AUTO 2013-01622/58594 de mayo 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil diecisiete.

Rad. 540012333000 201301622 01

Nº interno: 58.594.

Actor: Departamento de Antioquia.

Demandados: Yolanda Pinto Afanador y otros.

Referencia: Medio de control de repetición —Ley 1437 de 2011—.

Temas: El auto que aprueba la liquidación, de las costas efectuada por secretaría es apelable / Agencias en derecho - su estimación debe hacerse con base en los artículos 361 y 365 del Código General del Proceso, así como también en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La procedencia del recurso de apelación y la competencia del despacho para resolverlo.

El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el proceso a esta corporación, para que se resolviera el recurso de apelación interpuesto contra el auto que aprobó la liquidación de las costas.

Considera el despacho que resultaba procedente que el departamento de Antioquía interpusiera ante el tribunal de primera instancia, recurso de reposición y en subsidio el de apelación con fundamento en el artículo 366 del Código General del Proceso, en contra del auto que aprobó la liquidación de las costas efectuada por la secretaría.

En efecto, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 estableció lo siguiente:

“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Así mismo, el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 estableció que:

“En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan”.

Las anteriores disposiciones deben entenderse como el reenvío normativo al Código General del Proceso, para efectos de liquidar, ejecutar y controvertir la condena en costas que se imponga en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en desarrollo de procesos regidos por la Ley 1437 de 2011 y, además, cuando se impone en la sentencia, como ocurre en este caso.

Ciertamente, lo relativo a la imposición de las costas se encuentra contenido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Así mismo, el numeral 5 del artículo 366 se refiere a la manera de controvertir la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho, así:

“5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo”. (se destaca).

Como el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 remite al Código General del Proceso para efectos de la imposición de la condena en costas, y parte de este tópico lo comprenden los recursos, aspecto no regulado por aquella ley, resultaba procedente acudir a los medios de impugnación previstos por el numeral 5 del artículo 366 del Código General del Proceso, en aras de oponerse al monto de las agencias en derecho tasadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Así las cosas, resultaba procedente la interposición de los recursos de reposición y apelación que se formularon en contra del auto que aprobó la liquidación de las costas, el proferido el 24 de octubre de 2016.

En suma, el recurso de apelación que se resuelve tiene como fundamento normativo el artículo 366 numeral 5 del Código General del Proceso y no la Ley 1437 de 2011, toda vez que en esta existe una vacío acerca de la manera de cuestionar la condena en costas (expensas del proceso y agencias en derecho) que impone esta jurisdicción.

Expuesto lo anterior, procede a explicarse porqué el auto objeto del recurso de apelación debe ser resuelto por este despacho y no por la Sala de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, las decisiones a que refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de esa misma legislación deben ser proferidas por la Sala y no por el magistrado ponente(15). Tales determinaciones son las que: i) rechacen la demanda, ii) decreten una medida cautelar y la que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite, iii) que ponga fin al proceso y iv) que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales.

Como el auto que aprobó la liquidación de las costas y que fue objeto de la apelación no encuadra en alguna de las hipótesis que deben ser resueltas por la Sala, corresponde al despacho decidir el recurso.

Resulta importante mencionar que no se trató de una providencia que pusiera fin al proceso, pues para el momento en que esta se expidió, el Tribunal Administrativo de Antioquia ya lo había hecho, mediante la Sentencia fechada el 29 de marzo de 2016.

En efecto, la doctrina resulta unísona en señalar que la sentencia constituye el acto procesal que pone fin al proceso. Así se ha pronunciado el tratadista Hernando Morales Molina:

“Una vez que el proceso está en condiciones para ser decidido, el juez debe pronunciarse sobre él por medio de la sentencia que es la resultante lógica del proceso y el modo normal de ponerle fin. La sentencia es el acto por el cual el juez decide el mérito de la pretensión y por tanto el judicial por excelencia(16)”.

Por su parte, de esta manera lo expresó el profesor Hernán Fabio López Blanco:

“Etimológicamente proceso significa acción de ir hacia adelante, conjunto de fases sucesivas que apuntan siempre a un fin determinado, el que dentro del derecho procesal es la consecución de una sentencia y es por eso que culmina normalmente el proceso cuando se obtiene la misma, no importa para nada el sentido de ella.

“Viene a ser la sentencia la forma normal, ordinaria, de finalizar el proceso civil y se presenta luego de superadas las etapas de instrucción y alegaciones usuales en las diversas legislaciones procesales que solo en ciertos casos pueden no observarse como cuando existe allanamiento en la demanda (...)(17)”.

La disposición legal que contiene las anteriores consideraciones doctrinales es el artículo 278 del Código General del Proceso, inciso segundo, enunciado normativo en el que se define a la sentencia como la actuación que decide “sobre las pretensiones de la demanda” y(18), por ende, finaliza el proceso.

En definitiva, el auto que aprobó la liquidación de las costas liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia no finalizó este proceso, sino que ello ocurrió con la Sentencia expedida el 29 de marzo de 2016.

Por lo expuesto anteriormente, el despacho puede resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de auto calendado el 24 de octubre de 2016, competencia que se deriva del inciso primero del artículo 150 de la misma ley(19).

2. El caso concreto.

Corresponde decidir si resulta posible o no reducir la condena en costas, en lo que tiene que ver con las agencias en derecho. Para resolver este asunto se abordarán los siguientes temas: a) las costas del proceso en relación con las agencias en derecho; b) no se demostraron en el expediente los argumentos de la apelación.

a) Las costas del proceso en relación con las agencias en derecho.

De acuerdo con el artículo 361 del Código General del Proceso, las costas se componen de los gastos del proceso y las agencias en derecho. Así lo estableció esta norma:

“Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.

“Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes”.

Los artículos 361 y 366 del Código General del Proceso disponen que para la liquidación de costas se fijarán las agencias en derecho con aplicación de las tarifas previstas por el Consejo Superior de la Judicatura. Además, que ante la existencia de tarifas mínimas y máximas el juez deberá tener en cuenta: i) la naturaleza, ii) la calidad y iii) la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, supuestos que deben ser valorados por el juez de la causa con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

Al respecto, el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló, en relación con los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en primera instancia con cuantía, una tarifa de hasta el 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia(20).

Es decir, como este caso se trató de un proceso de primera instancia ante esta jurisdicción, con cuantía, las agencias en derecho que se tasaron no debían superar el 20% de la pretensión de repetición.

Debe decirse que las agencias en derecho se reconocen a favor de la parte vencedora y que su monto, de acuerdo con los criterios arriba señalados, no necesariamente coinciden con los pagados al abogado(21), los cuales se fijan contractualmente.

b) La posibilidad o no de reducir la condena en costas, en relación con el monto de las agencias en derecho.

En el recurso de apelación se solicitó que se disminuyeran las agencias en derecho del 5% al 1% del valor de las pretensiones que se negaron, con fundamento en las siguientes razones:

“...se advierte que el caso sub judice corresponde a un proceso del medio de control de repetición, cuya duración fue aproximadamente de 2 años y 7 meses, y en el que no resultó necesario celebrar la audiencia de pruebas, pues como se puede ver en el Acta Nº 66 del 13 de mayo de 2015, además dé la ausencia del apoderado de la demandada, la decisión se basó en la prueba documental allegada al proceso por las partes y pruebas trasladadas de otros despachos judiciales mediante el diligenciamiento de exhortos, es decir, sin desconocer la labor del apoderado de la parte demandada, es claro que no hubo una circunstancia especial distinta al asesoramiento jurídico junto a las actividades que de él se derivan ...

“…no se observó una actividad desmesurada probatoriamente de la parte demandada, pues prueba de ello fue que no se practicaron pruebas testimoniales que solicitó y se ordenó en el decreto de pruebas el traslado de los testimonios de los señores Jorge Alonso Turbay Ceballos, Iván Echeverri Valencia y Carlos Wolff Isaza...(22)”. (se destaca).

En primer lugar debe decirse —contrario a lo que se expuso en la apelación— que sí se celebró audiencia de pruebas.

Ciertamente, en los folios 265 y 266 del cuaderno principal obra el Acta Nº 032 del 18 de marzo de 2015, que contiene la audiencia de pruebas, a la cual asistió el apoderado de los demandados.

Según esa acta, la audiencia se suspendió para que se recaudaran unas pruebas que no se habían allegado al expediente. También obra en el proceso, folio 317, el Acta Nº 066 del 13 de mayo de 2015, en la que se registró la continuación de la audiencia. A esta diligencia no asistió el apoderado de los demandados.

En segundo lugar, la actividad probatoria desplegada por el apoderado de los demandados resultó determinante para que se negaran las pretensiones de la demanda.

Las pruebas en que se apoyó el Tribunal Administrativo de Antioquia para su decisión fueron las que se transcriben a continuación, contenidas en el fragmento pertinente de la Sentencia calendada el 29 de marzo de 2016:

“Corresponde entonces determinar si de acuerdo con las funciones del ex gobernador Gaviria Correa, este fue negligente, imprudente o actuó con impericia para proferir los actos y se procede entonces analizar la prueba recaudada.

“En primer lugar, las sentencias del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquía aportadas con la demanda, dan cuenta de que el entonces gobernador solicitó autorización a la asamblea departamental para llevar a cabo la reestructuración y que una vez obtenida esa autorización, mediante Decreto 1474 de 2001 procedió a crear comités o grupos de apoyo para la reestructuración administrativa del departamento.

“Dan también cuenta los documentos aportados que para llevar a cabo el proceso de reestructuración a que obligaba la Ley 617 de 2001, la Gobernación de Antioquia solicitó asesoría técnica al Departamento Administrativo de la Función Pública, ente que para tal efecto designó al doctor (...), folio 173.

“De igual manera, los testimonios de los señores Jorge Alonso Turbay Ceballos, Carlos Hernán Wolff Isaza e Iván Echeverri Valencia traídos al proceso como prueba trasladada, todos ellos ex empleados de la gobernación en la administración del señor Gaviria Correa, son coincidentes en expresar que el proceso se llevó a cabo siguiendo todos los procedimientos legales, se contó con asesoría y que los estudios técnicos fueron elaborados por personas expertas en el tema.

“Este material probatorio permite afirmar a la Sala que está desvirtuado que el señor ex gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, haya incurrido en culpa grave en la expedición de los actos administrativos cuya nulidad dio lugar a esta acción y específicamente en lo que tuvo que ver con la elaboración de los estudios técnicos realizados para la supresión de cargos(23)”. (se destaca).

Del razonamiento seguido por el Tribunal Administrativo de Antioquia se tiene que las pruebas para descartar una culpa grave fueron las siguientes: las sentencias del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia, un documento obrante en el folio 173 que demuestran que el ex gobernador solicitó asesoría técnica al Departamento Administrativo de la Función Pública, así como las declaraciones testimoniales trasladadas de los señores Jorge Alonso Turbay Ceballos, Carlos Hernán Wolff Isaza e Iván Echeverri Valencia.

Resulta importante mencionar que tales medios de prueba se incorporaron al expediente: las referidas sentencias con la demanda; el documento que obra en el folio 173 del cuaderno principal contiene un oficio expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual se aportó con la contestación de la demanda y el traslado de las declaraciones testimoniales se solicitó con la contestación de la demanda.

En suma, dos de los tres medios de pruebas en que se fundamentó la ausencia de culpa grave —razón por la que se negaron las pretensiones de la demanda— se incorporaron al expediente a través del apoderado de los demandados.

Del recuento procesal expuesto, debe señalarse que carecen de fundamento los argumentos de la apelación. Por cierto, sí se celebró audiencia de pruebas, cosa distinta es que se haya llevado a cabo en dos días diferentes porque se suspendió y que a la segunda, a diferencia de la primera, el apoderado de los demandados no asistió.

Tampoco se comparte la apreciación de la apelación, en el sentido de restarle importancia al ejercicio del derecho de defensa por parte de los demandados. Por el contrario, se considera que resultó determinante para exonerarlos de responsabilidad.

Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones expuestas en al acápite anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquía podía fijar las agencias en derecho hasta en el 20% del valor de las pretensiones, a partir de la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado de los demandados.

Según el expediente, se tiene que el tribunal justificó su estimación de las agencias en derecho con base en las circunstancias del proceso, a saber:

Así se dijo en el Auto fechado el 28 de abril de 2016, por medio del cual se fijaron las agencias en derecho:

“Por lo anterior, el valor de las agencias en derecho a cargo de la entidad demandante asciende a $ 14'767.742, equivalentes al 5% de la suma discutida conforme a la estimación razonada de la cuantía presentada en la demanda, teniendo en cuenta que las diversas actuaciones desplegadas por la apoderada de la demandada, estuvieron encaminadas a ejercer su derecho de defensa, de manera efectiva durante la primera instancia y que el proceso tuvo un tiempo de duración de aproximadamente 2 años y 7 meses(24)”.

De esta forma se razonó en la providencia fechada el 17 de noviembre de 2016, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la decisión que aprobó la liquidación de las costas y concedió el de apelación:

“...advierte esta agencia judicial que en efecto, si bien el proceso no fue de alta complejidad ni hubo intervención de litisconsortes para que puedan ascender al 20%, la duración del mismo fue alrededor de 2 años y 7 meses, y se evidenció diligencia por parte del abogado del demandado y actividad probatoria ya que se celebraron tres audiencias (inicial y 2 de pruebas)...(25)”.

De lo transcrito puede señalarse que el tribunal, para estimar las agencias en derecho en el 5% del valor de las pretensiones tuvo en cuenta la duración del proceso, así como también la manera como ocurrió el ejercicio de mandato, al señalar que fue diligente y que desplegó actividad probatoria. Ciertamente, se comparten estas afirmaciones en vista de que las pruebas aportadas con la defensa fueron determinantes para que no se accediera a la pretensión de repetición.

Adicionalmente, tuvo razón el Tribunal Administrativo de Antioquia cuando puso de presente que hubo audiencia de pruebas, aspecto acerca del cual se equivocó el recurso de apelación al señalar lo contrario.

Como conclusión, se debe confirmar el auto apelado porque el tribunal de primera instancia estimó las agencias en derecho con base en la realidad procesal y los parámetros señalados por el Código General del Proceso, así como por el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. Además, se desvirtuaron los argumentos de la apelación.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto fechado el 24 de octubre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(15) “Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este código serán de la Sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”. (se destaca).

(16) MORALES MOLINA, Hernando. Curso de derecho procesal civil, parte general, undécima edición, Bogotá, Editorial ABC, 1991, pp. 508-509.

(17) LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil, tomo 1 general, Bogotá, Dupre Editores, 2012, pp. 1021-1022.

(18) “(...).
Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en qué se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.
“(...)”. (se destaca).

(19) “ART. 150.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.

(20) “Contencioso Administrativo.
“3.1. Asuntos.
“(…).
“3.1.2. Primera instancia.
“Sin cuantía: Hasta quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

(21) Criterio aceptado por la Corte Constitucional en Sentencias C-043 de 2004, exp. D-4695, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-539 de 1999, exp. D-2313, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(22) Folio 396 del cuaderno del Consejo de Estado.

(23) Folios 375-376 del cuaderno del Consejo de Estado.

(24) Folio 380 del cuaderno principal.

(25) Folio 406 del cuaderno del Consejo de Estado.