Auto 2013-01316 de febrero 25 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 76001-23-33-000-2013-01316-01

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Demandante: Óscar Rodríguez Baquero

Demandado: Notario Primero de Palmira – Valle del Cauca

Bogotá, D.C., veinticinco de febrero de dos mil catorce

Electoral - Auto que corre traslado

Antecedentes

Con auto de 23 de enero de 2014 (fls. 70-73), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió admitir la demanda electoral que formuló el señor Óscar Rodríguez Baquero con la cual solicitó la nulidad parcial del Decreto 1858 de 29 de agosto de 2013, proferido por “...el Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente de la República...”, mediante el cual nombró en interinidad como Notario Primero del Círculo Notarial de Palmira – Valle del Cauca, al señor Alonso Hurtado Gómez.

Con dicha providencia el tribunal también negó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado que solicitó el actor con la demanda, decisión que fue apelada por el accionante con recurso de 30 de enero de 2014, el que fue concedido por el a quo con auto de 5 de febrero de 2014 en efecto devolutivo (fl. 86).

En el mismo auto, el tribunal, en aplicación del inciso 4º del artículo 356 del Código de Procedimiento Civil(1), (por remisión del artículo 306 del CPACA(2) ), requirió al demandante para que aportara el valor de las copias del expediente que mantendría esa Corporación para continuar el trámite de la acción.

Según el anterior recuento, sería del caso que la Sala de la Sección Quinta se pronunciara sobre el recurso de apelación formulado en contra de la negativa a acceder a la suspensión provisional del acto demandado; sin embargo, el despacho hará las siguientes precisiones respecto del trámite a seguirse en segunda instancia previa resolución del asunto.

Consideraciones

El inciso final del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo que a la suspensión de los efectos del acto electoral se refiere, prevé lo siguiente:

“ART. 277.—Contenido del auto admisorio de la demanda y formas de practicar su notificación. (...)

(...).

En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación”.

Vista la norma en cita, lo primero que se advierte es que esta regulación contempla la procedencia de recursos ordinarios en contra de la decisión con la cual el juez se pronuncia sobre la suspensión provisional de los efectos del acto enjuiciado. Y segundo, que lo hace sin limitar la procedencia de los recursos al sentido de la providencia, esto es, en la medida en que se refiere al auto que “resuelve” la solicitud de suspensión provisional, sea el auto que accede a suspender los efectos del acto demandado o el que niega tal pretensión, ambos son susceptibles de ser controvertidos en ejercicio de los recursos de reposición o apelación según si el proceso es de única o primera instancia.

No obstante, el despacho encuentra que además del inciso final del artículo 277 del CPACA, en el Título VIII de las “disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral”, ninguna otra norma contempla o regula el trámite del recurso de apelación que se formula en contra del auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional del acto demandado.

La anterior situación impone al juez acudir al artículo 296 del CPACA que se refiere a los “Aspectos no regulados” dentro del acápite de los procesos electorales, el cual dispone que “En lo no regulado en este título se aplicarán las disposiciones del proceso ordinario en tanto sean compatibles con la naturaleza del proceso electoral.”; y de esta forma analizar las normas relativas a las “Medidas Cautelares” (arts. 229 a 241 del capítulo XI) y a los “recursos ordinarios y trámite” (arts. 242 a 247).

Así las cosas, una vez se analizaron las disposiciones indicadas en lo que lo que al trámite del recurso de apelación del auto que negó la solicitud de suspensión provisional se refiere, el despacho encontró lo siguiente:

El artículo 233, que habla sobre el “procedimiento para la adopción de las medidas cautelares”, establece en su último inciso:

“ART. 233.—Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. (...)

(...).

Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso”.

Y el artículo 236 dispone:

“ART. 236.—Recursos. El auto que decrete una medida cautelar será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. Los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.

Las decisiones relacionadas con el levantamiento, la modificación o revocatoria de las medidas cautelares no serán susceptibles de recurso alguno”.

A partir de la lectura de las normas que regulan los recursos en contra de las providencias con las que se deciden las solicitudes de medidas cautelares en los procesos ordinarios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el despacho encuentra que, de conformidad con el artículo 236 en cita, están expresamente previstos los recursos de alzada (apelación o súplica), cuando sea decretada la medida cautelar.

Y caso diferente es en el evento en que tal petición sea negada, pues el artículo 233 que regula el procedimiento para la adopción de medidas cautelares prevé, de un lado, que la negativa por parte del juez para decretar la medida provisional solicitada, no es impedimento para que sean formuladas nuevas pretensiones en ese sentido, siempre que existan hechos sobrevinientes sobre los cuales se configuren las condiciones de procedencia de la medida cautelar; y además, establece la improcedencia de recurso alguno en contra del “...auto que resuelva esta solicitud...”, restricción que por la redacción de la norma, interpreta el despacho, se refiere a aquella providencia con la cual se decide la nueva solicitud de medida cautelar.

Significa lo anterior que, ante la inexistencia de regulación expresa, el auto con el cual se niega la primera solicitud de decretar medidas cautelares dentro de procesos ordinarios, es susceptible de ser controvertido en ejercicio del recurso ordinario de reposición contemplado en el artículo 242 del CPACA, que establece:

“ART. 242.—Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil”. (Negrillas del despacho).

Ahora bien, como las normas que regulan los recursos formulados en contra del auto que decide la suspensión provisional del acto demandado en los procesos ordinarios, no establecen el procedimiento de la apelación de tal providencia en los procesos ordinarios, y por consiguiente tampoco permiten su aplicación para los procesos de naturaleza electoral, es imperativo analizar, como se advirtió en precedencia, las normas que rigen los “recursos ordinarios y [su] trámite”, en especial el artículo 244 de ubicado bajo este título que dice:

“ART. 244.—Trámite del recurso de apelación contra autos. La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:

(...).

2. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que lo profirió. De la sustentación se dará traslado por Secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin necesidad de auto que así lo ordene. Si ambas partes apelaron los términos serán comunes. El juez concederá el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.

(...)”.

Este artículo establece entonces que previo trámite de las apelaciones contra providencias que sean susceptibles de ellas, incluso antes de ser concedida la impugnación, los argumentos en que se soportan los recursos deben ser puestos en conocimiento de la contraparte a efectos de garantizar el derecho de contradicción y defensa.

De conformidad con la disposición anotada, el ánimo del legislador en proteger el derecho al debido proceso de los sujetos procesales es indiscutible, pues incluso dispone que el traslado para poner en conocimiento de las partes los motivos de la apelación, es una actuación procesal que se surte sin necesidad de que medie orden del juez. Así, constituye un deber de la Secretaría que aparece inmediatamente es presentado el escrito contentivo del recurso, ya que es de esta forma que se hace posible que quien pueda verse afectado con la consecuente decisión judicial, presente razonamientos con la finalidad de ejercer su derecho de defensa.

Ahora bien, en este punto es importante recordar que el interés por parte del despacho en analizar la normativa hasta ahora transcrita, radica en determinar o establecer el trámite que puede tener el recurso de apelación formulado en contra del auto con el cual el a quo negó la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto demandado, lo que ocurrió, por tratarse de un asunto de naturaleza electoral, en el auto admisorio de la demanda, pues no existe norma especial al efecto.

No obstante, el despacho advierte que por la especialidad del trámite de los procesos electorales, en particular porque la decisión sobre la suspensión provisional del acto demandado se profiere en auto donde simultáneamente se decide la admisión de la demanda, se hace imposible que cualquiera de las normas examinadas se ajuste por completo a la situación que ahora nos ocupa, lo que significa que, en los términos del artículo 296 del CPACA, no resultan ser compatibles con el trámite de los procesos electorales.

Lo anterior, porque de un lado la normativa que rige el trámite de las medidas cautelares no prevé la apelación como recurso en contra de la decisión con la cual se negó la petición de suspensión provisional y tampoco indica el trámite para los casos en que a tal solicitud se accedió; y del otro, porque el trámite de los recursos de apelación en contra de las decisiones judiciales susceptibles de ello, establece el traslado del escrito de impugnación antes de que el juez de primera instancia lo conceda, evento de difícil consecución en materia electoral, en la medida en que la admisión de la demanda es notificada por estado al actor y personalmente al demandado, de manera que es probable que para el momento en que, como en este caso, el apelante presentó el recurso de alzada, el accionado aún no ha sido notificado del auto con el que fue aceptada la demanda, por lo tanto, tampoco se le podría correr traslado del escrito toda vez que no ha sido vinculado formalmente al proceso.

El escenario descrito permite evidenciar la falta de claridad y el vacío normativo existente para tramitar los recursos de apelación formulados en contra de las providencias con las cuales son decididos las solicitudes de suspensión provisional de los efectos de los actos electorales.

En este punto, resulta imprescindible para el despacho advertir que si bien la suspensión provisional solicitada con la demanda electoral se decide en el auto admisorio y sin correr traslado de la petición, lo que significa que el demandado no tiene oportunidad de oponerse a los argumentos de la solicitud, pues por la naturaleza de esta acción electoral debe tener un trámite célere y fallarse en los términos que establece la Constitución Política en el parágrafo del artículo 264(3); lo cierto es que tal situación no es óbice para que se traslade el escrito de apelación durante el trámite de la segunda instancia, pues: i) el desarrollo del proceso electoral no se ve interrumpido por la apelación del auto con el que se resolvió la medida cautelar, ya que continúa ante el juez de conocimiento; ii) la demanda ha sido admitida por el juez; y, iii) los sujetos procesales, especialmente la parte demandada tiene derecho a ejercer su defensa, sea porque se trata de la autoridad que expidió el acto o porque es quien fue designado o elegido.

En vista de lo anterior, el despacho considera primordial que durante el trámite del recurso de apelación que se ha formulado en contra del auto que decidió la solicitud de suspensión provisional del acto cuya nulidad se demanda, y a pesar de que no exista norma que así lo disponga en el CPACA, el demandado pueda intervenir para ejercer su derecho de defensa, pues de esta forma se respetan y protegen los derechos fundamentales de los sujetos procesales, incluido los del Ministerio Público que también fue notificado del auto admisorio.

Así las cosas, considera el despacho que ante la posibilidad de apelar el auto que resuelve la solicitud de suspensión provisional, sea que este acceda o no a ello, y por inexistencia de norma en el CPACA que se ajuste concretamente al trámite de los procesos electorales en los eventos acá analizados, es a partir de garantizar el debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política que, previa decisión del recurso por la Sala de la Sección Quinta, se debe correr traslado del escrito de impugnación a la parte demandada para que ejerza su derecho de defensa.

En consecuencia, se

RESUELVE:

Por Secretaría de la Sección Quinta, correr traslado por el término de tres (3) días del escrito de apelación que presentó el demandante, a los demandados: señor Alonso Hurtado Gómez – Notario 1º del Palmira; al Presidente de la República; al Ministro del Interior y de Justicia; al Superintendente de Notariado y Registro y al Consejo Superior de la Carrera Notaria; así como al Agente del Ministerio Público Delegado ante esta Sección.

Notifíquese y cúmplase

Magistrada: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

(1) “ART. 356.—Envío del expediente o de sus copias. (...)

(...).

Cuando la apelación fuere en el efecto devolutivo o en el diferido, se remitirá al superior copia de las piezas que el juez señale, la cual se compulsará a costa del apelante.

(...)”.

(2) “ART. 306.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

(3) “ART. 264. (Modificado por el art. 14, Acto Legislativo 1 de 2003): (...).

PAR.—La jurisdicción contencioso administrativa decidirá la acción de nulidad electoral en el término máximo de un (1) año.

En los casos de única instancia, según la ley, el término para decidir no podrá exceder de seis (6) meses”.