Auto 2013-02346 de diciembre 4 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Rad.: 11001010200020130234600

Aprobado según Acta 92 de la fecha.

Ref.: Conflicto de Jurisdicciones.

Tema: Demanda ordinaria de pago de lo no debido.

Decisión: Asigna a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Colisionantes: Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali - Juzgado Tercero Administrativo Oral de la misma ciudad.

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil trece.

Asunto a tratar

Procede la Sala a pronunciarse respecto del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali y el Juzgado Tercero Administrativo de la misma ciudad, con ocasión del conocimiento de la demanda ordinaria de pago de lo no debido, instaurada por Cajanal EICE en Liquidación a través de apoderado el doctor Eduardo Camilo Martínez Cerón, contra la señora Nidia María Gutiérrez de Salazar.

Antecedentes y actuación procesal

Objeto de las pretensiones. A través de apoderado judicial, el 18 de abril de 2013, CAJANAL impetró demanda ordinaria por el pago de lo no debidocontra la señora Nidia María Gutiérrez de Salazar, para que se le reconozca la obligación dineraria que adeuda, ordenándole el pago por la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos sesenta pesos con cuarenta y cuatro centavos ($82.432.360.44) a favor de Cajanal EICE en Liquidación (fls. 68 c.o.).

Trámite en la jurisdicción ordinaria

El proceso inicialmente fue repartido al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali, donde por auto del 20 de mayo de 2013, resolvió: “1. RECHAZAR la presente demanda por falta de jurisdicción, tal como quedó plasmado en la parte motiva de esta providencia. ENVÍESE con todos sus anexos al Juzgado Administrativo del Circuito de Cali (Reparto) de la ciudad. (...)”.

Fundamentando la decisión en lo dispuesto por el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, por la Ley 1107 de 2006, entendiendo que la competencia le corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa por ser parte una entidad estatal, y donde no se está discutiendo una situación laboral o ejecución de facturas de servicios públicos de carácter domiciliario.

Trámite y razones de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

Según el acta individual de reparto del 12 de Junio de 2013, las diligencias fueron asignadas al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali, donde por auto del día 18 de julio de 2013, ordenó remitir por competencia la demanda por el pago de lo no debido contra la señora Nidia María Gutiérrez de Salazar, pues si bien la demandante Cajanal, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, ese no es el único requisito para que corresponda el conocimiento a la Jurisdicción Contencioso Administrativo, significando que, ante la ausencia de un acto administrativo, un contrato, hecho, omisión u operación de la entidad estatal, siendo que la litis se traba contra persona natural quien al parecer adeuda un dinero, debe ser tramitada por el derecho privado, sin que pueda predicarse una relación contractual con la entidad estatal demandante (fls. 76-78 c.o.).

Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con el numeral 6 del artículo 256 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, compete a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: “Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta Ley y entre los consejos seccionales o entre dos salas de un mismo consejo seccional”.

En consecuencia, esta Sala tiene competencia para conocer y decidir respecto del conflicto negativo suscitado entre el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali y el Tercero Administrativo Oral de la misma ciudad, con ocasión al conocimiento de la demanda ordinaria de pago de lo no debido, instaurada por Cajanal EICE en Liquidación a través de apoderado, contra la señora Nidia María Gutiérrez de Salazar.

De la existencia del conflicto. Existe conflicto de jurisdicciones cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, esto es, de la facultad para conocer, tramitar y decidir un caso concreto, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo o por considerar que no les corresponde, evento en el cual será negativo y para que se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso; b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo y c) Que el proceso se halle en trámite.

Una vez establecido que se configuró un conflicto negativo de jurisdicciones, entrará la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a analizar los supuestos fácticos, para de esta forma resolver el conflicto y asignar la competencia de la demanda a uno de los funcionarios judiciales. Explicación que resulta oportuna, pues el proceso que se analiza no ha sido objeto de sentencia por parte de ninguna de los jueces enfrentados.

Ahora bien, importante resulta recordar como el ejercicio de la potestad jurisdiccional debe enmarcarse dentro de las competencias reglamentadas por el Legislador al distribuir los asuntos de los cuales le corresponde conocer a los distintos jueces y tribunales del territorio nacional, ya que los términos jurisdicción y competencia entrañan conceptos distintos, en la medida que la primera responde a la facultad de administrar justicia y la segunda a la atribución para conocer de determinado asunto, las dos guardan estrecha relación y no es posible separarlas, sobre todo en sistemas de derecho como el nuestro, donde convergen varias jurisdicciones como la ordinaria, contenciosa administrativa, penal, penal militar, eclesiástica, etc., siendo apenas lógico que si el funcionario carece de jurisdicción para asumir el conocimiento de un litigio, desde luego también carezca de competencia.

En todo caso, como esa atribución obedece a unos criterios adoptados por el Legislador en orden de asegurar la adecuada y eficiente atención de las distintas clases de controversias sometidas al poder jurisdiccional, la definición de los conflictos por el conocimiento de un asunto, lo cual entraña simultáneamente establecer la competencia en un juez u órgano judicial, remite a la Sala en el ejercicio de su función a las reglas generales que se han señalado para el efecto, sobre cuyas pautas el derecho procesal y la jurisprudencia han precisado en orden a preservar las facultades del juez natural llamado por la Ley a conocer de determinado litigio.

Es así, que de acuerdo con dichas reglas, la competencia generalmente se determina por ciertos factores, como el objetivo, delimitado por la naturaleza del asunto y la cuantía; el subjetivo, referido a la calidad de las partes que intervienen en el litigio; el funcional, relativo a la instancia; el territorial, respecto al domicilio de las partes, y el de conexión o fuero de atracción, en virtud del cual un solo funcionario judicial puede decidir distintas pretensiones acumuladas que por su naturaleza u otros factores le correspondería conocer a jueces distintos.

Del asunto a resolver. Se resuelve el conflicto negativo de jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de la misma ciudad, con ocasión al conocimiento de la demanda ordinaria de pago de lo no debido, instaurada a través de apoderado por Cajanal EICE en Liquidación, contra Nidia María Gutiérrez de Salazar, para que se le reconozca la obligación dineraria que adeuda, ordenándole el pago de la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos sesenta pesos con cuarenta y cuatro centavos ($82.432.360.44) a favor de Cajanal EICE en Liquidación. (fls. 68 c.o.).

Pues bien, para definir cuál es la jurisdicción competente para conocer estas diligencias es necesario analizar cuál es la naturaleza jurídica de la entidad demandante, esto es, la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación, encontrando que desde su creación es una empresa de carácter público y a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conforme a la precitada ley y a los decretos 1884 de 1994 y 2148 de 1992, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente.

Por su parte la Ley 489 de 1998, en su artículo 38 estableció que la Rama ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: “...2. Del Sector descentralizado por servicio:...b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;...”, quedando visto concluir que la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal es una entidad de carácter público.

De otra parte, se observa que conforme al artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, habilita a los entes públicos o privados que ejercen funciones públicas, para obrar como demandantes en los procesos contenciosos administrativos y para iniciar todas las acciones previstas en dicho Código, como la de simple nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y de cumplimiento, las relativas a los contratos, las de definición de competencia y la de “acción de lesividad”.

Dicho lo anterior y como quiera que la entidad demandante es de carácter Público del orden nacional, autoridad que si bien inició una demanda ordinaria por pago de lo no debido, acción que no se encuentra consagrada para su conocimiento dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de acuerdo al artículo que se mencionara anteriormente, tenemos que el fin único de la acción, es subsanar el yerro cometido por la misma administración al haberle concedido, mediante Resolución 30983 del 22 de diciembre de 2004, la segunda pensión gracia a la señora Nidia María Gutiérrez de Salazar, sin tener derecho a ella, resolución de la cual la administración en ejercicio de la función pública propia de cada entidad, deberá como primera medida pretender la nulidad de su propio acto.

Ahora bien, respecto del acto administrativo la jurisprudencia lo ha definido como “La declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”, dicho esto tenemos pues que nos encontramos ante un acto administrativo expedido por la administración que ordenó de manera indebida la cancelación de unos dineros a un particular, de los que se busca obtener su reembolso, para efectos de subsanar el yerro cometido por la propia administración.

Siendo precisamente la autoridad accionante la autorizada para subsanar sus propios yerros en que aparentemente incurrió, en el desarrollo de sus funciones, pues a pesar que no se le haya dado el título propio a la acción que se está instaurando, la cual corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el fin de esta es la obtención del reembolso de los dineros que la administración canceló indebidamente, de los cuales se ordenó la suspensión de pago por liquidación 217466 del 15 de julio de 2011, de la Resolución de reconocimiento de la pensión gracia reconocida a la señora Nidia María Gutiérrez De Salazar.

Luego la controversia que provocó el conflicto de autos, ineludiblemente le corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como quiera que el objeto de la demanda instaurada por la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación, realmente busca subsanar el yerro causado por la misma entidad y siendo esta una empresa de carácter público, cuya esencia hace parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, constituida para impugnar actos administrativos, emitidos por Entidades públicas se hace claro que el conocimiento de las presentes diligencias se adscribirá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así las cosas, atendiendo lo señalado por el legislador en las normas en cita, el del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali, con ocasión al conocimiento de la demanda Ordinaria instaurada por pago de lo no debido, instaurada a través de apoderado por Cajanal EICE en Liquidación, contra Nidia María Gutiérrez de Salazar, Se asignará su conocimiento a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, representada en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali, a donde se dispondrá la remisión del expediente de manera inmediata, para su conocimiento y al Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad para su información.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. Dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali, con ocasión del conocimiento de la demanda ordinaria de PAGO DE LO NO DEBIDO, instaurada a través de apoderado por Cajanal EICE en Liquidación, contra Nidia María Gutiérrez de Salazar, asignando su conocimiento a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, representada en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali, a donde se dispondrá la remisión del expediente de manera inmediata, acorde con los hechos y lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2. REMÍTASE copia de esta providencia al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Santiago de Cali, para su información.

3. Por secretaría súrtanse las comunicaciones de ley.

Cúmplase.

Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela, presidente—José Ovidio Claros Polanco, vicepresidente—Julia Emma Garzón de GómezAngelino Lizcano RiveraMaría Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.