AUTO 2014-00029/51122 DE JULIO 8 DE 2016

 

Auto 2014-00029 de julio 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad. 180012333000201400029 01 (51122)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandantes: Cirley Cedeño Melo y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Medio de Control: Reparación Directa – Ley 1437 de 2011

Bogotá, D.C., ocho de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

- Competencia

14. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos, frente a los cuales sea procedente este medio de impugnación.

15. Así mismo, se encuentra que la Sala es competente para decidir el recurso de apelación presentado, toda vez el artículo 125 ibídem le atribuye la facultad de proferir la presente decisión interlocutoria por encontrarse inmersa en el numeral 1 del artículo 243 del C.P.A.C.A.

- Caducidad en el medio de control de reparación directa

16. El fenómeno de la caducidad de la acción es un presupuesto procesal de carácter negativo que opera en algunas acciones contenciosas por el transcurso de un término establecido expresamente en la ley, término que una vez cumplido restringe la posibilidad de acceder a la administración de justicia a través del ejercicio de la acción. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al transformarlas en situaciones jurídicas consolidadas.

17. Por su parte la doctrina ha referido frente a la misma lo siguiente:

Sin entrar a mediar en la histórica discusión entre prescripción y caducidad, se debe resaltar que dentro de la terminología del derecho contenciosos administrativo nacional el concepto de caducidad adquiere, entre otras, la acepción de lapso habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales. En esta perspectiva el legislador ha considerado que la no materialización del término límite establecido para la correspondiente caducidad constituye otro de los presupuestos para el debido ejercicio de las acciones contencioso administrativas que estuvieren condicionadas para estos efectos por el elemento temporal(1).

18. Frente a la caducidad del medio de control de reparación directa, el literal i) del numeral 2 del artículo 164(2) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que la demanda en la que se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados como consecuencia la acción u omisión de los agentes del Estado, por regla general, caduca al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la fecha en que ocurrió el daño.

19. Sin embargo, la nueva codificación introdujo en este mismo artículo una excepción al conteo del término de caducidad(3), la cual venía dándose desde la jurisprudencia de esta Corporación y, en tal sentido, dispuso, por una parte, que la fecha podría eventualmente iniciar desde una fecha distinta a la de la ocurrencia del hecho dañoso, siempre que se pruebe la imposibilidad del afectado de conocerla antes.

20. Por otra parte, el inciso segundo de esta norma reiteró el contenido de la normatividad anterior, en relación a que el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o, en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

21. De igual forma, esta Corporación ha indicado que para el conteo del término de caducidad siempre debe acudirse al caso concreto y observar sus particularidades, en tal sentido ha dispuesto que en eventos como los del desplazamiento forzado, dicho término se debe contabilizar de manera flexible a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar a la misma, esto por considerar que se trata de daños de carácter continuado(4).

22. Así mismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que en el marco de la admisión de la demanda el juez está plenamente facultado para dar aplicación a los principios pro actione y pro damato, cuando el conteo del término de caducidad no puede ser determinado de manera clara en una etapa inicial, esto sin perjuicio de que en un momento posterior y con la verificación de todo el material probatorio se pueda determinar que existió caducidad del medio de control, tal como se cita a continuación:

En casos, como el que se analiza, la Sala ha sido flexible y ha garantizado el acceso a la justicia para que dentro del proceso se demuestren las condiciones que permitan suponer una fecha distinta - a la que primeramente parece obvia -, para iniciar el cómputo del término de caducidad. En otras palabras, cuando no es manifiesta la caducidad, es viable admitir la demanda sin perjuicio de que el juez al momento de fallar, previo el análisis del material probatorio, vuelva sobre el punto(5).

23. En este sentido, puede considerarse que en materia de reparación directa siempre se debe acudir a las circunstancias del caso que se examina a fin de determinar si hay lugar a un tratamiento distinto en lo referente a la contabilización del término de caducidad a fin de garantizar el acceso a la administración de justicia.

24. Conforme a lo anterior, la Sala abordará el análisis del caso para determinar si tiene circunstancias especiales que ocasionen un conteo distinto del término de caducidad o que impidan que en esta etapa procesal pueda establecerse de manera fehaciente que el medio de control impetrado esta caducado.

- El caso concreto

25. Los demandantes afirman que el 17 de octubre de 2002, el señor Celso Castillo Floriano fue interceptado por miembros del Grupo Gaula del Ejército Nacional y que sin mediar orden de captura en su contra fue retenido y posteriormente asesinado, siendo señalado de ser un extorsionista perteneciente a la organización FARC – EP.

26. Así mismo, aparece dentro de las pruebas aportadas por la parte actora un informe de la Regional Sur Seccional Caquetá de Medicina Legal, según el cual el señor Castillo Floriano recibió múltiples impactos por proyectil de arma de fuego que lesionaron severamente su pulmón derecho y algunos vasos sanguíneos del tórax, lo que implicó pérdida de volemia y dificultad respiratoria severa que llevaron a su muerte (fls. 47 a 51, c.1).

27. Aseguran los demandantes que con ocasión de la muerte del señor Celso Castillo Floriano, fueron blanco de amenazas y seguimiento por parte de personas desconocidas, situación que dio lugar a que abandonaran la ciudad de Florencia - Caquetá para radicarse en el municipio de Neiva – Huila (fls. 131 y 132, c.1).

28. Si bien se encuentra probado que la muerte del señor Celso Castillo Floriano tuvo ocurrencia el 17 de octubre de 2002, no puede pasarse por alto que según los hechos descritos en la demanda los familiares del occiso aparentemente tuvieron que abandonar su lugar de residencia por presuntas amenazas, por lo que es posible que el acceso a la administración de justicia haya sido limitado o restringido por las circunstancias que acontecieron con posterioridad al hecho generador del daño, aspecto que se abordará a continuación.

29. La Sala resalta que en folio 91 del cuaderno n.º 1 obra constancia elaborada por el Fiscal Quinto Local de Turno de la ciudad de Florencia – Caquetá, en la que se advierte que las investigaciones penales han sido adelantadas de manera oficiosa, situación que denota que no fueron los actores quienes forzaron la apertura de la investigación.

30. Así mismo, se debe resaltar que obra en el expediente certificación suscrita por la Coordinadora de la Unidad de Asesoría y Consulta de la Defensoría del Pueblo en la que consta que la señora Cirley Cedeño Melo declaró ser desplazada por la violencia, situación que es congruente con la manifestación de la demanda relativa al cambio de residencia.

31. De acuerdo a lo anterior, resulta evidente que si bien existió inactividad por parte de los accionantes para interponer el respectivo medio de control, la Sala no puede desconocer que esto posiblemente se debió a las amenazas y violencia que supuestamente sufrieron los demandantes y que pueden llegar a configurar una posible limitación para accionar el aparato judicial.

32. Ahora bien, debe resaltarse que las referidas amenazas y el desplazamiento por causa de la violencia no pueden ser verificadas en esta etapa procesal, pues solo se cuenta con la referida certificación y la afirmación de estas circunstancias en el escrito de demanda. Ello, produce una duda en el caso concreto respecto de la posibilidad que tenían los demandantes para activar el aparato judicial, por lo que en amparo a la buena fe(6) y teniendo en cuenta que el presente asunto versa sobre presuntas circunstancias relacionadas con la violación a los derechos humanos, se debe dar aplicación a los principios de pro actione y pro damato que esta Subsección ha definido así:

La prevalencia del derecho fundamental del demandante de acceso a la administración de la jurisdicción y de los principios pro actione y pro homine previstos en los artículos 205 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente, así como del principio pro damato el cual “busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas”(7).

33. Por otro lado, en relación con la posible configuración de actos de lesa humanidad, considera la Sala que en esta etapa procesal no es posible abordar su estudio, pues esta calificación únicamente puede ser analizada al agotarse la etapa probatoria del proceso, de ahí que no proceda su análisis en esta etapa inicial.

34. Bajo este entendido, el hecho de que en la demanda se aseveren circunstancias de desplazamiento y amenazas que pudieron dificultar a la parte actora el acceso a la administración de justicia oportuna, sumado a la imposibilidad de concluir la configuración de un delito de lesa humanidad en esta etapa del proceso, se impone determinar que existen dudas razonables sobre la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad en el caso concreto.

35. Lo anterior, lleva a la Sala a ser flexible y garantizar el acceso a la justicia, para que sea dentro del trámite del proceso que se verifique, conforme al material probatorio, si efectivamente se presentaron las circunstancias referidas por los demandantes para considerar un conteo distinto del término de caducidad en el sub júdice.

36. Así las cosas, la Sala en aplicación a los principios pro actione y pro damato revocará el auto del a quo que rechazó la demanda al considerar caducado el medio de control de reparación directa, sin perjuicio que una vez practicados todos los medios probatorios se llegue a la conclusión de que los hechos referidos sobre la muerte del señor Celso Castillo Floriano no dan lugar a un trato distinto al referido en el literal i del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto del 20 de febrero de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala de Decisión Oral, por medio del cual se rechazó de plano la demanda al considerar que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control, de conformidad a la parte motiva de la presente providencia.

2. NOTIFÍQUESE esta providencia por estado conforme lo dispone la ley.

3. Por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo procedente.

Notifíquese y cúmplase».

1 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo – Contenciosos Administrativo, Tomo III, Universidad Externado, Bogotá, 2004. P. 417 a 418.

2 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…)
“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia;
“Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición;”

3 La doctrina advierte que “Este agregado es de justicia, pero con él se corre el peligro de que en el futuro los integrantes busquen convertir ese conocimiento en la regla general, para desconocer la caducidad de la regla de los dos (2) años” (Betancur Jaramillo, Carlos, Op. Cit., 2015, P. 231)

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de Julio de 2011, Expediente 41037, C.P. Enrique Gil Botero.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de noviembre de 2000, Expediente 18805, C.P. María Helena Giraldo Gómez

6 “Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.”

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 31 de agosto de 2015, Expediente 49371, C.P. Danilo Rojas Betancourth.