Auto 2013-1339 de octubre 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref. Exp.: 110010325000201301339-00

Nº. INTERNO 3399-2013

Autoridades Nacionales

Actor: Arley Giovanni Velasco Lizarazo

Consejera Ponente:

dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil trece.

Extractos: «Consideraciones.

El presente es de aquellos en los que se demandan actos administrativos proferidos por autoridades de orden nacional en ejercicio del Control Disciplinario, que implican el retiro definitivo del servicio, en el que se pretende como restablecimiento del derecho el pago de los salarios dejados de percibir.

Normas que regulan la competencia

La competencia en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho se determina, en principio, por la cuantía del asunto, entendida como “la autoestimación económica que hace el demandante de lo que es el valor de su derecho (…)”1.

Sin embargo, en asuntos como el presente en los que se pretende la nulidad de actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias que implican el retiro definitivo del servicio, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, impone reglas de competencia que no se rigen por la cuantía del asunto.

En relación con estos asuntos, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la competencia del Consejo de Estado en única instancia, únicamente en el siguiente caso:

“Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

(…)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio de poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo Director del Ministerio Público.

(…)”.

Ahora bien, la nulidad de los actos administrativos proferidos por autoridad diferente al Procurador General de la Nación en ejercicio del control disciplinario, se regirá por las siguientes reglas:

“Artículo 151. Competencia de los Tribunales Administrativos en única Instancia. Los Tribunales Administrativos en única Instancia. Los tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:

(…)

2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades departamentales.

Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…)

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación. 

(…)” (subraya la Sala).

A su vez, el artículo 154 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece la competencia de los Jueces Administrativos en asuntos en los que demanden actos administrativos que impliquen el ejercicio del control disciplinario que impongan sanciones distintas al retiro temporal o definitivo, de la siguiente manera:

“Artículo 154. Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Los jueces administrativos conocerán en única instancia:

(…)

2. De nulidad y restablecimiento del derecho que carezca de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, interpuestas por las autoridades municipales. 

(…)” (subraya la Sala).

Teniendo en cuenta las reglas de competencia dispuestas en asuntos en los que se controvierten actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias se concluye lo siguiente:

El espíritu del legislador en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, fue establecer reglas específicas de competencia en los asuntos en que se controvierten actos administrativos expedidos en ejercicio de control disciplinario.

Por lo anterior, la regla de competencia que se impone no es la cuantía del asunto sino la naturaleza especial del mismo como lo es el ejercicio de control disciplinario del que es titular preferente la Procuraduría General de la Nación, razón por la cual, los actos administrativos que imponga el Procurador General en ejercicio de dicha potestad serán competencia, en única instancia, del Consejo de Estado y, los proferidos por funcionarios diferentes de esta entidad, serán conocidos por el Tribunal Administrativo en Primera Instancia sin importar la cuantía ni la clase de sanción disciplinaria2.

En tal sentido, es del caso concluir que los actos administrativos proferidos por el Procurador General de la Nación o cualquier otro funcionario de esa entidad, en ejercicio del poder disciplinario, se rigen por la naturaleza del asunto sin atender la cuantía o la clase de sanción interpuesta.

Ahora bien, por disposición del artículo 2 de la Ley 734 del 20023, el control disciplinario también puede ser ejercido por oficinas de control disciplinario interno y por funcionarios con potestad para ello en las Ramas, Órganos y Entidades del Estado en contra de los servidores públicos de sus dependencias.

En tal virtud, los artículos 151 numeral 2 y 154 numeral 2, establecen que los Tribunales y Juzgados Administrativos serán competentes, en única instancia, atendiendo a la autoridad que lo expide, para conocer de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se controviertan actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias “distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio”, como la amonestación, que no es cuantificable.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que en los asuntos en los que controvierten actos administrativos proferidos en ejercicio del control disciplinario, el factor determinante de la competencia es el funcional dado que se atiende a la naturaleza del asunto y a la entidad que lo profiere, sin atender la cuantía.

Las reglas específicas de competencia que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo respecto de los actos administrativos proferidos en ejercicio del control disciplinario, atendiendo precisamente la naturaleza del asunto y no la cuantía, permiten concluir lo siguiente:

Los procesos incoados contra actos administrativos proferidos por oficinas de control disciplinario interno o funcionarios con potestad para ello en las Ramas, Órganos y Entidades del Estado, que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio, son competencia de los Tribunales Administrativos en Primera Instancia.

Lo anterior en razón a que el ejercicio del control disciplinario que ejercen las oficinas de Control Interno o funcionarios con potestad para ello en las Ramas, Órganos y Entidades del Estado, en los casos en que la sanción implica retiro temporal o definitivo del servicio es equiparable al que ejercen “los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,” que de conformidad con los dispuesto en el numeral 3 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son competencia del Tribunal Administrativo en Primera Instancia.

La citada regla de competencia asegura, además, el principio constitucional de la doble instancia dado que los Tribunales Administrativos conocerán en Primera Instancia de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias que impliquen retiro temporal o definitivo del servicio proferidos por las oficinas de Control Interno o funcionarios con potestad para ello en las Ramas, Órganos y entidades del Estado, sin consideración a la cuantía ni al nivel de la autoridad que los explica.

Adviértase que la equiparación sólo se refiere a los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias que implican retiro temporal o definitivo del servicio dado que los que aplican sanciones “distintas”, como la amonestación, tienen regla específica de competencia en los numerales 2 de los artículos 151 y 154 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Adviértase que la equiparación sólo se refiere a los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias que implican retiro temporal o definitivo del servicio dado que los que aplican sanciones "distintas", como la amonestación, tienen regla específica de competencia en los numerales 2 de los artículos 151 y 154 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Adicionalmente, es de caso evidenciar que en asuntos como el presente la aplicación del numeral 14 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según el cual el Consejo de Estado es competente para conocer de todos los asuntos "para los cuales no exista regla especial de competencia" porque ello generaría que los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias relacionadas con el retiro temporal o definitivo del servicio serían competencia de dos autoridades diferentes, así:

-Los actos proferidos por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación distintos al Procurador General, en ejercicio del control disciplinario son competencia de los Tribunales Administrativos en Primera Instancia por disposición expresa del numeral 3 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

-Los actos proferidos por las Oficinas de Control Interno o funcionarios con potestad para ello en las Ramas, Órganos y entidades del Estado, serían competencia del Consejo de Estado en única instancia a pesar de que la naturaleza del asunto es la misma.

Lo anterior configuraría una desigualdad y desconocería las reglas de competencia establecidas por el Legislador en asuntos de naturaleza disciplinaria.

Como en el presente caso los actos demandados fueron expedidos por funcionarios de la Policía Nacional en la ciudad de Santiago de Cali y el domicilio del actor está en el municipio de Tuluá - Valle del Cauca, la competencia4 para conocer del asunto es el Tribunal Administrativo del Valle del Cauda en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria de Decisión,

RESUELVE

1. Declárese que la competencia para conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento incoada por el señor Arley Geovanni Velasco Lizarazo, es del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en Primera Instancia, por las razones expuestas en la parte considerativa.

2. Remítase el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase".

(1) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General, Dupre Editores Ltda. Bogotá - Colombia. 2002. Pág. 191.

(2) El artículo 44 de la Ley 734 de 2002, establece las siguientes clases de sanciones: 1) Destitución e inhabilidad general, 2) Suspensión del cargo e inhabilidad especial, 3) Suspensión, 4) Multa y 5) Amonestación escrita.

(3) Titularidad de la Acción Disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías Distritales y Municipales, corresponde a las oficinas de control interno disciplinario y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servicios contra los servidores públicos de sus dependencias.

(4) “Artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(…)

2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio de demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar.

(…)"