Auto 2014-00035 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp.: 110010328000201400035-00

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Acción de nulidad electoral - inadmite demanda

Radicado Interno: 2014-0035

Demandante: Jaime Alberto Garzón Duque

Bogotá, D. C., cinco de junio de dos mil catorce.

El señor Jaime Alberto Garzón Araque, por intermedio de apoderado, presenta demanda en ejercicio de la acción de nulidad electoral, en la que formula las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Que se declare la nulidad del acta general de escrutinio y acta parcial de escrutinio o formulario E-26 CA emitido por los delegados del Consejo Nacional Electoral (el día 22 de marzo de 2014), por medio de la cual se declaró la elección a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, para el período constitucional 2014-2018.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se practique un nuevo escrutinio general de los votos excluyendo del total de la votación, la votación del municipio de Cáceres y sus corregimientos Guarumo, El Jardín, Puerto Bélgica y Piamonte y la exclusión de la votación del corregimiento de San Cristóbal del municipio de Medellín, departamento de Antioquia.

TERCERA. Que se expidan con fundamento en estos nuevos escrutinios, las respectivas credenciales de los representantes electos a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, periodo constitucional 2014-2018”.

Estudiada la demanda se advierte, con apoyo en lo dispuesto en el artículo el artículo 276 del CPACA, en consonancia con el artículo 139, que el escrito presenta la necesidad de corregir los siguientes defectos, así:

1. Si bien el demandante solicita que se decrete la nulidad del acto que declaró la elección de los representantes a la Cámara por el departamento del Antioquia, se verifica que omitió demandar los actos por medio de los cuales la autoridad electoral se pronunció respecto de las reclamaciones electorales que prevé el artículo 192 del Código Electoral y de las solicitudes que presentó en cumplimiento del requisito de procedibilidad que consagra el artículo 8º del Acto Legislativo 001 de 2009, que modificó el artículo 237 de la Constitución Política.

Desde la entrada en vigencia de la referida reforma constitucional, las causales de nulidad denominadas objetivas (atañen a irregularidades en la votación y en el escrutinio) deben plantearse de forma previa ante la respectiva autoridad administrativa electoral. En este sentido, al igual que acontece con las decisiones de las autoridades electorales que resuelven las reclamaciones electorales presentadas con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 del Código Electoral(1), es necesario demandar conjuntamente con el acto que declare la elección, que es el principal pronunciamiento cuestionado, los actos que resuelven reclamaciones del artículo 192 del Código Electoral, también los actos que deciden sobre las diferentes solicitudes de revisión que se presentaron con el objeto de agotar el requisito de procedibilidad en relación con las causales de nulidad contempladas en el artículo 275 del CPACA.

En este orden de ideas es deber del demandante extender la pretensión de nulidad a aquellas resoluciones (citándolas con número, fecha de expedición y autoridad que las expidió) a través de las cuales la respectiva autoridad administrativa electoral resolvió sobre las reclamaciones que se formularon por el demandante o por cualquier ciudadano en el trámite administrativo electoral, cuya materia o razón de ser constituya el motivo de la causa de los reproches de nulidad en los que se edifica el concepto de violación de la demanda.

2. El actor cuestiona igualmente la negativa de la autoridad administrativa electoral a dar trámite a los recursos de apelación que interpuso contra los actos que resolvieron las respectivas solicitudes y reclamaciones. Por lo tanto, de la misma manera debe extender la pretensión de nulidad a estas decisiones denegatorias.

3. Consecuencialmente, también debe ampliar el concepto de la violación en el sentido de explicar de forma clara y precisa las razones por las cuales esos actos (los que resolvieron las solicitudes y reclamaciones y los que rechazaron las apelaciones) son ilegales.

4. En la demanda, de forma general, se habla de que los pliegos electorales fueron entregados de forma extemporánea y que, por tal razón, “procedía sin lugar a dudas la exclusión de las mesas relacionadas al desconocerse la norma especial que así lo señala, esto es, el artículo 144 del Código Electoral”. Por tanto, el actor deberá determinar si tal irregularidad se predica únicamente de las mesas de la zona 99, puesto 29 (municipio de Medellín - Institución Educativa San Cristóbal), a las que se refiere en el folio 10, o si también abarca el municipio de Cáceres, corregimientos El Guarumo, El Jardín, Manizales, Puerto Bélgica y Piamonte, ante la falta de claridad al respecto.

Si este vicio o causal de nulidad alegada se extendiere al municipio de Cáceres en los corregimientos señalados, deberá especificar cada caso con la mención del municipio, la zona, el puesto y la mesa donde tuvo lugar la irregularidad y la forma en que esta se presentó. Adicionalmente, se requiere que identifique la petición que con estas mismas especificidades se elevó por él o por terceros ante la autoridad administrativa electoral, así como los actos que se profirieron en respuesta a esa solicitud. Estos últimos como se dijo en líneas anteriores, deberán demandarse expresamente, junto con las decisiones administrativas que se hayan dictado en segunda instancia por las autoridades electorales, si hubo apelación.

Esta solicitud de corrección de la demanda se funda en reiterada jurisprudencia de la Sección Quinta a fin que el pronunciamiento definitorio del juez pueda ser de mérito. Pues no es de recibo que se aleguen en abstracto o de manera general reproches contra la votación o el escrutinio, sin identificar en la demanda con claridad y precisión en qué aspecto en específico radican los motivos de nulidad que se atribuyen, así como también en cuál etapa del proceso administrativo electoral y por cuál razón tuvo lugar la revisión en vía administrativa.

5. La demanda endilga algunas anomalías a la Resolución 3705 de 2014, por medio de la cual el Registrador Nacional del Estado Civil 1311 de 26 de marzo de 2014, fijó los términos para la entrega de los documentos electorales dirigidos a la realización de las elecciones de Congreso y a Parlamento Andino que se realizarán en el departamento de Antioquia. Por tanto, el actor deberá determinar si impugna o no su legalidad y si, en consecuencia, solicita su correspondiente inaplicación dentro de las pretensiones de la demanda.

6. Estas correcciones se presentaran en escrito claro y preciso, que permita su integración fácil y entendible al texto original de la demanda, al que deberá acompañarse copia de las peticiones, los recursos y los actos que se citen en cada caso, con copia de este y de sus anexos para el traslado a los demandados.

En consecuencia, se

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda bajo las consideraciones expuestas.

2. CONCÉDER al demandante el término de tres (3) días para que subsane los defectos señalados, so pena de rechazo.

3. Contra esta decisión no procede ningún recurso, según lo que prevé el artículo 276 del CPACA.

Notifíquese.

Consejera de Estado: Susana Buitrago Valencia.

(1) Sobre el particular, entre otras, ver sentencia de 29 de enero de 2009. Expediente 2007-0119 y sentencia del 29 de julio de 2001, Expediente 247.7.