Sentencia 2013-02548 de diciembre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Ref.: Expediente 1100102030002013-02548-00

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Dado que este es un conflicto de competencia que involucra a juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a la Corte desatarlo de acuerdo con la atribución conferida por los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009, lo que incumbe al magistrado sustanciador en Sala Unitaria, de conformidad con el artículo 29 del precitado estatuto procesal, reformado por el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, vigente a partir de su promulgación el 12 de julio del mismo año, tal como lo expresó la Corte en autos de 27 de septiembre de 2010, expediente 2010-01055-00 y del 2 de octubre de 2013, expediente 2013-02014-00.

2. El artículo 23 del Código de Procedimiento Civil consagra los fueros que sirven para determinar, por el factor territorial, a qué autoridad judicial incumbe dirigir cada proceso.

La regla general es que el conocimiento de los procesos contenciosos corresponde al juez del domicilio del demandado (fuero personal), lo cual no excluye la aplicación de otros que también definen la competencia para un mismo litigio, como quiera que pueden ser concurrentes, como acontece con el contemplado en el numeral 5º ibídem, que dispone que “de los procesos a que diere lugar un contrato serán competentes, a elección el demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado”.

De modo que esa normatividad reconoce al promotor la potestad de elegir ante quien puede ventilar los pleitos derivados de un negocio, ya sea en atención al domicilio de su contendor o el sitio de cumplimiento de lo acordado, lo que debe estar determinado en el texto o aflorar de cualquier otro elemento de convicción.

En múltiples pronunciamientos la Sala ha señalado que “si bien debe admitirse que el legislador, con innegables criterios prácticos y de conveniencia, adoptó en el numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, ‘el forum domicilii rei’ como principio general en la materia, lo cierto es que con dicho fuero suelen concurrir otros, como, por ejemplo, el previsto en el numeral 5º del mismo precepto, según el cual ‘...de los procesos a que diere lugar un contrato son competentes, a elección del demandante, el juez del lugar de su cumplimiento y el del domicilio del demandado ...’” (auto jun. 21/2002, citado el 7 de junio de 2013, exps. 2002-00081-01 y 2013-01015-00, respectivamente).

3. Adicionalmente, el numeral 7 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil dispone que “[e]n los procesos contra una sociedad es competente el juez de su domicilio principal, pero cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta”.

En relación con esta normativa, la Corte ha explicado que “el fuero o el foro del domicilio es concurrente a elección del demandante cuando se trata de un proceso contra una sociedad, pudiéndose demandar en uno cualquiera de los lugares que seguidamente se indican, pero por su iniciativa y no por imposición del juez, escogido uno de los cuales excluye a los demás: a) En el lugar del domicilio principal de la sociedad cuando ésta no ha establecido agencias ni sucursales; b) En el lugar del domicilio principal de la sociedad cuando dicha sociedad ha establecido agencias y sucursales así se trate de asuntos vinculados a una de sus agencias o sucursales; c) En el lugar del domicilio de la agencia o sucursal pero únicamente respecto de asuntos vinculados a la agencia o sucursal; y, d) En el lugar del domicilio del representante legal de la sociedad” (Auto jun. 15/95, citado en ago. 13/2013, exps. 5540 y 2013-01658-00, respectivamente).

4. En el asunto sub lite, las pretensiones van encaminadas al cumplimiento de la póliza de seguro de vida Nº 003968635, tomada por la actora en Bogotá y acordándose por las partes que iniciaría su vigencia el 26 de marzo de 2001 allí mismo.

De ello se extrae que ese es el lugar de cumplimiento del negocio jurídico y que el litigio está relacionado con las sucursales de las personas jurídicas en dicha localidad, siendo necesario respetar la escogencia que en ese sentido hizo la gestora en su escrito inicial.

En otra ocasión la Sala señaló que “las pretensiones están orientadas a reclamar a la demandada el cumplimiento de una obligación originada en el ‘contrato de seguros formalizado mediante las pólizas 1005497 y 1002785’ que amparan la responsabilidad extracontractual por daños ocasionados con automotores de la empresa actora, (...) por el que las víctimas adelantan proceso en procura de obtener la indemnización a la transportadora (...), de otro lado figura en el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio (fls. 11-19), que la aseguradora tiene su domicilio en la capital de la República, habiéndose celebrado el convenio a que aluden dichas ‘pólizas’ por intermedio de la sucursal de Medellín (...). Las circunstancias reveladas permiten inferir que la escogencia del juez por la demandante para presentar el escrito introductorio del litigio, no se ajusta a los parámetros legales con base en los cuales podía desarrollar esa facultad, por lo que ciertamente la juez de Pereira no estaba habilitada para asumir el conocimiento del caso, correspondiéndole en principio su adelantamiento al funcionario judicial de la capital de Antioquia, tanto por el lugar de cumplimiento del contrato, como por el hecho de la vinculación del asunto a la aludida oficina de la accionada en esa urbe; sin perjuicio del cuestionamiento que en la debida oportunidad y mediante el mecanismo adecuado, se pueda plantear al respecto” (auto oct. 13/2011, exp. 2011-01996-00).

5. Además, la parte final del numeral 5º del artículo 23 del estatuto procesal civil dispone que “para efectos judiciales la estipulación de domicilio contractual se tendrá por no escrita”, lo que implica que lo dispuesto en la cláusula 17 de las condiciones del seguro materia de contienda, no determina el juez competente para dirimir las controversias derivadas de dicho acto, porque ese presupuesto lo fija la ley, no siendo ello potestativo de las partes.

Al respecto, la Corte expuso que “en lo atañedero a la inaplicación del domicilio contractual para efectos de fijar la competencia territorial del juez en caso de controversia respecto del contrato, se hace necesario señalar que el Código de Procedimiento Civil dispone de forma enfática que se tienen por no escritas las estipulaciones contractuales sobre el domicilio, como quiera que ‘la determinación de la competencia no la deja el legislador al capricho del juez ni a la voluntad de las partes, sino que obedece a disposiciones de carácter público’ (auto oct. 19/2000, exp. 2000-00171-00); aspecto bien distinto del lugar convenido para el cumplimiento del contrato y que como atrás quedó consignado constituye un factor de concurrencia territorial” (auto ene. 25/2013, exp. 2012-02674-00).

6. En consecuencia, se asignará el asunto al funcionario que ejerce en el Distrito Capital y se comunicará lo aquí resuelto al otro fallador involucrado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar que el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogotá es el competente para conocer del libelo en referencia.

2. Enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Medellín, haciéndole llegar copia de esta providencia.

3. Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.

Notifíquese».