Auto 2014-00005 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Radicación: 18001-23-33-000-2014-00005-01 (50266)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Dora Liliana Naranjo Ortiz y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros

Medio de control: reparación directa

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 30 de enero de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en el cual se declaró la caducidad del medio de control ejercido.

Antecedentes

1. En demanda del 15 de enero de 2014 la señora Dora Liliana Naranjo Ortiz y otros, en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitó que se declarara administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional con ocasión de los hechos acaecidos el día 23 de abril de 2004 cuando miembros del Gaula del Ejército Nacional dispararon sus armas de dotación oficial acabando con la humanidad de Rafael Arcángel Oviedo.

2. En auto de 30 de enero de 2014 el Tribunal Administrativo del Caquetá rechazó el medio de control por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Consideró que el término de caducidad empezó a correr “(...) el día siguiente de la muerte del señor Rafael Arcángel Oviedo Calderón, esto es, desde el 24 de noviembre (sic) de 2004, y como quiera que la presente demanda tan solo fue interpuesta el 15 de enero de 2014, es decir, por fuera del término establecido para ello (2 años) (...)” (fl. 79, cdno. 1).

3. En escrito del 5 de febrero de 2014, el apoderado de la parte demandante, interpuso y sustentó el recurso de apelación contra el auto que resolvió rechazar la demanda, siendo concedida la alzada mediante proveído de 7 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

Consideraciones

1. Esta corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión adoptada en auto del 30 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, como quiera que el presente proceso tiene vocación de doble instancia en razón a la cuantía, pues la pretensión mayor individualmente considerada asciende a la suma de $ 616.000.000, equivalente a 1.000 salarios mínimos mensuales de 2014, año de presentación de la demanda, a razón de $ 616.000 el salario mínimo legal mensual, al tenor de lo dispuesto en los artículos 152.6 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Además la decisión adoptada por el a quo, de declarar de manera oficiosa la caducidad del medio de control y consecuentemente disponer el rechazo de la demanda, es susceptible del recurso de apelación por encontrarse consagrada en el numeral primero del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se concreta en precisar si ha operado la caducidad del medio de control de reparación directa en el presente caso.

Al respecto es menester anotar que al tenor del literal 1º (sic) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el medio de control de reparación directa indica que “la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

3. Caducidad del medio de control de reparación directa.

3.1. La caducidad de esta pretensión como instituto procesal obtiene soporte y fundamento en el artículo 228 de la Constitución Política. Dicho fundamento constitucional determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico, buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social(1).

3.2. Conforme a la estructuración conceptual de nuestra legislación, la figura de la caducidad del medio de control es de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un lapso habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales(2). En esta perspectiva el legislador ha considerado que la no materialización del término límite establecido para la correspondiente caducidad constituye otro de los presupuestos para el debido ejercicio de la acción contencioso administrativa que estuvieren condicionadas para estos efectos por el elemento temporal(3).

3.3. Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre en cuanto a los tiempos de las personas para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales(4). En este sentido, las consecuencias del acaecimiento de la condición temporal que es manifiesta en toda caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por la vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad de la administración pública(5).

3.4. De manera concreta, en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa dispone el artículo 164.2 literal i) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que “cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

4. Caducidad del medio de control de reparación directa derivado de la desaparición forzada.

Sin perjuicio de lo anterior el legislador se ha encargado de darle un tratamiento en términos de caducidad del medio control, cuando se pretende la reparación por hechos acaecidos con ocasión de la desaparición forzada, la cual se debe entender conforme a la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007 como:

“La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

La anterior definición no es la única que se encuentra tanto en el ordenamiento jurídico interno como en el ámbito internacional, sin embargo esta corporación ha entendido que este delito de lesa humanidad tiene unos “elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada de personas: i) la privación de la libertad; ii) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y ii[i]) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”(6).

Una vez se reúnen los elementos que delimitan el marco de la desaparición forzada anteriormente expuestos, se denota que la falta de información acerca del paradero, conciben que la víctima y sus familiares se encuentren en una situación de incertidumbre que no les permite ejercer en debida forma las acciones indemnizatorias pertinentes, entre estas la de reparación directa, la cual entonces ha tenido que adoptar una forma diferente con el fin de salvaguardar el derecho de administración de justicia de las víctimas y sus familiares.

En ese sentido el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo en el inciso segundo del literal i del artículo 164, establece tal excepción de la siguiente manera:

“Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

Por tanto, cuando acaecen hechos que dan lugar a una desaparición forzada, los términos de caducidad deben operar de manera diferente para el medio de control de reparación directa, y se podrán dar dos momentos desde los cuales se puede entender caducada la acción; el primero, que se da al tiempo en que aparezca la victima; y el segundo, que se da una vez se dé la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en un proceso penal.

Sin perjuicio de la anterior, el legislador le otorga la posibilidad al accionante que pueda demandar desde el primer momento en que incurren los hechos, tiempo que no cuenta para efectos de la caducidad pues tal como se plasmó anteriormente existe norma especial para los casos de desaparición forzada, norma que se debe interpretar entendiendo que la acción se encuentra caducada una vez aparezca la víctima, y solo en el caso de que esta no hubiere aparecido, es decir operando solo de manera subsidiaria se puede dar el segundo supuesto, respecto del cual se dice que se cuenta el término desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.

5. Caso concreto.

Según lo esgrimido por el actor en el libelo introductorio el señor Rafael Arcángel Oviedo Calderón fue privado de su libertad el día 23 de abril de 2004 por agentes del Estado, y se tuvo información del mismo solo hasta el día siguiente cuando el Gaula informó de la muerte del suscrito a su compañera permanente, es decir el 24 de abril de 2004.

Cuando se le informó a la señora Dora Liliana Naranjo Ortiz de tal situación, se dejó de tener la incertidumbre respecto del paradero de la víctima, es decir que se configuró el primer supuesto en términos de caducidad para los casos de desaparición forzada, y en ese sentido esa fecha principia el término de caducidad de 2 años, por tanto, el medio de control se encontraba caducado desde el 25 de abril de 2006.

A su vez, la parte actora suspendió el término de caducidad el 4 de octubre de 2013 con la radicación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público tal como obra a folio 50 del cuaderno principal, y que la presente demanda fue instaurada hasta el 15 de enero de 2014, es decir más de 7 años después de que hubiese caducado el medio de control ejercido.

Así las cosas, dado que la referida demanda de reparación directa se interpuso el 15 de enero de 2014, se impone concluir entonces que respecto de la pretensión invocada en el presente caso operó el fenómeno jurídico de caducidad, comoquiera que el día 24 de abril de 2006 venció el término de que trata el i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para presentar la demanda de reparación directa.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante auto de 30 de enero de 2014, en el cual se rechazó de plano la demanda de la referencia, por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Enrique Gil Botero—Olga Mélida Valle de De La Hoz—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) Corte Constitucional, SC-165 de 1993. “Desde esta perspectiva, es claro que la justicia, entendida como la resultante de la efectiva y recta mediación y resolución con carácter definitivo de los conflictos surgidos en el transcurso del devenir social, se mide en términos del referente social y no de uno de sus miembros”.

(2) Corte Constitucional. Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público, lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.

(3) Corte Constitucional, SC-351 de 1994, “Para nadie es desconocido que la sociedad entera tiene interés en que los procesos y controversias se cierren definitivamente, y que atendiendo ese propósito, se adoptan instituciones y mecanismos que pongan término a la posibilidad de realizar intemporal o indefinidamente actuaciones ante la administración de justicia, para que las partes actuen (sic) dentro de ciertos plazos y condiciones, desde luego, con observancia plena de las garantías constitucionales que aseguren amplias y plenas oportunidades de defensa y de contradicción del derecho en litigio”.

(4) Corte Constitucional. Sentencia C-781 del 13 de octubre de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz: “De otro lado, resulta necesario dotar de firmeza a las determinaciones oficiales estableciendo un momento a partir del cual ya no es posible controvertir algunas actuaciones. De lo contrario, el sistema jurídico se vería avocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que rodearían el quehacer estatal entorpecerían el desarrollo de las funciones públicas. Ha dicho la Corte: ‘La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusas algunas para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Ahora bien: los términos de caducidad no pueden interpretarse como una forma de negar el acceso a la justicia, precisamente porque la limitación de plazo para impugnar ciertos actos —y es algo en lo que se debe insistir— está sustentada en el principio de seguridad jurídica y crea una carga proporcionada en cabeza de los ciudadanos para que se interesen y participen prontamente en el control de actos que vulneran el ordenamiento jurídico. Ha añadido la Corte: ‘El derecho de acceso a la administración de justicia sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin, el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual si resultaría francamente contrario a la Carta’”.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-115 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara: “La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (CCA, art. 136), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, auto de 13 de agosto de 2013.