Auto 2014-00037 de mayo 19 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 11001032600020140003700 (50219)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Víctor Andrés Sandoval Peña

Demandado: Presidencia de la República - Departamento Nacional de Planeación - Agencia Nacional de Contratación Pública

Medio de control: nulidad simple

Bogotá D.C., diecinueve de mayo de dos mil catorce.

Procede el despacho a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión provisional deprecada por el accionante en el escrito de demanda respecto de un aparte del artículo 3º del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013 “por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública” promulgado por el Gobierno Nacional.

Antecedentes

1. En escrito del 28 de febrero de 2014 el señor Víctor Andrés Sandoval Peña, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, solicitó se declarara la nulidad del aparte “Los términos no definidos en el presente decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio”. Contenida en el inciso primero del artículo 3º del Decreto 1510 de 2013 dictado por la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación.

El actor señaló como violados los artículos 189.11(1) de la Constitución Política; 13(2), 23(3) y 28(4) de la Ley 80 de 1993 y los artículos 27(5), 29(6) y 30(7) del Código Civil.

2. Mediante auto de 25 de marzo de 2014 el despacho admitió la demanda ordenando su notificación personal a los demandados e intervinientes y concediendo el término establecido por la ley para efectos de su contestación.

3. Así mismo, comoquiera que se presentó solicitud de suspensión provisional contra el aparte de la norma demandada, mediante proveído de la misma fecha se corrió traslado a la parte demandada por el término de cinco (5) días, transcurridos entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2014, conforme lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dentro de la mencionada oportunidad la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra Eficiente— manifestaron su oposición a la cautela deprecada.

4. Mediante auto de 9 de mayo de 2014, se fijó el 19 de mayo de 2014 a las 10.00 am como fecha y hora para celebrar la audiencia preliminar en donde se escucharán las alegaciones de las partes sobre la medida cautelar peticionada. En el curso de dicha actuación los intervinientes expusieron oralmente sus consideraciones sobre la medida cautelar.

Consideraciones

1. Competencia.

1.1. Es competente esta corporación para conocer del presente asunto comoquiera que se enmarca dentro del supuesto normativo del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su numeral primero, al prescribir que el Consejo de Estado conocerá “por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales (...) 1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional o por personas de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden”. De esta manera, al verificarse que la acción contenciosa adelantada corresponde a una petición de nulidad de un decreto expedido por el Gobierno Nacional - Presidencia de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria, de un asunto cuya naturaleza es contractual, se concluye con claridad que la competencia para tramitar y decidir el sub lite corresponde a la Sección Tercera de esta corporación.

1.2. Igualmente, es competente este despacho, con prescindencia de la Sala de Subsección para adoptar la decisión que jurídicamente corresponda respecto de la solicitud de suspensión provisional deprecada, en atención al hecho de que si bien se trata de la adopción de una medida cautelar (de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, que en principio competen a la Sala de decisión) el sub lite es un juicio contencioso adelantado en única instancia ante el Consejo de Estado, razón por la cual se hace aplicable la excepción establecida en el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los siguientes términos:

“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 125. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite, sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este Código serán de la Sala, excepto en los procesos de única instancia (...)”.

2. La audiencia preliminar convocada.

2.1. Mediante los autos de 25 de marzo de 2014 este despacho admitió la demanda y ordenó correr traslado a las demandadas de la solicitud de medida cautelar. En estas mismas providencias (especialmente en el auto admisorio) se hizo referencia a la convocatoria a las partes a una audiencia preliminar en la cual el magistrado ponente, con asistencia de las partes del proceso, escuchó los argumentos jurídicos de cada uno de ellos.

2.2. Sobre esto, el despacho encuentra suficientemente justificado y acorde al ordenamiento jurídico la convocatoria a esta audiencia preliminar. El acto de escuchar a las partes en audiencia se ajusta el principio de tutela judicial efectiva(8), ya que constituye una oportunidad para que el juez comprenda las posiciones jurídicas de cada una de las partes; la inmediación garantiza el ejercicio imparcial(9) de la administración de justicia y el principio de igualdad sustancial y procesal de las partes, dado que los involucrados en el litigio tendrán oportunidad de exponer oralmente, pero de manera directa ante el juez, las razones de derecho y fácticas que sirven de sustento a sus posiciones jurídicas frente a la medida cautelar, y les impone el ejercicio de las cargas de la argumentación a cada uno de ellos; y, por último, la convocatoria a esta audiencia preliminar deviene en útil, también, por el hecho que a través de esta se permite a todos los intervinientes en el proceso contencioso dilucidar cuestiones técnicas o jurídicas especializadas. Se trata, pues, de cumplir con los mandatos constitucionales consagrados en los artículos 1, 2, 29 y 229, así como aquellos convencionales establecidos en el artículo 25(10) de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14(11) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

2.3. Resta entonces, recordar lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-713 de 2008, cuando afirmó que: “que la oralidad en la administración de justicia se concibe como una norma que tiene la estructura de principio”. Mientras que la Sentencia C-124 de 2011 afirmó que la “audiencia oral está precedida de garantías que, si bien tienen raigambre procesal, son parte integrante de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Estas garantías refieren a la inmediación, la concentración y la publicidad”; mismas finalidades que se persiguen con la realización de la audiencia preliminar convocada por el despacho(12).

Dicho lo anterior, pasa el despacho a abordar la solicitud de suspensión provisional solicitada.

3. Las medidas cautelares en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.1. El artículo 229 y siguientes del CPAyCA instituyen un amplio y novedoso sistema de medidas cautelares en el procedimiento contencioso administrativo que son aplicables en aquellos casos en que se consideren “necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”, conforme a las notas del artículo 229; de donde se infiere que la institución cautelar es una manifestación legislativa concreta de la garantía de efectividad del derecho al acceso a la administración de justicia, en la terminología acuñada por la jurisprudencia constitucional al amparo de los artículo 29 y 228 de la Constitución(13), así como el derecho a un recurso judicial efectivo, de acuerdo a los artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y su interpretación y alcance conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(14); comoquiera que se busca evitar que la duración del proceso judicial redunde en una afectación para quien acude a la jurisdicción, a tal punto que para el momento de obtenerse una decisión favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido; pues al decir de Chiovenda “la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón no debe convertirse en daño para quien tiene la razón”(15).

3.2. El anterior aserto se sustenta en el hecho de que a través de la tutela cautelar se protege de manera provisional e inmediata y de diversas formas una posición jurídica en concreto (bien sea particular o general) que es objeto de litigio ante la jurisdicción contenciosa administrativa y que encuentra en entredicho su ejercicio a plenitud en razón a la amenaza que supone, en general, la acción de la administración pública frente a ella, bien sea a partir de una decisión administrativa, una acción u omisión, etc.; por citar algunas manifestaciones particulares del accionar de la administración. En otras palabras, al decir de Schmidt-Assmann, con la tutela cautelar “se pretende evitar “hechos consumados” y, así garantizar la temporalidad de la tutela judicial, aunque solo sea de forma provisional”(16).

3.3. Avanzando en la tipología desarrollada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se diferencia entre medidas cautelares preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no se pueda consolidar una afectación a un derecho; conservativas, que por oposición a la anterior buscan mantener o salvaguardar un statu quo ante; anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una decisión que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica en tanto que de no adoptarse se incurriría en un perjuicio irremediable para el actor, y de suspensión que corresponde a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo que consiste en una privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.

3.4. Es preciso resaltar que el código no establece un numerus clausus de medidas cautelares que puedan ser adoptadas por el juez contencioso administrativo, por el contrario, se trata de un sistema innominado de medidas con el que se persigue, en suma, adoptar unas decisiones inmediatas de cualquier tipo a fin de responder a las necesidades que demande una situación en específico; lo que se corrobora con una revisión al artículo 230 que establece que se puede: “ordenar que se mantenga la situación...”, “suspender un procedimiento o actuación administrativa...”, “suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo”; hasta llegar a aquellas en las cuales se permite “ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos” y, por último, “impartir ordenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer”.

3.5. Por último, el despacho pone de presente el carácter decididamente autónomo de la tutela cautelar a través de las denominadas “medidas cautelares de urgencia”, establecidas en el artículo 234 del código y que pretenden la adopción de una medida provisional de manera inmediata, en donde dada la situación de inminente riesgo de afectación de los derechos del interesado, se prescinde del trámite de notificación a la contraparte y puede ordenarse la medida, inclusive, de manera previa a la notificación del auto admisorio de la demanda (conforme al art. 229 del código); en otras palabras, esta disposición constituye una protección reforzada al derecho convencional de toda persona de contar con un recurso judicial efectivo en caso de graves violaciones de derechos humanos(17), dado el apremio con que se adopta dicha medida cautelar, dejando de ser accesoria y subordinada al proceso contencioso administrativo principal adquiriendo unas características y contornos particulares y diferenciados, pues ella en si misma constituye, a la luz del procedimiento contencioso, un recurso judicial sui generis de urgencia para la protección de los derechos de los asociados. Es en estos términos, como una medida autónoma garante de los derechos humanos, que se debe interpretar y aplicar, en adelante por parte de los jueces administrativos, la tutela cautelar de urgencia.

3.6. Esta interpretación ha sido acogida favorablemente por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que en reciente providencia fijó un alcance avanzado a las medidas cautelares, específicamente, a las denominadas de urgencia, señalando que este tipo de medidas pueden ser solicitadas con anterioridad a la presentación del escrito de demanda y de solicitud de conciliación prejudicial, cuando se exija tal requisito, inclusive. La Sala Plena manifestó lo anterior en los siguientes términos:

“Huelga manifestar que casos como el presente, el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar.

En ese orden, no escapa el hecho de que una cosa es que la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad de la demanda, mas no de la solicitud de la medida cautelar. De suerte que, estamos en presencia de dos figuras diferentes y que se pueden estructurar en momentos distintos, sin que esto implique su incompatibilidad procesal.

Tal precisión conduce a que efectivamente es posible solicitar el decreto y práctica de la medida cautelar, aun sin haber agotado previamente el requisito de procedibilidad. De ahí que, esta alternativa materializa la prevalencia del derecho sustancial frente al formal, toda vez que implica la adecuación e interpretación de la norma procesal con miras a la efectividad de los derechos sustanciales de los ciudadanos”(18).

3.7. El anterior criterio jurisprudencial significa reconocer la institución cautelar como un procedimiento autónomo al proceso contencioso administrativo, de ahí, entonces, que se conciba como una garantía efectiva y material del acceso a la administración de justicia. Conforme a ello, la aplicación de las medidas cautelares debe acometerse bajo presupuestos constitucionales, convencionales y legales, lo que lleva a decir que al juez le corresponde remover los obstáculos eminentemente formales que llegaren a impedir la adopción de estas medidas en los casos en que exista una seria y verdadera amenaza de vulneración de derechos, bienes o intereses jurídicos. Así, por ejemplo, no sería de recibo argumentar la negativa en adoptar una medida cautelar amparado en el hecho que no fue peticionada por la parte interesada, ya que se pondría en cuestión el derecho de acceso a la administración de justicia. Este argumento encuentra mayor peso, aún, en el caso de las denominadas medidas cautelares de urgencia, las cuales, conforme a la lectura dada por la Sala Plena, así como por la finalidad que están llamadas a satisfacer, implican que se concreten como verdaderas medidas preliminares cautelares de eficacia inmediata para la protección de los derechos(19).

3.8. Criterio de aplicación.

Por otro lado, en cuanto a los criterios que debe seguir el juez contencioso administrativo para determinar la procedencia de una medida cautelar, es preciso reconocer que este cuenta con un espacio de discrecionalidad a efectos de adoptar la medida solicitada así como de modular sus efectos en el caso concreto. En este contexto, debe el juez abordarlo teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad como, de hecho, lo da a entender, además de las exigencias constitucionales y convencionales, la normativa sobre las medidas cautelares al establecer como uno de los requisitos para el decreto de la cautela, en el artículo 231 CPAyCA que “el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla” (resaltado propio).

3.9. Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a este la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleja la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora(20), debe proceder a un estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad(21). Sobre la aplicación de la proporcionalidad en escenarios de discrecionalidad, se ha sostenido en anteriores ocasiones:

“1. La discrecionalidad, en cuanto fenómeno con trascendencia jurídica, se concibe como un margen permitido de acción a las autoridades de cualquiera de los poderes públicos, en los eventos en que debiendo adoptar una decisión, el marco de sujeción a su actuación establecido por el ordenamiento jurídico resulta a todas luces indeterminado, correspondiéndole construir la decisión y, por lo tanto, las consecuencias jurídicas de la misma, bajo consideraciones objetivas de acatamiento y respeto al orden jurídico y a sus principios estructurantes.

Conforme a este entendimiento de la discrecionalidad, sobra advertir, entonces, que en cualquier ordenamiento jurídico sustentado en la cláusula del Estado social y democrático de derecho(22), se debe partir de un concepto de discrecionalidad sustentado en la idea de una simple “habilitación” normativa a la autoridad para la concreción del derecho bajo escenarios de indeterminación, sustrayendo, por lo tanto, cualquier explicación del fenómeno de la artificial y peligrosa argumentación de estar vinculada su existencia a un ámbito de “libertad de selección”, arbitraria, subjetiva o pasional del servidor público.

(...)

6. Se trata, entonces, de una concepción realmente material, sustancial y positiva de la discrecionalidad en cuanto norma habilitante del juez administrativo para adoptar decisiones acordes con los preceptos del Estado social y democrático de derecho(23), en contra de posturas estrictamente formales o negativas, desconocedoras de parámetros de racionalidad y justificación para la decisión discrecional, fundadas por fuera de la racionalidad(24).

7. El asunto resulta elemental: allí donde el juez administrativo no esté gobernado por reglas, lo más posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de optimización(25), luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflictos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentación como sustento de toda decisión judicial(26). Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporcionalidad”(27).

3.10. En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de una medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectado (idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exista un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administración pública (necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de ponderación(28), en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos(29) (pasos a y b) y, luego de ello, se procede a c) que ordena analizar si se encuentra justificado que la satisfacción de uno de los principios afecte al otro; aplicando las consideraciones vertidas en iii) en la materia que se está tratando, hay que decir que ello implica valorar si está justificada la adopción de la medida cautelar para la protección de un derecho en circunstancias de amenaza, en desmedro de la administración. El propio artículo 231 del CPAyCA da lugar a estar consideración imperativa en el numeral 4º literales a) y b) cuando prescribe como exigencia

“Que, adicionalmente, se cumpla con una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.

3.11. Es en los anteriores términos que se impone analizar el contenido y alcance, en general, de las medidas cautelares en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4. La suspensión provisional de los actos administrativos, como medida cautelar en el proceso contencioso administrativo.

4.1. En el marco de las diversas medidas cautelares instauradas en el nuevo procedimiento contencioso administrativo se encuentra la figura de la suspensión provisional de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Nacional y desarrollada por los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La suspensión provisional constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso donde se hubiere decretado la medida, como producto de una solicitud fundamentada del impugnante, que en consideración del juzgador sea procedente en razón de la claridad de la infracción al principio de legalidad. En consecuencia, es presupuesto básico de la medida que el acto esté produciendo sus efectos jurídicos(30). En este sentido, su finalidad no puede ser otra que la de evitar, transitoriamente, la aplicación del acto administrativo, en virtud de un juzgamiento provisional del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho(31).

4.2. De acuerdo con los anteriores argumentos, cabe afirmar que la suspensión provisional como medida cautelar diseñada para el procedimiento contencioso administrativo procede, a petición de parte, “cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de pruebas allegadas con la solicitud”, figura que ha sido ampliamente definida en cuanto a su contenido y procedencia por la jurisprudencia de la Sala Plena de esta corporación(32) en los siguientes términos:

“...En efecto, la figura de la suspensión provisional es una medida cautelar de raigambre constitucional, de estricto carácter provisional, objetivo y accesorio, inherente a las funciones de control preventivo de la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos, atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativa que impide, previa decisión motivada de la autoridad judicial competente, que los actos de esta naturaleza que sean manifiestamente contrarios al orden jurídico continúen produciendo efectos mientras se decide de fondo en el proceso correspondiente sobre su constitucionalidad o legalidad, previniendo de esta manera el peligro que tal situación implica para el interés general de las instituciones y en particular para los asociados,(33) por lo tanto, instrumento vital de carácter material consolidador de los presupuestos de la cláusula constitucional del Estado social de derecho...”.

Es provisional porque su existencia es precaria toda vez que el pronunciamiento de la decisión final normalmente la extingue, sin olvidar que puede ser modificada o levantada en presencia de las circunstancias previstas por la ley; objetiva porque la decisión que la adopte debe fundarse en estrictas consideraciones de clara y evidente contradicción entre el acto administrativo y el ordenamiento jurídico superior, y no en consideraciones personales o subjetivas del juzgador; accesoria porque no constituye el centro del debate procesal y está sujeta a lo que disponga el fallo que ponga fin al proceso; y, finalmente, motivada porque siendo una decisión judicial, la garantía del debido proceso y el deber del sometimiento del juez al imperio de la ley, exigen una adecuada y suficiente exposición,(34) argumentación y reflexión de las razones en que se fundamenta(35) la manifiesta y ostensible infracción del ordenamiento jurídico por el acto administrativo impugnado.

En consecuencia, tal como lo ha sostenido esta corporación,(36) el hecho de exigirse una violación manifiesta para la procedencia de la suspensión provisional, no excluye en manera alguna la interpretación de la ley ni la debida y suficiente motivación por parte del juez de lo contencioso administrativo.

Ahora, la realización de esta actividad garantística de motivación no implica romper las fronteras de una medida cautelar para incursionar en la decisión de fondo.

De otro lado, esa manifiesta infracción debe establecerse a partir de la aplicación de alguna, o de ambas, de las metodologías indicadas en el inciso 2º del artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, esto es, de la confrontación directa del acto administrativo impugnado con el ordenamiento jurídico superior invocado como infringido, o también, mediante la confrontación del acto administrativo impugnado con el texto de los documentos aducidos con la solicitud que por sus características o contenidos normativos permitan establecer lo manifiesto de la infracción al ordenamiento jurídico.

En síntesis, para la procedencia de la suspensión provisional de un acto administrativo resulta imprescindible que la vulneración del ordenamiento jurídico sea evidente, ostensible o notoria, vulneración que se pone en evidencia por medio de cualquiera de las dos metodologías antes mencionadas, esto es, el juez debe llegar a esa conclusión realizando un cotejo directo entre el acto administrativo demandado y las normas que se invocan como transgredidas o mediante el análisis de los documentos presentados con la solicitud.

Finalmente, entre la norma que se dice vulnerada y el acto administrativo acusado debe existir una situación de subordinación jurídica, pues de no existir, la medida cautelar se tornaría improcedente ya que no se configuraría la manifiesta infracción a la que se refiere expresamente el artículo 152.2 el Código Contencioso Administrativo”.

4.3. En relación con este aspecto de la necesaria motivación de toda providencia que resuelva la solicitud de suspensión provisional debidamente solicitada dentro de un proceso contencioso administrativo en esta misma providencia se hace énfasis en lo siguiente:

“La Sala considera que la interpretación y la argumentación son imprescindibles e inescindibles en la actividad judicial.

En efecto, los jueces están conminados de manera permanente y continúa a interpretar las normas, incluso cuando se considera que una determinada disposición jurídica es clara y unívoca, pues en estos eventos el juez, previamente, ha desarrollado un ejercicio hermenéutico para arribar a tal conclusión.

Afortunadamente, ya hace mucho tiempo que se superaron las concepciones formalistas y deductivistas de la interpretación, según las cuales la actividad judicial se limitaba a la simple verificación del derecho y a su aplicación automática a unos determinados hechos y, en consecuencia, el juez sería simplemente “la boca que pronuncia las palabras de la ley; unos seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza, ni el rigor de aquella”(37).

Pretender que el juez no desarrolle ningún ejercicio hermenéutico ni argumentativo ante una expresión legal (como por ejemplo la incluida en el CCA, art. 152: “manifiesta infracción de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma”), sino que aplique sin consideración alguna la disposición, es desconocer abiertamente la necesaria relación entre interpretación, argumentación, actividad judicial y el deber de los jueces de motivar sus decisiones, postulado propio de toda sociedad enmarcada en los preceptos del Estado social y democrático de derecho”(38).

4.4. Su procedencia está determinada por la evidente, ostensible, notoria o palmaria vulneración del ordenamiento jurídico, establecida mediante la confrontación de un acto administrativo con el universo normativo superior al cual está sujeto, y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado.

4.5. Esto significa que la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada sobre los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.

4.6. Ahora bien, para arribar a la conclusión de que la norma demandada atenta contra el orden jurídico debe el juez necesariamente hacer un proceso de interpretación de la ley y materializarlo en una debida y suficiente motivación, sin romper las fronteras que implica la medida cautelar para incursionar en la decisión de fondo.

4.7. También debe el juez establecer que entre la norma que se dice vulnerada y el acto administrativo acusado exista una situación de subordinación jurídica, pues de no existir, la medida cautelar se tornaría improcedente, ya que no se configuraría la manifiesta infracción exigida en la norma.

4.8. Requisitos de la solicitud de suspensión provisional.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula la figura de la suspensión provisional de los actos administrativos, en los siguientes términos:

“Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ART. 231.—Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

(...)”.

4.9. De la normativa en cita, se deducen como requisitos para la procedencia de dicha medida cautelar que i) sea solicitada por el demandante, ii) procede cuando existe una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debe acreditarse, de manera sumaria los perjuicios que se alegan como causados por los actores.

4.10. Ahora bien, bajo los supuestos legales referidos y para determinar sobre la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados se procederá a efectuar el respectivo análisis de cada uno de los cargos invocados por el actor, para así determinar si en el presente asunto se vislumbra una infracción evidente u ostensible de las normas superiores cuya transgresión se alega.

5. Los cargos esgrimidos por el actor.

5.1. La parte demandante elevó la solicitud de suspensión provisional respecto del artículo 3º del Decreto 1510 de 2013, en los siguientes términos:

“Se acude a la primera causal de procedencia de la suspensión provisional(39), entendiendo que según los argumentos expuestos a lo largo del escrito, surge como evidente la transgresión de normas de orden constitucional, legal y jurisprudencial, por parte de la norma demandada. Se reitera que dicha norma impone a todos los operadores interpretativos del Decreto 1510 de 2013, adscribirse a un solo parámetro de interpretación, siendo esto contrario a las disposiciones jurídicas que permiten acudir a diversos mecanismos hermenéuticos.

Se hace aún más palmaria la contradicción entre el ordenamiento legal y constitucional, con el precepto demandando, si se tiene en cuenta que incluso los jueces deben necesariamente echar mano única y exclusivamente de la interpretación “natural y obvia” de los términos usado con frecuencia dentro del decreto ibídem, puesto que así se dispuso en la norma demandada; limitando el criterio hermenéutico del operador judicial, sin justificación alguna para ello”.

En el aparte de concepto de violación el actor afirmó que el Gobierno Nacional excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria por cuanto la ley reglamentada no le concedió la facultad “de establecer criterios hermenéuticos a la hora de reglamentar el Estatuto General de la Contratación, ni siquiera en lo referente a cómo se debe interpretar el Estatuto General de Contratación” así como tampoco se satisfizo el criterio de necesidad teniendo en cuenta que la ley y la jurisprudencia han establecido criterios de interpretación diferentes al método literal(40). Además afirmó que el precepto acusado limitaría la labor judicial ya que “no valdrá hacer uso de los demás criterios hermenéuticos...”(41).

6. Los escritos de oposición a la prosperidad de la medida cautelar.

6.1. La Presidencia de la República manifestó en su escrito que se oponía a la solicitud de medida cautelar afirmando que no existía vulneración a las disposiciones constitucionales y legales mencionadas “porque de ninguna manera se invaden las competencias de otras autoridades, ni del constituyente ni del legislador, y es una regla de interpretación de común empleo en el derecho nacional”, citando para el efecto el artículo 28 del Código Civil (fls 9-11, cdno. medidas cautelares).

6.2. El Departamento Nacional de Planeación presentó su escrito de intervención señalando que “Si el mismo Código Civil establece la alternativa de realizar una interpretación gramatical sobre la normatividad, el Decreto 1510 de 2013 posee plena habilitación legal para plasmar este tipo de interpretación, lo cual no surge de un exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria sino de la intención plasmada por el legislador a este respecto” (fls. 17-18, cdno. medidas cautelares).

6.3. Finalmente la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente manifestó en su escrito que la noma demandada reitera una de las normas jurídicas que supuestamente viola, que la interpretación textual es la primera a la que se debe atener un intérprete, según lo dispuesto en el Código Civil y, por último, que el Decreto siguió la técnica establecida para la expedición de actos administrativos. En este orden de ideas solicitó se despachara en sentido desfavorable la solicitud de suspensión provisional del efectos del acto demandado (fls. 22-24, cdno. medidas cautelares).

7. Fijación del problema jurídico.

7.1. En este orden de ideas, queda suficientemente acreditado que el problema jurídico que envuelve la solicitud de suspensión provisional se centra en verificar si lo dispuesto en el aparte del inciso primero del artículo 3º del Decreto 1510 de 2013, al establecer que los términos no definidos en ese decreto debían entenderse en el sentido “natural y obvio” constituye una violación al ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República (C.P., art. 189.11) y a las disposiciones de interpretación de la ley (C.C., arts. 27, 29 y 30) y del Estatuto de Contratación Pública (L. 80/93, arts. 13, 23 y 28).

7.2. Planteado en este sentido la cuestión, deberá el despacho abordar i) la exposición de algunos métodos de interpretación de las normas jurídicas, ii) el ejercicio y límites de la potestad reglamentaria del Presidente de la República y, por último, iii) el caso concreto, en donde se examinará si el aparte del inciso primero del artículo 3º del Decreto 1510 de 2013 viola los artículos 189.11 de la Constitución y las ya citadas normas del Código Civil y de la Ley 80 de 1993 y los cargos de suspensión provisional de efectos elevada por el demandante.

7.3. Métodos de interpretación de las normas jurídicas.

7.3.1. Bien conocida es la necesidad de que los operadores jurídicos emitan sus decisiones al amparo de las normas que rigen una determinada materia. En este contexto, estos operadores se ven en la necesidad de acometer profundas reflexiones jurídicas tendientes a auscultar el sentido y alcance de las normas jurídicas para la resolución de un caso. Por tal razón, la legislación y la doctrina han establecidos diversos criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas a fin de desentrañar pasajes oscuros de las normas o servir como instrumentos de guía al juez para atribuir determinado significado al ordenamiento jurídico.

7.3.2. En lo que corresponde a la legislación colombiana, los artículos 27 al 30 del Código Civil recogen, en suma, los métodos de interpretación establecidos por Savigny, a saber: los criterios textual, sistemático, histórico y teleológico. A continuación se hará una exposición de los mencionados criterios, empezando por el textual; seguidamente se expondrá la postura que defiende este despacho sobre la interpretación de las normas jurídicas.

7.3.3. El modelo de interpretación textual.

7.3.3.1. La interpretación textual de una determinada disposición hace referencia a la formulación de normas jurídicas con fundamento, esencialmente, en dos tipos de ejercicios por parte del intérprete, i) el primero que refiere al entendimiento de la estructura sintáctica de la disposición, a fin de comprender los signos gramaticales, la naturaleza de los enunciados allí fijados (sujeto, verbo, predicado, etc.), su función y las repercusiones para el entendimiento de la estructura de la oración; y ii) segundo, consistente en la comprensión semántica de los términos que componen la disposición jurídica, punto en el que se ha establecido que hay lugar a interpretar las palabras bien sea en el sentido natural y obvio que la comunidad de hablantes le haya atribuido o siguiendo los significados técnicos que tengan, si es del caso.

7.3.3.2. De este modo, el ordenamiento jurídico remite a una valoración eminentemente extrajurídica, pues en vez de fijar el sentido o alcance dado al término, prefiere que se llegue a ello a partir de los usos sociales(42); donde cabría distinguir, según cada caso, los significados literales, ordinarios y técnicos de las palabras(43)-(44).

7.3.3.3. En el sistema del derecho positivo colombiano una regla en este sentido se encuentra instituida en el artículo 27 del Código Civil que establece que “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, el artículo 28 del mismo Código que, textualmente, enseña: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal”. Así como el artículo 29 que establece que “Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den lo que profesan la misma ciencia o arte...”; en este orden de ideas, esta es la base legal para que los operadores jurídicos, en general, fundamenten la aplicación de los términos mencionados en la ley y que no encuentren significado establecido dentro del ordenamiento jurídico.

7.3.3.4. Sin embargo, diversas posturas jurídicas se han alzado en contra de este tipo de método de interpretación o de su preeminencia sobre los demás, planteándose la necesidad de recurrir a otros cánones interpretativos a fin de obtener el sentido y significado de la ley (que es la obtención y concreción de normas jurídicas), sin que ello implique su completo abandono; pues para algunos la reflexión textual o gramatical de una disposición se constituye, apenas, en el paso inicial para el ejercicio interpretativo, esto es “no parece que sirva como único criterio a la hora de determinar un significado. Más bien se constituye en un presupuesto de toda interpretación...”(45); de modo, entonces, que puede calificársele como útil más no suficiente para extraer el sentido y alcance de los términos empleados por la ley.

7.3.3.5. Súmese a lo anterior dos fuertes críticas a este método de interpretación que abogarían por darle un uso restringido y de la mano de otros elementos de juicio. La primera de estas es el hecho de que las interpretaciones orientadas a partir de este criterio pueden caer dentro de un ejercicio meramente exegético, pues el marco de valoración del partícipe de la práctica jurídica se circunscribe a meros análisis sintácticos y semánticos de la disposición legal, haciendo del juez (y los intérpretes), en palabras de Montesquieu, “la boca que pronuncia las palabras de la ley; unos seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza, ni el rigor de aquella”(46)(47).

7.3.3.6. En segundo lugar, una crítica más radical a la interpretación textual o gramatical de las disposiciones jurídicas centra su objetivo en la (infundada) creencia de la posibilidad absoluta de conocer y obtener un significado unívoco que en los usos sociales se hacen de las palabras de la ley; se trata de un cuestionamiento a la que puede ser denominada la tesis de la objetividad absoluta.

7.3.3.7. Esta crítica discute el hecho de que una interpretación literal de las disposiciones echa de menos que las palabras no se presentan en la realidad como entidades fijas cuyo conocimiento pueda ser determinado o aprehendido de manera objetiva, única y universal (como si se tratare de una cosa perceptible a partir de la experiencia sensible); por el contrario, valiosos aportes al respecto ponen de presente en muchas ocasiones la alta complejidad e, inclusive, indeterminación del lenguaje(48), ya que este se muestra como flexible o relativo, dependiente de las circunstancias socio-culturales de una comunidad hablantes y variable en el tiempo (lo que hoy puede entenderse por un término posiblemente en un tiempo futuro no lo será); esto se debe, como lo señala Nino a que la relación entre las palabras y la realidad no es natural sino convencional(49); lo que explica porque muchas de las veces “la apelación al lenguaje común no siempre es un argumento resolutivo”(50).

7.3.3.8. En un grado menor, también se puede hacer uso crítico de la formulación expuesta por HLA Hart, quien ha planteado la existencia de una desmembración de las interpretaciones de una disposición jurídica, en lo que se ha denominado como la textura abierta de las normas jurídicas. Un grupo de tales interpretaciones caen dentro de lo que se ha denominado el núcleo duro de significado de la norma (donde la postura dada no es objeto de discusión y se entiende como derivación obvia, natural o lógica de los enunciados normativos), mientras que otros significados de la disposición pueden recaer dentro de la zona de penumbra (zona de incertidumbre sobre si determinado hecho se encuentra regulado o no por la norma que se extrae de la disposición), como consecuencia de la vaguedad de los términos en que se ha redactado la disposición(51).

7.3.3.9. Las anteriores observaciones dejan claro que el uso de la interpretación textual de las palabras de la ley no puede ser tenido como único, exclusivo o excluyente como criterio clarificador del sentido y alcance de un enunciado.

7.3.3.10. Por ello tanto el Código Civil y la doctrina sobre la materia han desarrollado otros criterios de interpretación y aunque para los fines de esta providencia no es posible hacer un inventario completo de todos los existentes se mencionarán sucintamente algunos, para desembocar, finalmente, en la postura jurídica que este despacho prohíja por considerarla, en la mayor medida de las posibilidades, como ajustada al ordenamiento jurídico y satisfacer suficientemente las obligaciones que se imponen a nivel convencional, constitucional y legal para las autoridades públicas (administrativas y jurisdiccionales) al momento en que van a proferir una decisión. Se trata de los criterios sistemático, histórico y teleológico.

7.3.4. Criterio sistemático.

Según este criterio, la norma que se extraiga de una disposición jurídica debe encontrarse en armonía con otras normas, fines o principios del ordenamiento jurídico, de tal modo que no exista contradicciones, incompatibilidad o incongruencia entre diversas disposiciones que componen un conjunto normativo. Este criterio obedece a la idea según la cual el ordenamiento jurídico puede ser concebido bajo la idea de un sistema, de allí, entonces, que la coherencia y unidad se califiquen como sus características(52). Esto implica, entonces, que por vía de este método puede el intérprete limitar, precisar o ampliar el radio de acción de una determinada disposición al contrastarla con otras normas consonantes con la materia que trata, pues toda disposición ha sido proferida en el marco de un amplio conjunto de disposiciones de igual jerarquía, con las que debe operar de manera consonante(53).

7.3.4.1. Una de las manera en que se manifiesta el criterio sistemático está en la llamada interpretación adecuadora, que se ampara fundamentalmente en la fuerza normativa que tienen las disposiciones constitucionales y, en general, las de mayor jerarquía jurídica, y que postula que la interpretación que se debe dar a una disposición debe encontrarse en consonancia con aquella que se extraigan de la norma jurídica superior, de manera que entre las posibles interpretaciones que se puedan dar a una disposición, el operador deberá preferir aquella que en la mayor medida se encuentre acorde con el espíritu de la disposición superior(54).

7.3.5. Criterio histórico.

Este método se encuentra ligado a la interpretación textual, pero se particulariza de aquel en tanto que concibe como parámetro para obtener el entendimiento de una disposición la comprensión de la intensión que tenía el legislador al momento de expedir la norma, así como las necesidades o circunstancias sociales - contextuales que motivaron su adopción (acorde con los antecedentes legislativos)(55). En este orden de ideas, este criterio juzga como acertada, y por lo tanto merecedora de continuidad(56), aquella consideración que se ofreció respecto de la disposición en la época de su promulgación (en desmedro de una lectura actual o contemporánea).

7.3.6. Criterio teleológico.

En este caso la interpretación se lleva a cabo de la mano de los fines perseguidos bien sea por el creador de la norma (subjetivo)(57) o por la finalidad operativa que se espera obtener con una norma de ese sentido (perspectiva pragmática o de efecto útil)(58). Así mismo, si se le conecta con el método sistemático implica que los valores y fines del ordenamiento jurídico son los criterios inspiradores de este método de interpretación. Como consecuencia, el alcance y sentido de las normas jurídicas debe hacerse en consonancia con la finalidad objetiva que se persigue por parte del legislador y por los principios y fines que inspiran el ordenamiento jurídico.

7.4. Criterio del despacho.

Ahora bien, como se advirtió supra este despacho ve la necesidad de fijar una postura frente a la cuestión que es objeto de pronunciamiento. En el sub judice se plantea la solicitud de suspensión de efectos jurídicos de una disposición que establece como criterio de interpretación (para el asunto regulado en el D. 1510/2013) el sentido “natural y obvio” de las palabras.

7.4.1. El despacho llama la atención a acerca de la existencia de una obligación que impone el sistema jurídico (a nivel convencional, constitucional y legal) de que las autoridades públicas sustenten de manera suficiente las razones por las cuales adopta una determinada decisión jurídica, tal como recientemente ha sido expuesto por la Subsección C de esta Sección:

“La Sala verifica que el deber de motivar una sentencia judicial deviene exigible desde la doble perspectiva convencional y constitucional. Desde la primera de estas, los artículos 8º y 25 de la convención, relativos a las garantías judiciales y la protección judicial permiten establecer los lineamientos generales a partir de los cuales se consagra el ejercicio de una labor judicial garante de los derechos humanos. En el campo específico del deber de motivar las decisiones judiciales, la Corte IDH ha sostenido que “las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias(59). La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”(60) (resaltado propio), justificándose esta exigencia de los funcionarios judiciales en el derecho que tienen los ciudadanos de ser juzgados “por las razones que el derecho suministra”(61) además de generar credibilidad de las decisiones judiciales en un Estado que se precie de ser democrático.

A su turno, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la falta de motivación siquiera mínima de motivación de una decisión judicial lleva a decir que esta “reproduce las simples inclinaciones o prejudicios de quien debe resolver un asunto”(62), siendo constitutivo de una vía de hecho(63) y, por otro lado, también ha precisado que en el ejercicio de aplicación de las normas jurídicas los jueces pueden apoyarse en los precedentes judiciales y en las reglas de validez de la labor hermenéutica, respetando la autonomía de la que constitucionalmente gozan los jueces(64)(65).

7.4.2. En cuanto al deber de motivación de las decisiones que adopten las autoridades administrativas se tiene que la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la configuración de esta exigencia se ajusta a la cláusula de Estado de derecho, el principio del debido proceso administrativo, el principio democrático y el de publicidad(66); así mismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se trata de cualquier tipo de motivación sino que esta debe satisfacer rigurosos requerimientos como es el hecho de mostrar una justificación interna y otra externa(67), que hagan ver que la decisión además de ser racional satisface los postulados de la razonabilidad; en términos del tribunal constitucional: “deberá basarse en una evaluación que contenga razones y argumentos fundados no solo en reglas de “racionalidad”, sino también en reglas de carácter valorativo, pues con la racionalidad se busca evitar las conclusiones y posiciones absurdas, y con la “razonabilidad” se pretende evitar conclusiones y posiciones que si bien pueden parecer lógicas, a la luz de los valores constitucionales no son adecuadas”(68).

7.4.3. En este orden de ideas, la labor de interpretar el ordenamiento jurídico y justificar la toma de decisiones se concibe como un ejercicio complejo consistente en el ofrecimiento de las mejores razones en apoyo de una determinada postura jurídica. Así, la interpretación es inacabada, evolutiva y constructiva(69), (por oposición a aquellas posturas que la consideran como una mera aprehensión de un significado previo dado por el creador de la disposición).

7.4.4. Lo anterior encuentra pleno sentido cuando se entiende que los jueces y los funcionarios administrativos, quienes tienen poder decisorio, tienen la obligación jurídica y política de erradicar la arbitrariedad en la toma de decisiones(70); razón por la cual ellos y, en general, todos los partícipes de la práctica jurídica tienen la obligación de fundamentar de manera racional y razonable las posturas que defienden; más aún cuando, en la mayoría de los casos, es claro que la adopción de una decisión jurídica no se sigue lógicamente a partir de un ejercicio de subsunción de una norma jurídica en un caso concreto(71).

7.4.5. Es por esta razón que se ha dicho que la formulación de argumentos jurídicos consistentes pueden ser explicados a partir de un método de doble razonamiento, comoquiera que debe existir una justificación externa(72), en donde el operador proponga a la luz del ordenamiento vigente la fundamentación de las premisas mayores que empleará como referente normativo para adoptar la decisión; mientras que, hecho lo anterior, deberá exponer una justificación interna(73), que implica la aplicación lógico deductiva de las premisas mayores a los hechos que se encuentran acreditados en un caso. Este último punto puede revestir las características propias de un razonamiento estructurado como un silogismo, por lo cual son plenamente aplicables los argumentos lógico deductivos así como sus respectivas falacias.

7.4.6. Al hilo de esta última consideración, es importante resaltar que las decisiones judiciales adoptadas deben satisfacer una pretensión de corrección, la cual consiste en que lo decidido debe considerarse, sin más, como racionalmente fundamentado a la luz del ordenamiento jurídico vigente(74). Su justificación reside en el hecho de que un ordenamiento jurídico(75) y las decisiones de sus operadores debe aspirar a ser justos, de modo tal que si, por ejemplo, una decisión falta a esa pretensión ello “no la priva necesariamente de su carácter de decisión judicial válida, pero la hace ser defectuosa en un sentido relevante no solo moralmente”(76).

8. Ejercicio de la potestad reglamentaria.

8.1. Por otro lado, en lo que hace relación al ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República (C.P., art. 189, núm. 11), en virtud de su función como suprema autoridad administrativa, debe advertirse que tal habilitación constitucional no supone, ni puede ser entendida como una autorización para desconocer, desvirtuar o trasgredir el contenido normativo de la ley que se dice reglamentar, ya que, como bien entendido se tiene por esta corporación, el ejercicio de reglamentación supone la adopción de decisiones administrativas tendientes a hacer operativa o llevar a ejecución la ley más, en modo alguno, que se cercene la voluntad legislativa, como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado:

“el Consejo de Estado ha establecido que la potestad reglamentaria se encuentra limitada por dos criterios, a saber: la competencia y la necesidad(77). El primero se refiere a la extensión de la regulación que el Legislador defiere al Ejecutivo “de manera que le está prohibido, socapa de reglamentar la ley, adicionar nuevas disposiciones, por lo que debe entonces, para asegurar la legalidad de su actuación, limitarse al ámbito material desarrollado por el legislativo”(78).

De otra parte, la necesidad del ejercicio de la potestad reglamentaria se funda en el carácter genérico de la ley. Así, si la regulación legal agota el objeto o materia regulada, la intervención del Ejecutivo no deviene indispensable(79)”.(80)

8.2. Del mismo modo la jurisprudencia constitucional también ha aludido a este asunto, para precisar los límites a los cuales está sujeto el acto de reglamentación de una ley:

“La facultad con que cuenta el Presidente de la República de reglamentar la ley está sujeta a ciertos límites, que no son otros que la Constitución y la ley misma, ya que no puede en este último evento ampliar, restringir o modificar su contenido. Es decir, que las normas reglamentarias deben estar subordinadas a la ley respectiva y tener como finalidad exclusiva la cabal ejecución de ella. No se olvide que cualquier exceso en el uso de la potestad reglamentaria por parte del Ejecutivo se traduce en inconstitucionalidad por extralimitación del ámbito material del reglamento.

(...)

El reglamento es entonces un complemento indispensable para que la ley se haga ejecutable, pues en él se permite desarrollar las reglas generales allí consagradas, explicitar sus contenidos, hipótesis y supuestos, e indicar la manera de cumplir lo reglado, es decir, hacerla operativa, pero sin rebasar el límite inmediato fijado por la propia ley”(81).

8.3. En este orden de ideas, competencia, necesidad y respeto a la supremacía de las disposiciones convencionales, constitucionales y legales son los criterios que rigen el ejercicio de la potestad reglamentaria, de suerte, entonces, que cuando se registre la trasgresión de uno de estos parámetros, el acto reglamentario estará inmerso, a no dudarlo, en un vicio de nulidad, en tanto que se estaría arrogando atribuciones jurídicas que no le corresponden, generando, así, una ruptura en el sistema jurídico.

9. Caso concreto.

9.1. En el presente caso el despacho encuentra que se pretende la declaratoria de suspensión de los efectos de un apartado del inciso primero del artículo 3º del Decreto 1510 de 2013, mediante el cual “se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”.

9.2. En este orden, se hace pertinente hacer una referencia a los objetivos y fines perseguidos, en general, por la contratación estatal y, en particular, el sistema de compras públicas en cabeza de Colombia Compra Eficiente.

9.3. Así, la contratación pública tiene como finalidad central la satisfacción del interés general por parte de la administración pública, la cual articulada con las demás referencias constitucionales relacionadas con el desempeño de la administración (art. 1º, 2º, 58, 123 y 209) llevan a dar sentido y entendimiento a las finalidades de la contratación estatal que el legislador plasmó en las normas estructuradoras de la contratación estatal y sus decretos reglamentarios:

“Es indudable que para el manejo de los asuntos públicos el contrato estatal constituye principalísimo instrumento de inmensurable complejidad jurídica y, por lo tanto, de supremo cuidado y atención por todos los sujetos que tienen competencia para su planeación, selección, operación, ejecución y liquidación. Exige, como todas las cosas públicas, un especial manejo de sus presupuestos conceptuales y normativos, con el propósito de que en su aplicación no se desconozca el estricto régimen jurídico diseñado por el legislador y, al igual que con la puesta en marcha de procesos contractuales, no se afecte el interés general ni se atente contra el patrimonio público o se pongan en entredicho el Estado social de derecho y el principio de legalidad.

Por estas razones, a partir de la Constitución Política se determinan parámetros y principios tendientes a crear los contrapesos indispensables frente a la administración pública, con el fin de evitar y sancionar los desmanes de los diferentes sujetos relacionados con el contrato estatal que puedan ocasionar perjuicios a la sociedad, al Estado, a los bienes públicos, al interés general y a los recursos económicos públicos que se manejan a través de los negocios jurídicos del Estado.

El principio del interés general constituye el punto de partida y la columna vertebral de carácter material de la totalidad de los aspectos vinculados a las relaciones contractuales del Estado, incluso se puede considerar el motor sustancial de la totalidad de principios públicos del Estado. Configura elemento y a su vez requisito básico esencial para que realmente se caracterice la actividad contractual del Estado. No puede entenderse ni admitirse como válido un procedimiento contractual, un contrato, o cualquier operación relacionada con este, que no se inspire o no tenga como propósito el cumplimiento o la satisfacción de los intereses generales. Desde esta perspectiva, el concepto de interés general se consolida como el más importante y precioso de los sustentos y justificaciones de todo lo relacionado con el contrato en materia estatal(82).

En este sentido, el principio del interés general pone de relieve para el contrato estatal su irremediable vinculación al contexto del Estado social de derecho, con el propósito de satisfacer las necesidades de la comunidad y de proteger lo que a todos nos pertenece; de aquí su carácter teleológico y finalístico(83). En esta dirección, reconocemos para las relaciones negociales del Estado un concepto estricto de interés general, el cual, en palabras de Luciano Parejo, “[...] se refiere a los bienes jurídicos imputables a la colectividad, cuya tutela corresponde, por ello, a los poderes públicos; es decir, a las organizaciones estatales (o las designadas por estas) en cuanto gestores cabalmente de los intereses del común o no pertenecientes (en su caso, no asignados) a la esfera propia de los sujetos privados”. Lo anterior, sin negar su significado amplio en cuanto rector de la totalidad de las actividades de las funciones públicas y no solo de las administrativas(84).

Como lo advierte la Corte Constitucional, “[...] es claro que la actuación de los servidores públicos llamados a intervenir en el proceso contractual en cualquiera de sus fases (precontractual, de celebración, ejecución y terminación) se encuentra sometida al respeto del interés general, y que toda actuación de dichos servidores que se desvíe del cumplimiento de los fines estatales establecidos de manera general en la Constitución así como de aquellos determinados por el legislador y por la propia administración en cada caso concreto constituye una actuación indebida que evidencia el abandono por ese servidor de sus obligaciones y deberes como servidor público [...]”(85).

La Constitución colombiana recoge de manera amplia el anterior postulado fundamental de la actividad pública nacional, no solo a partir de su preámbulo, sino también, de manera expresa, en el artículo 1º, al destacar su carácter prevalente dentro de los principios rectores del Estado. Así como en el artículo 2º, al darle contenido de fin esencial o de propósito supremo del Estado, en el sentido de que a partir de su materialización se debe servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; en el artículo 58, al otorgarle primacía sobre los intereses particulares; en el artículo 123 inciso 2º, al determinar y aclararle definitivamente a la totalidad de los servidores públicos de todos los niveles que se encuentran a su servicio, con el fin inobjetable de que su acción se proyecte sobre la comunidad. Por último, en el 209, al elevarlo a principio rector, específicamente de la función administrativa y, reiterar que en su aplicación práctica implica y significa, nada menos, que esta función en su totalidad, sin ninguna excepción, está destinada constitucionalmente al servicio de los intereses generales(86).

Los anteriores postulados fueron retomados por el legislador en la Ley de Contratación Pública (L. 80/93, art. 3º), al definir los fines de la contratación estatal, destacando que los contratos que celebre el Estado no pueden tener propósitos diferentes del cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la atención y satisfacción de las necesidades colectivas. Así mismo, este ordenamiento reitera a los particulares que se relacionen contractualmente con la administración que el contrato estatal no es tan solo una fuente de utilidades, sino una forma de lograr y consolidar los fines del Estado, a través de la función social a la que queda comprometido el contratista en el Estado colombiano(87).

La Corte Constitucional, al ocuparse de manera general del tema, hace énfasis en que la consagración del principio y su correspondiente acatamiento estricto por parte de las autoridades y de los asociados implican necesariamente conflicto u oposición entre los intereses de la comunidad y aquellos de los particulares. Es justo a partir de esta circunstancia como adquiere importancia institucional el interés general para el contrato, en la medida en que conlleva en sí mismo reproche, no aceptación de cualquier posibilidad de que los intereses individuales o particulares de un servidor público, del contratista o de cualquier persona puedan determinar la estructuración del contrato, el sentido mismo del negocio, su régimen financiero, la escogencia del contratista, la celebración del contrato, la ejecución del mismo, su correspondiente liquidación, etc. Cualquier ruptura del interés general en el contrato en favor del interés particular implica el surgimiento de vicios en la legalidad del mismo(88), la degeneración del derecho por los cauces espurios del desvío de poder.

Lo anterior resulta de la mayor importancia cuando se pretende articular los principios propios del derecho administrativo con los que surgen a propósito de la aplicación del derecho privado a los contratos del Estado, como sucede en el caso específico de la autonomía de la voluntad, de la libertad económica, del pacta sunt servanda o de la igualdad. En estos eventos, la amplitud que dichos principios puedan tener en la esfera del derecho privado se ve aminorada en la medida en que estos deben adaptarse, en virtud del interés general, a los propósitos y finalidades propios de la comunidad, del conglomerado, los cuales sin duda en muchos casos son diferentes de los de las personas individualmente consideradas(89)(90).

9.4. Por otra parte, debe decirse que el Decreto 1510 de 2013 se encarga de establecer una reglamentación de diversas normas jurídicas con rango material de ley como son la Ley 80 de 1993, 361 de 1997, 590 de 2000, 816 de 2003, 1150 de 2007, 1450 de 2011 y 1474 de 2011 además de los decretos-ley 4170 de 2011 y 019 de 2012; en este sentido, se tiene que dicho cuerpo normativo está destinado a regular una materia jurídica que se encuentra contenida en diversas legislaciones, pero articulada, como un todo, dentro del sistema de contratación estatal que incluye el recientemente denominado “sistema de compras y contratación pública”, que tiene como ente rector a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (creada mediante el D. L. 4170/2011), entidad que tiene como objetivo, a voces del artículo 2º “desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado”. Justamente estos propósitos vienen a tener su desarrollo jurídico concreto en la normativa del Decreto 1510 de 2013 (acá demandado).

9.5. Aunado a lo anterior, es del caso señalar que el Decreto 1510 de 2013 persigue motivaciones específicas claramente identificadas como son las de adecuar el régimen reglamentario conforme a las funciones y finalidades de la Agencia Colombia Compra Eficiente, proveer instrumentos a dicha entidad para diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios, así como diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública; establecer normas jurídicas tendientes a lograr el cumplimiento de los fines trazados en el Plan Nacional de Desarrollo, introducir las mejores prácticas internacionales en materia de la contratación y la compra pública así como, también, unificar la normativa reglamentaria.

9.6. En claro la materia de que trata el Decreto 1510 de 2013 el despacho pasa a revisar si hay lugar a decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del pluricitado aparte del inciso primero del artículo 3º del Decreto 1510 de 2013.

9.6.1. Argumentos específicos para negar la medida cautelar solicitada.

Para tal efecto, empieza el despacho por hacer una precisión fundamental: el Decreto 1510 de 2013, por ser de naturaleza reglamentaria de normas que no tienen el carácter de procesales contencioso administrativas o civiles, no puede constituir una modificación o derogación expresa o táctica de las normas jurídicas que rigen el trámite y decisión de los procesos judiciales establecidos en la Ley 1437 de 2011 (CPAyCA) y la Ley 1564 de 2012 (CGP); en consecuencia, ninguna incidencia tiene la mencionada norma jurídica respecto de la autonomía que tiene el juez para decidir controversias que guarden relación con los asuntos reglamentados.

9.6.2. Queda entonces claro que el citado decreto se dirige a adoptar disposiciones reglamentarias en el sistema de compras y contratación del estado, esto es, a asuntos administrativos y de procedimiento administrativo de selección de contratistas.

9.6.3. Por consiguiente, el hecho de que la norma acusada traiga a cuento una redacción similar a la disposición contenida en el artículo 28 del Código Civil al señalar que “Los términos no definidos en el presente decreto y utilizados frecuentemente deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio”. No implica que ella esté excluyendo los restantes métodos de interpretación pues, de un lado y como es bien sabido, una recta interpretación de la ley no puede concebirse sin la utilización de todos ellos, y, de otro lado, se trata de una transcripción de un texto legal que simplemente recuerda que para conocer la ley debe empezarse por abordar su tenor literal.

9.6.4. Lo anterior se corrobora al examinar la literalidad de la norma demandada pues allí no se encuentran términos que lleven a concluir que se está imponiendo un método exclusivo y excluyente, o lo uno y lo otro, de interpretación de manera tal que otro cualquiera, como el sistemático, el histórico, el teleológico y los desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina, haya quedado separado del razonamiento jurídico cuando se trate del “sistema de compras y contratación pública”.

9.6.5. Ahora, en virtud del principio de jerarquía y valor normativo de las disposiciones superiores (como la C.P, el C.C. y la L. 80/93) se impone entender que en este escenario jurídico también tiene plena operancia el principio de integración normativa en virtud de la cual se comprende que los demás criterios de interpretación tienen allí cabida; de modo tal que el método textual se enmarca dentro de un gran sistema de análisis normativo que se nutre de la integración y complementariedad de los demás criterios hermenéuticos admisibles en el sistema jurídico.

9.7. Conclusión.

En consecuencia, el despacho no accederá a la solicitud de suspensión provisional comoquiera que no encuentra una violación evidente de las normas jurídicas mencionadas por el demandante; por el contrario, encuentra que es plenamente ajustado a derecho efectuar una lectura del aparte del inciso primero del artículo 3º del Decreto 1510 de 2013 conforme al cual se comprenda que la reiteración en la norma reglamentaria del método textual de interpretación de las palabras de la ley no lleva a que los operadores jurídicos prescindan de los demás métodos de análisis normativo para obtener el alcance y sentido de una disposición jurídica. En suma, no se decretará la suspensión provisional solicitada bajo la condición de que se entienda la norma jurídica en ese sentido y en el contexto del sistema jurídico que comprende tanto las normas administrativas, legales, constitucionales como las convencionales, que conforman el gran sistema de nuestro ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

NEGAR la suspensión provisional de los efectos del aparte del inciso primero del artículo 3º del Decreto 1510 de 2013 en el entendido de que la norma demandada debe ser interpretada a la luz de la totalidad del sistema jurídico colombiano vigente y, por lo tanto, incluye todos los métodos de análisis normativo admisibles en él.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(1) Constitución Política. ART. 189.Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa: (...) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

(2) Ley 80 de 1993. ART. 13.—De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.

Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia.

Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero podrán someterse a la ley extranjera.

(3) Ley 80 de 1993. ART. 23.—De los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

(4) Ley 80 de 1993. ART. 28.—De la interpretación de las reglas contractuales. En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de la cláusula y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos.

(5) Código Civil. ART. 27.—Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.

(6) Código Civil. ART. 29.—Las palabras técnicas de toda ciencia o arte, se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.

(7) Código Civil. ART. 30.—El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998: “[...] El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”. Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002: “[...] [e]l artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Por su intermedio, se le otorga a los individuos una garantía real y efectiva, previa al proceso, que busca asegurar la realización material de este, previniendo en todo caso que pueda existir algún grado de indefensión frente a la inminente necesidad de resolver las diferencias o controversias que surjan entre los particulares —como consecuencia de sus relaciones interpersonales—, o entre estos y la propia organización estatal” [puede verse también, Sent. C-207/2003]. Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007: “[...] El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de estas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas”. De este modo, el derecho de acceso a la administración de justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”.

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-361 de 2001: “[...] “Dentro de los principios que rigen la actividad jurisdiccional, los de independencia e imparcialidad de los jueces son determinantes para el logro de los objetivos de realización del orden justo que es fundamento del Estado. (...) Sobre la imparcialidad, ha señalado que esta “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (C.P., art. 13), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no solo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”. Los principios de independencia e imparcialidad judicial, garantizan a los ciudadanos que el juez tendrá un juicio libre, no sometido a presiones de ninguna índole, con lo cual se asegura la primacía del orden social justo. Por ello, quien juzga no puede estar afectado por ningún tipo de interés personal, ni sujeto a presiones de ninguna clase. Tal es el fundamento de la institución de los impedimentos y recusaciones dentro de los procesos judiciales”. Corte Constitucional, Auto 091 de 2003: “[...] La garantía de imparcialidad, que constituye un elemento definitorio de la actividad judicial, impone que la autoridad competente para resolver un asunto se encuentre ajena a toda circunstancia que pueda llegar a viciar su decisión, que desmejore el grado de objetividad que su función le exige, o que revele la verosimilitud de involucrar elementos subjetivos, extraños al recto cumplimiento de sus obligaciones institucionales”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 22 de noviembre de 2005, caso Palamara Iribarne vs. Chile: “[...] 146. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia”. Informe 17/94, Guillermo Maqueda, Argentina, OEA/Ser. L/V/II.85, Doc. 29, 9 de febrero de 1994, párr. 28: “[...] supone que el tribunal o juez no tiene opiniones preconcebidas sobre el caso sub judice”.

(10) “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

(11) “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con todas las garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

(12) A esta argumentación se debe adicionar lo establecido en el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 270 de 1996 que establece: “Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos”.

(13) Al respecto la jurisprudencia ha sostenido que: 5.2. La Corte Constitucional ha señalado en repetidas oportunidades que las medidas cautelares tienen amplio sustento en el texto de la Constitución Política, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal (C.P. arts. 13, 228 y 229). Han sido previstas como aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, un derecho que está siendo controvertido dentro de ese mismo proceso, teniendo en cuenta el inevitable tiempo de duración de los procesos judiciales”. Corte Constitucional, Sentencia C-529 de 2009. En el mismo sentido C-490 de 2000.

(14) “4. (...) el propósito de las medidas provisionales, en los sistemas jurídicos nacionales (derecho procesal interno) en general, es preservar los derechos de las partes en controversia, asegurando que la ejecución de la sentencia de fondo no se vea obstaculizada o impedida por las acciones de aquellas, pendente lite(14).

5. (...) en el derecho internacional de los derechos humanos las medidas provisionales tienen un carácter no solo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo(14)”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución de 22 de septiembre de 2006. Solicitud de medidas cautelares por parte de la Comisión IDH respecto de la República de Colombia a favor de Mery Naranjo y otros. En el mismo sentido véase: Caso del centro penitenciario región Capital Yare I y Yare II (cárcel de Yare). Medidas provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 marzo de 2006, considerando cuarto; caso del internado judicial de Monagas (“La Pica”). Medidas provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de enero de 2006, considerando cuarto.

(15) Chiovenda, Giuseppe. Istituzioni di diritto processuale civile, Edit. Jovene, 1960, vol. 1. P. 147.

(16) Schmidt- Assmann Eberhard, La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objetos y fundamentos de la construcción sistemática, Madrid, Barcelona, Marcial Pons - INAP, 2003, p. 237.

(17) Ha dicho sobre este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva sobre las garantías judiciales en estados de emergencia: “la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la convención constituye una transgresión de la misma por el Estado parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A Nº 9, párr. 24.

(18) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de marzo de 2014, Expediente 2013-06871.

(19) Al respecto es valioso resaltar el hecho de que otras jurisdicciones han experimentado la adopción de este tipo de medidas preliminares, autónomas y de eficacia inmediata para la protección de los derechos de las personas, tal como se refleja en el sistema jurídico brasilero en donde se ha establecido la llamada “medida liminar” comentada por Berizonce en los siguientes términos “La medida liminar se dispone inaudita parte en el proveimiento inicial, salvo en el mandato colectivo donde solo puede otorgarse después de la audiencia de la persona jurídica de derecho público (art. 22 § 2º). El poder del juez no está limitado a la suspensión del acto impugnado; puede dictar medidas activas, de anticipación de la tutela, siempre que resulte indispensable para la efectividad del derecho que se invoca. Como se ha señalado, lo que autoriza el art. 7º, III, es un proveimiento de amplio espectro, que tanto puede configurar una medida cautelar, como también una satisfactiva, capaz de agotar incluso el objeto de la pretensión, como p. e. excepcionalmente la orden de provisión de medicamentos”. Berizonce, Roberto Omar. Tutela de urgencia y debido proceso. Hacia la reconstrucción del proceso de cognición y su articulación con las tutelas de urgencia. En: Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Nº 37. Disponible en el enlace web: http://www.icdp.co/revista/articulos/37/RobertoOmarBerizonce.pdf [sin numeración en el documento digital]. En similar sentido, el ordenamiento jurídico francés, desde el año 2000 (L. 2000-597 de 30 de junio) ha conocido la formulación de los denominados réferé que corresponde a un conjunto de medidas de urgencias que pueden ser adoptadas por el “juge des réferés” y consistente en i) un réferé de suspensión, mediante el cual se puede ordenar la suspensión de la ejecución de cierta decisión, y de ciertos efectos siempre que la urgencia así lo justifique (art. 5º), ii) un réferé de libertad, mediante el cual el juez puede ordenar las medidas que se consideren necesarias para dejar a salvo una libertad fundamental que está siendo afectada por una persona de derecho público o particular encargado de la gestión de un servicio público, siempre que sea un atentado grave y manifiestamente ilegal (art. 6º) y iii) el réferé conservativo, dirigido a adoptar las “medidas útiles” en un procedimiento administrativo en donde aún no se ha adoptado una decisión por parte de la autoridad (art. 7º). Para un comentario de tales medidas véase la intervención realizada por el señor consejero de Estado francés Marc Durand-Viel a la ponencia de la Ruth Stella Correa Palacio sobre medidas cautelares en el marco del seminario franco-colombiano de reforma a la jurisdicción contenciosa administrativa. La memoria de dicho encuentro (pp. 157-159, cdno. 1) se encuentra disponible en el enlace web: http://www.consejodeestado.gov.co/memorias/medidas%20cautelares.pdf [consultado el 6 de marzo de 2014] El texto de la ley puede verse en el siguiente enlace web: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000204851&categorieLien=id [consultado el 6 de marzo de 2014].

(20) Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que “siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, Expediente 45316 (entre otras decisiones similares).

(21) En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.

(22) Melkevik, Bjarne. Rawls o Habermas. Un debate de filosofía del derecho. 1ª ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2006, p. 141: en el otro extremo, y que cabe comprender también dentro del discurso de la modulación de la discrecionalidad se encuentra la tesis de Habermas acerca del estado de derecho democrático: “El Estado de derecho democrático no es simplemente un Estado de dominación, de amenaza, como lo había preconizado Max Weber. Habermas llega incontestablemente a una conclusión opuesta. En efecto, Weber concibe el derecho como una dominación y sostiene así una concepción positivista del derecho ajena a toda cuestión de legitimidad. Por el contrario, Habermas, como lo habíamos mencionado, fusiona las nociones de legitimidad y de legalidad, lo cual es símbolo del paradigma democrático de la auto legislación que se efectúa por intermedio del proceso democrático que debe situarse dentro del corazón mismo del Estado moderno. Se desprende de lo anterior que el Estado no puede ser legítimo o legal sino en la medida en que respete al proceso democrático. Dicho de otra manera, el Estado democrático no puede ser sino el destinatario de la legitimidad y de la legalidad que le otorga el mencionado proceso. El respeto a los derechos, a las normas y a las instituciones seleccionadas, así como la institucionalización de la seguridad y de la estabilidad jurídica reposa, en consecuencia, exclusivamente sobre los procesos democráticos. Esta es la razón por la cual el Estado de derecho democrático no puede en adelante estructurarse a partir del poder y de la dominación. No tiene otra fuente de legitimidad y de legalidad que aquella que le otorgan esos procesos democráticos”.

(23) Fernández Rodríguez, Tomás Ramón. Del arbitrio y de la arbitrariedad judicial. Madrid, 2004, pp. 79 a 86.

(24) Alexy, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2a ed. 1a reimp. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2008, pp. 208 y 209.

(25) Alexy, Robert, “Deber ideal”, en Beade, Gustavo A.; Clérico, Laura (eds). Desafíos a la ponderación. 1ª ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2011, p. 14.

(26) Stone Sweet, Alec; Matthews, Jud. Proporcionalidad y constitucionalismo. Un enfoque comparativo global. 1a ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2013, pp. 174 a 177 (Colección Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, Nº 64).

(27) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. El principio de proporcionalidad: Instrumento para la reconducción objetiva de la actividad judicial en escenarios de discrecionalidad (próximo a ser publicado). El presente trabajo constituye un desarrollo de la línea de investigación en materia de aplicación del principio de proporcionalidad que se inició con los estudios que sobre la materia incorporé en mi tesis doctoral titulada “El contrato de concesión de servicios públicos. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos”, dirigida por el catedrático de derecho administrativo D. Luciano Parejo Alfonso, presentada y sustentada en el Departamento de Derecho Público del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid (España) el 25 de febrero de 2010, la cual obtuvo la máxima calificación sobresaliente cum laude otorgada por el tribunal respectivo. El artículo aborda de manera resumida el modelo metodológico que hemos adoptado para resolver los conflictos a que tiene que enfrentarse cualquier autoridad (administrativa, judicial o legislativa), en los casos en los que deba adoptar decisiones en escenarios de discrecionalidad. Este planteamiento teórico que utilicé para resolver los problemas jurídicos de mi tesis doctoral, lo he venido empleando en diferentes trabajos e investigaciones académicas publicados en los últimos tres años y relacionados en la siguiente forma: El contrato de concesión de servicios públicos. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos. Tesis doctoral presentada y sustentada en el Departamento de Derecho Público del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid (España), 25 de febrero de 2010, dirigida por el catedrático Luciano Parejo Alfonso, pp. 20,22, 29, 58, 67, 74, 78, 81, 240, 366, 369, 416 a 452, 454 a 476, 483, 490 a 498, 503 a 509, 515, 516, 519, 569, 591, 595 a 599, 606, 610, 612 y 615; Procedimientos administrativos y tecnología. 1ª ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011, pp. 270; “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y el principio de convencionalidad como pilar de su construcción dogmática”, en Brewer-Carias, Allan R.; Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Control de convencionalidad y responsabilidad del Estado, 1ª ed., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, pp. 178, 180, 185, 187, 191, 207, 226, 256, 257, 261, 271, 279, 280 a 292, 324 y 330; “Aproximaciones a los procedimientos administrativos en la Ley 1480 de 2011. El Estatuto del Consumidor y sus relaciones con la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en Valderrama Rojas, Carmen Ligia (Dir.). Perspectivas del derecho del consumo. 1ª ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2013; “Reflexiones en torno a la potestad administrativa sancionadora. El principio de proporcionalidad y su vincularidad a esta actividad administrativa”, Ponencia presentada en el XII Foro de Derecho Administrativo Latinoamericano, Arequipa (Perú) celebrado entre el 28 de octubre y el 1º de noviembre de 2013 (próximo a publicarse en Lima, Perú, y como libro en Bogotá por el Departamento de Derecho Minero y Energético de la Universidad Externado de Colombia en 2014); “El Contrato de concesión de servicios públicos: reglas para su debida estructuración”, en Matilla Correa, Andry; Cavalcanti, Bruno (coords.). Estudios latinoamericanos sobre concesiones y PPP. Ratio Legis, Madrid, 2013, pp. 63 a 150 (próximo a publicar en México como libro).

(28) La ley de ponderación, siguiendo a Alexy, quiere decir que “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”. Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales (epílogo). 2º edición, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales [Trad. Carlos Bernal Pulido] 2008, p. 529.

(29) A través de una escala tríadica de leve, medio o intenso.

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18 de julio de 2002, Expediente 22477, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez: “La jurisprudencia ha precisado que, por tratarse de una medida cautelar, su procedencia quedará obstaculizada cuando el acto se ha cumplido y sus efectos —y por consiguiente el perjuicio— se han consumado”.

(31) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo. Contencioso Administrativo, T.III, 3ª reimp., Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 482.

(32) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 22 de marzo de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Expediente 38.924.

(33) Corte Constitucional. Sentencia C-977 de 1992.

(34) Corte Constitucional, Sentencia T-064 de 2010.

(35) Artículo 303 del Código de Procedimiento Civil que desarrolla los artículos 29, 228 y 230 de la Constitución, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

(36) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 27 de mayo de 2009, (Exp. 36.476).

(37) Montesquieu, Charles Louis de Secondat. Del espíritu de las leyes. Primera parte, libro XI, capítulo 6.

(38) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 22 de marzo de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Expediente 38924.

(39) Análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas.

(40) “En el presente caso, a juicio del suscrito, el Gobierno excedió los límites de la potestad reglamentaria (competencia y necesidad) al expedir el precepto demandado. El de competencia por cuanto el legislador no le dio la facultad de establecer criterios hermenéuticos a la hora de reglamentar el Estatuto General de la Contratación, ni siquiera en lo referente a cómo se debe interpretar el mismo reglamento. El de necesidad, si se tiene en cuenta que tanto la ley como la jurisprudencia establecen diversos criterios de interpretación distintos a la interpretación literal, que pueden servir como instrumentos cuando se trate de darle algún sentido a las normas contenidas en el Decreto 1510 de 2013”.

(41) “Así las cosas, es evidente que la interpretación de una disposición normativa acarrea el uso de una serie de instrumentos hermenéuticos, que han sido avalados, desarrollados y utilizados, tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado; de suerte que, en el caso de la presente demanda, se puede concluir que mal hace el Gobierno Nacional al optar por un único criterio cuando se trata de interpretar los términos frecuentemente usados dentro del Decreto 1510 de 2013. En este punto, vale la pena realizar un análisis prospectivo de los efectos prácticos que se pueden dar con la aplicación de la norma acusada: la consecuencia evidente que se puede extraer de la utilización del precepto demandado, es que en el momento en que se presente ante un juez de la República un caso en el cual deba aplicar el Decreto 1510 de 2013, dentro del análisis que el operador judicial lleva cabo a la hora de darle algún sentido a los términos usados con frecuencia en el reglamento, únicamente podrá otorgarles un significado “natural y obvio”, limitándose así su facultad interpretativa, dado que no valdrá hacer uso de los demás criterios hermenéuticos que tanto la ley como la jurisprudencia le suministran”.

(42) Chiassoni caracteriza la interpretación textual como una actividad que involucra estas dos actividades, en los siguientes términos: “la interpretación textual de las disposiciones puede ser caracterizada —desde la perspectiva de la lingüística y de la filosofía del lenguaje contemporánea— como una actividad que involucra, junto a consideraciones atinentes a la sintaxis de los enunciados del discurso de las fuentes y a la semántica de los términos en estos contenidos (aquello a lo que los términos se refieren en un determinado contexto), también consideraciones pragmáticas —relativas a los contextos extralingüísticos del a producción y el uso de las propias disposiciones— cuya influencia está extendida y es determinante”. Chiassoni, Pierluigi. Técnicas de interpretación jurídica. Breviario para juristas. Madrid, Editorial Marcial Pons, 2011 p. 67. En sentido similar la Corte Constitucional en Sentencia C-893 de 2012, en donde señaló: “La interpretación textual atribuye el significado a los preceptos normativos a partir de las reglas semánticas y sintácticas del lenguaje empleado”.

(43) Zuleta Puceiro pone de presente que en la interpretación a partir de los argumentos lingüísticos es posible encontrar tres variantes o tipos de argumentos, siendo estos el significado literal, el ordinario y el técnico. El primero de estos es definido por el autor como “el significado que se desprende de tomar los términos que lo componen en la acepción directa de las palabras que lo componen”; el ordinario, como el “significado que las palabras asumen tanto en la comunicación ordinaria como en el lenguaje técnico del derecho”; mientras que el tercero hace referencia a “términos tanto técnico-jurídico como a términos técnicos correspondientes a otras especialidades”. Zuleta Puceiro, Enrique. Interpretación de la ley. Casos y materiales para su estudio, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2003, p. 49-50.

(44) Sobre este punto, entre nosotros, Fernando Vélez establecía un criterio de prevalencia en casos de significados diferentes, al amparo de la regla del artículo 28 del Código Civil. Dicho autor señalaba que “si una palabra tiene un sentido en lenguaje culto o técnico, pero se usa generalmente en otro, será este el preferido para interpretar la ley. Es natural que prevalezca el sentido que todos dan a una palabra sobre el que puede darle el diccionario de la lengua o una ciencia o arte que pocos conocen”. Vélez, Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano Tomo I, 2º edición, París, Editorial París-América. p. 35. En sentido parece estar Chiassoni autor que dentro del análisis semántico-pragmático incluye elementos como i) la estructura de la disposición, ii) el contexto lingüístico específico de la disposición, iii) el intertexto del a disposición y iv) los específicos contextos extralingüísticos de la disposición; incluyendo en este último punto los usos culturales, políticos, sociales, institucionales, históricos, etc. Chiassoni, Pierluigi, ob. cit., p. 66.

(45) De Asis Roig, Rafael. Jueces y normas. La decisión judicial desde el ordenamiento. Madrid, Editorial Marcial Pons, 1995, p. 205.

(46) Montesquieu, Charles Louis de Secondat. Del espíritu de las leyes. Primera Parte, libro XI, capítulo 6.

(47) Sobre este punto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha señalado: “En efecto, los jueces están conminados de manera permanente y continua a interpretar las normas, incluso cuando se considera que una determinada disposición jurídica es clara y unívoca, pues en estos eventos el juez, previamente, ha desarrollado un ejercicio hermenéutico para arribar a tal conclusión.

Afortunadamente, ya hace mucho tiempo que se superaron las concepciones formalistas y deductivistas de la interpretación, según las cuales la actividad judicial se limitaba a la simple verificación del derecho y a su aplicación automática a unos determinados hechos y, en consecuencia, el juez sería simplemente “la boca que pronuncia las palabras de la ley; unos seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza, ni el rigor de aquella”(47).

Pretender que el juez no desarrolle ningún ejercicio hermenéutico ni argumentativo ante una expresión legal (como por ejemplo la incluida en el CCA, art. 152: “manifiesta infracción de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma”), sino que aplique sin consideración alguna la disposición, es desconocer abiertamente la necesaria relación entre interpretación, argumentación, actividad judicial y el deber de los jueces de motivar sus decisiones, postulado propio de toda sociedad enmarcada en los preceptos del Estado social y democrático de derecho”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 22 de marzo de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Expediente 38924.

Sobre este punto véase también la Sentencia C-820 de 2006 de la Corte Constitucional donde acomete un juicioso estudio crítico de diversos modelos teóricos e interpretativos y su impacto, actual, en la actualidad; a manera de conclusión provisional en dicho fallo se señala: “17. La breve referencia a las escuelas de interpretación del derecho que surgen con posterioridad a la exégesis muestra que, principalmente después de la segunda guerra mundial, la doctrina especializada ha reconocido: i) que la labor interpretativa del juez no solo se expresa en los casos de aplicación de las leyes claras, sino también de las leyes cuyo contenido es oscuro, esto es, que no solo se interpretan las leyes oscuras y, ii) que la interpretación judicial no se reduce a la reproducción mecánica de la ley, sino que implica la determinación de las normas aplicables a casos concretos”.

(48) Sobre este punto Guastini sostiene: “Debe observarse, sin embargo, que el significado ordinario raramente es unívoco y preciso. Toda expresión (término o sintagma) de uso común tiene un significado vago. Muchas expresiones de uso ordinario, si no todas, están sujetas a empleos diversos, y a cada uno corresponde un significado distinto (o, al menos, un diferente matiz de significado). Las propias reglas gramaticales son a veces muy elásticas”. Guastini, Riccardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, p. 27.

(49) “Los símbolos [como son las palabras] tienen solo una relación convencional con los objetos representados; la representación no emana de una conexión causal con el fenómeno representado, sino de convenciones establecidas implícitamente por los hombres; es decir, de reglas que permiten hacer referencia a ciertos hechos, cosas, relaciones, usando determinadas figuras, ruidos, objetos, etc.”. Nino, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. 6ª edición, 1995, Barcelona, Editorial Ariel, p. 248.

(50) Guastini, Riccardo, ob. cit., p. 27. Para ahondar en los puntos que afectan la interpretación literal (vaguedad y ambigüedades semántica, sintáctica y pragmática) véase Guastini, Riccardo. “Problemas de interpretación” En: Revista Isonomía, Nº 7, 1997, p. 121-131. Información consultada el 13 de mayo de 2014 en el enlace web: http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04704174522681695209079/isonomia07/isonomia07_03.pdf

(51) Hla Hart desarrolló este punto con apoyo de un ejemplo que refleja a la perfección los conceptos de núcleo duro y zona de penumbra en la aplicación de una norma jurídica, el caso de la prohibición de los coches en el parque: “Una noema jurídica prohíbe introducir un vehículo en un parque público. Esta prohibición rige claramente para un automóvil, pero ¿qué decir de las bicicletas, patines, automóviles de juguete? ¿Qué decir de los aviones? ¿Deben o no ser considerados “vehículos” a los fines de la regla? Si hemos de comunicarnos de algún modo con los demás, y si, como es el caso en las formas más elementales del derecho, hemos de expresar nuestras intenciones para que un cierto tipo de conducta esté reglado por normas, entonces es necesario que las palabras generales que usamos —tales como “vehículo” en el supuesto que considero— tengan algún ejemplo típico respecto del cual no existan dudas acerca de la aplicación de aquellas. Tiene que haber un núcleo de significado establecido, pero también habrá una penumbra de casos discutibles en los que las palabras no resultan obviamente aplicables ni obviamente no aplicables. Cada uno de estos casos tendrá algunas notas en común con el ejemplo típico, les faltarán otras o aparecerán en ellos características que no estaban presentes en aquel (...) Las situaciones de hecho no nos aguardan netamente rotuladas y plegadas; su clasificación jurídica no está escrita en ellas para que los jueces simplemente las lean”. Hart, Hla, Derecho y moral. Contribuciones a su análisis. Buenos Aires, Editorial Depalma, 1962, p. 25-26 [traducción, entre otros, del texto “el positivismo jurídico y la separación entre derecho y moral”].

(52) Frente al uso del criterio de interpretación sistemático esta corporación ha sostenido: “La ley, generalmente, está formada por un conjunto armónico de reglas estrechamente relacionadas entre sí, las cuales se complementan y adicionan de manera recíproca. Ciertamente que cualquiera de los ordenamientos que en ella se contienen regula una hipótesis determinada, pero todos aparecen ordinariamente vinculados en forma tal con el resto de las disposiciones del estatuto, que en la mayor parte de los casos solo es posible obtener el verdadero sentido de un precepto a través del análisis integral de todo el conjunto normativo o de todo el grupo de mandamientos relacionados”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 15 de octubre de 1963, Expediente 2633. La Corte Constitucional, a su vez, ha precisado que la interpretación sistemática “considera la norma como parte de un todo cuyo significado y alcance debe entonces fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece” Sentencia C-032 de 1999.

(53) “las normas que un legislador sanciona, se insertan en un sistema integrado también por otras normas; por lo cual, de la combinación de las normas que un legislador dicta con las otras que ya pertenecen al sistema o formen parte de él en un futuro, podrán derivarse consecuencias no advertidas quizá por dicho legislador, o bien surgir problemas lógicos —como contradicciones, lagunas, redundancias— que no se presentan en las normas aisladas, sino una vez que entran en relación con el resto del sistema jurídico”. Nino, Carlos Santiago, ob. cit., p. 248.

(54) Al respecto Guastini precisa: “Las distintas formas de interpretación adecuadora tiene por objeto (y efecto) evitar que surjan antinomias entre normas de distinto grado jerárquico o entre normas particulares y principios generales, según los casos. Por esta razón, la interpretación adecuadora puede ser siempre —y por lo general es— argumentada ulteriormente recurriendo al dogma de la coherencia del derecho”. Guastini, Riccardo, op. cit., p. 49.

(55) “cuando el sentido literal de una norma no permite establecer claramente su campo de aplicación, debe el intérprete acudir a referencias extrajurídicas de interpretación. Una de ellas es la referencia histórica, a través de la cual se persiguen no solo los antecedentes jurídicos de la disposición cuestionada, sino también aquellas circunstancias de orden fáctico y político que le dieron origen; es posible que dichos antecedentes arrojen luces suficientes acerca del verdadero y preciso sentido que encierra la norma que se quiere interpretar” (resaltado propio). Corte Constitucional, Sentencia C-544 de 1993.

(56) “Se llama “histórica” a la interpretación que adscribe a una disposición uno de los significados que se le atribuyeron en la época que fue creada”. Guastini, Riccardo, ob. cit., p. 30.

(57) Alexy sostiene que el argumento teleológico “presupone un análisis detallado de los conceptos de fin y de medio, así como de los conceptos vinculados a estos de voluntad, intención, necesidad práctica y fin”. Alexy, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. 2ª edición, Madrid, Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 231. En este mismo sentido De Asís: “Por criterio intencional y teleológico entenderé la exigencia de que la interpretación atienda al espíritu y finalidad de las normas. Se trata de un criterio que está relacionado, al menos, con el de la voluntad, con el histórico estricto y con el sistemático”. De Asis Roig, Rafael.

(58) Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido lo siguiente respecto de la aplicación del criterio teleológico para interpretar la Convención ADH: “59. En una interpretación teleológica se analiza el propósito de las normas involucradas, para lo cual es pertinente analizar el objeto y fin del tratado mismo y, de ser pertinente, analizar los propósitos del sistema regional de protección. En este sentido, tanto la interpretación sistemática como la teleológica están directamente relacionadas”. (Resaltado propio) Corte IDH, sentencia de 16 de noviembre de 2009. Caso Campo Algodonero c. Estados Unidos Mexicanos. Sobre el efecto útil, esta misma Corte ha dicho que este criterio resulta aplicable para efectos de obtener el pleno sentido de la Convención Americana de DD.HH “Por ello, la convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la comisión y de la Corte adquiera todo ‘su efecto útil’”. Sentencia de 26 de junio de 1987, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras.

(59) Cfr. caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C Nº 127, párrs. 144, 153 y 164. Asimismo, la Corte Europea ha señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman sus decisiones. Cfr. ECHR, Case of Hadjianstassiou v. Greece, Judgment of 16 December 1992, para. 23.

(60) Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 21 de noviembre de 2007 caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador.

(61) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 5 de agosto de 2011, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela

(62) Corte Constitucional, Sentencia T-607 de 2000.

(63) Considerado posteriormente como una causal específica de procedibilidad de las acciones de tutela.

(64) Ha dicho la Corte Constitucional que “aunque la Carta Política reconoce la independencia de los jueces, no por ello sus decisiones pueden desligarse de los principios y valores constitucionales. Así las cosas, decisiones anteriores de la Corte identifican entre los criterios ordenadores de la función jurisdiccional, derivados de las dimensiones de la autonomía judicial, dos fronteras definidas: (i) El respeto al precedente jurisprudencial y (ii) La observancia de las reglas de validez de la labor hermenéutica propia de la decisión judicial”. Corte Constitucional, Sentencia T-1130 de 2003.

(65) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de febrero de 2014, Expediente 27345.

(66) Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010. Reiterado en T-204 de 2012, entre otras. En esta última se indicó: “Derivado de lo anterior, la motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico”.

(67) Corte Constitucional, Sentencia T-472 de 2011.

(68) Corte Constitucional, Sentencia C-472 de 2011.

(69) Este es el punto de vista defendido por R. Dworkin, para quien la interpretación es un proceso continuo donde el juez debe tener en consideración crítica la cadena interpretativa que le precede para resolver un asunto, comoquiera que debe tener empeño en hacer mejorar progresivamente la práctica jurídica. Sostiene dicho autor: “Cada juez debe verse a sí mismo, al sentenciar un nuevo caso, como un eslabón en la compleja cadena de una empresa en la que todas aquellas innumerables sentencias, decisiones, estructuras, convenciones y prácticas son la historia. Su responsabilidad es continuar esa historia hacia el futuro gracias a su labor de hoy. “debe” interpretar lo que ha venido ocurriendo porque tiene la responsabilidad de hacer progresar esa empresa que tiene entre manos antes que tomar de golpe por su propio camino. De manera que debe establecer, en acuerdo a su propio juicio, hasta dónde habían llegado las decisiones previas, cuál era el asunto primordial o tema de la práctica hasta ese punto y todo esto tomado como un conjunto integral”. Dworkin, Ronald. “Cómo el derecho se parece a la literatura” En: Rodríguez, Cesar (Ed.) La decisión judicial: El debate Hart-Dworkin, Bogotá, Editorial Siglo del Hombre, 1997, p. 167.

(70) “En resumen, en una sociedad moderna la certeza jurídica cubre dos elementos diferentes (a) en el razonamiento jurídico ha de evitarse la arbitrariedad (principio del Estado de derecho) y (b) la decisión misma, el resultado final, debe ser apropiado. De acuerdo con el punto (b), las decisiones jurídicas deben estar de acuerdo no solo con el derecho (formal), sino que también tienen que satisfacer criterios de certeza axiológica (moral). (...) El proceso de razonamiento debe ser racional y sus resultados deben satisfacer las demandas de justicia. Además, si una decisión no es aceptable tampoco puede ser legítima - en el sentido amplio de la palabra”. Aarnio, Aulis. P. 26. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico. En: Revista Doxa, Nº 8 (1990), p. 23-38, especialmente 26.

(71) Son acertadas las palabras de Larenz quien afirmó que “ya nadie puede... afirmar en serio que la aplicación de las normas jurídicas no es sino una subsunción lógica bajo premisas mayores formadas abstractamente”. Alexy, Robert, ob. cit., p. 23. De esta postura es partícipe Nino quien afirmó que “la tarea de precisar los textos vagos o ambiguos, eliminar las lagunas y las contradicciones, determinar los precedentes relevantes, etc., por lo común no está guiada por reglas precisas de segundo nivel y, cuando lo está, (...) no es infrecuente que se tropiece con reglas competitivas que aportan soluciones divergentes”. Nino, Carlos Santiago, ob. cit., p. 293.

(72) “El objeto de la justificación externa es la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna. Dichas premisas pueden ser de tipos bastante distintos. Se puede distinguir: (1) reglas de derecho positivo, (2) enunciados empíricos y (3) premisas que no son ni enunciados empíricos ni reglas de derecho positivo”. Alexy, Robert. Teoría de la argumentación jurídica, ob. cit., p. 222.

(73) “En la justificación interna se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación; el objeto de la justificación externa es la corrección de estas premisas. (...) Los problemas ligados con la justificación interna han sido discutidos bajo el rótulo de “silogismo jurídico””. Alexy, Robert. Teoría de la argumentación jurídica, ob. cit., p. 214.

(74) “No se pretende que el enunciado jurídico sea sin más racional, sino solo de que en el contexto de un ordenamiento jurídico vigente pueda ser racionalmente fundamentado”. Teoría de la argumentación, ob. cit., p. 208. Sobre este punto Aarnio sostiene: “Muy a menudo, la justificación se refiere —y tiene que referirse— a diferentes tipos de razones materiales, o bien a razones teleológicas o a razones de corrección. En la práctica, esto significa, entre otras cosas, que el derecho tiene que estar conectado con valores y valoraciones. Dicho brevemente: existe una combinación entre derecho y moral. Este mismo rasgo impone precondiciones especiales a la teoría moderna de la interpretación jurídica”. Aarnio, Aulis. Lo racional como razonable. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1991, p. 15.

(75) “La cuestión consiste en saber cuál concepto de derecho es correcto o adecuado. Quien desee responder esta pregunta tiene que relacionar tres elementos: el de la legalidad conforme al ordenamiento, el de la eficacia social y el de la corrección material”. Alexy, Robert. El concepto y validez del derecho. 2º edición, Barcelona, Editorial Gedisa, 2004, p. 21.

(76) Alexy, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica, ob. cit., p. 209.

(77) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre de 2008. C.P. Enrique Gil Botero.

(78) A propósito de la imposibilidad de exigir requisitos adicionales a los establecidos por el legislador se puede consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. C.P. Jaime Moreno García.

(79) Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de septiembre 5 de 1997. C.P. Germán Ayala Mantilla. Sección Cuarta. Sentencia de mayo 5 de 2003. C.P. Ligia López Díaz.

(80) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 24 de marzo de 2011. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Expediente 36601.

(81) Corte Constitucional, Sentencia C-302 de 1999.

(82) Corte Constitucional. Sentencia C-400 del 2 de junio de 1999. Puede consultarse igualmente José Ignacio Monedero Gil. Doctrina del contrato del Estado, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977, p. 90. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de julio de 2013, Subsección B, Expediente 21642, CP. Ramiro Pazos Guerrero“(...) la causa del contrato estatal, esto es el motivo que da lugar a su celebración, es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De modo que la contratación de la administración pública está poderosamente influida por el fin que ella involucra, esto es el interés público, el que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares realizan la labor encomendada a través del contrato; y, de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad (...) Ahora, los contratistas concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en el derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual”, Sentencia del 29 de agosto de 2012, Subsección B, Expediente 20615, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 23 de junio de 2010, Expediente 17860, CP. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 21 de febrero de 2011, Subsección C, Expediente 16105, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 7 de marzo de 2011, Subsección C, Expediente 20683, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, sentencia del 25 de agosto de 2011, Subsección B, Expediente 14461, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 31 de agosto de 2011, Expediente 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 7 de julio, Subsección C, Expediente 18762, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 28 de septiembre de 2011, Subsección B, Expediente 15476, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 12 de febrero de 2012, Subsección C, Expediente 19730, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 28 de marzo de 2012, Subsección C, Expediente 22471, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 8 de mayo de 2013, Subsección C, Expediente 24510, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, entre otras.

(83) Corte Constitucional. Sentencia C-128 del 18 de febrero de 2003. “La primacía del interés general afirmada en la Constitución desde el preámbulo y el artículo 1º superior se constituye en el eje de toda actuación estatal. En este sentido el artículo 209 de la Constitución Política señala que ‘la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad...’. Añade también que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. En materia contractual dicho interés determina las actuaciones de la administración, de los servidores que la representan y de los contratistas. Es por ello que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, prescribe que la contratación administrativa persigue ‘el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellos en la consecución de dichos fines’. Y el inciso segundo de esta misma norma, indica con claridad lo siguiente: ‘Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. La Corte ha hecho énfasis en que ese principio de interés general guía y explica la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa. En particular la corporación ha recalcado que la teleología propia de toda la normatividad que propicia la escogencia objetiva de la mejor oferta formulada por los proponentes previamente calificados, cuyos antecedentes personales sean garantía de seriedad y cumplimiento, no es otra que la de asegurar la primacía de dicho interés’”.

(84) Parejo Alfonso. Manual de derecho administrativo, vol. I, Barcelona, Ariel, 1998, p. 607.

(85) Corte Constitucional. Sentencia C-128 del 18 de febrero de 2003.

(86) Corte Constitucional. Sentencia C-400 del 2 de junio de 1999. “Tenemos entonces que la función pública está al servicio del interés general, y que puede llevarse a cabo mediante el mecanismo de la contratación estatal. En consecuencia, es forzoso concluir que dicha contratación también está al servicio de ese interés general. Es por ello que el artículo 3º de la Ley 80 de 1993 prescribe que la contratación administrativa persigue ‘el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellos en la consecución de dichos fines’. Y el inciso segundo de esta misma norma indica con claridad lo siguiente: ‘Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Expediente 18836, sobre el contrato estatal como instrumento básico para la satisfacción de intereses generales: “Por averiguado se tiene que mediante el contrato estatal se persigue la prestación de servicios públicos y por consiguiente la satisfacción de intereses de carácter general. Esta particularidad de la contratación estatal determina que la ejecución del objeto contractual sea un asunto vertebral y es por eso que la ley ha previsto diversos mecanismos que permiten conjurar factores o contingencias que puedan conducir a su paralización o inejecución”. Sentencia del 21 de abril de 2004, Expediente 14651, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia del 26 de febrero de 2004, Expediente 14043, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, sentencia del 2 de septiembre de 2004, Expediente 14578, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia del 19 de agosto de 2004, Expediente 12342, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia del 24 de febrero de 2005, Expediente 14937, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, sentencia del 14 de abril de 2005 Expediente 14583, C.P. Alíer Eduardo Hernández Enríquez, sentencia del 20 de octubre de 2005, Expediente 14579, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, sentencia del 22 de julio de 2009, Expediente 17552, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 17 de marzo de 2010, Expediente 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 28 de abril de 2010, Expediente 17935, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 15 de abril de 2010, Expediente 18014, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 23 de junio de 2010, Expediente 17860, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 21 de febrero de 2011, Subsección C, Expediente 16105, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 7 de marzo de 2011, Subsección C, Expediente 20683, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, sentencia del 25 de agosto de 2011, Subsección B, Expediente 14461, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 31 de agosto de 2011, Expediente 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 7 de julio, Subsección C, Expediente 18762, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 28 de septiembre de 2011, Subsección B, Expediente 15476, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 8 de mayo de 2013, Subsección C, Expediente 24510, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 13 de junio de 2013, Subsección C, Expediente 24809, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, entre otras.

(87) Jorge Bendeck Olivella. “Exposición de motivos a la Ley 80 de 1993”, en Gaceta del Congreso, 75, 23 de septiembre de 1992: “Cualquier actividad estatal se caracteriza por la satisfacción del interés público o de las necesidades colectivas. La celebración de un contrato en la que interviene una entidad estatal no puede ser ajena a ese principio. A veces la relación con el interés público es inmediata, en tanto que en otras ocasiones la relación es apenas indirecta. Sin embargo, el hecho de la celebración del acto jurídico por parte del Estado implica la presencia del interés público. Por ello, no existe razón para no predicar de todos los contratos celebrados por el Estado los mismos principios y postulados”.

(88) Corte Constitucional. Sentencia C-606 del 14 de diciembre de 1992. “En el texto constitucional colombiano el interés general, definido por el legislador, se opone al interés particular, salvo cuando este último está protegido por un derecho fundamental. En este caso, como lo dijimos arriba, ha de entenderse que la dimensión objetiva de tales derechos los convierte en parte estructural del sistema jurídico y por lo tanto dejan de ser meros derechos subjetivos para integrar la parte dogmática del complejo concepto de interés general”.

(89) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 17552, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, "En síntesis, es principio general el que los contratos se celebran para ser cumplidos y, como consecuencia de su fuerza obligatoria, que las partes deban ejecutar las prestaciones que emanan de él en forma íntegra, efectiva y oportuna, de suerte que el incumplimiento de las mismas, por falta de ejecución o ejecución tardía o defectuosa, es sancionada por el orden jurídico a título de responsabilidad subjetiva y por culpa, que solo admite exoneración, en principio, por causas que justifiquen la conducta no imputable al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa del cocontratante, según el caso y los términos del contrato) [...] Este marco jurídico, en el ámbito de la responsabilidad de la administración pública, regido desde la altura del inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política, es en buena medida aplicable a la contratación pública (códigos Civil y de Comercio, al cual remiten los arts. 13, 32 y 40 de la L. 80/93), porque la responsabilidad contractual de una entidad pública contratante puede comprometerse con fundamento en la culpa (art. 50 ejusdem), es decir, una responsabilidad con falta, derivada de una conducta de incumplimiento de las obligaciones contractuales, la cual debe ser analizada, entre otras, de acuerdo con las reglas explicadas en precedencia del régimen del derecho común, pero sujetas o armonizadas con las reglas del derecho administrativo en caso de que exista norma expresa en este y, por supuesto, con prevalencia del interés público”, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Expediente 15400, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 4 de febrero de 2010, Expediente 15665, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 4 de febrero de 2010, Expediente 16022, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 4 de febrero de 2010, Expediente 16017, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 18 de enero de 2012, Subsección C, Expediente 19304, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 25 de abril de 2012, Subsección C, Expediente 21909, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 7 de febrero de 2011, Subsección C Expediente 19597, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 31 de agosto de 2011, Subsección B, Expediente 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 21 de septiembre de 2011, Subsección C, Expediente 22338,C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, sentencia del 28 de septiembre de 2011, Subsección B, Expediente 15476, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 29 de octubre de 2012, Subsección B, Expediente 21429, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia del 29 de julio de 2013, Subsección B, Expediente 21642, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.

(90) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Contrato de concesión de servicios públicos. Coherencia con los postulados del Estado social y democrático de derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos. Próximo a ser publicado, pp. 116-119.