Auto 2014-00003 de agosto 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Rad.: 88001233300020140000301 (50408)

Demandante: Sociedad Bemor SAS.

Demandado: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Ref.: Apelación auto que negó solicitud de amparo de pobreza.

Bogotá D.C., seis de agosto de dos mil catorce.

Resuelve el despacho el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 3 de febrero de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante el cual se negó la solicitud de amparo de pobreza.

I. Antecedentes

1. El 14 de enero de 2014, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la sociedad Bemor SAS, presentó solicitud de amparo de pobreza para demandar en ejercicio del medio de control de controversias contractuales al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones 6295 de noviembre 28 de 2011 y la 5404 de diciembre 9 de 2010, mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato de concesión 342 de 2007.

2. En auto del 3 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, negó la solicitud de amparo de pobreza y aplicó la multa establecida en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en que la solicitante no aportó pruebas suficientes, como soportes de los balances y estados de resultado que presentó o declaraciones de renta, que permitieran acreditar que la persona jurídica se encontraba en incapacidad de cancelar los gastos que requiera el proceso judicial.

3. Inconforme con la decisión, la solicitante interpuso recurso de apelación contra la decisión, y adujo que los documentos allegados con la petición acreditan que la sociedad no dispone de los medios económicos para sufragar los gastos del proceso. Expresó que esos documentos estaban firmados por un contador público y por el representante legal de la sociedad, por tanto, se presumen ajustados a los requisitos legales, salvo que se pruebe lo contrario, según lo establece la Ley 43 de 1990.

4. En auto del 21 de febrero de 2014, el tribunal concedió el recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.

Consideraciones

1. Un aspecto que debe resolverse de manera previa al asunto de fondo y que deriva de la ausencia de regulación en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo respecto de la institución del amparo de pobreza, es el de la procedencia del recurso interpuesto contra la decisión recurrida, así como la competencia de esta corporación para avocar conocimiento. Pues, si bien, el artículo 306 de esa codificación, señala que los vacíos normativos deben llenarse con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, esta remisión plantea un nuevo problema jurídico que alude indefectiblemente al análisis de las reglas de vigencia y transición normativa del Código General del Proceso, para determinar si las normas que se deben aplicar al caso objeto de estudio son las del derogado Código de Procedimiento Civil o las consagradas en el Código General de Proceso. Para finalmente establecer si procede el recurso de apelación contra el auto que niega la solicitud de amparo de pobreza.

2. Con relación a la vigencia de las normas del Código General del Proceso, el artículo 627 de esa codificación consagró unas reglas de vigencia escalonada o progresiva. Igualmente, sujetó la entrada en vigencia de esta normativa a la implementación del programa de formación de funcionarios y adecuación física y tecnológica por el Consejo Superior de la Judicatura. En atención a ello, se expidió el Acuerdo PSAA1310073 que programó la entrada en vigencia del referido código conforme a la distribución de los distritos judiciales del país, y para tal efecto, se señaló un cronograma de entrada en vigencia dividido en tres fases(1). No obstante, dada la incertidumbre y la ambigüedad del legislador con relación a este asunto, en reciente pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, se abordó el tema de la vigencia de las normas del Código General del Proceso(2), que se cita in extenso:

“Así las cosas, surge de manera inexorable el siguiente interrogante o problema jurídico: ¿el cronograma fijado por el Consejo Superior de la Judicatura, es vinculante para la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, por lo tanto, habrá que ceñirse al mismo, o, por el contrario, sólo es predicable frente a la Jurisdicción Ordinaria Civil y, en consecuencia, el Código General del Proceso, entró a regir en su totalidad el 1º de enero de 2014 para las restantes jurisdicciones que ya cuentan con sistema oral implementado?

“Sobre el particular, considera la Sala —con fines de unificación jurisprudencial— que el Código General del Proceso entró a regir de manera plena el 1º de enero del año en curso, por las siguientes razones:

“i) Si bien el legislador no distinguió expresamente y, por ende, le estaría vedado al juez diferenciar donde aquél no lo hizo, lo cierto es que de manera indirecta el artículo 627 del Código General del Proceso, sí está encaminado a regular una situación que únicamente se predica respecto de la Jurisdicción Ordinaria Civil.

“ii) La Jurisdicción Ordinaria Civil es la única estructura de la Rama Jurisdiccional del Poder Público en la que no ha entrado a regir —en el plano normativo— la oralidad como sistema para el trámite y desarrollo del proceso, razón suficiente para que se otorgara por la autoridad administrativa unos plazos con la finalidad de la implementación de las condiciones físicas necesarias y poder así desarrollar un procedimiento oral civil conforme a los postulados de la Ley 1564 de 2012.

“iii) El cuadro contenido en el Acuerdo PSAA13-10073 hace referencia a distritos judiciales distribuidos en “jurisdicciones municipales”, lo que significa que, conforme a un criterio finalístico o teleológico, su objetivo está encaminado a la Jurisdicción Ordinaria, puesto que si bien, la Jurisdicción de lo Contencioso a la luz del artículo 50 de la Ley 270 de 1996(3) también se encuentra distribuida por “distritos judiciales”, lo cierto es que en el citado acto administrativo se hace referencia expresa a aquellos distritos judiciales que están asignados o distribuidos por cabeceras municipales en vez de departamentos; de modo que, no es posible —de ningún modo— entender que la reglamentación comprende a esta jurisdicción, por cuanto ésta se estructura a partir de un esquema de “jurisdicción departamental” (28 tribunales administrativos en el país), del que dependen unos jueces administrativos designados, principalmente, en las capitales de departamento, así como en algunos municipios estratégicos o tradicionales.

“De allí que, sea imposible entender cómo entraría a regir el Código General del Proceso en Antioquia, si la norma hace referencia al distrito judicial de Medellín y, simultáneamente, al distrito judicial de Antioquia (fase II y fase III, respectivamente) y, de igual forma, existen jueces administrativos en Turbo.

“Lo mismo ocurriría en el Valle del Cauca y en Boyacá, donde hay dos distritos judiciales y, por lo tanto, habría que preguntarse cómo entraría a regir el Código General del Proceso, frente a los tribunales y jueces administrativos.

“En el ejemplo presentado habría que formularse el siguiente interrogante: ¿el Juzgado Administrativo de Turbo (Antioquia) en qué fecha entraría a aplicar el Código General del Proceso, en la fase II (Medellín) o en la Fase III (Antioquia)?

“Como se aprecia, la única lectura válida que se le puede dar al Acuerdo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura es que se trata de una norma diseñada exclusivamente para la jurisdicción ordinaria y, concretamente, la Civil, pues es la única que hasta la fecha no tiene implementado un sistema de impulso procesal de naturaleza oral.

“iv) De otra parte, la Jurisdicción Contencioso Administrativo desde la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya cuenta con la implementación del sistema mixto —principalmente oral— razón por la que sería inocuo que se negara la entrada en vigencia del Código General del Proceso, a partir del 1º de enero de 2014, en espera de unas condiciones físicas y logísticas que se supone ya deben existir. Y, si bien, se cuenta con falencias y limitaciones físicas y estructurales en la implementación del sistema oral en materia contencioso administrativa, lo cierto es que resulta incuestionable que a partir de la Ley 1437 de 2011 entró a regir en esta jurisdicción el esquema procesal mixto —con una predominancia oral— razón por la que se ha hecho una distribución en los despachos judiciales del país entre aquellos encargados de evacuar los procesos del sistema mal denominado “escritural” y el nuevo proceso “oral”.

“De modo que, con independencia de que exista una escases de recursos físicos, económicos y de capacitación, no puede negarse que el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo entró a regir desde el 2 de julio de 2012, sin que existan argumentos para negar su aplicabilidad al interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; por consiguiente, en una lógica a fortiori, resultaría paradójico y contradictorio que se admitiera, de un lado, la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo –con la implementación del sistema oral al interior de la JCA.

“pero, de otra parte, se negara la vigencia del Código General del Proceso con fundamento en que el sistema oral no ha sido totalmente implementado.

“v) Por otra parte, según el principio del efecto útil de las normas habría que darle la mejor interpretación al numeral 6 del artículo 627 del Código General del Proceso, en aras de evitar que esta jurisdicción tuviera que aplicar una norma de manera progresiva cuando ya se han dispuesto en todo el territorio nacional, al menos en el plano normativo, las exigencias para su aplicación, la cual, por demás, es residual en virtud de las remisiones e integraciones normativas que realiza la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo” (v. gr. el art. 306)(4).

“vi) De otra parte, la hermenéutica que se prohíja en esta decisión es la que mejor se acompasa con los principios de eficiencia(5) y celeridad(6) a que hace referencia de la Ley 270 de 1996 y sus modificaciones.

“vii) Por último, lo sostenido se refuerza de manera incontrovertible con la expedición de la Ley 1716 de 2014(7), del 16 de mayo de 2014, mediante la cual se modificó el “parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, en el sentido de prorrogar los plazos para la entrada en vigencia del sistema oral en la Jurisdicción Civil Ordinaria, hasta el 31 de diciembre de 2015.

“De modo que esa modificación legal, refleja el sentir del legislador y del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, que el Acuerdo PSAA13-10073, sólo es aplicable a la Jurisdicción Ordinaria Civil, por ser la única en la que no ha entrado a regir el sistema oral o mixto, por insuficiencia de recursos físicos para su implementación. Y, si bien, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo todavía resultan limitados los recursos físicos para garantizar una eficiencia y eficacia plena del sistema mixto, lo cierto es que no se puede desconocer que con la Ley 1437 de 2011, ya se implementó ese modelo procesal a lo largo del territorio nacional, circunstancia por la que no se puede comparar el avance de esta Jurisdicción con la Ordinaria Civil(8).

“Por consiguiente, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo —que comprende todo el territorio nacional— no ha sido dividida o fraccionada por el legislador para efectos de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, así como tampoco lo fue, en su momento, para la implementación de la Ley 1437 de 2011; igual circunstancia se predica respecto de la jurisdicción arbitral, es decir, en ningún momento se ha establecido gradualidad en la vigencia de esa normativa.

“En consecuencia, la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición que se explicará en el acápite a continuación, las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite.

“De otra parte, con esta unificación de criterio no se pretende inaplicar el citado acto administrativo, ni mucho menos declarar frente al mismo las excepciones de ilegalidad o inconstitucionalidad, sino que, por el contrario, se trata de interpretar sistemáticamente el mismo para deducir que su ámbito de aplicación se reduce y circunscribe a la Jurisdicción Ordinaria Civil, sin que sea viable hacerlo extensivo a otras jurisdicciones como la JCA, razón por la que el Acuerdo PSAA13-10073 tiene validez y vigencia para regular la entrada en vigencia del Código General del Proceso en materia ordinaria y, concretamente, en asuntos civiles y comerciales, sin que se pueda hacer una aplicación amplia o universal del citado acto administrativo. Por lo tanto, en esta ocasión no se efectúa un estudio de legalidad o constitucionalidad in abstracto, sino que, por el contrario, se interpreta el acto administrativo para concluir que no es aplicable a esta jurisdicción, circunstancia por la que no se efectuará sobre el mismo ningún juicio de validez normativa.

“2.2. Regla de transición contenida en el Código General del Proceso.

“Entonces, según lo analizado, a partir de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, esto es, el 1º de enero de 2014, en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las dispuestas en la nueva legislación procesal. No obstante, el artículo 624 de la Ley 1465 de 2012, contiene un régimen de transición que remite a la normativa anterior de la siguiente manera:

“Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

"“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

“La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad” (negrillas fuera del texto original).

“De la norma trascrita se pueden extraer dos conclusiones generales: a) que las normas procesales prevalecen sobre las anteriores desde su entrada en vigencia, y b) que no obstante la regla general anterior, existen unas excepciones que permiten aplicar la norma derogada —pero vigente al momento de la actuación, petición o solicitud— de manera ultraactiva para resolver: (i) los recursos interpuestos, (ii) la práctica de pruebas decretadas, (iii) las audiencias convocadas, (iv) las diligencias iniciadas, (v) los términos que hubieren comenzado a correr, (vi) los incidentes en curso, y (vii) las notificaciones que se estén surtiendo”. (subraya y negrillas por fuera del texto)

Estas consideraciones ponen de presente que el Consejo de Estado, al margen de que esta regla de transición se encuentre condicionada a la implementación de la oralidad al interior de las jurisdicciones como supuesto para su aplicabilidad, lo que dio origen al acuerdo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, precisó sin ambages que para esta jurisdicción el Código General del Proceso entró a regir a partir del 1º de enero de 2014, como lo establece en el numeral 6 del artículo 624.

Por lo anterior, señaló que el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura está dirigido a la Jurisdicción Ordinaria y no a esta Jurisdicción, fundamentalmente porque desde el 2 de julio de 2012, esto es, con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo implementó el sistema mixto con tendencia a la oralidad, lo que no acontece en la Jurisdicción Civil. Asimismo, el acuerdo definió el cronograma de vigencia del Código General del Proceso estructurado en distritos municipales propios de la Jurisdicción Ordinaria, lo que permite colegir, si se tiene en cuenta que la Jurisdicción Contenciosa de lo Administrativo está organizada bajo un esquema de Jurisdicción Departamental, que en efecto se dirige exclusivamente a aquella; por otra parte, atendiendo al efecto útil de la norma no es posible aplicar el acuerdo cuando en esta jurisdicción ya están dadas las condiciones que permiten la materialización de la nueva codificación, igualmente se indicó que esta postura es la que más se acompasa con los principios de eficiencia y celeridad consagrados en la Ley 270 de 1996.

Todo este análisis, para darle una interpretación sistemática al acuerdo y deducir que su ámbito de aplicación se reduce a la Jurisdicción Ordinaria Civil y no a la de lo Contencioso Administrativo para la que entró en vigencia desde el primero de enero de dos mil catorce.

De modo que, todos aquellos aspectos no regulados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo iniciados con posterioridad al 1º de enero de 2014 ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deberán resolverse a la luz de las normas del Código General del Proceso.

Así las cosas, el estudio que efectuó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue de carácter hermenéutico o interpretativo, toda vez que, lejos de examinar la legalidad del acuerdo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que se hizo fue analizar el ámbito de aplicación del citado acto administrativo para concluir que el mismo sólo regula la vigencia del Código General del Proceso en la Jurisdicción Ordinaria Civil.

En otros términos, la providencia proferida el 25 de junio de 2014, por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, constituye un auto de unificación en los términos del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 —no una sentencia de unificación de las que trata el artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo— porque fija la interpretación sobre la aplicación del Código General del Proceso en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con la norma de integración contenida en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo , que determina qué disposiciones del estatuto procesal general son aplicables para los asuntos no regulados expresamente en aquél.

3. Ahora bien, de conformidad con la regla de vigencia del Código General del Proceso definida en el auto de unificación, la remisión normativa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, a partir del 1º de enero de 2014, corresponde a las normas del aludido Código y no a las del Código de Procedimiento Civil. No obstante, conviene precisar el alcance de dicha regla de remisión, toda vez que, por haber existido ambigüedad, no se tenía certeza de la entrada en vigencia de aquella codificación ni de sus efectos, lo que generó confusión en todos los despachos judiciales del país.

Por ello, durante el interregno comprendido entre el 1º de enero de 2014, fecha en la cual empezaron a regir en su totalidad las disposiciones del Código General del Proceso para esta jurisdicción y el 25 de junio de la presente anualidad, cuando se profirió el auto de unificación que estableció la anterior regla, se profirieron decisiones teniendo como normas subsidiarias las consagradas en el Código de Procedimiento Civil.

Ante este supuesto material, es pertinente analizar concretamente las normas sobre aplicación de las leyes procesales, con miras a establecer una solución al problema de aplicación del Código General del Proceso, como normativa subsidiaria del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se acompase con la parte dogmática de Carta Política del 91 y evitar que se socaven derechos fundamentales de los usuarios de la Administración de Justicia.

Señala el artículo 624 del Código General del Proceso sobre el particular:

“ART. 624.—Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

“La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.

Esta disposición consagra las reglas sobre aplicación de la ley respecto de las denominadas situaciones en curso, en virtud de lo cual señala: i) el primer inciso consagra la regla sobre el efecto general inmediato de las leyes procesales y la irretroactividad de la ley; ii) establece las reglas de ultractividad(9) de las normas procesales para aquellas situaciones consolidadas al momento en que entra a regir la nueva legislación y señala algunas actuaciones que se entienden deben agotarse con base en las normas bajo las cuales se iniciaron y; iii) fija una regla sobre competencia en la que da prevalencia a los principios de juez natural y de legalidad.

Así mismo, sobre las reglas de tránsito legislativo, la Corte Constitucional(10)puntualizó:

“Con relación a los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la nueva ley. La necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos”.

“La fórmula general que emana del artículo 58 de la Constitución para solucionar los anteriores conflictos, como se dijo, es la irretroactividad de la ley, pues ella garantiza que se respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la ley anterior, sin perjuicio de que se afecten las meras expectativas de derecho. No obstante, la misma Carta Fundamental en el mencionado artículo, autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o aquellas que comprometen el interés público o social. Ahora bien, cuando se trata de situaciones en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo surtido bajo la ley antigua (...)”.

Conforme a lo anterior, se tiene que la regla general es que la ley rija hacia futuro, sin embargo, existen eventos en los que por expresa disposición constitucional no es posible darle aplicación a este postulado, y en consecuencia se permite la retroactividad de éstas frente a la favorabilidad del reo y por razones de interés público o social.

Adicionalmente, hace referencia a las denominadas situaciones en curso, dentro de las que se inscriben los procesos judiciales, toda vez que se estructuran a partir de una serie concatenada de actuaciones que se siguen en el tiempo, cuya finalidad es producir una sentencia que le ponga fin a la controversia. Señaló que en estos eventos, la nueva norma entra a regular la situación en el estado en que se encuentre, no obstante, se exceptúa la regla del efecto general inmediato, para las situaciones consolidadas, esto es, aquellas surtidas con base en la ley antigua.

De modo que, si se quiere analizar la validez de estas actuaciones surtidas antes de entrar a regir la nueva legislación, deberá tenerse como punto de referencia lo establecido en las normas aplicables en el momento de su realización, y con ello se dan efectos ultractivos a la extinta disposición normativa, en atención al principio fundamental de seguridad jurídica, pilar del Estado social de derecho. Lo que en estricto sentido significa que las nuevas normas sólo aplican de manera retroactiva en tres eventos: favorabilidad del reo, el interés público o social. Y los efectos ultractivos de la norma solo operan para las situaciones consolidadas.

En esta línea, se tiene que los procesos son situaciones en curso, lo que hace indefectible que al momento de entrar a regir una nueva ley se tenga una serie de actuaciones surtidas y otras que están por adelantarse, es decir, la misma estructura compleja de los procesos —que si bien es entendido como una unidad, se construye a partir de etapas completamente separables en el tiempo y con consecuencias jurídicas autónomas pero encaminadas a dar fin a la controversia— plantea un modelo de aplicación de normas que rigen las ritualidades procedimentales que choca con el efecto inmediato de estos preceptos, pues parte del reconocimiento de situaciones consolidadas bajo la vigencia de la norma anterior, y otras que solo constituyen meras expectativas las cuales son el real objeto de regulación de las nuevas normas, dentro de la misma actuación en curso. Por tanto, salvo que se establezca algo diferente por el legislador, los procesos judiciales siempre tendrán una dualidad procedimental pues, se tendrán las normas bajo las que se surtieron las situaciones consolidadas, y por otra parte, las que siguen a continuación de la entrada en vigencia de la nueva ley, que deberán surtirse con base en estas disposiciones. En este mismo sentido lo precisa la Corte Constitucional(11):

“Las situaciones jurídicas extinguidas al entrar en vigencia una nueva ley, se rigen por la ley antigua. Ahora bien, cuando no se trata de situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la ley anterior, sino de aquellas que están en curso en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ni de derechos adquiridos en ese momento, sino de simples expectativas, la nueva ley es de aplicación inmediata. La aplicación o efecto general inmediato es la proyección de sus disposiciones a situaciones jurídicas que están en curso al momento de su entrada en vigencia. El efecto general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constitución, pues por consistir en su aplicación a situaciones jurídicas que aun no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos”.

Ahora bien, se entiende por situaciones jurídicas consolidadas aquellas que se encuentran definidas en cuanto a sus características jurídicas y sus efectos, al momento de entrar en vigencia una disposición normativa, esto es, estas situaciones se encuentran en firme por entenderse surtidas y por tanto no son objeto de las normas que entran a regir, a contrario sensu las no consolidadas son aquellas que no se han agotado y que son en estricto sentido las pasibles de regulación por la nueva legislación.

Así, se precisa la directriz general para aplicar las normas del Código General del Proceso a los aspectos no regulados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que determina que aquellas situaciones que se encontraban consolidadas antes del 1º de enero de 2014, se rigen por la norma anterior, en lo demás se aplicarán las normas de la nueva legislación.

No obstante lo expuesto, que no es más que la reproducción de lo establecido en el auto de unificación, debe precisarse que en virtud de la ambigüedad de las normas de tránsito de legislación consagradas en el Código General del Proceso, y en atención al aforismo error communis facit jus, se deberá adoptar una solución que se acompase con los principios de economía procesal, celeridad, acceso a la administración de justicia, sin desconocer que la finalidad de las normas procesales es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial en garantía del principio de la confianza legítima. En consecuencia, toda vez que sólo hasta el 25 de junio de 2014 la corporación —Sala Plena de lo Contencioso Administrativa— despejó las dudas en relación a la vigencia del Código General del Proceso para nuestra jurisdicción, se precisa lo siguiente:

i) Aquellas actuaciones procesales surtidas con fundamento en las normas del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo , en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 2014 y el 25 de junio de 2014, se tendrán como situaciones jurídicas consolidadas y en consecuencia, se regirán hasta su terminación por las normas con base en las cuales fueron adelantadas, según las reglas establecidas en el artículo 624 del Código General del Proceso.

ii) Las actuaciones que se adelanten después del 25 de junio de 2014, se ceñirán a las normas del Código General del Proceso, en lo pertinente, de acuerdo con la cláusula de integración residual consagrada en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

Como corolario de lo expuesto, se tiene que es procedente avocar el conocimiento del recurso de apelación formulado por la parte demandante, ya que aún cuando según las normas del Código General del Proceso el auto que niegue el amparo de pobreza no es apelable, el mismo se interpuso antes del 25 de junio de 2004 y de conformidad con el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, esa decisión era susceptible de ser impugnada y fue con fundamento en esa regla que el a quo concedió el recurso.

4. De la vigencia del Código General del Proceso en los procesos escriturales.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior no cabe duda de que a partir del 25 de junio de 2014, las normas de integración residual aplicables a los procesos tramitados en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, son las del Código General del Proceso, supuesto que no ofrece mayores dificultades, tratándose de aquellos iniciados luego del 2 de julio de 2012, que se rigen por la Ley 1437 de ese año— Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo—, y en consecuencia ya se encuentran bajo la lógica del sistema oral. Sin embargo, es menester precisar cuáles serían las normas de integración residuales en aquellos procesos que iniciaron antes de esa fecha y aún se encuentran regulados por el Decreto 1 de 1984 —CCA—, es decir que hacen parte del sistema escritural.

El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo consagró una cláusula de integración residual que remite expresamente al Código de Procedimiento Civil, en aquellos aspectos que no estén regulados en el Decreto 1 de 1984(12), es el caso de las nulidades, causales de recusación e impedimentos, representación de las partes, trámite de incidentes, entre otros. Se trata de temas que revisten un carácter general y transversal a todas las jurisdicciones, por lo que tradicionalmente se ha señalado que aquellos vacíos que las demás codificaciones presenten en relación a los mismos, se llenarán con fundamento en las normas que rigen el procedimiento civil. No obstante, conforme a lo expuesto, a partir del 25 de junio del presente año, en el auto de unificación, las normas de integración residual ya no serán las del Código de Procedimiento Civil, sino las del CPG, por lo que es ineludible aclarar si éstas también se aplican a los procesos que se encuentran en curso y se iniciaron bajo la vigencia del Decreto 1 de 1984, o si para ellos se conserva la cláusula residual de integración que remitía expresamente al Código de Procedimiento Civil.

Para precisar este aspecto, es indispensable traer a colación los artículos 624 del Código General del Proceso, que modificó el 40 de la Ley 153 de 1887 y 625 del mismo cuerpo normativo, que estableció un tránsito de legislación especial. Prescriben las normas en su orden:

“ART. 624.Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. (negrillas de la Sala)

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

“ART. 625.—Tránsito de legislación.

Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:

1. Para los procesos ordinarios y abreviados:

a) Si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguirá tramitando conforme a la legislación anterior hasta que el juez las decrete, inclusive.

En el auto en que las ordene, también convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código. A partir del auto que decrete pruebas se tramitará con base en la nueva legislación.

b) Si ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código, únicamente para efectos de alegatos y sentencia. A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitará con base en la nueva legislación.

c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación.

2. Para los procesos verbales de mayor y menor cuantía:

a) Una vez agotado el trámite que precede a la audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, se citará a la audiencia inicial prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso, y continuará de conformidad con este.

b) Si la audiencia del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil ya se hubiere convocado, el proceso se adelantará conforme a la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación.

3. Para los procesos verbales sumarios:

a) Una vez agotado el trámite que precede a la audiencia de que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, se citará a la audiencia inicial prevista en el artículo 392 del Código General del Proceso, y continuará de conformidad con este.

b) Si la audiencia del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil ya se hubiere convocado, el proceso se adelantará conforme a la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación.

4. Para los procesos ejecutivos: Corregido por el artículo 13, Decreto Nacional 1736 de 2012.

Los procesos ejecutivos en curso, se tramitarán hasta el vencimiento del término para proponer excepciones con base en la legislación anterior. Vencido dicho término el proceso continuará su trámite conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.

En aquellos procesos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigencia de este código, hubiese precluido el traslado para proponer excepciones, el trámite se adelantará con base en la legislación anterior hasta proferir la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución. Dictada alguna de estas providencias, el proceso se seguirá conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.

b) Si no se ha iniciado el trámite de las excepciones de mérito o estuviere en curso, el juez citará a la audiencia prevista en este código para los procesos ejecutivos.

c) Si el proceso estuviere a despacho para proferir fallo, el juez lo dictará por escrito dentro del término que estuviere corriendo.

5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

6. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral anterior.

7. Corregido por el art. 14, Decreto Nacional 1736 de 2012. El desistimiento tácito previsto en el artículo 317 será aplicable a los procesos en curso, pero los plazos previstos en sus dos numerales se contarán a partir de la promulgación de esta ley.

8. Las reglas sobre competencia previstas en este código, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda. Por tanto, el régimen de cuantías no cambia la competencia que ya se hubiere fijado por ese factor.

Sin embargo, los procesos de responsabilidad médica que actualmente tramitan los jueces laborales, serán remitidos a los jueces civiles competentes, en el estado en que se encuentren.

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-755 de 2013.

9. Eliminado por el artículo 15, Decreto Nacional 1736 de 2012. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión del juez o magistrado, a los procesos en curso al momento de promulgarse este código”.

Ahora bien, una lectura desprevenida del artículo 625, podría dar lugar a considerar que tratándose de los procesos ordinarios, la entrada en vigencia del Código General del Proceso para aquellos que ya se encontraban en curso, depende de la etapa en la que se encuentren y en consecuencia, su aplicación no sería inmediata, razonamiento que cabría respecto a los procesos ordinarios de todas las jurisdicciones, incluida la contencioso administrativa. Sin embargo, una lectura más acuciosa de la norma, e integrada con el artículo 624 permite inferir lo contrario, por las siguientes razones:

El artículo 624 establece tres reglas sobre la entrada en vigencia de las normas procesales:

i) Las nuevas normas relacionadas con la sustanciación de los procesos prevalecen sobre las anteriores, es decir, que empiezan a regir una vez hayan entrado en vigencia. De este modo, si un proceso inició bajo unas reglas procesales que posteriormente son derogadas o remplazadas por otras, continuará rigiéndose por estas últimas, lo que tiene su razón de ser en el denominado “efecto inmediato de las normas procesales”.

ii) Sólo se aplicarán las reglas procesales anteriores a los trámites que ya se hubieren iniciado bajo las mismas, en aras de conservar las actuaciones que ya se encontraban en curso cuando entró a regir la nueva ley. Una vez se surta la actuación que se encontraba pendiente, el proceso continuará bajo las normas de la nueva legislación.

iii) En virtud del principio de perpetuatio iurisdictionis, se conservan las normas de competencia vigentes al momento de presentar la demanda, salvo que la ley nueva haya suprimido la respectiva autoridad.

Por su parte, el artículo 625 se refiere únicamente a los juicios que se tramitan ante la Jurisdicción Ordinaria Civil. A esta conclusión se arriba con fundamento en la clasificación de los procesos que se realizó en la norma en: ordinarios, y abreviados, verbales de mayor y menor cuantía y ejecutivos, que es exclusiva de esa jurisdicción, pues si bien, el procedimiento contencioso administrativo también contempla la existencia de procesos de carácter ordinario, —v. gr. los de reparación directa, nulidad y contractuales—, los mismos se rigen por normas diferentes. Bajo esta lógica, se tiene que las normas de vigencia del Código General del Proceso, serán las establecidas en el artículo 625, sólo para los procesos adelantados ante la jurisdicción civil únicamente; y en el artículo 624, que constituye la regla general para el resto de las jurisdicciones, incluida la contencioso administrativa.

Conforme a lo anterior, deberá entenderse que la norma del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo remite al Código General del Proceso y no al Código de Procedimiento Civil. Si bien, es cierto, la disposición señalada hace una remisión expresa a este último cuerpo normativo, ello no es óbice para que a partir del 25 de junio de 2014, el Código General del Proceso se aplique en lo pertinente a aquellos procesos que se iniciaron bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo, pues una interpretación teleológica de la norma, permite concluir que el fin del legislador al consagrar la cláusula de integración residual, no era remitir a una codificación en concreto, sino a la legislación procesal civil vigente, que como ya se dijo, regula los aspectos más transversales a todos los procesos. Una interpretación en el sentido contrario no sólo sería excesivamente rígida, sino que además conduciría a la parálisis del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que el legislador cuando ejerce su función, no siempre tiene la posibilidad de avizorar los cambios normativos que tendrán lugar en el futuro y en consecuencia, sólo podía consagrar la remisión hacia la norma vigente para la fecha, que no era otra que el decreto 1400 de 1970. Sin embargo, una vez entró a regir el Código General del Proceso , es este el cuerpo normativo llamado a llenar regular los aspectos no contemplados en el Código Contencioso Administrativo y que aún se encuentren pendientes, pues carecería de sentido que el juez de lo contencioso administrativo siguiera remitiéndose para ese efecto a disposiciones que ya han perdido su vigencia.

Sobre la vigencia inmediata de las normas procesales, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-619 de 2001:

“5. En lo que tiene que ver concretamente con las leyes procesales, ellas igualmente se siguen por los anteriores criterios. Dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme (...)”(13) (negrillas de la Sala)

En consecuencia, a partir del auto de unificación del 25 de junio de 2014, en aquellos procesos que aún se tramitan en el sistema escritural, el juez deberá acudir al Código General del Proceso para regular los siguientes temas, que se señalan de manera enunciativa: i) cuantía; ii) intervención de terceros; iii) causales de impedimentos y recusaciones; iv) nulidades procesales; v) trámite de incidentes; vi) condena en costas; vii) ejecución de las providencias judiciales; viii) trámite de los recursos; ix) allanamiento de la demanda; x) comisión; xi) deberes y poderes de los jueces; xii) auxiliares de la justicia; xiii) capacidad y representación de las partes; xiv) deberes y responsabilidades de las partes; xv) reglas generales del procedimiento; xvi) acumulación de procesos; xvii) amparo de pobreza; xviii) interrupción y suspensión del proceso; xix) aclaración, corrección y adición de sentencias; xxi) notificaciones; xxii) terminación anormal del proceso; xxiii) medidas cautelares y xiv) régimen probatorio (solicitud, práctica y decreto), incluidas las reglas de traslado de pruebas documentales y testimoniales, así como su valoración, siempre que se garanticen los principios rectores de igualdad y de contradicción (v. gr. artículo 167 del Código General del Proceso y 243 y siguientes del Código General del Proceso , aplicables en materia contencioso administrativa, en virtud de la derogatoria expresa del artículo 627 del CGP)(14).

De igual forma, es importante señalar que no todas las normas contenidas en el Código General del Proceso resultan aplicables a los procesos —escriturales u orales— que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como, por ejemplo, la contenida en el artículo 121 del Código General del Proceso (L. 1465/2012), según la cual:

“ART. 121.—Duración del proceso.

“Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

“Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la sentencia.

“La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente indicar a los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado.

“Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo.

“Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.

“Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.

“Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

“El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, deberá ser tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.

“PAR.—Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a la autoridad judicial desplazada”.

En efecto, el precepto citado no resulta aplicable en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, toda vez que tanto el Código Contencioso Administrativo como el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo contienen normas especiales sobre la duración de los procesos ordinarios y especiales que se adelantan ante esta jurisdicción; por consiguiente, el artículo 121 del Código General del Proceso se trata de una reproducción de la disposición contenida en el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010 que era única y exclusivamente aplicable a la Jurisdicción Ordinaria Civil. A contrario sensu, se itera, los artículos 179 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo establecen las etapas, los términos, y las competencias para surtir el proceso ordinario contencioso administrativo, circunstancia por la que no puede ser transpolado ese término de un año y seis meses de prórroga a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que, se insiste, tiene sus propias normas sobre duración y competencia dentro del proceso.

5. En el caso concreto, se tiene que el tribunal negó la solicitud de amparo de pobreza en atención a que no se aportaron los soportes de los balances y estados de resultado con los que acompañó la petición, ni tampoco las declaraciones de renta de la Sociedad Bemor Ltda. que permitieran acreditar la imposibilidad de sufragar los gastos del proceso.

El artículo 37 de la Ley 222 de 1995, por la que se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones, puntualizó:

“ART. 37.—Estados financieros certificados. El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros”.

Así las cosas, para que los estados financieros certificados puedan ser oponibles a terceros deben ser acompañados con una certificación del representante legal y el contador público, en la que se declare que se verificaron sus afirmaciones y que éstas se tomaron fielmente de los libros.

El solicitante presentó junto con la solicitud los documentos que se relacionan a continuación:

— Balance general de la Sociedad Bemor Ltda., correspondiente al 31 de diciembre de 2008, suscrito por la representante legal y el contador público (fl. 41 cdno. del tribunal).

— Balances generales correspondientes a los años: 2009 a 2012 suscritos por el contador público, la representante legal y la revisora fiscal de la sociedad, del último se resaltan las siguientes anotaciones: i) los activos corresponden a la suma de $ 1.398.228.215; ii) luego, los pasivos se calculan en $ 2.238.258.334 y ii) al calcular el patrimonio de la Sociedad Bemor Ltda se encuentra que corresponde a $ -840.030.119 (visibles a fls. 42 a 56 del cdno. del tribunal).

— Estado de resultados de saldos hasta el 31 de diciembre de 2012 firmado por la representante legal, la revisora fiscal y la Contadora Pública de la Empresa en el que se establece que la empresa durante el 2012 no obtuvo ni ganancias ni perdidas (fl. 57 cdno. del tribunal).

— Declaración de renta y de la empresa Bemor Ltda en el que figura como pasivos la suma de $2.238.258.000, total del patrimonio bruto $1.1398.228 de los cuales $989.310.000 corresponden a cuentas por cobrar y $4.493.000 al valor en efectivo, bancos , otras inversiones. No declara ingresos.

En consecuencia, no podrán valorarse los estados financieros adjuntados con la solicitud de amparo de pobreza, en atención a que no se aportó la certificación establecida en el artículo 33 de la Ley 222 de 1995. No obstante, el solicitante allegó con el recurso de apelación la declaración de renta de la Sociedad Bemor Ltda., correspondiente al año 2012, de la que se colige que los pasivos de la empresa superan ampliamente su patrimonio, e igualmente que la perdida líquida del ejercicio supera los 500 millones de pesos. Ahora bien, en aras de garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, se valorará este documento, comoquiera que con fundamento en el mismo se encuentra acreditada la incapacidad del solicitante para sufragar los gastos del proceso, sin que ello suponga la violación de la contradicción que no se hace necesaria en esta instancia del proceso, en cuanto la solicitud se presentó de manera previa a la demanda, por tanto, no hay contradictor.

Así las cosas se tiene que se revocará la decisión de primera instancia en atención a que de la declaración de renta presentada por el solicitante se acredita que no se está en capacidad de atender los gastos del proceso, condición exigida por la norma para que este beneficio sea procedente.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

1. REVÓCASE por las razones expuestas en la parte motiva, el auto proferido el 3 de febrero de 2014, por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el que se negó la solicitud de amparo de pobreza.

2. En su lugar, CONCÉDASE el amparo de pobreza solicitado por el representante legal de la Sociedad Bemor SAS y desígnese apoderado de la lista de auxiliares de justicia, para que represente en el proceso al amparado, salvo que éste lo haya designado por su cuenta, en los términos del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil.

3. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Enrique Gil Botero.

(1) Fase I: para los Distritos judiciales de Manizales, Florencia, Montería, San Gil, Valledupar y San Andrés la fecha de entrada en vigencia sería el junio 3 de 2014. Fase II: Distritos Judiciales de Armenia, Barranquilla, Arauca, Cali, Cúcuta, Medellín, Pamplona, Santa Rosa de Viterbo y Tunja la entrada en vigencia quedó determinada para el 1º de octubre de 2014 y, la fase III: Antioquia, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cartagena, Cundinamarca, Ibagué, Mocoa, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Villavicencio y Yopal se estableció como fecha de entrada en vigencia de la codificación el 1º de diciembre de 2015.

(2) Auto de unificación del 25 de junio de 2014. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Enrique Gil Botero. Exp. 49.299.

(3) “ART. 50.—DESCONCENTRACIÓN Y DIVISIÓN DEL TERRITORIO PARA EFECTOS JUDICIALES. Con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales, el territorio de la nación se divide en distritos judiciales o distritos judiciales administrativos y éstos en circuitos. En la jurisdicción ordinaria, los circuitos estarán integrados por jurisdicciones municipales.

“La división judicial podrá no coincidir con la división político administrativa y se hará procurando realizar los principios de fácil acceso, proporcionalidad de cargas de trabajo, proximidad y fácil comunicación entre los distintos despachos, cercanía del juez con los lugares en que hubieren ocurrido los hechos, oportunidad y celeridad del control ejercido mediante la segunda instancia y suficiencia de recursos para atender la demanda de justicia”. (negrillas del original – negrillas y subrayado sostenidos adicionales). La norma fue declarada exequible sin ningún condicionamiento por la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(4) “ART. 306.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se Seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

(5) “ART. 7º—Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley”.

(6) “ART. 4º—Modificado por el art. 1º, Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: Celeridad y Oralidad. La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria.

“Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos.

“PAR. TRANS.—Autorízase al Gobierno Nacional para que durante los próximos cuatro años incluya en el presupuesto de rentas y gastos una partida equivalente hasta el 0.5% del Producto Interno Bruto de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos, para desarrollar gradualmente la oralidad en todos los procesos judiciales que determine la ley y para la ejecución de los planes de descongestión.

(7) “ART. 1º—Modificar el parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, el cual quedará, así:

“PAR.—Las modificaciones a los artículos 366, 396, 397, 432, 433, 434 y 439, la derogatoria de los artículos 398, 399, 401, 405 y del capítulo I Disposiciones generales, del título XXII. Proceso abreviado, de la Sección I Los procesos declarativos, del Libro III Los procesos del Código de Procedimiento Civil y la modificación al artículo 38 de la Ley 640 de 2001, entrarán en vigencia a partir del 1º de enero de 2011 en forma gradual a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo que no excederá del 31 de diciembre de 2015. Los procesos ordinarios y abreviados en los que hubiere sido admitida la demanda antes de que entren en vigencia dichas disposiciones, seguirán el trámite previsto por la ley que regía cuando se promovieron.

“ART. 2º—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias”.

(8) Esto se advierte de la lectura del Acuerdo PSAA14-10155 del 28 de mayo de 2014, por medio del cual se suspendió el cronograma de vigencia del Código General del Proceso hasta tanto el Gobierno Nacional no apropie los recursos para la implementación del sistema oral.

(9) En Sentencia C-619 del 14 de junio de 2001. Corte Constitucional, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se dijo sobre el particular:

“En cuando a la proyección futura de los efectos de una ley derogada, (ultraactividad de la ley) el régimen legal general contenido en las normas mencionadas lo contempla en ciertos eventos. La ultraactividad en sí misma no contraviene tampoco la Constitución siempre y cuando, en el caso particular, no tenga el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones consolidadas, ni el principio de favorabilidad penal.

(10) Ibídem.

(11) Ibídem.

(12) ART. 267.—En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.

(13) El mismo razonamiento fue reiterado en Sentencia C-631 de 2012.

(14) Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación puntualizó: “Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el Código General del Proceso, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del Código General del Proceso, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.