Sentencia 2013-02806 de febrero 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 25000-23-41-000-2013-02806-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: José Agustín Segura López

Demandado: Victoria Consuelo Saavedra Saavedra, Notaria 40 en propiedad del Círculo de Bogotá.

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 276 del CPACA esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra los autos susceptibles de este medio de impugnación proferidas por los tribunales administrativos.

Además, según lo dispuesto en el artículo 125 ibídem corresponde a la Sala y no al ponente proferir la providencia toda vez que se trata de la apelación del auto que resolvió rechazar la demanda.

2. Oportunidad y procedencia del recurso.

El artículo 276 del CPACA dispone:

“ART. 276.—Trámite de la demanda. Recibida la demanda deberá ser repartida a más tardar el día siguiente hábil y se decidirá sobre su admisión dentro de los tres (3) días siguientes.

El auto admisorio de la demanda no es susceptible de recursos y quedará en firme al día siguiente al de la notificación por estado al demandante.

Si la demanda no reúne los requisitos formales mediante auto no susceptible de recurso se concederá al demandante tres (3) días para que los subsane. En caso no de hacerlo se rechazará.

Contra el auto que rechace la demanda procede el recurso de súplica ante el resto de los Magistrados o de reposición ante el juez administrativo en los procesos de única instancia y el de apelación en los de primera, los cuales deberán presentarse debidamente sustentados dentro de los dos (2) días siguientes al de la notificación de la decisión” (resaltado).

Como el auto que se controvierte es justamente el que rechazó la demanda, y el recurso fue presentado al día siguiente en que fue notificado, resulta pertinente proceder a resolverlo.

3. Del caso en concreto.

En el asunto bajo estudio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda de acción electoral por considerar que el actor no subsanó los defectos anotados en el auto de 12 de diciembre de 2013 mediante el cual se ordenó:

1) “Señalar con toda precisión, esto es, debidamente individualizados e identificados en el acápite correspondiente, los actos administrativos cuya nulidad se depreca por cuanto en el encabezado del escrito se solicita la nulidad de dos actos, en tanto que en el capítulo de “Declaraciones” (fl. 2) se pide la declaración de nulidad de un solo acto administrativo”

2) Suministrar las direcciones electrónicas para las notificaciones judiciales que deben realizarse al Presidente de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho y al Superintendente de Notariado y Registro.

Al respecto, es del caso advertir que el estudio de los requisitos de la demanda para su admisión, tiene como finalidad verificar la existencia de los elementos básicos que permitan al juez dar trámite al proceso.

Es así que el estudio para admitir la demanda debe circunscribirse a determinar la existencia de los aspectos fácticos relevantes que sirven de sustento a las censuras, la prueba de estos, la precisión de las normas que el actor estima transgredidas por el acto o actos impugnados con su respectiva explicación de la supuesta vulneración, así como también la formulación de los cargos mediante el señalamiento concreto y preciso de las irregularidades o vicios que afectan el acto o actos acusados.

En cuanto al primer argumento de la apelación, la Sala considera pertinente explicar lo siguiente:

3.1. La indicación de direcciones electrónicas no es un requisito que pueda dar origen a la inadmisión y posterior rechazo de la demanda

El artículo 162 del CPACA enuncia los requisitos que deben contener las demandas que se presenten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En el numeral 7º de ese precepto, expresamente se exige indicar:

“El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica” (resaltado fuera de texto).

En consecuencia, la Ley 1437 de 2011 indica expresamente que la mención a la dirección electrónica es optativa o facultativa.

Por su parte, el artículo 197 del CPACA impuso a todas las entidades públicas, a los particulares que ejercen funciones públicas y al Ministerio Público, la obligación de tener o implementar un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Para advertir, igualmente que, cuando una providencia deba ser notificada personalmente, esta se entenderá efectuada cuando se haga al buzón creado para el efecto, es decir, la notificación personal para los sujetos o personas de derecho público, se entiende y debe ser realizada bajo esta nueva modalidad.

De lo expuesto, la Sección concluye que:

i) Las entidades públicas y quienes ejerzan función pública deben tener un buzón o correo electrónico para la notificación de las demandas en su contra.

ii) Si quien demanda conoce la dirección del correo electrónico de la entidad demandada puede citarlo en su escrito, pero este no es un requisito que, de ser omitido, pueda dar origen a la inadmisión y posterior rechazo de la demanda.

iii) Si quien demanda es una entidad pública o particular que ejerce función pública debe proveer la dirección de su buzón electrónico, pues esta es su dirección válida para efectos judiciales. Pero si no lo hiciere, esta omisión no puede generar la inadmisión y mucho menos el rechazo de la demanda.

iv) La obligación de conocer y notificar electrónicamente es de los secretarios de despacho, quienes deben consultar las páginas oficiales de las entidades demandantes o demandadas para conseguir la dirección electrónica para efectos de la notificación personal.

Las anteriores precisiones llevan a la Sala a no compartir las razones para inadmitir y rechazar la demanda que el actor promovió por el hecho de que no se indicaron las direcciones electrónicas de las entidades públicas o particulares que ejercen función pública, pues este no es un requisito de la demanda como ya se explicó.

De otro lado, la Sala considera que no ocurre lo mismo con el requisito de plena individualización del acto demandado. Recordemos que de conformidad con los artículos 162 y 163 del CPACA:

ART. 162.—Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

(…).

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo código para la acumulación de pretensiones.

(…).

Y

ART. 163.Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo éste se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda” (resaltado del despacho).

En consecuencia, si bien el hecho de no haber suministrado las direcciones electrónicas en la demanda no era un argumento para haberla inadmitido, la circunstancia de que no se hubieran individualizado plenamente los actos acusados sí lo fue. Por tanto, se impone confirmar el auto recurrido.

III. La decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto de 15 de enero de 2014, por medio del cual la Sección Primera, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda de nulidad electoral de la referencia.

2. REMITIR el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.»