Auto 2013-02188 de enero 15 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. Exp. 11001-02-03-000-2013-02188-00

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D.C., quince de enero de dos mil catorce.

Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de revisión promovida por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.

I. Antecedentes

1. Carlos Paz Méndez promovió un proceso abreviado contra la Empresa de Energía de Bogotá, S.A., a fin de obtener la declaración de existencia de una servidumbre de hecho de conducción de energía eléctrica de la que se beneficia esa entidad, con la correspondiente indemnización de perjuicios por la afectación que ha sufrido el predio de su propiedad. [Fl. 22]

2. La primera instancia se adelantó en el juzgado dieciocho civil del circuito de Bogotá y finalizó con sentencia que negó las pretensiones de la demanda. [Fl. 20]

3. El 31 de agosto de 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la anterior decisión para, en su lugar, declarar la existencia de la servidumbre e imponer la respectiva condena al pago de unas sumas de dinero por concepto de la ocupación de hecho. [Fl. 21]

4. El 16 de mayo de 2012, la empresa demandada formuló recurso extraordinario de revisión contra la mencionada providencia, el cual fue admitido por esta Corte y se está surtiendo en el despacho de otro magistrado. [Fl. 24]

5. En el escrito que dio origen al presente pronunciamiento, la impugnante formuló una segunda demanda de revisión contra la misma sentencia, con sustento en causales y fundamentos distintos a los invocados en el primer libelo, proceder que justificó en que “no existe ninguna restricción que impida promover dos demandas de revisión en forma oportuna, ni que la ley consagra alguna especie de preclusión o agotamiento del derecho a impugnar como consecuencia de la presentación de una primera demanda de revisión...”, y sobre el supuesto de que “una vez sea admitida esta demanda de revisión, se solicitará su acumulación con la que actualmente se tramita...”. [Fl. 24]

II. Consideraciones

1. Según lo establece el artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de revisión se interpone y sustenta en un mismo acto, mediante escrito que la ley procesal denomina “demanda” de revisión, la cual debe contener los requisitos enlistados en esa misma disposición para poder ser admisible y objeto de estudio en el fondo.

Nada obsta para que ese libelo pueda ser retirado o sustituido por el impugnante las veces que quiera, mientras el auto que lo admita no haya sido notificado a ninguno de los demandados y siempre que no haya vencido el término de caducidad para proponer el recurso.

Pero si el auto admisorio de la demanda de revisión se notifica al demandado, entonces se produce el agotamiento del respectivo acto procesal, sin que resulte posible al impugnante reformar su escrito de impugnación, por prohibición expresa del inciso 5º del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor literal señala: “En ningún caso procederá la reforma de la demanda de revisión”.

De igual modo, esta Sala ha considerado de manera invariable que cuando se rechaza la demanda de revisión por no haberse subsanado los defectos advertidos en el auto de inadmisión, consistentes en deficiencias u omisiones imputables exclusivamente a culpa del recurrente, se produce la consumación del acto procesal respectivo, y por tanto, precluye la oportunidad para ejercitarlo nuevamente, aun cuando no se encuentre vencido el plazo que la ley establece para proponerlo.

Estos postulados obedecen a la recta aplicación del principio de preclusión o consumación procesal, el cual supone que los derechos y las facultades procesales se extinguen una vez han sido ejercitados, o cuando vence el término respectivo sin que se haga uso de ellos, no siendo posible su ejercicio en una nueva oportunidad. Así, por ejemplo, la facultad de contestar la demanda se agota una vez que se ha contestado; del mismo modo en que el derecho a interponer un determinado recurso se consuma con su formulación, sin que sea posible hacerlo de nuevo con el pretexto de que se incurrió en error u olvido. Los derechos y cargas procesales fenecen, entre otras causas, por la aplicación del principio de preclusión o consumación procesal.

Este axioma está íntima e indisolublemente ligado al principio de eventualidad, por cuya virtud las partes deben hacer valer y ejercitar en cada uno de los diversos períodos en que claramente se divide el proceso, todos los hechos o cuestiones propias de dicha actuación sobre los que deseen un pronunciamiento judicial, para el evento de que más tarde les puedan ser útiles, aunque por el momento no lo sean; pues salvadas algunas excepciones, les está prohibido hacerlo más adelante y en período distinto.

“Esta imposibilidad —explica Eduardo Pallares— es la que se establece mediante el sistema de las preclusiones, que no son otra cosa que la pérdida de un derecho o de una facultad procesal, no ejercitada en tiempo oportuno” (Diccionario de Derecho Procesal. Pág. 627)

Por aplicación del principio de eventualidad, por ejemplo, el demandante ha de hacer valer en su demanda todos los fundamentos de hecho de la acción que ejercita; así como el demandado debe oponer en su debida oportunidad todas las excepciones que tenga; en tanto que las partes han de ofrecer y rendir todas las pruebas en la fase que la ley tiene prevista para tales efectos; mientras que el impugnante está compelido a sustentar su recurso mediante el señalamiento de todos los fundamentos de hecho y de derecho que considere han sido materia de agravios por parte de la decisión censurada.

Frente a las posibles formas en que estos principios operan, la doctrina procesal más autorizada tiene dicho que la preclusión “resulta, normalmente, de tres situaciones diferentes: a) por no haberse observado el orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; b) por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha)”. (Eduardo Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, pág. 196)

Respecto de los efectos que producen estos principios, esta Sala ha manifestado: “... si generalmente se ha entendido el concepto de la preclusión como la pérdida de una facultad procesal, por no haberse ejecutado el acto correspondiente dentro de los términos demarcados para él por la ley, pues que cerrada una etapa del proceso se debe pasar a la siguiente sin posibilidad de regreso, es lo cierto que también opera la preclusión cuando dentro de la oportunidad indicada el litigante ejercita la facultad, así lo sea infructuosa o ineficazmente. Si el derecho se ejercitó anteriormente, la resolución judicial correspondiente debe producir como efecto la clausura de la respectiva etapa del proceso, impidiendo que el mismo derecho pueda repetirse, para no abrir la puerta por la que ingresarían a aquel el desorden y la incertidumbre.

(...).

“Tratándose, pues, de un recurso, la interposición de la revisión, así lo sea en forma inepta o inidónea, tiene que producir como efecto la consumación del acto procesal y por ende la preclusión del derecho a ejercerlo, el que consiguientemente no podrá repetirse por el mismo litigante con apoyo en idénticos motivos, muy a pesar de que aún no haya vencido el plazo establecido por la ley para proponerlo...” (G.J. t. CXLVIII, primera parte. pp. 232 a 234)

En conclusión, si el impugnante en revisión no aduce en la sustentación de su recurso todos los fundamentos de hecho o causales en que se apoya su reproche, por olvido, descuido, negligencia o cualquier otra razón atribuible a él mismo, entonces le estará vedado hacerlo en una nueva oportunidad, por operancia del principio de preclusión, consumación o eventualidad; sobre todo cuando la ley procesal prohíbe de manera expresa e inequívoca la reforma de la demanda de revisión.

2. En la solicitud que es objeto del presente pronunciamiento, el litigante manifestó que interpuso la demanda de revisión ante esta misma Corte en una oportunidad anterior, y que su conocimiento correspondió al despacho de otro magistrado, donde actualmente se encuentra en etapa probatoria (fl. 24).

Luego, está al margen de toda duda que fue en aquel acto procesal donde debió expresar todos los fundamentos que habrían de sustentar su recurso; sin que en modo alguno le esté permitido alegar otras causales en una nueva demanda, so pretexto de pedir su posterior acumulación, por la recta aplicación del principio de preclusión o eventualidad, como se explicó con precedencia.

De no aceptarse esta conclusión, habría que admitir el argumento antijurídico y absurdo de que el ejercicio del recurso extraordinario de revisión no se agota con su interposición sino que las partes pueden hacer uso de él indefinidamente tantas veces lo deseen; contraviniendo los principios generales del proceso que han quedado explicados líneas arriba, y desconociendo la prohibición de reformar la demanda de revisión que consagra la ley adjetiva, pues es esto último, precisamente, lo que pretende el peticionario al aducir en esta ocasión, mediante una “nueva demanda”, las causales y fundamentos que debió esgrimir en el momento en que formuló por primera vez el mencionado medio de defensa.

3. Por las razones que han quedado consignadas, se rechazará la solicitud que dio origen al presente pronunciamiento, ante su notoria improcedencia.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, SE RESUELVE:

1. RECHAZAR la solicitud que dio origen al presente pronunciamiento y que el peticionario denominó “nueva demanda de revisión” contra la sentencia dictada el 31 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso abreviado que se mencionó.

2. Previas las constancias de rigor, DEVOLVER los anexos del escrito, sin necesidad de desglose.

3. RECONOCER personería para actuar al abogado Henry Sanabria Santos como mandatario judicial de la recurrente, en los términos y para los fines del poder conferido.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrado: Ariel Salazar Ramírez.