CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 25000-23-41-000-2013-02684-01

Consejera ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Apelación auto–medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Fiduciaria Bancolombia S.A. en calidad de vocera del Fideicomiso Fundación Otero-Bancafe Panamá

Demandado: Alcaldía de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la sala:

En el caso objeto de estudio, el apoderado de la parte recurrente asegura que la demanda cumple con todos los requisitos de procedibilidad y fue presentada dentro del término de caducidad de cuatro meses.

Al efecto, el literal d), numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, preceptúa:

“ART. 164. —Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;” (resaltado y subrayado fuera del texto).

Por lo tanto, la Sala verificará si la demanda se presentó dentro del término establecido en la norma transcrita.

En la demanda instaurada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la actora pretende la nulidad de la Resolución 448 de 19 de abril de 2013, por medio de la cual se modificó el artículo segundo de la Resolución 117 de 2013, el cual quedó así:

“ART. 2º —La urbanizadora Marval S.A. deberá garantizar el pleno cumplimiento de los lineamientos generales para el manejo del ecosistema Humedal El Burrito, establecidos por la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, a saber:

1. Dar plena observancia a la Resolución 6202 de 2010, por la cual adopta la “Guía de Manejo Ambiental al Sector de la Construcción como instrumento de autogestión y autorregulación”.

2. La empresa urbanizadora debe abstenerse de realizar cualquier actividad que incumpla lo ordenado en la medida de protección impuesta mediante la Resolución 1238 de 11 de octubre de 2012, lo cual implica abstenerse de realizar, entre otras cosas, acciones o actividades que tengan el potencial de generar daños o riesgos a la integridad del ecosistema (entiéndase como la afectación a los recursos: hídricos, faunístico, florístico, suelo y aire) del área objeto de la medida de protección “El Burrito”.

De conformidad con lo señalado y probado dentro del expediente, la Resolución 448 de 19 de abril de 2013, fue notificada el día 30 del mismo mes y año, por lo tanto, el término de caducidad de cuatro meses, de que trata el literal d), numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en principio, vencería el 1º de septiembre de 2013.

En el sub lite, la actora presentó solicitud de conciliación el 29 de agosto de 2013 ante el Ministerio Público, con lo cual se suspendió el término de caducidad, habiendo transcurrido 3 meses y 28 días de los cuatro meses que otorga la ley para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Posteriormente, la audiencia de conciliación se intentó el día 10 de octubre de 2013; sin embargo, debido a la no asistencia de la parte convocada(1), la Procuraduría 127 Judicial II Para Asuntos Administrativos, decidió suspender la diligencia y le concedió un término de tres días para justificar su inasistencia. Transcurrido el término concedido y verificada la no justificación de la convocada, la Procuraduría 127 Judicial II Para Asuntos Administrativos, profirió el Auto 436 de 28 de octubre de 2013, mediante el cual dio por agotada la etapa conciliatoria, ordenó la expedición de la respectiva constancia y la notificación de dicha decisión al apoderado de la parte convocante.

La constancia de que trata el párrafo precedente fue expedida el mismo 28 de octubre de 2013, por el Ministerio Público, tal como lo establece el numeral 2º del artículo 2º de la Ley 640 de 2001.

El día 7 de noviembre de 2013, el apoderado de la actora recibió el telegrama en el que se le informaba que debía acercarse, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de dicha comunicación a las instalaciones del despacho de la Procuraduría 127 Judicial II Para Asuntos Administrativos, con la finalidad de que se notificara personalmente del contenido del Auto 436 de 28 de octubre de 2013.

En cumplimiento de lo anterior, el 14 de noviembre de 2013, el apoderado de la actora se presentó ante el Ministerio Público para notificarse personalmente y recibió la constancia que daba por agotada la etapa conciliatoria, por lo que al día siguiente, esto es, el día 15, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera —Subsección B— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien mediante auto de 23 de enero de 2014, la rechazó, toda vez que, a su juicio operaba el fenómeno de la caducidad.

Para la Sala, la interpretación realizada por el tribunal no tuvo en cuenta las particularidades propias del caso bajo estudio, toda vez que aplicó exegéticamente la norma omitiendo lo narrado y probado por el accionante dentro del expediente, en especial, la fecha en que realmente le fue entregada la constancia de la fallida audiencia de conciliación.

En efecto, no es de recibo que el término de caducidad se hubiese reiniciado el día 28 de octubre de 2013, fecha en la que fue expedida la constancia, ya que para ese momento la actora no tenía conocimiento de su existencia y solo fue hasta cuando se notificó personalmente del auto que había dado por agotada la etapa conciliatoria, que el Ministerio Público le entregó dicho documento.

Cabe recordar que en este caso, el día en que se realizó la audiencia de conciliación, esto es, el 10 de octubre de 2013, no fue expedida el acta como se acostumbra, ya que la parte convocada no asistió a la diligencia, lo que obligó a la procuraduría a suspender el trámite y otorgarle los 3 días que contempla la Ley 640 de 2001, para que se excusara.

Ahora bien, el día 14 de noviembre de 2013, el actor se notificó personalmente del acta de agotamiento del requisito de conciliación expedida por la Procuraduría 127 Judicial II para Asuntos Administrativos, razón por la cual, a partir del día siguiente, es decir, 15 de noviembre de 2013, se reanudaba el término de caducidad al que le faltaban solamente 2 días para completarse.

Así las cosas, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho podía instaurarse hasta el 18 de noviembre de 2013 y la demanda se presentó el 15 de ese mismo mes y año, situación que demuestra que evidentemente no había operado el fenómeno de la caducidad.

Lo anterior, impone a la Sala revocar el auto apelado de 23 de enero de 2014, proferido por la Sección Primera —Subsección B— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

REVÓCASE el proveído apelado y, en su lugar, se dispone que el a quo provea sobre la admisión de la misma.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE»

(1) Alcaldía Mayor de Bogotá —Secretaría Distrital de Ambiente— Secretaría Distrital de Planeación.