Auto 2013-01563 de agosto 9 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 110010203000-2013-01563-00

Bogotá D.C., nueve de agosto de dos mil trece.

Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por la demandante frente al auto del 22 de mayo de 2013 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no concedió el de casación del fallo de 8 de mayo de 2013, dictado en el proceso abreviado por competencia desleal de Distribuidora La Trece & Cía. Ltda., contra Cementos Argos S.A.

Antecedentes

1. La accionante pidió declarar que su contraparte incurrió en actos de desviación de la clientela; desorganización interna y conductas contrarias a las sanas costumbres mercantiles, a la buena fe comercial y a los usos honestos, por la distribución del cemento a las ferreterías del suroccidente del país.

En consecuencia, solicitó el pago de una indemnización estimada en tres mil millones de pesos ($3.000’000.000), por los perjuicios materiales y morales ocasionados, así como la afectación de su prestigio y buen nombre (fls. 1 al 21).

2. Notificada la cementera del admisorio, se opuso a las súplicas y formuló como defensas las de “derecho a la libertad de empresa y a la libre iniciativa privada”, “inexistencia de un contrato de suministro y de una cláusula de exclusividad”, “Argos ha logrado obtener clientela en el mercado de los ferreteros gracias al posicionamiento de la marca y no a través de la gestión de la demandante”, “la negativa a contratar es un desarrollo de la autonomía de la voluntad y de la libertad de empresa”, “inexistencia de actos contrarios a la buena fe, a las sanas costumbres mercantiles y a los usos honestos en materia comercial”, “inexistencia de actos de desviación de la clientela”, “inexistencia de otros actos de competencia desleal”, “inexistencia de daño indemnizable y de relación de causalidad” y “falta de legitimación por pasiva” (fls. 71 al 101).

3. El 18 de marzo de 2009, se reformó el libelo incrementando el daño objeto de reparación a cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000), y modificando algunos hechos (fls. 43 al 69).

4. La Superintendencia de Industria y Comercio-Delegada para Asuntos Jurisdiccionales profirió sentencia en la que desestimó las peticiones (fls. 102 al 110, ídem). El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al desatar la apelación de Distribuidora la Trece & Cía. Ltda., confirmó la anterior determinación (fls. 155 al 178).

4(sic). En la oportunidad legal, la promotora recurrió en casación (fl. 182).

5. El ad quem, en proveído del 22 de mayo de 2013, no concedió la impugnación extraordinaria porque de conformidad con el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, tal mecanismo no procede frente a procesos abreviados (fls. 184 al 185).

6. La parte vencida propuso reposición, argumentando que la normatividad contempla la procedencia de ese medio de contradicción contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios o que asuman ese carácter, y el asunto sub-lite es un abreviado que asume dicha naturaleza por ser declarativo y de condena. Agregó que está vigente el artículo 334 numeral 1º del Código General del Proceso, que prevé la viabilidad de la casación respecto de fallos emitidos en “toda clase de procesos declarativos” como la acción por competencia desleal en referencia. En subsidio solicitó la expedición de copias para acudir en queja (fls. 186 y 187, ídem).

7. El pasado 12 de junio, el ad quem no revocó su decisión, con fundamento en que “[e]n lo concerniente a los aspectos sustanciales para establecer la identidad entre el proceso ordinario y abreviado cuando contienen pretensiones declarativas y de condena, para derivar extensivamente la casación a los segundos, debe indicarse que resulta estéril tal apreciación, toda vez que el precepto normativo los excluyó expresamente del trámite extraordinario”, y que “tampoco se puede aceptar la tesis que el artículo 334 del Código General del Proceso regula la materia y está vigente, en la medida en que el numeral ‘6º’ del artículo 627 del mismo cuerpo normativo estipula que su entrada en vigencia es a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce, en forma gradual, y como tal data es venidera mal puede acogerse aquél razonamiento” (fls. 193 al 197).

8. El 24 de junio de este año se suministraron las expensas necesarias para tomar las reproducciones y el 27 del mismo mes se fijó en lista la advertencia de que estaban disponibles para su retiro, lo que hizo la interesada el 3 de julio (fls. 198 y 199).

9. El censor, en tiempo, formuló la queja y reiteró los argumentos de la reposición (fls. 201 y 202).

10. El 10 de julio, la ssecretaría corrió el traslado respectivo, y el contradictor manifestó que la ley contempla taxativamente los asuntos respecto de los cuales procede el citado recurso extraordinario, excluyendo a los fallos emitidos en procesos abreviados, y que de acuerdo con el artículo 627 del Código General del Proceso, el precepto que establece la viabilidad de la casación para todos las sentencias dictadas en juicios de carácter declarativo, entra en vigor a partir del 1º de enero de 2014 (fls. 205 al 207).

Consideraciones

  1. La presente decisión no será objeto de pronunciamiento en Sala, de conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, vigente a partir de su promulgación el 12 de julio, y la interpretación que sobre el particular hizo la Corte en auto de 27 de septiembre de 2010, exp. 2010-01055, reiterado el 23 de mayo de 2013, exp. 2013-00845-00.
  2. La naturaleza extraordinaria del recurso de casación justifica las restricciones para concederlo, toda vez que sólo es procedente en aquellos procesos establecidos de manera expresa por la ley, teniendo en cuenta su clase y el quantum del agravio causado por el fallo opugnado, salvo que verse exclusivamente sobre el estado civil, caso en el cual están involucrados los derechos personalísimos irrenunciables y no un componente económico.
 

Así lo tiene establecido la Corte al señalar que “sólo puede emplearse frente a ciertas y determinadas sentencias, en atención a la naturaleza del proceso en el que ellas fueron proferidas, al juez que las emitió y, por regla general, ‘al valor actual de la resolución desfavorable al recurrente’ (Cfme. art. 366 del CPC, modificado por la Ley 592 de 2000) (…)” (auto del 20 de abril de 2009, exp. 2008-01910, citado el 21 de marzo de 2013, exp. 2013-00468-00).

3. El artículo 366 del Código de Procedimiento Civil dispone que "[e]l recurso de casación procede contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes así: 1. Las dictadas en los procesos ordinarios o que asuman ese carácter (…)”.

Sobre el alcance del anterior precepto, ha de decirse que el legislador restringió la procedencia de tal impugnación a los procesos ordinarios, excluyendo otra clase de asuntos como es el caso de los procesos abreviados, al margen de la cuantía o la naturaleza del asunto.

3. Para los efectos que interesan a la resolución que se toma, se tienen por demostrados los siguientes hechos relevantes:

a) Que la controversia versa sobre la posible incursión por parte de Cementos Argos S.A., en actos constitutivos de competencia desleal que ocasionaron perjuicios a Distribuidora La Trece & Cía. Ltda. (fls. 1 al 21).

b) Que el 14 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio admitió la demanda, impartiéndole el trámite abreviado (fl. 22).

c) Que en sentencia de primera instancia del 29 de junio de 2012, la citada Superintendencia negó las pretensiones (fls. 102 al 110).

d) Que el ad quem, en fallo del 8 de mayo de 2013, confirmó la anterior determinación (fls. 155 al 177).

No hay lugar a acceder a los reclamos de la promotora, por las siguientes razones:

a) En torno a las acciones derivadas de la competencia desleal, como la que ocupa la atención de la Corte, la Ley 256 de 1996 en su artículo 24, dispone que “[s]in perjuicio de lo dispuesto en las normas legales sobre protección al consumidor, los procesos por violación de normas de competencia desleal se tramitarán por el procedimiento abreviado descrito en el Código de Procedimiento Civil”.

El anterior precepto se complementa con la regla 144 de la Ley 446 de 1998, modificada por el canon 49 de la Ley 965 de 2005, según el cual, “[l]os procesos jurisdiccionales que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal, se seguirán conforme a las disposiciones del proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil. En caso de existir pretensiones indemnizatorias, estas se tramitarán dentro del mismo proceso”.

De la normatividad traída a colación emerge la improcedencia del remedio extraordinario, dado que el artículo 366 del estatuto procesal civil no lo contempla para los procesos abreviados.

b) El artículo 18 de la Ley 1395 de 2010 al reformar el 366 del estatuto procesal civil, dispuso que el recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia cuya resolución desfavorable al censor sea o exceda de cuatrocientos veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, “en procesos verbales de mayor cuantía o que asuman ese carácter, salvo los relacionados en el artículo 427 y en los artículos 415 a 426”.

El precepto en mención expresamente descarta la viabilidad del recurso de casación frente a los asuntos que se estuvieran tramitando por el procedimiento abreviado (artículo 415 del Código de Procedimiento Civil), exclusión que comprende los pleitos relacionados con competencia desleal que de acuerdo con la normatividad citada siguen dicha vía procesal.

La Corte expuso sobre el punto que “[e]n esos preceptos 415 a 426 están regulados los asuntos que se tramitan por la vía del abreviado; pero, a esa lista se integran aquellos a los cuales remiten otras normas especiales; tal es el caso de los artículos 24 de la Ley 256 de 1996 y 49 de la Ley 962 de 2005; es decir, el proceso abreviado en asuntos de competencia desleal. (…) La reforma introducida por la Ley 1395 al artículo 366, en su numeral 1, conserva el espíritu de este precepto desde antes de aquella: el recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en los procesos de conocimiento a los que la misma ley les asignó el trámite del ordinario de mayor cuantía. De otro modo no habría excluido a los enlistados en los artículos 415 a 426 y 427 citados. (…) En definitiva, lo que hizo la norma fue simplemente aclarar la procedencia del recurso de casación respecto de las sentencias dictadas en juicios que, por efecto de la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, ya no se tramitarán por los ritos del ordinario de mayor cuantía, sino del verbal; se adecuó el numeral 1 del aludido artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, a la nueva forma de trámite que ordenó la normatividad modificadora. (…) Ahora, fue voluntad expresa del legislador, plasmada en el artículo 22 de la Ley 1395 de 2010, que ‘Los asuntos de mayor y menor cuantía y los que no versen sobre derechos patrimoniales, se sujetarán al procedimiento del proceso verbal de mayor y menor cuantía’, y que ‘Todo proceso declarativo que pueda ser conocido por las superintendencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se sujetará a lo establecido en ese artículo’; pero, con lo dispuesto en el artículo 18 de la misma ley, tuvo la precaución de advertir que, a pesar de unificarlos en cuanto al rito para la primera y la segunda instancia, no lo serían para efectos del recurso extraordinario de casación. Eso es lo que significa la expresión ‘salvo los relacionados en el artículo 427 y en los artículos 415 a 426’. (…) En otros términos, ese cambio de trámite no sirve para extender la procedencia del recurso de casación a las sentencias dictadas respecto de los asuntos cuyo conocimiento y decisión tienen asignado el trámite abreviado en el Estatuto Procesal Civil actual” (auto del 24 de mayo de 2013, exp. 2013-00439-00).

c) Si bien el artículo 334 del Código General del Proceso extendió la casación a las sentencias de segunda instancia proferidas en toda clase de procesos declarativos, de conformidad con el numeral 6º del artículo 627 ibídem ese precepto entrará a regir el 1º de enero del año 2014, por lo que tampoco es factible invocarlo en este caso para colegir que estuvo mal denegado el recurso extraordinario.

6. En vista de lo expuesto, la queja materia de examen no tiene vocación de éxito.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por la demandante frente al fallo de 8 de mayo de 2013, expedido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso abreviado por competencia desleal de Distribuidora la Trece & Cía. Ltda contra Cementos Argos S.A.

2. Devolver la actuación a la dependencia de origen.

Notifíquese.

Magistrado: Fernando Giraldo Gutiérrez.