Auto 2013-02102 de enero 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 11001 02 03 000 2013 02102 00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., catorce de enero de dos mil catorce.

Procede la Corte a dirimir el conflicto de competencia suscitado entre los juzgados Cuarto de Familia de Medellín (Antioquia) y Familia de Calarcá (Quindío), respecto del conocimiento del cobro compulsivo de cuotas alimentarias, promovida por Carlos Andrés Lopera Betancur contra Eutimio de Jesús Lopera Betancur.

Antecedentes

1. El actor, valido de los documentos necesarios que lo acreditan como acreedor del demandado, presentó, a través de apoderado constituido al efecto, demanda ejecutiva de alimentos contra su padre por cuotas atrazadas no canceladas desde el año 2001.

2. El libelo incoativo, desde el comienzo (jul./2013), fue dirigido al Juez de Familia de Calarcá, funcionario que declinó su conocimiento arguyendo para tal determinación que “no es posible asumir competencia por este despacho para conocer del presente proceso, ya que como se indicó en el acápite de notificaciones de la presente acción, el demandado posee su domicilio en la ciudad de Medellín, Antioquia, ostentando la competencia por razón de territorio los jueces de familia de reparto de dicha ciudad (…)”. Y, ciertamente, según auto de diez (10) de julio del presente año, dispuso la remisión a esos despachos.

3. El asunto, luego del respectivo reparto, fue asignado al Juzgado Cuarto de Familia de Medellín, el que a través del proveído de veintiuno (21) de agosto de esta misma anualidad, rehusó aprehender el conocimiento atribuido y generó el conflicto que ocupa a la Corte.

La razón expuesta para declinar la competencia fue, en esencia, que el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, estableció una “competencia especial”, al disponer que la ejecución de una sentencia debía asumirla quien impuso la respectiva condena, por ello, arguyó dicho funcionario, a diferencia de lo considerado por el Juez de Familia de Calarcá, la regla que debía operar no era la prevista en el numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.

Aquel funcionario agregó que por disposición del artículo 2º de la Ley 153 de 1887, en la medida en que el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, estaba ubicado posteriormente al artículo 23 de la misma obra, su aplicación debía prevalecer.

4. Consecuente con lo anterior, el último de los juzgadores propuso el conflicto que ocupa la atención de la Sala.

5. El trámite previsto en esta corporación para esta clase de asuntos fue agotado a plenitud.

Consideraciones

1. Cumple decir, primeramente, que cuando dos funcionarios judiciales discrepan sobre a cuál de ellos le corresponde asumir el conocimiento de un determinado asunto contencioso, siendo los mismos de diferente Distrito Judicial, la ley ha facultado a la Corte Suprema de Justicia para resolver tal confrontación (art. 7º L. 1285/2009, reformatorio del art. 16 L. 270/96, estatutaria de la administración de justicia y, el 28 del CPC).

En el presente asunto, ha surgido un conflicto negativo de competencia entre el Juez de Familia de Calarcá y el Juez Cuarto de Familia de Medellín, el primero pertenece al Distrito Judicial de Quindío mientras que el segundo al de Medellín, por tanto, siendo disímiles tales circunscripciones territoriales, esta corporación está llamada a dirimir la contienda.

2. Definir el funcionario judicial que debe, en un momento determinado, asumir el conocimiento de un conflicto, impone observar un mínimo de reglas que la doctrina ha denominado fueros y que son aspectos relacionados con las personas vinculadas al pleito, la naturaleza o cuantía del asunto litigado, el sitio en donde ocurrieron los hechos, el domicilio de la parte demandada, la calidad del funcionario que conoce del debate, etc. Una u otra de esas circunstancias, ya de manera individual o conjunta, definen al juez natural.

3. Y en algunos eventos, la propia normatividad establece, según las particulares circunstancias que rodean el caso, de las situaciones descritas cuales prevalecen respecto de otras (CPC, arts. 22 y 24). También prevé la ley cuándo al actor tiene, ante la presencia de varias de esas hipótesis, la potestad de hacer la selección pertinente (art. 23 ib), y a partir de esa escogencia definir qué funcionario es el llamado a aprehender el conocimiento del litigio.

4. En el caso bajo análisis, en lo que respecta a las causas propiamente dichas que originaron la confrontación, aparece que el motivo de la controversia radica en si se aplica para asumir el conocimiento de la demanda ejecutiva de alimentos la regla general de competencia contemplada en el numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, o, por el contrario, corresponde hacer regir las directrices previstas en normas especiales, particularmente, las incorporadas en el artículo 335 ibídem.

4.1. Cumple decir que a partir de la adopción de la Ley 794 de 2003, modificatoria del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, fue establecido que ante la necesidad de hacer efectiva la obligación impuesta en una providencial judicial, “el acreedor deberá solicitar la ejecución, ante el juez de conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada”. De donde surge que el funcionario competente en forma exclusiva en procura de la satisfacción del derecho reconocido en una sentencia no es otro que aquel que impuso la condena.

En efecto, a diferencia del texto señalado precedentemente, que rige en la actualidad, la norma modificada decía: “Vencidos los términos señalados en los incisos anteriores, la ejecución solo podrá demandarse en proceso separado, ante el juez competente, conforme a las reglas generales”. Y, precisamente, esa novedosa redacción condujo a inferir que el propósito del legislador no era otro que asignar al mismo funcionario la potestad de conocer la ejecución de la decisión prohijada.

6. Plasmado lo anterior, no hay duda que los argumentos expuestos por el funcionario de familia de Calarcá, ante quien se radicó en principio la demanda ejecutiva, no son de recibo habida cuenta que la propia ley procesal estableció un fuero de atracción y, el mismo, respecto de las demás situaciones definidoras de competencia, prevalece y excluye las restantes circunstancias.

7. Pero además de ello, existe otra situación que devela el error del primer juzgador, dado que al momento de declinar el conocimiento de la controversia, vindicó la regla del numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, es decir, adujo que el domicilio del demandado definía al juez competente y que el mismo al corresponder a la ciudad de Medellín, allí debía remitirse el expediente; sin embargo, al revisar el libelo incoativo, puede establecerse que el actor ni siquiera señaló el domicilio del deudor, solo informó el lugar en donde dicha parte recibiría notificaciones y como lo ha señalado reiteradamente la Corte, uno y otro concepto difieren y, según la ley, es el domicilio y no el lugar de notificaciones, el aspecto que define el funcionario competente.

8. No empece tal equivocación que, desde luego, libera al Juzgado 4 de Familia de Medellín de asumir la competencia, no significa per se que el juez de esa especialidad en la ciudad de Calarcá sea el llamado a conocer del conflicto, porque al leer la providencia que impuso la condena objeto de la ejecución, se observa que no fue él quien la emitió, sino su homólogo de Armenia (fls. 5 a 9), por tanto, en aplicación de la norma atrás memorada (art. 335 ib.), que, sin duda, es la disposición que gobierna el caso bajo estudio, le corresponderá a dicho juzgador aprehender el conocimiento de la ejecución de la obligación constituida.

En un evento de similar textura, la corporación expuso:

“No obstante ello, atendiendo las pretensiones insertas en el libelo incoativo, observa la Sala que la causa litigiosa no puede ser conocida por ninguno de los despachos judiciales vinculados a este conflicto, pues, ciertamente, en lo que refiere al juez de Bogotá, no alcanza su potestad jurisdiccional hasta el sitio en donde debía cumplirse el contrato; y, alusivo la Unidad Judicial de Gachancipa – Tocancipá, tampoco puede aprehender conocimiento en razón a la cuantía, dado que el asunto trasciende los límites que le están autorizados conocer” (A. mar. 28/2008, Exp. 2007 02057 00).

8. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Juzgado Tercero de Familia de la ciudad de Armenia, oficina en donde se tramitó el proceso de alimentos cuya sentencia se pretende ejecutar y, comunicar lo decidido a los juzgados de Familia de Calarcá (Quindío) y Cuarto de Medellín.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. DECLARAR que el conocimiento del presente asunto deberá asumirlo el Juzgado Tercero de Familia de Armenia (Quindío).

COMUNICAR lo decidido a los juzgados en conflicto, haciéndoles llegar copia de esta providencia.

2. REMITIR el expediente al juzgado referido en el numeral primero de este proveído.

3. La secretaría librará los oficios correspondientes. Además, dejará las constancias del caso.

Notifíquese y devuélvase.

Margarita Cabello Blanco