Auto 2014-00026 de junio 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 11001-03-28-000-2014-00026-00

Rad. Interno: 2014-00026

Consejero Ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Martín Emilio Cardona Mendoza

Demandado: León Darío Ramírez Valencia - representante a la Cámara por el departamento de Antioquia

Proceso electoral - auto admisorio con suspensión provisional

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para resolver sobre la admisión de la demanda y la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, en los términos del artículo 277 inciso final del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA.

2. Sobre la admisión de la demanda.

Para efectos de admitir la demanda electoral, es preciso verificar el cumplimiento de los requisitos formales indicados en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los anexos relacionados en el artículo 166, la debida acumulación de causales de nulidad objetivas y subjetivas en la forma señalada en el artículo 281, si es del caso, y su presentación en el plazo previsto en el literal a) del numeral 2º del artículo 164 del mismo código.

La demanda que ocupa la atención de la Sala se ajusta formalmente a las exigencias de los referidos artículos 162 y 166, pues están debidamente designadas las partes, las pretensiones fueron formuladas de manera clara y precisa, narra los hechos que las fundamentan, identifica las normas violadas y explica el concepto de la violación, solicita y anexa pruebas, suministra las direcciones para las notificaciones personales de las partes y obra en el expediente copia del acto acusado (Fls. 45-76).

Por otra parte, se evidencia que la demanda atendió al plazo que concede el literal a) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que indica:

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de treinta (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1º del artículo 65 de este código.

En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar se contará a partir del día siguiente a la confirmación”.

En este sentido, la demanda se presentó en tiempo, pues fue radicada el 29 de abril de 2014, es decir, antes de que vencieran los 30 días hábiles que concede la norma trascrita, para interponer esta acción(1), teniendo en cuenta que la caducidad corrió entre los días 23 de marzo y 13 de mayo de 2014(2).

Por lo expuesto, la demanda se admitirá.

3. Sobre la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

3.1. La suspensión provisional se gobierna actualmente por lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en estos términos:

“ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares.Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (...)”.

Según lo allí dispuesto, existe la posibilidad de que en forma cautelar se suspendan los efectos jurídicos de los actos administrativos de naturaleza electoral, cuando se cumplan las siguientes exigencias: (i) que así lo pida la parte actora en la demanda o con escrito anexo a la misma; (ii) que la infracción al ordenamiento jurídico surja de la valoración que se haga al confrontar el acto con las normas invocadas por el actor; y (iii) que para ello pueden emplearse los medios de prueba aportados por el interesado.

Además, la apreciación jurídica que se hace al decidir sobre la medida cautelar, que por supuesto es provisional, no constituye prejuzgamiento ni impide que al fallar el caso, el operador judicial asuma una posición distinta, dado que con el transcurrir de la actuación procesal es factible que el arribo de nuevas pruebas o la presentación de nuevos argumentos, persuadan al juez de resolver en sentido contrario al que ab initio se adoptó.

3.2. Trámite de la solicitud en el caso bajo estudio.

3.2.1. En el acápite en el cual el demandante solicitó la suspensión provisional del acto acusado, visible a folios 14 a 16, la ilegalidad de la elección del señor León Darío Ramírez Valencia como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, se fundó en el cargo expuesto en la demanda, consistente en que estaba incurso en la causal de inhabilidad señalada en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, en razón a que el 30 de octubre de 2011, fue elegido su hermano, el señor Jorge Hernán Ramírez Valencia como alcalde del municipio de Santa Bárbara de Antioquia, quien desempeñó el cargo hasta el 20 de febrero de 2014, en virtud de la renuncia que presentó con el fin de “facilitar que mi hermano León Darío Ramírez Valencia pueda ser elegido nuevamente sin ninguna dificultad jurídica como representante a la Cámara por Antioquia el próximo 9 de marzo”.

3.2.2. Por auto de 16 de mayo de 2014, el consejero ponente ordenó comunicar la solicitud de suspensión provisional de su elección como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, al señor León Darío Ramírez Valencia, al CNE, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio Público, y les concedió el término de tres (3) días para que expusieran sus consideraciones sobre los fundamentos de la precitada medida.

3.2.3. El procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado, solicitó se desestime la medida cautelar solicitada toda vez que los argumentos esgrimidos por el actor no se encaminan a demostrar la inobservancia de la norma superior sino a lograr una variación en el precedente jurisprudencial respecto de la causal de ineligibilidad del numeral 5º del artículo 179 constitucional.

Además, señaló que la inhabilidad mencionada contiene un elemento que debe demostrarse, esto es, el vínculo de parentesco con el funcionario que ejerza la autoridad civil o política que inhabilita, el cual, el presente asunto no se aportó. (Fls. 128-132)

El Consejo Nacional Electoral, a través de apoderado, se opuso a la suspensión provisional deprecada, con fundamento en que dicha corporación actuó conforme a derecho cuando declaró la elección del ciudadano. Adujo que, de acuerdo con el precedente jurisprudencial, los supuestos fácticos sobre los cuales se sustentó la inhabilidad alegada, están desvirtuados en razón a que, de las pruebas aportadas se evidencia que el señor Jorge Hernán Ramírez Valencia no ostentaba la calidad de alcalde municipal el día de las elecciones de Congreso de la República y por tanto, no puede predicarse la inhabilidad consagrada en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política. (Fls. 139-147).

El demandado León Darío Ramírez Valencia, por intermedio de apoderado, solicitó que se deniegue por improcedente la medida cautelar pedida, en tanto lo que planteó el actor es una inconformidad con el precedente del Consejo de Estado, sin explicar las razones por las cuales debe modificarse. (Fls. 148-156).

No obstante ser notificada en debida forma, la Registraduría Nacional del Estado Civil, guardó silencio.

3.2.4. La Sala, después de valorar los argumentos esgrimidos por los diferentes sujetos procesales, concluye que no hay lugar al decreto de la suspensión provisional solicitada. Si bien, desde que entró a regir el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el juez de lo contencioso administrativo cuenta con mayores facultades de las que preveía el Código Contencioso Administrativo para juzgar la viabilidad de la suspensión provisional de los actos administrativos, en esta oportunidad no se evidencia que el acto en cuestión se oponga a las disposiciones invocadas con la demanda, por las siguientes razones:

(i) Ausencia de certeza respecto del parentesco.

La Sala observa que no hay certeza del alegado parentesco en segundo grado entre León Darío Ramírez Valencia y Jorge Hernán Ramírez Valencia, pues en el expediente no obra ninguna prueba que lo demuestre, y el demandado, en el escrito a través del cual descorrió el traslado de la solicitud de suspensión provisional del acto que lo declaró representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, no lo aceptó ni lo negó.

(ii) Ausencia de ejercicio de autoridad civil o política.

Bastaría lo anterior para desestimar la solicitud de suspensión provisional del acto que declaró la elección de León Darío Ramírez Valencia como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. Sin embargo, aun estando acreditado en debida forma el parentesco entre aquel y Jorge Hernán Ramírez Valencia, está demostrado que este último presentó renuncia al cargo de alcalde del municipio de Santa Bárbara (Fl. 22), la cual fue aceptada, a partir del 20 de febrero de 2014 inclusive, por Decreto 000598 de 14 de febrero del mismo año expedido por el gobernador de Antioquia (Fls. 23-24).

Ello significa que el 9 de marzo de 2014, día de las elecciones no fungió como alcalde municipal y por tanto, no ejerció autoridad en los términos del numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, cuyo tenor literal es el que sigue:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas: (...).

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. (...)”.

Ante la ausencia de un término dentro del cual opera la prohibición contenida en la causal que se estudia, la jurisprudencia vigente(3), atendiendo la composición gramatical de la norma, ha entendido que tiene aplicación para la fecha de las elecciones, toda vez que el verbo “ejercer” referido a la autoridad civil o política, está conjugado en tiempo presente, en concordancia con el encabezado normativo que indica que “no podrán ser congresistas”.

De acuerdo con lo anterior, la causal de inhabilidad que se le endilga al señor León Darío Ramírez Valencia, no se configura porque el día de las elecciones, el señor Jorge Hernán Ramírez Valencia, de quien se predica vínculo en segundo grado de consanguinidad, no ejerció autoridad como alcalde de Santa Bárbara el día 9 de marzo de 2014, fecha en la que resultó electo el hoy demandado, pues la renuncia al cargo se hizo efectiva el 20 de febrero del año en curso.

En suma, la Sala coincide con el agente del Ministerio Público en que el solo hecho de que lo que se pretenda es un cambio de jurisprudencia, evidencia que en la actualidad no pueda válidamente concluirse que el acusado sea ilegal.

4. Conclusión.

Lo discurrido por la Sala permite inferir que hay lugar a admitir la demanda y, que la medida de suspensión provisional no es viable, debido a que no se demostró que el señor León Darío Ramírez Valencia estuviera incurso en la causal de inhabilidad señalada en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. Admitir la demanda electoral instaurada contra el Acto E-26 CA, por medio del cual se declaró la elección de León Darío Ramírez Valencia, como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia para el periodo 2014-2018. Al efecto se dispone:

1. Notifíquese personalmente esta providencia al señor León Darío Ramírez Valencia, en la forma prevista en el numeral 1º literal a) del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Notifíquese personalmente esta providencia al Presidente del Consejo Nacional Electoral y al Registrador Nacional del Estado Civil (art. 277.2, ib.).

3. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público (art. 277.3, ib.).

4. Notifíquese por estado esta providencia al actor (art. 277.4, ib.).

5. Infórmese a la comunidad la existencia del proceso por medio de la página web de esta corporación (art. 277.5, ib.).

2. Denegar la solicitud de suspensión provisional del acto acusado.

Notifíquese y cúmplase».

(1) De conformidad con el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, los términos de días son hábiles. La norma dispone: “En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho (...)”.

(2) Se excluyen los días 14 a 18 de abril de 2014 por vacancia judicial.

(3) Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de febrero de 2012, Exp. 11001-03-28-000-2010-00063-00(IJ), C.P. Susana Buitrago Valencia.