Auto 2013-01683 de febrero 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Consejera ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez De Páez (E)

Bogotá D.C., catorce de febrero de dos mil catorce.

Ref. Exp. 110010325000201301683 00.

No. interno: 4337-2013.

Actor: Manuel Muñoz Álvarez.

Autoridades nacionales.

Demanda ejecutiva.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El asunto se contrae a establecer si la demanda ejecutiva presentada por la apoderada del señor Manuel Muñoz Álvarez, es de competencia del Consejo de Estado en única instancia.

De la norma procesal aplicable.

El artículo 128 del CCA, que estableció la “competencia del Consejo de Estado en única instancia”, fue derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, que se encuentra vigente desde el 2 de julio de 2012. Empero, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(1) dispone la excepción de la aplicación de las Leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, es decir, la excepción de la aplicación de la Ley procesal, en cuanto a que los términos que hubieren empezado a correr, así como las diligencias que estuvieren iniciadas, entre otras, deben continuarse con la Ley vigente al tiempo de su iniciación.

A su turno, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, fue modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio del cual se expide el Código General del Proceso”, vigente a partir del 12 de julio de ese año con el siguiente tenor literal:

“ART. 624.—Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad. 

(...)” (subrayas y negrillas fuera de texto).

Los artículos 297 y 298 del CPACA, regulan los requisitos, trámite, procedimiento y competencia de los procesos ejecutivos frente a las sentencias ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas de dinero, caso en el cual, si transcurrido un (1) año de su ejecutoria, no se ha cancelado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento.

La normativa en mención, es del siguiente tenor literal:

“ART. 297.—Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

“ART. 298.—Procedimiento. En los casos a que se refiere el numeral 1º del artículo anterior, si transcurrido un(1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sinexcepción alguna el juez que la profirió ordenará sucumplimiento inmediato.

En los casos a que se refiere el numeral 2º del artículo anterior, la orden de cumplimiento se emitirá transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. El juez competente en estos eventos se determinará de acuerdo con los factores territoriales y de cuantía establecidos en este código.

(...)” (subrayas y negrillas fuera de texto).

De las normas transcritas se desprende que sí existe regla especial de competencia para los procesos ejecutivos en el CPACA, la cual se circunscribe concretamente al juez que profirió la sentencia, para el cumplimiento del fallo condenatorio que para efectos de este código constituya título ejecutivo, y en el presente caso el competente es el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

En el sub lite, la Sentencia fue proferida el 27 de marzo de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedó ejecutoriada el 9 de mayo del mismo año (fl. 24); de tal forma que el derecho se hizo exigible a partir del día siguiente hábil(2) en atención a Ley 4ª de 1913(3) inciso 2º del artículo 62(4), esto es, el 12 de mayo de 2003, fecha a partir de la cual se cuenta el término de un (1) año para la cancelación del título ejecutivo, y si transcurrido ese plazo la sentencia condenatoria no se ha pagado, el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.

La demanda fue incoada el 7 de noviembre de 2013 (fl. 52 vto), la norma vigente al momento de formulación del libelo para el trámite del proceso ejecutivo es la Ley 1437 de 2011, por lo que se procederá a la remisión del proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca de conformidad con los artículos 297 y 298 del CPACA.

En conclusión, esta corporación carece de competencia para conocer del presente asunto, razones por las cuales se remitirá el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue el juez que profirió el fallo de 27 de marzo de 2003, para que ordene el cumplimiento inmediato de la sentencia, si ésta aún no se hubiere pagado.

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE:

REMÍTASE el presente proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que de cumplimiento al artículo 298 del CPACA.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Establece las reglas generales sobre la aplicación de las leyes, y que cuando se advierta incongruencia u oposición entre una ley anterior y otra posterior, las autoridades judiciales deberán observar las reglas contenidas en esta normativa (art. 1º).

(2) Sentencia C-767-10 de 22 de septiembre de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, en donde la Corte Constitucional señaló que cuando la ley o un acto se refiera a “días” como lo determina la Ley 4ª de 1913, estos deben entenderse como “hábiles”.

(3) Sobre régimen político y municipal.

(4) “Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o vacante, se entenderá el plazo hasta el primer día hábil”.