada por estado el 13 de diciembre de 2007. “ART. 2º Como consecuencia de la decisión anterior se dispone: Reintegrar al señor Jose Enoc Cano Mora identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.525 325 de Toledo (N de S) al cargo de Asesor II adscrito a la Subdirección de Recursos Humanos y Capacitación hará los trámites pertinentes para su cumplimiento. Liquidar y Pagarle al señor Jose Enoc Cano Mora todos los salarios con sus aumentos anuales y las prestaciones sociales y emolumentos laborales de todo orden que le corresponden, desde la fecha en que fue desvinculado del servicio hasta hacer efectivo el reintegro, junto con los ajustes a que haya lugar. Hacer los descuentos correspondientes por razón de los aportes al sistema de seguridad social integral no efectuados y debidamente indexados, así como los respectivos descuentos 'en el supuesto caso en que el demandante haya recibido asignación por parte del Tesoro Público durante el tiempo de su desvinculación.

Que mediante Acta 26 del 7 de mayo de 2008, el señor Jose Enoc Cano Mora, identificado con la cédula de ciudadanía 5.525.325 de Toledo (N. de S.), tomó posesión en el cargo de Asesor II de la planta de personal de la Comisión Nacional de Televisión, reintegrado mediante Resolución 396 del 17 de abril de 2008, conforme a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de fecha 29 de enero de 2004 y notificada el 14 de abril de 2008.

Que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión aprobó y ordenó en sesión del 10 de Junio de 2008 (Acta 1421) el pago de los derecho laborales a Jose Enoc Mora, por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 1998 hasta el 6 de mayo de 2008. (Negrilla fuera de texto)

Que mediante Resolución 693 del 26 de junio de 2008, se procedió a reconocer y ordenar el pago a Jose Enoc Cano Mora, identificado con la cédula de ciudadanía 5.525.325 de Toledo (N de S.), la suma de Un Mil Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y ocho Pesos ($1.044.248.838,oo). De acuerdo al anexo de la citada Resolución, liquidación definitiva según fallo del Tribunal Administrativo, corresponde al periodo comprendido entre el 9 de octubre de 1998 hasta el 6 de mayo de 2008.

Que el día 07 de julio de 2008, el señor Jose Enoc Cano Mora, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 693 del 26 de junio de 2008.

Que la Comisión Nacional de Televisión hoy en Liquidación, mediante Resolución 1104 del 11 de septiembre de 2008, decide firmar en todas sus partes la Resolución del 26 de junio de 2008, por la cual se dispuso el pago de los derechos laborales por reintegro del señor Jose Enoc Mora.

Que estando en firme y ejecutoriado el acto administrativo emitido por la Comisión Nacional de Televisión, el señor Jose Enoc Cano Mora, instauró proceso ejecutivo laboral correspondiendo por reparto al Juzgado 16 Administrativo de Descongestión Circuito Judicial de Bogotá, contra la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación.

Que mediante Auto de fecha 21 de octubre de 2011, el Juzgado 16 Administrativo de Descongestión Circuito Judicial de Bogotá, resolvió “1º Rechazar la demanda ejecutiva propuesta por el señor Jose Enoc Cano Mora en contra de la Comisión Nacional de Televisión, según lo analizado de manera precedente. 2º.—Declarar la caducidad de la acción ejecutiva impetrada por el señor Jose Enoc Cano Mora en contra de la Comisión Nacional de Televisión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este auto”.

Que el Apoderado del reclamante interpuso recurso apelación contra el auto del 21 de octubre de 2011, el cual fue rechazado por extemporáneo mediante Auto del 6 de diciembre de 2011. Así mismo, interpuso recurso de súplica contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien mediante Auto del 22 de marzo de 2012, confirmó el Auto de fecha 6 de diciembre de 2011.

Que teniendo en cuenta lo anterior, consideramos pertinente indicar que de conformidad con el Decreto 1º de 1984 (C.C.A) norma aplicable en la oportunidad de expedición de los actos administrativos y del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, los actos administrativos quedaran en firme cuando:

“1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

3. Desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubieran renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.

De igual forma el artículo 88 de la citada ley nos indica que los actos administrativos se presumen legales no hayan sido anulados por la Jurisdicción de Contencioso Administrativo.

Que de acuerdo a lo antes enunciados (sic), es evidente que nos encontramos ante un acto administrativo que está en firme y debidamente ejecutoriado, en el cual, ya fue agotada la vía gubernativa y cuya acción judicial fue denegada por operar el fenómeno de la caducidad, lo cual conlleva a que lo contenido en la decisión administrativa hace tránsito a cosa juzgada.

Que por lo anterior, dado el marco legal especial que cobija las acciones y competencias del proceso liquidatorio, el Liquidador de la Comisión Nacional de Televisión hoy en Liquidación no puede modificar o sustraerse del cumplimiento de la decisión contenida en la Resolución 693 del 26 de junio de 2008 y 1104 del 11 de septiembre del mismo año, de allí que no sea posible jurídicamente dar respuesta favorable a dicha reclamación.

En vista de lo anterior, reitera la Sala que los actos demandados corresponden a situaciones jurídicas ya definidas en sede administrativa y judicial y por lo tanto no crean, modifican o extinguen alguna situación jurídica particular y concreta a favor del actor.

Al respecto, esta Corporación en providencia del 8 de mayo de 2014(29), en relación a los asuntos no susceptibles de control judicial indicó lo siguiente:

Teniendo en cuenta lo anterior y luego de revisar el expediente y en particular los oficios o escritos demandados, la Sala advierte que los mismos no son susceptibles de control jurisdiccional, tal y como lo sostuvo el a quo, pues únicamente construían respuestas que reiteraban lo decidido por dicho Tribunal en un proceso disciplinario resuelto en febrero del año 2000.

(…)

En la respuesta del derecho de petición elevado por el actor, dada por la Sala Plena del Tribunal Nacional de Ética Médica, en sesión núm. 1122 de 6 de marzo de 2012, demandada en el presente proceso, simplemente se le informó que la publicación, frente a la cual mostró su inconformidad, fue producto de la recaudación probatoria fundamento de la decisión tomada por dicha Corporación el 15 de febrero del año 2000, dentro del proceso disciplinario núm. 369 que se adelantaba en su contra y le recordó que dicho proveído no fue demandado ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo tanto se encontraba en firme y no era posible atacarlo a través de un derecho de petición.

Del mencionado escrito, no se advierte la creación, modificación o extinción de ninguna situación jurídica particular y concreta, ya que lo único que hizo el Tribunal Nacional de Ética Médica, fue, por una parte, recordarle al peticionario lo que originó la publicación en la Gaceta Jurisprudencial en la que se consignaron los apartes con los que éste no está de acuerdo y por otra, reiterarle lo expuesto en una decisión que ya se había tomado hace más de once años. Es evidente que el acto que creó, modificó o extinguió una situación jurídica particular y concreta para el actor, fue la decisión de 15 de febrero del 2000, expedida por el Tribunal Nacional de Ética Médica dentro del proceso núm. 369, con la cual se le sancionó disciplinariamente; por lo tanto, éste era el acto a demandar, no las respuestas dadas a un derecho de petición elevado luego de transcurrir 11 años de tomada dicha la decisión, en las que solo se ratificó lo ya resuelto con anterioridad.

Conforme a lo citado, los actos demandados en el asunto en concreto no son susceptibles de control judicial por cuanto las razones que dieron origen a éstos, se refieren a situaciones que ya fueron objeto de debate en sede administrativa(30) y judicial(31), así:

Providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 10 de julio de 2009 que negó el mandamiento de pago solicitado por el señor José Enoc Cano Mora y la providencia proferida el 13 de diciembre de 2010, proferida por el Consejo de Estado a través de la cual se confirmó la anterior.

Decisión de 21 de octubre de 2011, a través de la cual el Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá, rechazó la demanda ejecutiva propuesta por el actor, al encontrar que se configuró el fenómeno de la caducidad de la acción y la decisión de Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación promovido contra el auto de 21 de octubre de 2011.

Por las razones que anteceden y sin necesidad de exponer mayores argumentaciones, se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección “C”, como quiera que los actos sometidos a examen no son susceptibles de control judicial y constituyen causal de rechazo de la demanda, en los términos del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-Sección “C”, el 13 de junio de 2013, por medio del cual rechazó la demanda presentada por el señor José Enoc Cano Mora en contra de la extinta Comisión Nacional de Televisión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVOLVER el proceso al Tribunal de origen para que siga el trámite legal, y déjense las constancias de rigor.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez (E)Luis Rafael Vergara QuinteroJorge Octavio Ramírez Ramírez (E).

1. Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

2. “…Por medio de la cual se decide sobre las reclamaciones de naturaleza laboral presentadas oportunamente por los ex servidores y servidores públicos de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación y por la Administradoras de Fondos Pensionales…”

3. “…Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición radicado con el 10, interpuesto por el señor Jose Enoc Cano Mora, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.525.325 contra la Resolución 743 de 29 de agosto de 2012, expedida en el proceso liquidatorio de la Comisión Nacional de Televisión.

4. Doctor Reynel Fernando Bedoya Rodríguez.

5. De fecha 12 de julio de 2012, a través de la cual solicita se incluya dentro del Registro de Reclamaciones de Acreedores algunas sumas.

6. Ibídem.

7. Que declaró la nulidad de la Resolución 843 de 8 de octubre de 1998 expedida por el Director de la Comisión Nacional de Televisión, por la cual se suprimió de la Planta de Personal de la Comisión Nacional de Televisión el cargo de Jefe de División grado de remuneración 18 de la División de Asuntos Internacionales y ordenó entre otras, el reintegro y pago de todos los salarios y emolumentos laborales.

8. “Por la cual se da cumplimiento a una sentencia judicial.”

9. “Por la cual se reconoce y ordena un pago de derecho laborales”.

10. Fls. 051 a 069.

11. Fls. 042 a

12. Cargo de igual jerarquía al de Jefe de División de Asuntos Disciplinarios.

13. Por la cual se reconoce y ordena un pago de derechos laborales. (Fls. 78 a 81)

14. Expediente 2009-00067.

15. Fl. 150 a 151.

16. “ART. 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ART. 150.—Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de Radicación. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación, que se podrá disponer excepcionalmente cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes.
Adicionalmente, podrá ordenarse el cambio de radicación cuando se adviertan deficiencias de gestión y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
PAR. En todas las jurisdicciones las solicitudes de cambio de radicación podrán ser formuladas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

17. “…Por medio de la cual se decide sobre las reclamaciones de naturaleza laboral presentadas oportunamente por los ex servidores y servidores públicos de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación y por las Administradoras de Fondos de Pensiones…”

18. Por medio de la cual se resuelve el Recurso de Reposición radicado con el 10, interpuesto por el Señor José Enoc Cano Mora, identificado con cédula de ciudadanía 5.525.325, contra la Resolución 743 del 29 de agosto de 2012, expedida en el proceso liquidatorio de la Comisión Nacional de Televisión en Liquidación.

19. Fl. 150 a 151.

20. “ART. 164.—Oportunidad para Presentar la Demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (….) d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales; (…)

21. “ART. 170.—Inadmisión de La Demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la Ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda.

22. Así lo disponía el Artículo 76 de la Constitución Política de 1991.

23. por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia.

24. Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones.

25. Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Superintendencia de Industria y Comercio y Agencia Nacional del Espectro

26. Consejo de Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección segunda. Subsección “A”. Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón. Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05357-01(1609-14).

27. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos: 1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos. 2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio de la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído independiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán constar en acto administrativo separado. 3. Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la Ley. 4. Los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.

28. Recordemos que como regla general, frente a los actos de ejecución de las sentencias no procede recurso alguno en vía gubernativa ni control judicial; sin embargo, sí procederán, de forma excepcional, cuando quiera que la decisión de la administración vaya más allá de lo ordenado por el juez, en la medida en que se cree, modifique o extinga una determinada relación jurídica entre el Estado y un particular.

29. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: Maria Elizabeth Garcia Gonzalez, Radicación Número: 25000-23-41-000-2013-01771-01.

30. Resolución 396 de 17 de abril de 2008 “por el cual se da cumplimiento a una sentencia judicial” y Resolución 693 de 26 de junio de 2008 “por la cual se reconoce y ordena un pago de derechos laborales”.

31. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 29 de enero de 2004