Auto 2013-02020 de enero 24 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION CIVIL

AC143-2014

Radicación: 11001-02-03-000-2013-02020-00

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de dos mil catorce.

Resuelve la Corte lo pertinente respecto del recurso de queja interpuesto por el demandado frente al auto de 17 de junio de 2013, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró desierto el de casación del fallo de 22 de agosto de 2011, dictado dentro del proceso ordinario de Doris Elena Gómez Aguirre contra José del Carmen Barros Redondo.

Antecedentes

1. La actora pidió declarar que entre ella y el demandado existió una unión marital de hecho, desde el 18 de enero de 1991 hasta el 3 de noviembre de 2000, con la consecuente sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que está disuelta y debe liquidarse (fls. 3 y 4, cdno. 1).

2. El Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla desestimó tales súplicas, en fallo de 30 de enero de 2006, que apeló la promotora (fls. 926 al 980, cdno. 1).

3. El superior, en sentencia de 22 de agosto de 2011, revocó la decisión y, en su lugar, declaró la existencia de la unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre las partes, desde el 18 de enero de 1991 hasta el 3 de noviembre de 2000, fecha de su disolución, y ordenó su liquidación (fls. 117 al 127, cdno. 10).

4. El opositor recurrió en casación y ofreció prestar caución para responder por los perjuicios que pudiese ocasionar a su contendiente con la suspensión de lo resuelto (fl. 130, cdno. 10).

5. En relación con esa impugnación se presentaron las siguientes situaciones:

a) Fue concedida en auto de 12 de diciembre de 2011, sin exigir garantía porque “la unión marital de hecho es una especie de estado civil” (fls. 149 y 160, cdno. 10).

b) La Corte declaró prematuro el pronunciamiento del ad quem, en auto de 16 de marzo de 2012, en vista de que el “fallo opugnado no versa exclusivamente sobre el estado civil”, pues, el mismo comprendía la disolución y liquidación de la comunidad de bienes, que es susceptible de cumplimiento (fls. 17 al 22).

c) El juzgador de segundo grado procedió así:

(i) Designó perito para cuantificar las pretensiones del libelo, el 17 de julio de ese mismo año (fls. 157 y 158, cdno. 10).

(ii) Concedió el recurso extraordinario, el 4 de diciembre siguiente, ordenando al interesado pagar los portes, suministrar dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria lo necesario para expedir las copias requeridas para el cumplimiento del fallo y “prestar caución para efectos de la suspensión del cumplimiento de la sentencia; por valor de $ 1.405.121,68, la cual podrá ser prestada en dinero, compañía de seguros, real o bancaria” (fls. 172 al 174, cdno. 10).

(iii) Repuso el anterior proveído, el 6 de marzo de 2013, en cuanto al monto de la garantía, que fijo en un mil cuatrocientos trece millones ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos ($ 1.413’174.956), a constituir en diez (10) días “contados a partir de la notificación del presente auto” (fls. 190 al 192, cdno. 10).

(iv) Declaró desierto “el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada”, el 17 de junio de 2013, porque “el no haber aportado la caución para suspender el cumplimiento de la sentencia, si bien no impedía el trámite del recurso de casación; lo cierto es que el no suministro de lo necesario para la expedición de las copias por parte del recurrente dentro de los términos señalados trae como consecuencia” ese efecto (fls. 160 al 163, cdno. 10).

d) El contradictor pidió reponer el último pronunciamiento citado y, en subsidio, que se le expidieran «copias de la providencia recurrida y de las demás piezas conducentes para interponer el recurso de queja» (fls. 164 al 167, cdno. 10).

e) El tribunal rechazó por improcedente el ataque horizontal e impartió las instrucciones necesarias para acudir por esta vía, el 17 de julio de 2013 (fls. 181 y 182, cdno. 10).

6. El costo de las reproducciones dispuestas fue pagado el 24 próximo (fl. 185, cdno. 1); el 12 de agosto se dio aviso para su retiro, lo que aconteció el 15, y se presentó la sustentación el 23 de agosto (fls. 1 al 9), todo ello en términos.

7. El censor argumenta que es procedente el reclamo porque el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil establece que:

(…) el recurso ordinario de queja cabe “cuando se deniegue el de casación” referencia que resulta ser suficientemente amplia para permitir que allí queden comprendidas todas las providencias mediante las cuales el ad quem decida no darle trámite al recurso de casación, bien sea negando su concesión o declarándolo desierto. Si el legislador no hizo diferenciación alguna, mal puede hacerla el intérprete, máxime si dicha distinción conduce a la privación del ejercicio del derecho a la impugnación.

8. Por secretaría se corrió el correspondiente traslado mediante fijación en lista el 29 de agosto de 2013 (fl. 12), habiéndose guardado silencio por su contradictor.

9. Con antelación a resolver lo correspondiente a la queja, se rechazó de plano la nulidad que en el mismo escrito planteó el inconforme, mediante proveído de 25 de noviembre de esa misma anualidad.

Consideraciones

1. Los medios de contradicción que confiere la ley procesal a los litigantes, como un mecanismo para hacer que la misma administración de justicia enmiende cualquier yerro en su actuar, no son ilimitados ni ajenos al procedimiento, pues, para su ejercicio hay que tener en cuenta que son taxativos, además de que cada uno posee unas particularidades que los diferencian y los convierten en idóneos para atacar las decisiones de los falladores.

La Sala sobre el particular, en auto del 21 de marzo de 2013, radicación 2012-00973, precisó que

A pesar de que los recursos se encuentran instituidos como garantías procesales, para evitar la perennidad de los yerros en que pueda incurrir el funcionario judicial, no son ajenos a la regulación que de ellos se hace en las normas adjetivas. Es así como obedecen a patrones de restricción, oportunidad, demostración y cumplimiento de las cargas procesales que les son implícitas, como el pago de expensas y portes, en los casos que lo requieran (…) Sobre la especificidad que los caracteriza, tiene dicho la Corte que “[e]n el foro colombiano absolutamente nadie discute el carácter extraordinario del recurso de casación, lo que traduce, si se quiere, que en su ámbito es mayor el apogeo del principio de la taxatividad que rige a todos los medios de impugnación. A ello bien puede adicionarse que las normas excepcionales son de interpretación estricta y alcance restricto, a fin de encontrar, en la sumatoria de los argumentos expuestos, que el singular recurso no es viable respecto de todas las providencias judiciales sino sólo frente a las que la legislación determina como susceptibles del mismo” (auto, ene. 14/2003, exp. 2002-00213).

2. Los artículos 25, 370 y 377 del Código de Procedimiento Civil, en lo que se refiere al recurso extraordinario de casación, señalan con estrictez qué clase de providencias son susceptibles de impugnar por vía de queja, circunscribiéndolo al auto que lo deniega y al que lo declara desierto, pero, en este último caso, únicamente cuando el censor no presta la colaboración necesaria para cuantificar su interés.

3. Tienen trascendencia en este caso en particular lo que a continuación se relaciona:

a) Que el demandado recurrió en casación la sentencia de segundo grado (fl. 130, cdno. 10).

b) Que el tribunal concedió la impugnación en auto de 4 de diciembre de 2012, en el cual se señalaron al opugnador algunas cargas procesales (fls. 172 al 174, cdno. 10).

c) Que en pronunciamiento de 17 de junio de 2013, se declaró desierto «el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada», como consecuencia del incumplimiento de los deberes impuestos (fls. 160 al 163, cdno. 10).

d) Que el cuestionamiento se propone frente a esta última decisión (fl. 3).

4. La queja planteada es inviable, toda vez que el recurso de casación no fue denegado sino que por el contrario se concedió.

El que se truncara su curso, derivando en deserción, fue el producto de la insatisfacción de obligaciones que competían al interesado y cuyo control corresponde al fallador de segunda instancia, sin que este supuesto corresponda a alguno de los que expresamente contempla la ley como susceptibles de examen por esta senda.

Como se señaló con antelación, solamente se contempla la queja por deserción del recurso en el evento del artículo 370 del estatuto procesal civil, esto es, cuando antes de pronunciarse el tribunal sobre la procedencia o no del ataque, se requiere de la colaboración de la parte afectada en la cuantificación del interés, entendiéndose renuente a ello. Situación que difiere ostensiblemente de la que aquí acontece.

5. La corporación en auto de 8 de junio de 2010, radicación 2010-00563, al respecto recalcó que

De conformidad con lo establecido en el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, y en relación con lo que es materia del pronunciamiento de la Corte, debe tenerse en cuenta que el recurso de queja procede contra el auto que deniegue el de casación, y no contra el que lo declara desierto, salvo el evento especial consagrado en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, que no tiene ocurrencia en el asunto que se resuelve (…) Ya la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta temática así: “el auto que declara desierto el recurso de casación y el que niega la concesión del interpuesto, si bien aparentemente son decisiones que por alguno de sus efectos permiten asimilarlas, no son sin embargo idénticas, desde luego que cada una corresponde a situación jurídicamente diferente. Obedece el primero de dichos autos al supuesto de que, por la omisión de una conducta de realización facultativa establecida en el exclusivo interés de un litigante, su inactividad conduce a situarlo en posición desfavorable en el proceso, como es, por ejemplo la ejecutoria de una providencia que le es perjudicial; el segundo en cambio corresponde a la hipótesis de que el juez de instancia, por estimar que el recurso de casación interpuesto es improcedente según la ley, deniega la concesión” (auto, ago. 27/75, sin publicar).

6. En consecuencia, como se arremete contra una providencia que no es susceptible de este escrutinio, no se avocará su estudio.

Decisión

Con base en lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

Primero: Rechazar, por improcedente, el recurso de queja del demandado frente al auto de 17 de junio de 2013, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla declaró desierto el de casación del fallo de 22 de agosto de 2011, dictado dentro del proceso ordinario de Doris Elena Gómez Aguirre contra José del Carmen Barros Redondo.

Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen.

Notifíquese.

Magistrado: Fernando Giraldo Gutiérrez.