Sentencia 2013-02621 de diciembre 2 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 1100102030002013-02621-00

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil trece.

Decide la Corte el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Suesca y Veintidós Civil Municipal de Bogotá.

Antecedentes

Ante el primer despacho, la Cooperativa Multiactiva “Coomandar” presentó demanda ejecutiva quirografaria contra Rubys Elena Cantillo López, con base en un pagaré. La actora informó que su contendora recibía notificaciones en esa localidad (fls. 1 a 9, cdno. 1).

Dicho funcionario expidió la orden de apremio deprecada, el 6 de diciembre de 2011 (fl. 10).

En auto de 28 de junio de 2013, la mencionada autoridad estimó que carecía de competencia territorial para continuar el trámite del asunto, “ante el resultado positivo de la citación allegada” a un lugar ubicado en Bogotá, donde dispuso enviar las diligencias (fl. 26).

Contra la anterior decisión, la actora formuló reposición y en subsidio apelación, los cuales, en proveído de 24 de julio del presente año se declararon “improcedentes por falta de legitimación”, debido a que el inconforme no acreditó su condición de abogado (fl. 29).

El funcionario de destino, en providencia del pasado 23 de agosto, ordenó su devolución al remitente para que resuelva tales recursos, porque encontró que al tratarse de un asunto de mínima cuantía, la ejecutante estaba facultada para actuar en causa propia (fl. 33). No obstante, la autoridad con sede en Suesca se abstuvo de definirlos alegando su “falta de competencia territorial” (fl. 35).

El Juez Veintidós Civil Municipal de Bogotá provocó el conflicto, en razón a que del acápite de notificaciones se extraía que Suesca es el domicilio de la accionada (fl. 38).

Surtido el trámite previsto en el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, se dirime la colisión reseñada.

Consideraciones

Dado que este es un conflicto de competencia que involucra a juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a la Corte desatarlo de acuerdo con la atribución conferida por los artículos 28 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009, lo que incumbe al magistrado sustanciador en Sala Unitaria, de conformidad con el artículo 29 del precitado estatuto procesal, reformado por el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, vigente a partir de su promulgación el 12 de julio del mismo año, tal como lo expresó la Corte en autos de 27 de septiembre de 2010, Expediente 2010-01055-00 y del 14 de agosto de 2013, Expediente 2013-01590-00.

La controversia atinente a la facultad de encargarse de los procesos cuando se acude a la jurisdicción, ha impuesto la fijación de parámetros dirigidos a consagrar la “inmutabilidad de la competencia”, premisa en virtud de la cual, cuando se ha asumido la misma, el funcionario solo puede separarse en el momento en el que la parte demandada haga uso de los mecanismos idóneos para establecer que su definición corresponde a otro estrado.

Así lo ha entendido la Corte al advertir que, conforme al artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, el juez que le dé inicio a la actuación conservará su competencia, por lo que él “no podrá variarla o modificarla por factores distintos al de la cuantía que se indica en el inciso segundo de esta norma. Si por alguna circunstancia la manifestación del demandante resultare inconsistente..., es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para el efecto” (Auto 312, dic. 15/2003, reiterado en los de 11 de marzo de 2011 y 23 de octubre de 2013, Exp. 00231-01, 2010-01617 y 2013-02211-00, respectivamente).

En el sub judice, el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca no podía desprenderse a su arbitrio del presente litigio, por cuanto dio comienzo al diligenciamiento con la expedición del mandamiento de pago, sin reparar en impedimento alguno para hacerlo.

Lo anterior toda vez que la oportunidad para repelerlo motu proprio se restringía al principio del litigio, al calificar la idoneidad del memorial incoativo y si era factible librar la orden de apremio. Con posterioridad, solo la ejecutada estaría legitimada para exponer su disconformidad mediante el ejercicio de los mecanismos que contempla la ley para el efecto.

Sobre el punto, la Corte señaló que “al juzgador le asiste liminarmente el deber de evaluar lo relativo a la competencia para asumir el trámite de un asunto particular, con sujeción a los factores expresados por el petente en su demanda, toda vez que si considera que no la tiene así deberá declararlo, rechazando el escrito incoativo y remitiendo el expediente al funcionario judicial que estime compete. De modo tal, que esta es la oportunidad legal que le asiste al juez para expresar su incompetencia para tramitar un proceso. (...) Contrario sensu, si el operador judicial admite la demanda o verbi gratia libra mandamiento de pago, la competencia queda fijada, y, en cuanto refiere al factor territorial, únicamente podrá declinarla en el evento de que prosperen los cuestionamientos formulados por los demandados a través de los conductos procesales establecidos para ello. Así mismo, el silencio de la parte pasiva frente a esta situación, igualmente conlleva al saneamiento de la presunta nulidad que por dicha circunstancia pudiese brotar, por lo tanto no es dable al juez declararse incompetente por el sobredicho factor” (autos, sep. 8/2011 y nov. 5/2013, Exps. 2011-01755 y 2013-02284).

De otro lado, pese a que en el escrito presentado el 12 de julio de 2012, el ejecutante informó que el citatorio fue recibido en una dirección del distrito capital, ello no comporta por sí sola la alteración de la sede central de los negocios e intereses de la demandada, ni de la competencia para dirigir y definir el pleito. Esto último, cabe insistirlo, solo es factible por solicitud de la accionada en la etapa procesal correspondiente, una vez esté enterada del auto que inició la contienda.

Al respecto la Corte, en un asunto similar, expuso que “en atención a que se libró mandamiento de pago, el tema de la competencia quedó definido, sin que existiera lugar a variación por el mero hecho de advertirse disparidad entre el lugar indicado como domicilio, de aquel al cual deberían remitirse las citaciones correspondientes, máxime cuando quien debe exponer la inconformidad ni siquiera ha sido vinculado formalmente mediante notificación” (auto, mar. 2/2012, Exp. 2012-00072-00).

5. En consecuencia, se asignará el asunto a quien inició su impulso, sin menoscabo de la actuación que oportunamente pueda promover la parte contra quien se dirige el cobro, acorde con los parámetros legales.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca es el competente para conocer del libelo en referencia.

2. Enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá, haciéndole llegar copia de esta providencia.

3. Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.

Notifíquese.

Magistrado: Fernando Giraldo Gutiérrez.