Auto 2013-10135 de marzo 16 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 08001-23-33-000-2013-10135-01 (52.308)

Consejero Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: Ana Isabel Martínez de Castañeda

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte y otros

Referencia: Apelación auto. Medio de control reparación directa

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Régimen de transición.

El Despacho observa que la demanda fue presentada el día veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012) ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, por lo tanto la norma aplicable al sub lite es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), normativa que derogó expresamente en su artículo 309, el Decreto 1 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

En efecto, el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011(11), establece:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demanda y procesos en curso a la vigencia de la presente ley conseguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

2. Competencia.

La subsección es competente para decidir el recurso interpuesto, por tratarse del auto que decidió la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y no haberse acreditado la prueba de la calidad en que actúa el demandante en un proceso de reparación directa con vocación de doble instancia, según lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011(12),y se agrega que la competencia corresponde a la misma, por tratarse de la apelación de un auto que pone fin al proceso, en los términos del artículo 125 ejusdem(13).

3. Problema jurídico.

Se tiene que lo pretendido por el apoderado de la parte actora y por el agente del Ministerio Público es que revoque la decisión del a quo de declarar probadas las excepciones de no haberse acreditado la prueba de la calidad en que actúo el demandante y falta de legitimación en la causa por activa.

4. Excepciones previas.

El derecho de defensa es materializado a través de las excepciones que puede alegar el demandado contra las pretensiones de la demanda. Estas se clasifican en de fondo o perentorias, y previas. Las excepciones de fondo, que también son llamadas como de mérito, atacan directamente las súplicas de la demanda. Las excepciones previas, de otro lado, tienen como elemento teleológico edificar y velar por la forma del proceso, es decir, van encaminadas a corregir las irregularidades del mismo.

La doctrina procesal colombiana ha conceptualizado a estas últimas como aquellas especiales y de previo pronunciamiento que buscan sanear el proceso para evitar nulidades o sentencias inhibitorias, y las fallas de forma que se denuncien mediante estos medios exceptivos deben ser resueltas con anterioridad a que se pronuncie sentencia de fondo(14).

En la legislación procesal, están reguladas en el Colegio General del Proceso, que derogó el Código de Procesamiento Civil, y consagró en su artículo 100 que serán propuestas dentro del término de traslado de la demanda las siguientes:

“1. Falta de jurisdicción o de competencia.

2. Compromiso o cláusula compromisoria.

3. Inexistencia del demandante o del demandado.

4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada”.

Visto lo anterior, se encuentra la excepción previa decretada por el a quo cobijada por el numeral 6º del artículo previamente citado.

Se considera menester resaltar que se aplican a los procesos contenciosos administrativos las excepciones previas enumeradas en el Código General del Proceso, al no estar enunciados en la Ley 1437 de 2011.

5. Legitimación en la causa.

Estar legitimado en la causa, de otro lado, es un presupuesto anterior a la sentencia favorable, del cual se desprende que aquel que de conformidad con la ley material tiene la prerrogativa para demandar o ser demandado en un proceso, al ser sujeto de la relación sustancial objeto de la litis, es quien está legitimado materialmente en la causa, ya sea por activa o por pasiva.

La carencia de legitimación puede proponerla el demandado cuando estima que el accionante no tiene legitimación ad causam o legitimación ad processum, es decir, si el actor no tiene el derecho sustantivo que sirva de fundamento a su acción o no está representado legítimamente(15).

Jurisprudencialmente, se ha establecido que la legitimación en la causa se divide en la legitimación en la causa se divide en la legitimación de hecho, basada en haber presentado el actor el escrito de libelo introductorio, y el demandado al notificarse del auto admisorio de la demanda, es decir, consiste en la relación procesal de las partes; y la legitimación material, que se deriva del vínculo directo que sostienen los sujetos procesales con los supuestos fácticos del proceso.

Los doctrinantes han sostenido que la legitimación en la causa no se identifica con la acción, toda vez que en el fallo de fondo o con anterioridad, se puede determinar que esta no existía, lo cual no indica, per se, que la acción tampoco existió, al ser esta un derecho autónomo cuya existencia data previo al proceso mismo(16).

Tampoco es análoga a la titularidad del derecho, ya que quien sea titular es aquel que obtenga una decisión de fondo de acuerdo a sus pretensiones, mientras que la legitimación es un proceso anterior, que no necesariamente implica una sentencia favorable.

En consecuencia, se puede tener legitimación en la causa, y al mismo tiempo una sentencia desestimatoria. Tal sería el caso en el divorcio, donde solo tendría legitimación en la causa para iniciar este proceso los cónyuges, empero, puede obtener una providencia desestimatoria si es quien dio lugar a los hechos que motivan el divorcio, o si no logra demostrar que su cónyuge fue quien incurrió en las causales que se alegan.

De ahí se deriva que la falta de legitimación en la causa no es considerada en si como una excepción previa, y tiene una especial importancia, habida cuenta que en virtud del numeral 3º del artículo 278 del Código General del Proceso, es deber del juez proferir sentencia anticipada cuando esta se encuentre acreditada(17).

A pesar de esta diferencia, por disposición expresa del numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en la audiencia inicial el juez o magistrado ponente resolverá sobre estas excepciones, lo cual fue desarrollado a cabalidad por el Tribunal de primera instancia.

En ese orden de ideas, se itera que la parte actora presentó demanda de reparación directa contra las entidades demandadas por los perjuicios que se generaron en su finca con motivo de la inundación provocada por el rompimiento del canal del dique.

Revisado el escrito del libelo introductorio, encuentra la Sala que en el primer hecho se afirma textualmente “mi mandante es propietaria de unos lotes rurales llamados Los Cocos y Buenavista, en el paraje denominado pasa barro, el cual tiene una extensión de ciento cuarenta hts, (140) Hs, ubicado la jurisdicción del municipio de Campo de la Cruz, - Atl., cuyas medidas y linderos se encuentra (sic) en el registro inmobiliario”.

A su vez, en el hecho quinto se adujo que de acuerdo con un informe pericial a la actora le causaron daños materiales en la finca de su propiedad, en el sexto que la actora sufrió pérdidas en su vivienda urbana, en el décimo se indicó que la accionante “sufrió daños materiales y morales traducidos en pérdidas de sus bienes y de las mejoras implantadas que fueron descritas en los numerales dos, tres, cuatro y cinco”, en el trigésimo cuarto “que mi mandante, a causa de las inundaciones de sus propiedades, viviendas, fincas, y demás...”, en el trigésimo quinto “que la solvencia económica de los damnificados quedo (sic) reducida, porque sus medios de producciones colapsaron a causa de las inundaciones de sus diversas propiedades (negocios, fincas, locales comerciales, transporte de pasajeros y cargas, farmacias, estaderos, oficinas, talleres, restaurantes etc.)”.

De esta manera, al endilgarle exclusivamente a la parte actora la calidad de propietaria, se procede a estudiar los medios exceptivos declarados por el a quo frente al derecho de dominio.

6. Derecho de propiedad.

En nuestro ordenamiento jurídico, la propiedad, también llamada dominio, es definida en el Código Civil como el derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, sin ir en contra de la ley o de los derechos ajenos(18).

Al abordar este tema desde el derecho romano, se tiene este concepto:

“En los tiempos arcaicos la propiedad era un derecho soberano sobre el territorio, un derecho de naturaleza política, encuadrado dentro de un orden social extraño al Estado, referido al poder más amplio del pater”(19).

El derecho de propiedad, se ha entendido como el derecho sobre una cosa, que da la prerrogativa a una persona, en la medida de la naturaleza de esta y de la finalidad del dueño, sustraer de aquella sus ventajas naturales y jurídicas para las cuales es idónea, y tener la disposición parcial o total de su derecho, aún con la constitución de facultades en cabeza de terceros(20).

Este derecho es diferente de la posesión y la tenencia, ya que el propietario es el titular de los derechos de usus, frutus y abusus; el poseedor por su parte es quien tiene el bien con ánimo de señor o dueño, desprendiéndose que sí es el dueño en realidad, tiene la posesión unida al dominio, o si no lo es, es una posesión sin derecho de dominio; y tenedor es aquel que guarda el bien sin el citado ánimo, es decir, reconoce a otro como dueño(21).

Al abarcar el tema de los bienes, se considera pertinente desarrollar la distinción que realiza la legislación civil, en la que se los clasifica como cosas corporales, entendiéndose a estas como las que tienen un ser real y pueden ser percibidas mediante los sentidos; y las incorporales, conceptualizadas como los meros derechos.

Dentro de las cosas corporales, se tiene por un lado los bienes muebles, caracterizados porque pueden desplazarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o llamados también semovientes, como los animales, o por medio de una fuerza externa, como un libro o un expediente; y los inmuebles o bienes raíces, que son aquellos imposibles de desplazar de un lugar a otro, tal como los predios o un cerro.

Los bienes inmuebles, a su vez, se clasifican en los inmuebles por naturaleza: entendiéndose a estos como aquellos que no pueden ser transportados del lugar donde se encuentran ubicados, como una finca; los inmuebles por adhesión: consistentes en aquellos muebles que se encuentran adheridos al suelo, como las plantas o los árboles, salvo que se encuentren en una maceta que pueda ser desplazada de un lugar a otro; y los inmuebles por destinación: reputados así aquellos muebles cuyo elemento teleológico es el uso, cultivo o beneficio de un inmueble, y que pueden ser retirados sin que padezcan menoscabo alguno, tal como los tubos de una cañería.

Para transferir la propiedad de un bien, según la legislación colombiana, y tal como lo ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia, es necesario que concurran dos actos distintos, los cuales son el título y el modo.

A manera de ilustración de lo anteriormente relacionado, los juristas han sostenido que el contrato de compraventa es regido por la teoría del título y el modo, implicando la ejecución de esos dos actos jurídicos, el contrato y la entrega o tradición. Dicho de otro modo, el contrato, que en la venta de bienes inmuebles está cobijado dentro de la escritura pública, es el título, y la tradición es el modo, que a su vez, tratándose de los inmuebles, es perfeccionado con la inscripción(22).

De conformidad con estos asertos, se dilucida que para poder una persona transferir el derecho de dominio o propiedad a otra, se hace indispensable la presencia del título y el modo, que en el caso de un bien inmueble, se necesita la escritura pública y la inscripción de esta en la oficina de registro de instrumentos públicos.

7. Sentencia traída a colación.

El Tribunal a quo tomó esta posición en el sub lite, con fundamento en un pronunciamiento realizado por esta Subsección en el año dos mil trece (2013), en el que también se abordó el tema de la legitimación en la causa. Para precisar es pertinente traer a colación lo que en esa oportunidad se dilucidó:

“En tratándose del derecho real o de dominio, el sistema civil colombiano requiere para su perfeccionamiento que converjan el título y el modo, es decir, que para radicar la propiedad en cabeza de alguien, es necesario, en primer lugar, que exista un título(23) otorgado con la finalidad de transferir el dominio de una persona a otra, y, posteriormente, que esa transferencia se perfeccione mediante la efectiva entrega o tradición de la cosa. Recogiendo las definiciones ofrecidas por el profesor José J. Gómez, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha precisado:

‘Como se sabe, en el Derecho Civil se distinguen claramente las nociones de Título y Modo. Así, el primero es el hecho del hombre o la sola ley que establece obligaciones o lo faculta para la adquisición de los derechos reales, conforme lo ha establecido desde antiguo la doctrina universal, al paso que el segundo es la manera como se ejecuta o realiza el título. Y en virtud de estos dos fenómenos los particulares pueden adquirir el derecho de dominio sobre las cosas’(24).

De acuerdo con lo anterior, el derecho real nace de la suma de dos momentos, el primero de ellos, la formación del título que en tratándose de bienes inmuebles, la Sala ha considerado en múltiples oportunidades que el derecho real de dominio sobre este tipo de bienes es de los pocos derechos subjetivos que el legislador somete a tarifa legal, esto es, al cumplimiento de unas solemnidades ad substantiam actus que exigen a su titular ciertas formas documentales para el perfeccionamiento y prueba de los actos jurídicos que involucren la adquisición y transmisión de los mismos”(25).

En ese sentido, se tiene que la teoría del título y el modo ha sido aplicada recientemente por esta Sala, coligiéndose que deben converger ambos para el nacimiento del derecho real, y en los bienes inmuebles por naturaleza, la ley cobija una tarifa legal, consistente en que el titular debe cumplir con precisas formas documentales para demostrar los actos jurídicos en los que se ejecutó la adquisición y la tradición.

Así pues, al establecer el legislador una tarifa legal para demostrar la existencia del contrato solemne que recae en un inmueble, es evidente que el administrador de justicia no está facultado para aceptar cualquier medio de prueba con la finalidad de determinar si el acuerdo de voluntades existió, sino solamente el medio que estableció la ley para comprobarlo, al estar revestido de una solemnidad.

Bajo esta óptica, se dilucida que para demostrar la propiedad de los inmuebles, es menester aportar la escritura pública en la que conste el contrato de compraventa, permuta, donación, etc., como título, y el certificado del registro del citado inmueble en la oficina de registro de instrumentos públicos, constitutiva de la tradición, como el modo. De tal manera que al carecer de alguno de los dos actos jurídicos, no será probado el derecho de dominio.

Adjuntando esta posición con el tema de la legitimación en la causa, se llega a la síntesis de que está legitimado materialmente por activa quien demuestre ser el propietario del bien inmueble, para lo cual necesita de la escritura pública como título y el certificado de inscripción en la Oficina de Registro como modo, y en caso de extrañarse estos requisitos, quien acuda ante la jurisdicción no tendrá relación sustancial con la litis del proceso, y en consecuencia, no está legitimado para demandar por no ser propietario del inmueble.

8. Resolución del caso.

Desde este punto de vista, no comparte la Sala los argumentos esbozados por el apoderado de la parte actora ni por el agente del Ministerio Público en el recurso de alzada, toda vez que al manifestar claramente ser la propietaria del bien inmueble, esta calidad es la que debió ser demostrada para poder estar legitimada en la causa.

Así entonces, se advierte que de los documentos aportados por la parte actora con el libelo introductorio, no se puede inferir que esta sea la propietaria del inmueble respecto del cual se demanda, toda vez que no se aportó el título, valga recordar, la escritura pública en la que conste el contrato objeto de la obligación de dar, ni el modo, es decir, el certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos en la que funja como propietaria la actora, resaltándose que en el sub lite no se demostró ninguno de los dos.

Conforme con esto, al no haber sido acreditada la calidad de propietaria de la parte actora, se tiene que no se cumple con el presupuesto previo para dictar sentencia, y en consecuencia, en esta etapa procesal es necesario decretar la falta de legitimación material en la causa por activa y dar por terminado el proceso.

Tampoco son de recibo las razones expuestas por el Agente del Ministerio Público alusivas a que hay una serie de hechos de los que no se necesita ser propietario para su realización, toda vez que en la demanda se alegó expresamente la calidad de propietario, y no de poseedor, y en este momento modificar la condición que la misma parte actora adujo en la presentación de la demanda es modificar la causa petendi, vulnerando de esta manera el derecho de contradicción de los demandados, quienes se defendieron de las súplicas del libelo introductorio en las que se revistió a la accionante con la calidad de dueña y no de poseedora.

Admitir lo anterior, vulneraría también por los mismos motivos el derecho al debido proceso de las demandadas, consagrado expresamente en la Carta Política en su artículo 29(26).

En gracia de discusión, si se aceptara que la calidad en que acude la parte actora al proceso es la de poseedora, esta también debe ser demostrada, y no simplemente alegarse en los hechos y pretensiones de la demanda, tal como lo determina el artículo 981 del Código Civil(27).

De otro lado, tampoco se demostró la calidad de propietaria por lo siguiente: si bien obra en el expediente el certificado de defunción del señor Francisco Castañeda Olivo(28), que es quien aparece en los Certificados de Libertad y Tradición de Matrícula Inmobiliaria como propietario de los predios por los cuales se demanda(29), y de quien aduce la demandante ser la cónyuge, es evidente que no se acreditó esta calidad en el sub lite, es decir, no se demostró que la actora tuviera un vínculo matrimonial con el señor Castañeda para la fecha de los hechos ni prueba de su relación afectiva, y en consecuencia, no acreditó la prueba de la calidad que ostenta la misma.

Es más, tal como debidamente coligió el togado, si se hubiese acreditado la calidad de cónyuge, lo cierto es que tampoco se demostró la apertura de la sucesión que le permitiese acudir en sede judicial.

Por otro lado, respecto de los bienes situados en el inmueble de la referencia, también se encuentra probada la falta de legitimación en la causa por activa por lo siguiente.

Con el escrito del libelo introductorio se aportaron estos documentos:

— “Avalúo comercial rural del veintiséis (26) de marzo de dos mil doce (2012) solicitado por la señora Ana Isabel Martínez de Castañeda sobre los predios Buenavista y los Cocos, en el que se hace una relación del valor afectado del inmueble por las pérdidas de los bienes ubicados en él(30).

— Fotografías del predio tomadas por Ana Isabel Martínez de Castañeda(31).

— Constancia expedida el veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012) por el doctor Epifanio Cantillo Arrieta, Contador Público, en el que certifica que el patrimonio de la actora se vio afectado en la suma de mil ochocientos setenta y cinco millones cuarenta y cinco mil pesos (1.875.045.000) como consecuencia de la emergencia invernal del treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010)(32).

— Constancia de la solicitud de conciliación prejudicial del día veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012) declarada fallida por no existir ánimo conciliatorio entre las partes, en la cual se indica que la actora pretendía el pago de los perjuicios ocasionados como propietaria de la finca La Gloria(33).

— Certificado de libertad y tradición expedido el quince (15) de marzo de dos mil doce (2012) del predio con número de matrícula inmobiliaria 045-2214, denominado Buena Vista, en el que aparece en la anotación Nº 2 que el señor Francisco Castellano Olivares adquirió mediante contrato de compraventa celebrado con Sixto Cantillo de La Hoz el inmueble de la referencia(34).

— Certificado de libertad y tradición expedido el veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012) del predio con número de matrícula inmobiliaria 045-19974, en el que aparece en la anotación Nº 2 que el señor Francisco Castañeda Olivares adquirió mediante contrato de compraventa de derechos herenciales celebrado con Lucas Antonio Cantillo Ávila y otros el inmueble de la referencia(35).

— Certificado de libertad y tradición expedido el veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012) del predio con número de matrícula inmobiliaria 045-18418, denominado El Coco, en el que se identifica en la anotación Nº 1 que el señor Francisco Castañeda Olivares adquirió mediante contrato de compraventa celebrado con Leda Joselina Rodríguez de Mosquera el inmueble de la referencia(36).

— Certificado de libertad y tradición expedido el veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012) del predio con número de matrícula inmobiliaria 045-18419, denominado El Coco, en el que se observa en la anotación Nº 1 que el señor Francisco Castañeda Olivares adquirió mediante contrato de compraventa celebrado con Leda Joselina Rodríguez de Mosquera el inmueble de la referencia(37).

— Certificado de libertad y tradición expedido el dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012) de una casa con número de matrícula inmobiliaria 045-53479, en el que funge en la anotación Nº 1 que el señor Francisco Castañeda Olivo y la señora Ana Martínez Ospino adquirieron mediante contrato de compraventa celebrado con el Municipio de Campo de la Cruz el inmueble de la referencia(38).

Relación de bienes muebles e inmuebles afectados por la inundación de los municipios del sur del Atlántico firmada por la señora Amparo de Jesús Castañeda(39).

— Registro único de vacunación Nº 2-0030295 contra la aftosa, aftosarabia y la brucelosis expedido por el Fondo Nacional de Ganado —Fedegán— en donde aparece el nombre del predio Buena Vista, emerge como ganadero los Hermanos Castañeda Martínez, y firma en esa calidad el señor Jorge Luis Castañeda(40).

— Certificación expedida el veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012) por el Inspector de Policía Municipal de Campo de la Cruz, Atlántico en la que consta una figura estampada la cual reposa en los libros radicadores de hierro de ese despacho, y que estaba radicada en el hierro quemador para Res a nombre del señor Francisco Castañeda Olivo(41).

— Certificación expedida el veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012) por el Representante Legal de la Asociación de Productores de Leche del sur del Atlántico —Aprolesur—, en la que consta que el señor Francisco Castañeda Olivo, fue socio activo fundador de esa empresa(42).

— Copia auténtica del Registro Civil de Defunción del señor Francisco Castañeda Olivo, en donde se observa como denunciante a la señora Amparo de Jesús Castañeda Martínez, la fecha de defunción el once (11) de octubre de dos mil ocho (2008), y con constancia de autenticidad del veintiséis (26) de junio de dos mil doce (2012)(43).

— Contrato de promesa de compraventa del veintisiete (27) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999) celebrado entre la señora Mercedes Olivero de Cantillo y el señor Hermes Nicolás Orozco Ávila, cuyo objeto fue la obligación de vender un bien inmueble en el paraje conocido como Buena Vista(44).

— Contrato de promesa de compraventa del veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) celebrado entre el señor Lucas Antonio Cantillo Ávila y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la obligación de vender la finca denominada Buena Vista(45).

— Contrato de compraventa del doce (sic) (2012) de septiembre de dos mil ocho (2008) celebrado entre el señor César Enriquecera Cantillo y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un lote de dos y media hectáreas en el sitio denominado Los Cocos(46).

— Contrato de compraventa del veintinueve (29) de junio de dos mil (2000) celebrado entre la señora Rosminia Raquel Hernández de Cantillo y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un terrero rural de tres hectáreas en el sitio denominado Buena Vista(47).

— Contrato de compraventa del veintitrés de febrero de dos mil (2000) celebrado entre el señor Hermes Nicolás Orozco Ávila y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un terreno rural de tres hectáreas en el sitio denominado Buena Vista(48).

— Escritura Pública Nº 28 del dieciséis (16) de abril de mil novecientos setenta y uno (1971), en la que consta que el señor Francisco Castañeda Olivo compró al señor Pedro Rivera en abril de la misma anualidad un globo de terreno de once (11) hectáreas denominado Palmarito(49).

— Contrato de compraventa del veintitrés (23) de noviembre de dos mil cuatro (2004) celebrado entre el señor Robinson José Rojano Fonseca y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un terreno ubicado en Las Islitas(50).

— Contrato de compraventa del once (11) de agosto de dos mil tres (2003) celebrado entre el señor Dagoberto Castañeda Martínez y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un cuarterón con ciento sesenta metros de terreno rural en el sitio denominado Chiquero(51).

— Contrato de compraventa del siete (7) de noviembre de dos mil dos (2002) celebrado entre el señor Dagoberto de Jesús Castañeda Martínez y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un lote de terreno ubicado en el perímetro rural del Municipio de Candelaria(52).

— Contrato de compraventa del doce (12) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995) suscrito entre el señor José de los Santos Ariza Silvera y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un inmueble localizado en el predio Chiquero(53).

— Contrato de compraventa del veintitrés (23) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999) celebrado entre el señor Pedro Pulido Ariza y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de una hectárea de un terreno rural ubicado en el sitio denominado Palmarito(54).

— Contrato de compraventa del veinte (20) de julio de mil novecientos ochenta y dos (1982) suscrito entre el señor José Joaquín Guerra Rivera y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un pedazo de terreno de una hectárea, un cuarterón, ubicado en el paraje conocido como el Palmarito(55).

— Contrato de compraventa del siete (7) de noviembre de dos mil dos (2002) celebrado entre la señora Dilia Rosa Cervantes de Cervantes y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de una hectárea de terreno rural localizada en el sitio denominado el Palmarito(56).

— Contrato de compraventa del veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998) celebrado entre el señor Manuel Antonio Cervantes Muñoz y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de tres cuarterones ubicados en el Municipio de Candelaria Atco, en el punto llamado Las Islitas(57).

— Contrato de compraventa del seis (6) de agosto de mil novecientos ochenta y dos (1982) suscrito entre el señor Manuel Llano Bolívar y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de hectárea y media de terreno ubicado en el sector denominado Las Islitas(58).

— Contrato de compraventa del cuatro (4) de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) acordado entre la señora Leorinda Valencia de Therán y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un terreno de tres cuarterones localizado en el predio Palmarito(59).

— Contrato de compraventa del veintiuno (21) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986) celebrado entre el señor Calixto Rafael Hernández Marenco y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un lote de terreno situado en el punto conocido como “Paratebien”(60).

— Contrato de compraventa del quince (15) de abril de mil novecientos ochenta y seis (1986) pactado entre el señor Julio Alberto Valencia Pontón y el señor Francisco Castañeda Olivo, cuyo objeto fue la venta de un pedazo del terreno ubicado en el punto conocido como Palmarito(61).

— Declaración del señor Vespasiano Beltrán realizada el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos ochenta y tres (1983) en la que afirmó que había vendido el lote de terreno de su propiedad ubicado en el paraje conocido como Las Islitas al señor Francisco Castañeda Olivo(62).

— Declaración del señor Julio César Martínez Domínguez realizada el primero (1º) de febrero de mil novecientos setenta y nueve en la que manifestó haber vendido un lote de terreno ubicado en el punto conocido como Palmarito al señor Francisco Castañeda Olivo(63).

— Declaración de la señora Escilda Rosa de La Hoz de De la Matta realizada el cinco (5) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992) en la que sostuvo haber vendido un pedazo de tierra localizado en el sector de Palmarito(64).

— Declaración de los señores Olégano Escarrillo Domínguez y Luisa de Escarrillo realizada el cuatro (4) de junio de mil novecientos setenta y siete (1977), en la que afirmaron haber vendido un lote de terreno de sus propiedades situado en el paraje conocido como Palmarito al señor Francisco Castañeda Olivo(65).

— Factura 87423680 del veintitrés (23) de septiembre de dos mil doce (2012) expedida por Gases del Caribe, a nombre de la señora Ana Martínez Ospino”(66).

Así las cosas, se tiene que ninguno de los documentos aportados por la parte actora son idóneos para acreditar su calidad de propietaria, o en gracia de discusión, de poseedora, sobre los bienes muebles objeto de la demanda.

Solo aparece su nombre en el certificado de libertad y tradición Nº 045-53479 expedido el dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012), el cual se hace alusión a una casa, que sin embargo, no fue objeto de la demanda de la referencia, tal como coligió el a quo.

De esta manera, se confirmará el auto proferido en la audiencia inicial el dos (2) de julio de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad, y se dará por terminado el proceso.

De conformidad con lo anterior, se

RESUELVE:

1. Confirmar el auto proferido en la audiencia inicial el dos (2) de julio de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad.

2. Ejecutoriado este auto, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

11 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

12 ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la reconvención según el caso, el Juez Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
(...).
6. Decisión de excepciones previas. El Juez Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.
Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.
Si alguna de ellas prospera, El juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso.

13 ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º, y 4º del artículo 243 de este Código serán de la Sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que se resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica.

14 Manual de Derecho Procesal Civil, parte general, conforme con el Código General del Proceso, de Luis Jaime Osorio Rincón, Leyer, 2014, pág. 129.

15 Glosario jurídico Procesal, Colección Glosarios Jurídicos Temáticos, 1ª serie, volumen 3º, de Cipriano Gómez Lara, Sonia Pérez Pérez de Jesús Maciel Guerra, Universidad Nacional Autónoma de México, IURE editores, pág. 29.

16 Manual de Derecho Procesal Civil, parte general, conforme con el Código General del Proceso, de Luis Jaime Osorio Rincón, Leyer, 2014, pág. 54.

17 ART. 278.—Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.
En cualquier caso del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:
1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.
3. Cuando se encentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.

18 ART. 669.—Concepto de dominio. El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.
La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera u nuda propiedad.

19 De Martino, Individualismo a diritto romano, Roma, 1941, III, 1, trad., Bogotá, 1978.

20 Apuntes de Derecho Romano —Bienes—, de Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, 2005, pág. 22.

21 La posesión de Milcíades Cortés, Monografías Jurídicas 11, Editorial Temis S.A., 2010, pág. 11.

22 Introducción al Estudio de los Contratos Civiles y Comerciales, Parte General y Parte Especial, Segunda Edición, de Jesús Ángel Linares Vesga, Librería Ediciones del Profesional Ltda., pág. 88.

23 En los términos del profesor José J. Gómez, el título “es el hecho del hombre generador de obligaciones o la sola ley que lo faculta para adquirir el derecho real de manera directa. (Bienes, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 1981, pág. 159).

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia de 9 de junio de 1999, Rad. 5265, M.P. Pedro Lafont Pianetta.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, Sentencia del 30 de enero de 2013, Radicación 63001-23-31-000-2001-00195-01, Nº Interno 25.086, consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

26 ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

27 ART. 981.—Prueba de la posesión del suelo. Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión.

28 Folio 35 del cuaderno 1 del Tribunal.

29 Folios 26 a 30 del cuaderno 1 del Tribunal.

30 Folios 14 a 24 del cuaderno principal.

31 Folio 24 A del cuaderno principal.

32 Folio 24 B del cuaderno principal.

33 Folio 25 del cuaderno principal.

34 Folio 26 del cuaderno principal.

35 Folio 27 del cuaderno principal.

36 Folio 28 del cuaderno principal.

37 Folio 29 del cuaderno principal.

38 Folio 30 del cuaderno principal.

39 Folio 31 del cuaderno principal.

40 Folio 32 del cuaderno principal.

41 Folio 33 del cuaderno principal.

42 Folio 34 del cuaderno principal.

43 Folio 35 del cuaderno principal.

44 Folio 36 del cuaderno principal.

45 Folio 37 del cuaderno principal.

46 Folio 38 del cuaderno principal.

47 Folio 39 del cuaderno principal.

48 Folio 40 del cuaderno principal.

49 Folios 41 al 44 del cuaderno principal.

50 Folio 45 del cuaderno principal.

51 Folio 46 del cuaderno principal.

52 Folio 47 del cuaderno principal.

53 Folio 48 del cuaderno principal.

54 Folio 49 del cuaderno principal.

55 Folio 50 del cuaderno principal.

56 Folio 51 del cuaderno principal.

57 Folio 52 del cuaderno principal.

58 Folios 53 y 54 del cuaderno principal.

59 Folio 55 del cuaderno principal.

60 Folio 56 del cuaderno principal.

61 Folio 57 del cuaderno principal.

62 Folio 58 del cuaderno principal.

63 Folio 59 del cuaderno principal.

64 Folio 60 del cuaderno principal.

65 Folio 61 del cuaderno principal.

66 Folio 62 del cuaderno principal.