Auto 2013-02813 de diciembre 11 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 11001010200020130281300

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según acta 93 de la fecha.

Referencia: Conflicto de jurisdicciones.

Colisionados: Jurisdicción ordinaria - Fiscalía Local de Inzá - Cauca y la jurisdicción indígena - Cabildo Indígena del Resguardo de San Andrés de Pisimbalá del municipio de Inzá, en el mismo departamento.

Tema: Diligencias contra Jhon Jairo Cunacue, Luz Marina Yugue Cuello y José Abraham Cuello Coqui.

Decisión: Se asigna a la jurisdicción ordinaria.

Bogotá, D.C., diciembre once de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia de la Sala. Compete a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimir los conflictos trabados entre distintas jurisdicciones, conforme los numerales 6º del artículo 256 de la Constitución Política y 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996.

En consecuencia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para entrar a dirimir el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la justicia penal ordinaria en cabeza de la Fiscalía Local de Inzá - Cauca y la Indígena, representada en el Cabildo Indígena del Resguardo de San Andrés de Pisimbalá del municipio de Inzá, en el mismo departamento, dentro del proceso penal de radicado 20118011200, que se encuentra en audiencia preliminar ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Páez - Cauca y adelantado contra los señores Jhon Jairo Cunacue, Luz Marina Yugue Cuello, José Abraham Cuello Coqui, Bladimir Chilito Quinto, Luis Carlos Cunacué, Bernabé Quintero Liz y Luis Armando Yugue Cunacue, por el presunto delito de invasión de tierras y daño en bien ajeno.

Existencia del conflicto. Existe conflicto de jurisdicciones cuando dos o más funcionarios investidos de competencia, esto es, de la facultad para conocer, tramitar y decidir un caso concreto, se disputan el conocimiento de un proceso, bien porque ambos estiman que es de su conocimiento, caso en el cual será positivo o por considerar que no les corresponde, evento en el cual será negativo y para que se estructure o proceda es necesario que se presenten los siguientes presupuestos: a) Que el funcionario judicial esté tramitando determinado proceso; b) Que surja disputa entre el funcionario que conoce el caso y otro u otros acerca de quién debe conocerlo y c) Que el proceso se halle en trámite.

En el caso, debe señalarse que estrictamente no se presenta un conflicto, pues se acudió a la definición de competencia para definir la jurisdicción competente para conocer de los mismos, en tanto la competencia Constitucional asignada a esta colegiatura como juez de conflictos debe realizarse de cara al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, en garantía de los derechos y prerrogativas de quienes intervienen en el proceso penal, amparo que no resulta ser efectivo desde el punto de vista material, con una decisión inhibitoria.

Fuero indígena alcance y elementos. Prima facie resulta oportuno señalar que fue voluntad del Constituyente de 1991 reconocer la defensa de las minorías étnicas, razón por la cual y en consonancia con la jurisprudencia Constitucional, se incorporó en el texto de la Carta Magna una serie de prerrogativas que garantizan la prevalencia de su “integridad cultural, social y económica, su capacidad de autodeterminación administrativa y judicial, la consagración de sus resguardos como propiedad colectiva de carácter inalienable, y, de los territorios indígenas como entidades territoriales al lado de los municipios, los distritos y los propios departamentos...”(1). Fiel reflejo de lo anterior es el mandato que prevé el artículo 246 Superior que consagra: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

A su vez, la Corte Constitucional en pronunciamiento C-139 de 1996 al estudiar y fijar el alcance del canon ya referido enseñó: “El análisis del artículo 246 muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de estos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas —que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de “normas y procedimientos”—, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional. En la misma estructura del artículo 246, entonces, está presente el conflicto valorativo entre diversidad y unidad”.

Igualmente y en atención al reconocimiento que la Carta Magna hizo de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los integrantes de las comunidades indígenas a un fuero, el Alto Tribunal sobre los derechos que les asiste en tal sentido a los nativos explicó: “...el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo. Esto no significa que siempre que esté involucrado un aborigen en una conducta reprochable, la jurisdicción indígena es competente para conocer del hecho. El fuero indígena tiene límites, que se concretarán dependiendo de las circunstancias de cada caso”(2).

Ahora bien, sobre el punto neurálgico que nos ocupa, a efectos de resolver el presente conflicto, por vía jurisprudencial más exactamente en la sentencia de tutela, con ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz, a propósito de los parámetros que se han de tener en cuenta para definir cuál es la jurisdicción competente para juzgar a un sujeto indígena se dijo: “En la noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, y uno de carácter geográfico, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas. La solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, o si un indígena, de manera individual, incurre en ella afectando a quien no es miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo. En el primer caso, en virtud de consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede enfrentar múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una regla general de territorialidad”.

En el anterior orden de ideas, resulta oportuno acotar que no solo el lugar en donde se hayan consumado los hechos objeto de investigación penal determina la autoridad encargada de investigar y someter a juicio al integrante de la comunidad que se le imputa la comisión de tal o cual comportamiento criminoso, sino que además, se debe considerar las culturas involucradas, el grado de aislamiento o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria y afectación del individuo frente a la sanción entre otros, pues en términos de la Corte Constitucional “La función del juez consistirá entonces en armonizar las diferentes circunstancias de manera que la solución sea razonable” (Sent. T-496/96). Así las cosas, además de lo anterior en el fallo de tutela ya referido se precisaron de manera puntual ciertas reglas interpretativas establecidas por la máxima instancia de control constitucional que deben servir de guía para abordar la solución del conflicto como el que hoy ocupa la atención de la Sala a saber:

“En caso de conflicto entre el interés general y otro interés particular protegido constitucionalmente la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto a la luz de los principios y valores constitucionales(3). Y en el mismo sentido:

(...).

El derecho colectivo de las comunidades indígenas, a mantener su singularidad, puede ser limitado sólo cuando se afecte un principio constitucional o un derecho individual de alguno de los miembros de la comunidad o de una persona ajena a esta, principio o derecho que debe ser de mayor jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad...”(4).

Pero adicionalmente, el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sede de tutela fue enfático al señalar que:

“…las autoridades nacionales pueden encontrarse ante un indígena que de manera accidental entró en relación con una persona de otra comunidad, y que por su particular cosmovisión, no le era dable entender que su conducta en otro ordenamiento era considerada reprochable; o, por el contrario, enfrentar un sujeto que por su especial relación con la comunidad mayoritaria conocía el carácter perjudicial del hecho, sancionado por el ordenamiento jurídico nacional. En el primer caso, el intérprete deberá considerar devolver al individuo a su entorno cultural, en aras de preservar su especial conciencia étnica; en el segundo, la sanción, en principio, estará determinada por el sistema jurídico nacional”.

En el caso de que la conducta sea sancionada en ambos ordenamientos, es claro que la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión de tal actuar como perjudicial. Sin embargo, el intérprete deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos”.

Recientemente la Corte Constitucional sobre la materia en las sentencias T-617 del 5 de agosto de 2010 y T-002 de 2012, sobre los criterios a tener en cuenta al momento de desatar conflictos de jurisdicciones entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, señaló como elementos estructurales del fuero los siguientes:

1. Elemento personal.

2. Elemento territorial.

3. Elemento institucional, y

4. Elemento objetivo.

Elemento personal. El acusado de un hecho punible o socialmente nocivo pertenece a una comunidad indígena. Es que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad, siempre que se mantenga dentro de su particular cosmovisión y sometido a sus usos y costumbres. Sobre este aspecto la honorable Corte Constitucional, en la Sentencia T-610 de 2010, al desarrollar la noción del elemento personal y los criterios de interpretación que debe tener en cuenta el juez, cuando este no concurre con el elemento territorial y las soluciones frente a las aleatorias posibilidades que debe enfrentar el operador judicial, los resumió de la siguiente manera:

Elemento personal

DefiniciónCriterios de interpretación relevantes

El acusado de un hecho punible o socialmente nocivo pertenece a una comunidad indígena.
a. La diversidad cultural y valorativa: “La diversidad cultural y valorativa se erige entonces como un criterio de interpretación ineludible para el juez, cuando el investigado posee identidad indígena o culturalmente diversa” Sentencia T-617 de 2010
b. Cuando un indígena comete un hecho punible por fuera del ámbito territorial de su comunidad, las circunstancias del caso concreto son útiles para determinar la conciencia o identidad étnica del individuo.

Cuadro 2.

Elemento personal
Supuesto de hechoPosible solución
1. El indígena incurre en una conducta sancionada solamente por el ordenamiento nacional.a. En principio, los jueces de la República son competentes para conocer del caso. Sin embargo, por encontrarse frente a un individuo culturalmente distinto, el reconocimiento de su derecho al fuero depende en gran medida de determinar si el sujeto entendía la ilicitud de su conducta.
2. El indígena incurre en una conducta sancionada tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción indígena
b. Ya que en este caso la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión del carácter perjudicial del acto, el intérprete deberá tomar en cuenta (i) la conciencia étnica del sujeto y (ii) el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece. Ello en aras de determinar la conveniencia de que el indígena sea procesado y sancionado por el sistema jurídico nacional, o si corresponde a su comunidad juzgarlo y sancionarlo según sus normas y procedimientos.

Así, se establece por el Alto Tribunal Constitucional, una serie de elementos interpretativos a tenerse en cuenta para determinar si el individuo, al momento de cometer la conducta suciamente reprochable, entendía o no la ilicitud de esta, es decir si incurrió en un error invencible de prohibición originado en su diversidad cultural y valorativa, que de arrojar una conclusión positiva, deberá dar aplicación a la figura del fuero indígena, es decir que el individuo debe ser puesto en manos de las autoridades tradicionales.

Cuadro 3

Elemento personal
Caso: El indígena incurre en una conducta sancionada solamente por el orden jurídico nacional por fuera del ámbito territorial de la comunidad a la que pertenece. (Ver: Cuadro 2, caso 1.a).
Criterio de interpretación: Para determinar si la persona tiene derecho al reconocimiento del fuero indígena, el juez de conocimiento debe establecer si incurrió en un error invencible de prohibición originado en su diversidad cultural y valorativa.
RespuestaSubreglas interpretaciónPosible consecuencia

a. Afirmativa. El indígena sí incurrió en un error invencible de prohibición originado en su diversidad cultural y valorativa de manera que desplegó una conducta ilícita de forma accidental.
Su cosmovisión le impide entender la ilicitud de su conducta en el ordenamiento jurídico nacional.
Se trata entonces de un individuo inimputable por diversidad cultural, lo que en principio justifica su conducta pues habría incurrido en un error de prohibición; es decir, en un error derivado de su conciencia cultural y valorativa, de manera que no podría imponérsele un juicio de reproche desde el Estado:
El intérprete deberá considerar la posibilidad de devolver al individuo a su entorno cultural, en aras de preservar su especial conciencia étnica
b. Negativa. El indígena no incurrió en un error invencible de prohibición originado en su diversidad cultural y valorativa.El indígena entiende que su conducta es sancionada por el ordenamiento jurídico nacional.La sanción, en principio, estará determinada por el sistema jurídico nacional.

Elemento territorial o geográfico. De conformidad con lo consagrado en el artículo 246 de la Constitución Política, las comunidades indígenas pueden ejercer su autonomía jurisdiccional dentro de su ámbito territorial. Es decir que la conducta para ser investigada por ellos mismos debe acaecer al interior de la comunidad indígena; es más se entiende como territorio, ese espacio donde se ejercen autónomamente la mayor parte de los derechos relacionados a la comunidad aborigen. Son dos los criterios, según la honorable Corte Constitucional, de interpretación que deben tenerse en cuenta, en relación con este elemento, a saber: 1) La noción de territorio no se agota en la acepción geográfica del término, sino que debe entenderse también como el ámbito donde la comunidad indígena despliega su cultura y 2) El territorio abarca incluso el aspecto cultural, lo cual le otorga un efecto expansivo. Esto quiere decir que el espacio vital de las comunidades no coincide necesariamente con los límites geográficos de su territorio, de modo que un hecho ocurrido por fuera de esos límites puede ser remitido a las autoridades indígenas por razones culturales.

Componente orgánico o institucional. Puntualizó la honorable Corte Constitucional, que dicho elemento hace relación a la existencia de una institucionalidad al interior de la comunidad indígena, la cual debe estructurarse a partir de un sistema de derecho propio conformado por usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad.

Como criterios de interpretación relevantes para este elemento institucional u orgánico, el Alto Tribunal señaló:

1. La institucionalidad es presupuesto esencial para la eficacia del debido proceso en beneficio del acusado:

1.1. La manifestación, por parte de una comunidad, de su intención de impartir justicia constituye una primera muestra de la institucionalidad necesaria para garantizar los derechos de las víctimas.

1.2. Una comunidad que ha manifestado su capacidad de adelantar un juicio determinado no puede renunciar a llevar casos semejantes sin otorgar razones para ello.

1.3. En casos de “extrema gravedad” o cuando la víctima se encuentre en situación de indefensión, la vigencia del elemento institucional puede ser objeto de un análisis más exigente.

2. La conservación de las costumbres e instrumentos ancestrales en materia de resolución de conflictos:

2.1. El derecho propio constituye un verdadero sistema jurídico particular e independiente.

2.2. La tensión que surge entre la necesidad de conservar usos y costumbres ancestrales en materia de resolución de conflictos y la realización del principio de legalidad en el marco de la jurisdicción especial indígena debe solucionarse en atención a la exigencia de predecibilidad o previsibilidad de las actuaciones de las autoridades indígenas dentro de las costumbres de la comunidad, y a la existencia de un concepto genérico de nocividad social.

3. La satisfacción de los derechos de las víctimas:

3.1. La búsqueda de un marco institucional mínimo para la satisfacción de los derechos de las víctimas al interior de sus comunidades debe propender por la participación de aquellas en la determinación de la verdad, la sanción del responsable, y en la determinación de las formas de reparación a sus derechos o bienes jurídicos vulnerados.

Componente objetivo. Se refiere a la naturaleza del bien jurídico tutelado y fue Introducido por la Corte en la Sentencia T-552 de 2003, este elemento se construye en torno a la gravedad de la conducta y en su definición resulta básica la aceptación de un “umbral de nocividad” en la evaluación de la misma y está sustentado sobre las siguientes premisas:

1. Las jurisdicciones especiales ostentan un carácter excepcional.

2. El fin de la jurisdicción especial indígena es resolver conflictos internos de las comunidades aborígenes con el fin de preservar su forma de vida al interior de su territorio.

3. Haciendo una analogía con la jurisdicción penal militar, si en ese ámbito el fuero debe aplicarse exclusivamente a las conductas que pueden perjudicar la prestación del servicio, en la jurisdicción especial indígena, el fuero debe limitarse a los asuntos que conciernen únicamente a la comunidad.

Y así sintetizó los criterios interpretativos más importantes del elemento objetivo:

1. La excepcionalidad de la jurisdicción especial indígena debe armonizarse con el principio de maximización de la autonomía de las comunidades aborígenes.

2. Entender que el fin último de la jurisdicción especial indígena es dar solución a asuntos internos de las comunidades originarias ignora la importancia que la Constitución Política ha otorgado a la autonomía indígena como fuente de aprendizaje de distintos saberes.

3. El Consejo Superior de la Judicatura, como juez natural de los conflictos de competencia entre jurisdicciones, puede aplicar por analogía los criterios que ha desarrollado para definir diversos tipos de conflicto de competencia. Sin embargo, al hacerlo, debe respetar el principio de igualdad, eje axiológico y normativo de nuestra Carta Política.

La analogía entre el fuero militar y el fuero indígena resulta injustificada si se basa únicamente en el carácter excepcional de los fueros o en los fines de cada una de las jurisdicciones.

Se trata entonces de establecer un elemento objetivo que respete la maximización de la autonomía sin exceder sus límites legítimos. El punto de partida de una formulación más clara sobre el elemento objetivo exige preguntarse sobre la naturaleza del sujeto, o del bien jurídico afectado por una conducta punible, de manera que pueda determinarse si el interés del proceso es de la comunidad indígena o de la cultura mayoritaria.

Del caso en concreto. Ahora bien aplicados los anteriores preceptos al caso bajo estudio, encuentra esta Superioridad lo siguiente:

* Elementos personal y territorial. Sobre estos precisos aspectos ha de indicarse que demostrado está, como quedó que los hechos fueron cometidos dentro del territorio del Resguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá del municipio de Inzá - Cauca, donde los señores Jhon Jairo Cunacue, Luz Marina Yugue Cuello, José Abraham Cuello Coqui, Bladimir Chilito Quinto, Luis Carlos Cunacué, Bernabé Quintero Liz y Luis Armando Yugue Cunacue, conforme a los elementos arrimados al expediente, el día 7 de diciembre de 2011, ingresaron a la finca La Rinconada, de propiedad del señor Ángel Chasqui, causándole no solo la invasión sino diferentes daños, hacen parte de aquel resguardo y fungen, algunos de ellos, como autoridad, según las mismas certificaciones expedidas por el señor gobernador, lo que indica que el elemento territorial, quedó más que comprobado.

Sin embargo en el caso sub examine, se tiene que si bien, se itera, allegaron certificaciones sobre la pertenencia de los indiciados a la comunidad indígena y se alegó en las audiencias tal condición, también se probó en las mismas diligencias que la víctima - Ángel Chasqui, no hace parte del resguardo, pues como bien lo indicaron era un campesino, comunero propietario de la finca la Rinconada, de la vereda el Picacho del municipio de Inzá - Cauca, conforme a la escritura pública Nº 42, expedida por la Notaría Única del Círculo de Inzá, en el mismo departamento y el certificado de registro de libertad y tradición Nº 134-787 del 25 de octubre de 2012 (fls. 61-63, c. o.), por lo que debe tenerse especial cuidado al analizarse tal elemento, de cara a la naturaleza del derecho discutido, por cuanto no solo se trata de reprochar penalmente el comportamiento de los señores Jhon Jairo Cunacue, Luz Marina Yugue Cuello, José Abraham Cuello Coqui, Bladimir Chilito Quinto, Luis Carlos Cunacué, Bernabé Quintero Liz y Luis Armando Yugue Cunacue, quienes como integrantes del resguardo indígena - en principio y de acuerdo a la norma superior, tendrían que ser juzgados conforme a los usos, costumbres y autoridades de ese grupo minoritario, sino también se debe definir que es una situación con efectos jurídicos respecto del señor Ángel Chasqui, ajeno a la comunidad indígena, que consiste en la invasión y daños en inmueble, donde propendía por la preservación ecológica con una zona de reserva.

Ahora, la misma Constitución Política, delimita, si se quiere la autonomía de la jurisdicción especial indígena en temas de sin igual trascendencia social como la salvaguarda del derecho a la propiedad privada, partiendo del artículo 58 de la Constitución Política modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1999, que enseña: “ART. 58.—<Artículo modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.

Entonces, el anterior precepto constitucional, le entrega la responsabilidad de salvaguarda de la propiedad privada al Estado, por lo que mal se haría en el particular caso, entregar el asunto a la jurisdicción indígena, que si bien, se itera, gozan de sus usos costumbres, son autónomos, no cuenta con un mecanismo imparcial que le garantice ese derecho a quien resultó perjudicado con la conducta de algunos miembros de la comunidad aborigen, amén que uno de los investigados en la causa penal, es suplente de las directivas del mismo cabildo conforme a las certificaciones arrimadas por el propio Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo de San Andrés de Pisimbalá del municipio de Inzá - Cauca.

Siendo entonces que el titular del derecho pendiente de definición, no integra la comunidad indígena trabada en conflicto, a él no le son aplicables los usos y costumbres de ese grupo, motivo por el cual, sus derechos no pueden ser definidos por una autoridad diferente a la de la sociedad mayoritaria a la que pertenece. Es más, es allí donde en forma imparcial se le dará tratamiento al asunto, pues es traído de los cabellos, por decir lo menos, que quienes fungen y alegan la condición de autoridad indígenas como quedó certificado, sean los indiciados del presunto delito de invasión de tierras y daño en bien ajeno, en la propiedad del quien es ajeno a los que ingresaron a la propiedad privada del accionante y a la vez, sean quienes se impongan la condena, es decir, “yo infrinjo la ley, yo me castigo”.

Ahora, las circunstancias demuestran que sus comportamientos no estuvieron determinados por un contacto accidental con la cultura mayoritaria de quienes se reputan indígenas, para efectos que el juez natural encargado de desatar el conflicto a examen le reconozca el fuero a ser juzgado por sus pares, pues se infiere claramente de los audios de las audiencias que los indiciados mantienen un contacto regular con la civilización mayoritaria, es decir, desarrollan y llevan una vida normal por fuera de la comunidad de la que se afirma pertenecer. Es claro entonces para la Sala, que las pruebas contentivas en la actuación son demostrativas, que los aquí indicados, participan de tiempo atrás de la organización y expresiones de la cultura mayoritaria al punto que dicha circunstancia, le permite interactuar con pleno conocimiento de las consecuencias que le puede acarrear su comportamiento punible.

Consecuente con lo anterior, no estaría bien avalar el pedimento de la defensa de los procesados y de ellos mismos, quienes a su vez, se repite, son autoridades en su comunidad, en tanto, el grado de aislamiento de aquellos frente a la cultura mayoritaria como se vio no existe, ya que la cosmovisión, entendida esta como la forma de ver el mundo y de comportarse en el mismo no permite reconocerle el fuero que prevé el artículo 246 superior. Y es que, como se vio al momento de sentar las bases de resolución de este tipo de conflictos, cuando una conducta es penalizada tanto en la comunidad indígena, como en la mayoritaria, juega papel importante a la hora de verificar la prevalencia del fuero indígena, la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de su cultura, conciencia que ciertamente se pierde cuando aquel por hechos circunstanciales abandona su natural entorno y se adapta y convive en la sociedad mayoritaria.

Así las cosas, reiterando lo indicado por la Corte Constitucional, para que opere la jurisdicción indígena es imprescindible que la conducta sometida a su conocimiento pueda ser reconducida al ámbito territorial de una comunidad, entendida esta como el espacio donde se ejercen la mayor parte de los derechos relacionados con la autonomía de las comunidades indígenas y cuya ritualidad deriva de la posesión ancestral por parte de aquellas, incluso por encima del reconocimiento estatal, misma que necesariamente no debe coincidir con los límites geográficos cuando se da lo que se ha denominado el efecto expansivo de territorialidad.

Empero se observa en el caso sub examine que si bien se evidencia el presupuesto de la territorialidad, no ocurre lo mismo con el personal que pretende proteger la conciencia étnica del individuo, que en últimas es el propósito garantista del reciente pronunciamiento de aquella corporación, como se dejó expuesto, menos del señor Ángel Chasqui, campesino, comunero propietario de la finca la Rinconada, de la vereda el Picacho del municipio de Inzá - Cauca - Cauca, conforme a la escritura pública Nº 42, expedida por la Notaría Única del Círculo de Inzá, en el mismo departamento y el certificado de registro de libertad y tradición Nº 134-787 del 25 de octubre de 2012 (fls. 61-63, c.o.) y objeto de los punibles que se investigan.

* Elemento orgánico o institucional. Como se dejó dicho, busca la existencia de una institucionalidad dentro de la denominada Jurisdicción Especial Indígena - entendida como el derecho autónomo de esas comunidades, de carácter fundamental, que está compuesto de un sistema propio que reúne los usos, costumbres y procedimientos tradicionales conocidos y aceptados en la comunidad, a través del cual sus autoridades, castiguen los punibles por los hechos, que como en el caso que ocupa la atención, están siendo procesados Jhon Jairo Cunacue, Luz Marina Yugue Cuello, José Abraham Cuello Coqui, Bladimir Chilito Quinto, Luis Carlos Cunacué, Bernabé Quintero Liz y Luis Armando Yugue Cunacue.

Válido es precisar que ese sistema de derecho - el indígena, no constituye un remedo, dícese de copia, reproducción, repetición o una burda imitación del derecho mayoritario. Por el contrario, se trata de un verdadero sistema jurídico particular e independiente al cual el juez constitucional debe acercarse con la misma reverencia que le merece el sistema jurídico en que el mismo está inmerso(5). Bajo las anteriores premisas, en el sub examine, si bien se alegó, no se acreditó, por parte de la defensa o de las autoridades indígenas, quienes a su vez, alguno de ellos son los indicados, un sistema propio al interior de aquella comunidad a la cual pertenecen, que asumiera el conocimiento de los hechos, se autoprocesaran y se auto impusieran un castigo, lo que indica claramente un imposible para que aquel resguardo se ocupe del caso, por ello la necesidad de actuación de autoridad ordinaria y no dejar impune el hecho.

En lo que atañe al elemento objetivo, que hace referencia a la naturaleza del sujeto o del bien jurídico afectado, que resulta de la afectación del umbral de la nocividad, entendiéndose aquel cuando trasciende los intereses de la comunidad y lleva a su exclusión del hecho de la jurisdicción especial indígena y se entrega a la cultura mayoritaria, como en el caso bajo estudio, donde, si bien se está ante una conducta cometida en un territorio ancestral indígena, por sus miembros, la víctima es un particular.

Así las cosas, para esta superioridad resulta claro que el delito de invasión de tierras en concurso con el de daño en bien ajeno, en el particular caso, es un asunto que concierne no solo a la comunidad indígena, sino también a la comunidad mayoritaria, de interés general para el Estado en tanto compromete el bien jurídico de la seguridad, a lo cual estaban obligados como autoridades a preservar y no a hacer justicia por mano propia, pues permitirlo sería romper con el esquema de República Unitaria, dado en el artículo 1º de la misma Constitución, llegando al extremo que cada conflicto fuera resuelto sin tener en cuenta las normas que rigen el todo de una Nación como la nuestra, donde para bien en la conservación de valores y costumbres y porque no orgullo, hacen parte las comunidades minoritarias, como este caso el mismo Resguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá - del municipio de Inzá - Cauca.

De la anterior situación también se concluye que los aquí sujetos procesales interactuaban con pleno conocimiento de las consecuencias de los delitos. Por ello en aplicación del último pronunciamiento de la Corte Constitucional - Sentencia T-002 de 2012, cuando indica que los criterios para definir el alcance de la jurisdicción especial indígena, no deben ser evaluados por separado, encuentra esta Superioridad que esta suma de factores dentro de las cuales, se insiste, cobra enorme importancia el proceso de aculturación de los sujetos investigados y serias falencias en cuanto a la institucionalidad de la comunidad indígena para el juzgamiento de sus pares, ameritan que la ponderación entre la protección de la diversidad étnica-cultural y la importancia de la protección del bien jurídico afectado se incline en favor de éste último y en consecuencia, que el asunto continúe en conocimiento de la jurisdicción ordinaria y así se declarará.

Finalmente resulta oportuno advertir que las consideraciones expuestas se contraen únicamente a lo que es materia de la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en su atribución constitucional de juez de conflictos - numeral 6º del artículo 256 y no codician en forma alguna concretar ningún aspecto del proceso penal sobre los hechos, ni sobre autorías, responsabilidades o absoluciones, contra o a favor de los indiciados, sino que constituye un pronunciamiento sobre la competencia para investigar los hechos, por expresa atribución constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. RESOLVER el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la justicia penal ordinaria en cabeza de la Fiscalía Local de Inzá - Cauca y la Indígena, representada en el Cabildo Indígena del Resguardo de San Andrés de Pisimbalá del municipio de Inzá, en el mismo departamento, dentro del proceso penal de radicado 20118011200, que se encuentra en audiencia preliminar ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Páez - Cauca y adelantado contra los señores Jhon Jairo Cunacue, Luz Marina Yugue Cuello, José Abraham Cuello Coqui, Bladimir Chilito Quinto, Luis Carlos Cunacué, Bernabé Quintero Liz y Luis Armando Yugue Cunacue, por el presunto delito de invasión de tierras y daño en bien ajeno, asignando el conocimiento del asunto a la Justicia Penal Ordinaria, representada por la Fiscalía Local de Inzá - Cauca, al cual se le remitirá inmediatamente la actuación para que continué su trámite, conforme lo expuesto en este proveído.

2. REMITIR copia de la presente decisión al Cabildo Indígena del Resguardo de San Andrés de Pisimbalá del municipio de Inzá - Cauca y al Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Páez - Cauca, en el mismo departamento, para su correspondiente información.

3. Por secretaría líbrense las comunicaciones a que haya lugar.

Cúmplase.»

(1) Sentencia T-605 de 1992.

(2) Sentencia T-496 de 1996.

(3) Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

(4) Corte Constitucional, Sentencia 254 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver también la Sentencia C-136 de 1996.

(5) Sentencia T-002 de 2012.