Sentencia 2014-00013 de marzo 25 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-28-000-2014-00013-00

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Juan Manuel Nieves Romero

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil catorce.

I. Antecedentes

El señor Juan Manuel Nieves Romero, actuando en nombre propio, presenta demanda en ejercicio de la acción de simple nulidad, en la que solicita anular la “Resolución 13806 de diciembre 17 de 2013, expedida por la gerente de talento humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil”, que confirma la Resolución 1019 del 31 de julio de 2013 de los registradores distritales del estado civil, que aprueba la solicitud de convocatoria a votaciones para la revocatoria del mandato del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá, por cumplirse con los requisitos para ello.

Señala que esta Resolución 13806 está viciada porque se expidió por funcionario incompetente, porque de conformidad con el Decreto-Ley 1010 de 2000 “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones”, la atribución para proferir este acto es exclusiva del Registrador Nacional del Estado Civil. Alega que este norma no señala que el gerente de talento humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil pueda resolver recursos de apelación en tratándose de decisiones de esta naturaleza.

II. Consideraciones

La Resolución 13806 de 17 de diciembre de 2013 expedida por la gerente de talento humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil, corresponde a un acto de trámite. Pertenece a una de las etapas del procedimiento que se impone llevar a cabo en el mecanismo de revocatoria del mandato, de que tratan las leyes estatutarias 134 de 1994(1) y 131 de 1994(2).

En efecto, el procedimiento administrativo que enmarca el ejercicio de esta forma de participación, contempla una serie de fases que inician con la solicitud ciudadana ante la Registraduría Nacional, entidad que constata el cumplimiento de los requisitos que la ley exige para darle curso. Su trámite finaliza con el respectivo informe sobre los resultados de los escrutinios, que en el evento de ser mayor el voto por el SI a revocar el mandato, trae como consecuencia la remoción(3) del servidor uninominal de elección popular, lo cual materializa lo decidido soberanamente por el pueblo, como lo establece el artículo 3º constitucional.

Dentro de este contexto, la resolución que se acusa no constituye un acto definitivo(4), pues no finaliza la actuación o el procedimiento de revocatoria del mandato. Constituye la constatación de la validez y autenticidad de las firmas de los ciudadanos que promueven la revocatoria del mandato. Se trata del acto que da y permite avance para que se adelante la votación para esos efectos.

Por tal razón no posee esta resolución la connotación de acto administrativo creador de una situación jurídica general, impersonal y abstracta, ni tampoco crea o extingue un derecho particular y concreto. Por lo tanto no es objeto de control judicial, individual e independientemente considerado.

Como ha tenido oportunidad de referirse esta Sección a través del respectivo Consejero Ponente(5), en este evento, el acto administrativo demandable será el que llegare a proferir el Presidente de la República removiendo del cargo al alcalde revocado, que es el pronunciamiento que finaliza el procedimiento propio del mecanismo de participación democrática. Contra este acto, junto con la certificación que sobre las votaciones expida la registraduría, podrán imputarse a título de vicios, las incongruencias o irregularidades que se considere se presentaron en cualquiera de las etapas del trámite, incluida la de constatación sobre los requisitos que debe tener la solicitud de revocatoria.

En consecuencia, en aplicación del numeral 3º del artículo 169 del CPACA, procede el rechazo de la demanda incoada.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. RECHAZAR la demanda de nulidad que instauró el señor Juan Manuel Nieves Romero, contra la Resolución 13806 del 17 de diciembre de 2013 proferida por la gerente de talento humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2. En firme esta providencia, devuélvanse al demandante los anexos de la demanda sin necesidad de desglose, con las anotaciones pertinentes, y archívese la actuación.

Notifíquese, cúmplase y archívese.

Magistrada: Susana Buitrago Valencia.

(1) “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”.

(2) “Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones”.

(3) Ley 131 de 1994:

“ART. 12.—Habiéndose realizado el pronunciamiento popular y el previo informe de escrutinios de la autoridad electoral de la respectiva entidad territorial, el Registrador Nacional trasladará a conocimiento del Presidente de la República o del gobernador respectivo para que procedan, según el caso, a la remoción del cargo del respectivo gobernador o el alcalde revocado”.

“ART. 72.—Remoción del cargo. Habiéndose realizado la votación y previo informe del resultado de los escrutinios por la registraduría correspondiente, el Registrador Nacional del Estado Civil la comunicará al Presidente de la República o al gobernador respectivo para que procedan, según el caso, a la remoción del cargo del respectivo gobernador o alcalde revocado”.

(4) “ART. 43.—Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.

(5) Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de ponente del 12 de julio de 2013, rad. 2013-00032-00, actor: Luis Nelson Fontalvo Prieto, M.P. Susana Buitrago Valencia.