Auto 2014-00029/0068-2014 de marzo 4 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Expediente: 110010325000201400029 00 (0068-2014)

Demandante: Hugo Alexander Puerta Jaramillo

Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Proceso: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Asunto: Desistimiento de las pretensiones

Bogotá D.C., cuatro de marzo de dos mil dieciocho

El Despacho conoce del proceso de la referencia con informe de la Secretaría(1) para resolver sobre el desistimiento de las pretensiones presentado por la parte demandante, y por su apoderado judicial.

I. LA DEMANDA

El señor Puerta Jaramillo, a través de apoderado judicial, acudió a esta jurisdicción para presentar el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con el propósito de obtener la nulidad de las siguientes disposiciones normativas:

1) Resolución 624 de 5 de abril de 2013, por la cual, la CNSC a petición del Director de la DIAN, excluyó al demandante de la lista de elegibles contenida en la Resolución 3279 de 27 de septiembre de 2012, expedida por la CNSC para proveer en propiedad varias plazas del empleo de «Auditor Tributario Fondo casos Especiales, Código Gestor IV 304» de la DIAN, con el argumento de que no cumplía con el requisito de «3 años de experiencia profesional relacionada», puesto que las funciones que desempeñó como empleado y funcionario judicial no son similares a las del empleo mencionado; y

2) Resolución 1521 de 10 de julio de 2013, por la cual, al resolver un recurso de reposición interpuesto por el demandante contra el acto administrativo anteriormente mencionado, la CNSC decidió confirmarlo en su integridad.

A título de restablecimiento del derecho el demandante solicita: (i) que se ordene su inclusión definitiva en la lista de elegibles elaborada para el empleo de «Auditor Tributario Fondo casos Especiales, Código Gestor IV 304» de la DIAN; y (ii), que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

El Despacho destaca las siguientes actuaciones procesales desarrolladas durante el trámite del proceso de la referencia:

1) La demanda de la referencia fue admitida a través de auto de 3 de junio de 2014.(2)

2) Las entidades demandadas contestaron la demanda en la debida oportunidad a través de memoriales de 23 de enero de 2015(3) y 22 de agosto de 2017.(4)

3) Por medio de auto de auto de 15 de noviembre de 2017, el Despacho convocó a las partes a la audiencia inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.(5)

4) La audiencia inicial se llevó a cabo el 17 de enero de 2018, con la asistencia de la totalidad de los apoderados de las partes, diligencia de la que se levantó un acta y que se grabó en un CD que contiene audio y video de lo acontecido y decidido.(6)

5) El 26 de enero de 2018,(7) el señor Hugo Alexander Puerta Jaramillo presentó memorial desistiendo de todas las pretensiones de su demanda, aduciendo para el efecto «motivos estrictamente personales». Igual petición formuló su apoderado judicial, a través de memorial de 2 de marzo de 2018.(8)

III. CONSIDERACIONES

Atendiendo a la situación expuesta y a la actuación procesal adelantada, a efectos de resolver la petición de desistimiento formulada, a continuación analizará el Despacho, la regulación de la figura del desistimiento de las pretensiones y de la demanda en el proceso ordinario contencioso administrativo en la Ley 1437 de 2011.(9)

3.1. EL DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES EN EL PROCESO ORDINARIO CONTENCIOSO

En el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, CPACA,(10) la figura del desistimiento de las pretensiones está regulada únicamente para el ámbito de lo electoral.

En ese orden de ideas, ante la ausencia de norma específica en la Ley 1437 de 2011, CPACA,(11) que regule lo relacionado con el desistimiento de las pretensiones en el proceso ordinario contencioso administrativo, el Despacho, en aplicación del artículo 306 de la norma en comento,(12) integra la fuente normativa con el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, CGP,(13) cuyos artículos 314 y 315 establecen lo siguiente sobre la materia:

«Artículo 314. Desistimiento de las pretensiones. El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso. 

El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia. 

Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él. 

En los procesos de deslinde y amojonamiento, de división de bienes comunes, de disolución o liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producirá efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando esta no se opuso a la demanda, y no impedirá que se promueva posteriormente el mismo proceso. 

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes. 

El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvención, que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantía. 

Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo. 

Artículo 315. Quiénes no pueden desistir de las pretensiones. No pueden desistir de las pretensiones: 

1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial. 

En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin. 

2. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello. 

3. Los curadores ad lítem.». 

De acuerdo con las normas expuestas, en lo que a este asunto interesa:

(i) El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso;

(ii) El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada;

(iii) Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él; y

(vi) El desistimiento debe ser incondicional.

3.2. DIFERENCIA ENTRE EL «DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES» y EL «DESISTIMIENTO TÁCITO»

Ahora bien, la ponente no puede dejar pasar por alto la oportunidad para señalar de manera pedagógica, tal como se ha hecho en otras oportunidades,(14) que en el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011, CPACA,(15) se regula una figura denominada «desistimiento tácito», referida a la sanción o consecuencia establecida por el legislador para la parte que no cumple con alguna carga procesal, lo cual no guarda similitud alguna con el desistimiento de las pretensiones y de la demanda, que se trata de un acto voluntario e incondicional de las partes.

En ese sentido, la figura del «desistimiento tácito» reemplazó el instituto jurídico procesal de la «perención», que venía consagrado en el artículo 148 del derogado Decreto 01 de 1984, CCA,(16) entendido este como la consecuencia o sanción a que se ve expuesto uno de los extremos de la litis cuando no realiza las cargas procesales que le corresponde; figura jurídica que, como se vio, es diferente al desistimiento de la demanda.

En efecto, el «desistimiento tácito» fue introducido por vez primera en la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la Ley 1395 de 2010,(17) con el propósito de lograr celeridad en los trámites judiciales y propiciar la descongestión de los despachos judiciales. La referida norma consagró el «desistimiento tácito» únicamente como consecuencia de la demora del demandante en cancelar los gastos fijados en el auto admisorio de la demanda. Dicha norma, luego fue retomada por la Ley 1437 de 2011, CPACA,(18) cuyo artículo 178 la establece como aquel fenómeno jurídico procesal en virtud del cual se entiende desistida la demanda ante la inactividad injustificada de la parte en que recaiga la carga de realizar el acto procesal necesario para continuar con el trámite judicial.

En consecuencia, se trata de dos institutos jurídico procesales diferentes.

Teniendo claridad entonces, sobre la normatividad que regula lo relacionado con el desistimiento de las pretensiones y de la demanda, procede el Despacho a estudiar el caso.

ESTUDIO DEL CASO CONCRETO

Como viene expuesto, la parte demandante y su apoderado judicial, en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de la referencia, desisten de manera incondicional de la totalidad de sus pretensiones.

Dicha petición fue presentada por el demandante mismo, señor Hugo Alexander Puerta Jaramillo, a través de memorial de 26 de enero de 2018,(19) y por su apoderado judicial, mediante escrito de 2 de marzo de 2018,(20) sin que en ninguna de dichas peticiones, se condicionara de manera alguna el desistimiento formulado.

Por lo tanto, en el presente caso se cumplen los presupuestos exigidos por los artículos 314 y 315 de la Ley 1564 de 2012, CGP,(21) para aceptar el desistimiento de las pretensiones, por cuanto aún no se ha proferido sentencia que ponga fin al proceso y el desistimiento fue presentado de manera incondicional.

En consecuencia, se:

RESUELVE

1. ACEPTAR el desistimiento de la totalidad de las pretensiones de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, presentado por la parte demandante, en el proceso de la referencia. En consecuencia:

2. DAR por terminado el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de la referencia.

3. Por Secretaría de esta Sección, ARCHIVAR el expediente de la referencia, previas las constancias y anotaciones a que hubiere lugar.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Consejera de Estado

1 De 5 de marzo de 2018, visible a folio 452 del cuaderno principal del expediente.

2 Folios 211-212 del cuaderno principal.

3 En el caso de la CNSC, cuyo escrito obra a folios 358 a 363 del cuaderno principal del expediente.

4 En el caso de la DIAN, a través de memorial visible a folios 408 a 415 del cuaderno principal del expediente.

5 Folio 418 del expediente.

6 Folios 436 a 446 del cuaderno principal del expediente.

7 Folios 573 a 574 del cuaderno principal del expediente.

8 Folios 582 a 584 del cuaderno principal del expediente.

9 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

10 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

11 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

12 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

13 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

14 Sobre el particular se pueden consultar el auto de Sala Unitaria de 26 de febrero de 2018, proferido en el expediente 1287-2013, con ponencia de la suscrita.

15 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

16 Código Contencioso Administrativo.

17 Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

18 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

19 Folios 573 a 574 del cuaderno principal del expediente.

20 Folios 582 a 584 del cuaderno principal del expediente.

21 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.