Auto 2014-00028/50077 de agosto 1 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 50077

Proceso: 11001032600020140002800

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Municipio de Armenia

Demandado: Luis Fernando Miranda Taborda

Referencia: Recurso anulación laudo arbitral

Bogotá D.C., primero de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Consideraciones previas.

Previo a resolver si es del caso avocar o no el conocimiento del recurso de anulación interpuesto por lo parte convocante, estima el despacho conveniente realizar algunas consideraciones acerca de la aplicación en este asunto de la Ley 1563 de 2013, mediante la cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, normativa que en su artículo 118 derogó el Decreto 1818 de 1998, en todo lo referente al arbitramento y estableció en su artículo 119 que dicho estatuto solo se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia.

La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de 6 de junio de 2013, proferido dentro del proceso 45.922, con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, se refirió sobre el tema en los siguientes términos:

“Las disposiciones citadas, permiten a la Sala afirmar sin hesitación alguna que, en el ordenamiento jurídico colombiano la anulación de laudos arbitrales está instituido (sic) como un recurso judicial, de manera que, las características especiales de las cuales está dotado este medio de impugnación no pueden llevar a la conclusión equivocada según la cual se trata de una acción autónoma y por entero independiente del proceso arbitral en donde se profiere el laudo que será materia de la impugnación, pues, en tanto que participa de la naturaleza de recurso judicial, es claro que su interposición y ejercicio solo puede darse dentro del proceso arbitral en donde se ha producido el laudo que mediante él será cuestionado y sin que el hecho de que otro juez conozca y decida la anulación mute su naturaleza de recurso en acción.

(...)

Esto significa, entonces, que los procesos arbitrales iniciados con antelación a 12 de octubre de 2012 seguirán rigiéndose por las normas procesales que sobre la materia prescribe el Decreto compilatorio 1818 de 1998, lo que incluye, entonces, el régimen de oportunidad, interposición, trámite y causales del recurso de anulación de laudo arbitral, y, en sentido contrario, solo se aplicará la normativa del Estatuto Arbitraje Nacional e Internacional (L. 1563/2012) para las demandas arbitrales interpuestas después del 12 de octubre de 2012”.

De conformidad con lo anterior, ha de entenderse que si la demanda arbitral fue presentada con anterioridad al 12 de octubre de 2012 —fecha de entrada en vigencia de la L. 1563/2012— se aplicarán las disposiciones del Decreto 1818 de 1998. En el presente asunto, dado que la demanda se presentó el 2 de enero de 2013, deberá aplicarse el mencionado Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.

2. Del amparo de pobreza.

El artículo 13 de la Ley 1563 de 2012 establece que “El amparo de pobreza se concederá, total o parcialmente, en los términos del Código de Procedimiento Civil”. Al respecto es necesario precisar que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra vigente el Código General del Proceso(3), por lo cual se procederá a aplicar dicha normatividad.

La institución procesal del amparo de pobreza encuentra regulación en los artículos 151 a 158 del Código General del Proceso y, en relación con su procedencia, el artículo 151 ejusdern prevé:

“Se concederá el amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso”.

De conformidad con la disposición antes trascrita, la figura procesal del amparo de pobreza establecida en el Código General del Proceso tiene como finalidad exonerar a una de las partes de los gastos del proceso cuando no estuviere en capacidad de sufragarlos, pues es deber del Estado asegurar que las personas de escasos recursos económicos tengan acceso a la administración de justicia(4). Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:

“La institución del amparo de pobreza no tiene finalidad distinta a la de proteger el derecho a la igualdad de las personas que por sus condiciones económicas se encuentran en debilidad manifiesta, e impedidos para acceder a la administración de justicia al no estar en capacidad de asumir las cargas y costas procesales propias de cada juicio y establecidas por el legislador en virtud de la cláusula general de competencia, frente a quienes sí tienen capacidad económica para sufragarlas(5)”.

En relación con la oportunidad paro formular la solicitud de amparo de pobreza, el inciso tercero del artículo 152 del Código General del Proceso, señala:

“cuando se trate de demandado o persona citada para que concurra al proceso y actúe por medio de apoderado, y el término para contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá presentar, simultáneamente, la contestación de aquella, el escrito de intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando este acepte el encargo”.

Por su parte, el inciso segundo establece que el solicitante debe manifestar bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la sola presentación de dicha solicitud, que no se encuentra en condiciones de atender los gastos de un proceso judicial.

De conformidad con el artículo 154 ibídem, quien resulte beneficiado con el amparo de pobreza quedará exento de prestar cauciones procesales, pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia y costas desde aquel momento en que se hubiere presentado la solicitud.

Caso concreto

El caso sub examine se rige por la Ley 1563 de 2012, la cual en su artículo 42 establece que el recurso de anulación de laudo arbitral se rechazará de plano cuando sea interpuesto de manera extemporánea, no se hubiera sustentado o las causales invocadas no correspondan a las señaladas en la ley.

Una vez revisado el recurso presentado se observa que no fue presentado a través de apoderado, no se encuentra sustentado ni invoca ninguna de las causales consagradas en la Ley 1563 de 2012, por lo cual, en principio, se podría concluir que el recurso debe ser rechazado de plano, no obstante, también debe tenerse presente que el señor Luis Fernando Miranda Taborda formuló solicitud de amparo y sobre ello el tribunal de arbitramento no realizó ningún pronunciamiento, lo cual implica una afectación del derecho de acceso a la administración de justicia del recurrente, pues, ante la falta de apoderado, no tiene la posibilidad de actuar en causa propia ni ser representado de manera técnica, como lo exige la interposición del recurso de anulación. Así las cosas el despacho procederá a remitir el expediente al mencionado tribunal de arbitramento para que adopte las decisiones correspondientes en punto a garantizar la efectividad del derecho señalado.

Por lo expuesto, se,

RESUELVE:

REMITIR el expediente al Tribunal de Arbitramento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Armenia, para lo de su cargo,

Notifíquese y cúmplase».

(3) El despacho observa que si bien para la jurisdicción civil ordinaria el Código General del Proceso tiene una implementación gradual determinada por el Acuerdo PS/AA13-10073 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual fue suspendida (sic) su aplicación mediante Acuerdo PSAA14-10155 el 28 de mayo de 2014, dicho acuerdo no puede ser aplicado para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que esta ya cuenta con todos los medios físicos, logísticos y estructurales para llevar a cabo procesos orales y no tendría objeto condicionar la aplicación del mencionado código de manera progresiva o escalonada en desmedro de los ciudadanos y su derecho al acceso a la administración de justicia, de lo que se concluye que para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Código General del Proceso entró a regir el 1º de enero de 2014. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, auto de 25 de junio de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, Expediente 25000233600020120039501 (IJ) (49.299)

(4) ART. 229.—Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-808 de 2002.