Auto 2014-00042 de mayo 7 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-28-000-2014-00042-00(IMP)

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro (E)

Actor: Juan Luis Pérez Escobar

Demandado: Representante a la Cámara por el departamento de Sucre

Bogotá, siete de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. De las recusaciones.

El artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —en adelante CPACA— establece que: “Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: (…)”.

Ahora bien, respecto del trámite de las recusaciones, el artículo 132 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:

“ART. 132.—Trámite de las recusaciones. Para el trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas: (…) 3. Cuando el recusado sea un magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es este, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez.

(…) En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o mala fe, se les condenará solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que hubiere lugar.

La decisión, en cuanto a la multa, será susceptible únicamente de reposición”.

Esta norma se complementa con el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil, actualmente, artículo 142 del Código General del Proceso, que establece:

“ART. 151.—Oportunidad y procedencia de la recusación. Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la sentencia, de la complementación de la condena en concreto de la actuación para practicar pruebas o medidas cautelares anticipadas.

No podrá recusar quien, sin formular la recusación, haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano.

No habrá lugar a recusación cuando la causal se origine por cambio de apoderado de una de las partes, a menos que la formule la parte contraria. En este caso, si la recusación prospera, en la misma providencia se impondrá en quien hizo la designación y al designado, solidariamente, una multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales.

No serán recusables, ni podrán declararse impedidos, los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que deben dirimir los conflictos de competencia, ni los funcionarios comisionados.

Cuando la recusación se base en causal diferente a las contenidas en el artículo 150, el juez debe rechazarla de plano.

En los casos en que procede el rechazo, el auto que así lo disponga no tiene recurso alguno”.

2. Caso concreto.

La Sala, negará la recusación, por las razones que pasan a explicarse:

Se tiene que las causales invocadas por el apoderado del demandante, es decir, las previstas en los numerales 6º y 7º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, actualmente, previstas en el artículo 141 del Código General del Proceso, señalan lo siguiente:

“ART. 150.—Son causales de recusación las siguientes:

(…)

6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3º, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.

7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal contra el juez, su cónyuge, o pariente en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. (…)” (resalta la Sala).

2.1. Respecto de la causal de pleito pendiente.

Teniendo en cuenta que el hecho a partir del cual se estructura la recusación hace referencia a la existencia de un proceso penal que se ha iniciado a instancias de denuncia formulada por el recusante y en el que se ha abierto investigación(8), encuentra la Sala en primer lugar que la causal de pleito pendiente aducida y que se encuentra tipificada en el numeral 6º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, no tiene cabida frente a aquel supuesto de hecho, por cuanto el proceso penal no es de aquellos en los que se pueda predicar la existencia de un “pleito” entre el denunciante o querellante y el investigado.

En efecto, en estos eventos, la relación jurídica procesal se traba entre el Estado (como acusador), que ejerce el ius puniendi, y el accionado, indiciado, investigado, querellado, imputado o procesado, sin que el denunciante pueda ser considerado como parte, aun cuando acuda en calidad de víctima (antes parte civil), para hacer valer sus derechos en una relación accesoria y paralela al proceso penal mismo.

Así, entiende la Sala que la referida causal 6ª, no tiene cabida cuando se trate de oponer la existencia de un proceso penal (tampoco de uno disciplinario), como circunstancia para separar del conocimiento de un asunto a determinado juez.

En efecto, en cuanto a la distinción entre las causales sexta y séptima del Código de Procedimiento Civil, el jurista y doctrinante colombiano Hernán Fabio López Blanco explica lo siguiente; “Opino que el “pleito pendiente a que se refiere la norma puede ser de carácter civil, de familia agrario, laboral, o inclusive puramente policivo; [lo cual no se aludió en este caso] pero advierto que los numerales 7º y 8 regulan en forma especial lo atinente especial lo atinente a la existencia de situaciones propias del proceso penal (…)”(9).

Así las cosas, la Sala negará la recusación en lo que a la causal 6ª se refiere, por la ausencia de conexidad con los hechos que motivan la presente recusación, y así lo declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

2.2. Respecto de la causal consistente en haber formulado denuncia penal o disciplinaria.

Una vez precisado lo anterior, nótese que la causal 7ª del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, actualmente, prevista en el artículo 141 del Código General del Proceso, hace referencia a dos escenarios. En efecto, la normativa transcrita, aplicada al presente caso, se circunscribe a los dos (2) siguientes supuestos fácticos:

1) A la formulación de una denuncia penal o disciplinaria por parte de alguno de los sujetos procesales contra el juez, previa al inicio del asunto puesto a consideración de este último; y

2) A la formulación de una denuncia penal o disciplinaria contra el juez de conocimiento, posterior al inicio del asunto puesto a consideración y ajena al objeto del mismo, siempre que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.

Visto lo anterior, se tiene que el presente asunto no encaja dentro de la primera de las hipótesis, toda vez que:

• La demanda electoral se presentó ante la Secretaría de la Sección el 6 de mayo de 2014;

• El asunto correspondió por reparto a la doctora Susana Buitrago Valencia, quien por auto de 11 de junio de 2014 admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor; y

• El señor Nicolás Daniel Guerrero, quien recusa, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda por medio de escrito radicado en la Secretaría de esta Sección el 25 de junio de 2014(10).

Entonces, se tiene que antes de haberse iniciado el presente proceso para el demandado, es decir, una vez se conformó el contradictorio y aquel ejerció su derecho de defensa, no existía la “denuncia penal y disciplinaria”, frente a la cual la “Comisión de investigaciones y actuaciones de la Cámara de Representantes” abrió investigación por medio de “auto de 4 de febrero de 2015” contra la consejera de Estado, doctora Susana Buitrago Valencia, toda vez que la misma tiene como fecha de radicado el día 27 de enero de 2015(11), en otras palabras, es posterior al inicio del proceso de nulidad electoral, razón por la cual lo planteado por el recusante no encuadra en el primero de los supuestos fácticos invocados previsto por el numeral 7º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora, lo cierto es que la situación alegada por el demandado tampoco encuadra en la segunda de las hipótesis previstas por el numeral 7º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto si bien es claro que el objeto de la denuncia penal y disciplinaria es ajeno al debate que se surtirá en el proceso de nulidad electoral, en el que se decidirá sobre la materialización o no de la supuesta inhabilidad de ejercicio de autoridad en que puede verse afectado el señor Nicolás Daniel Guerrero Montaño, quien resultó elegido como representante a la Cámara por el departamento de Sucre, para el periodo 2014-2018, no es menos cierto que la doctora Buitrago no se encuentra debidamente vinculada a la investigación penal que en la comisión de investigaciones y acusaciones se sigue en su contra.

Se dice lo anterior, de un lado, porque tal y como se desprende de la certificación expedida por el secretario de la comisión de investigaciones y acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, si bien mediante oficio de 12 de febrero de 2015 se informó a la doctora Buitrago Valencia de la existencia de la investigación aludida, aquel fue respondido por ella el 18 de febrero de 2015, manifestando que “no me es posible jurídicamente darme por notificada del auto al que alude y que no se anexa. Porque desconozco su contenido y su sentido”, sin que a la fecha se le hiciera llegar dicho documento.

Además, de otro lado, no escapa a la Sala el hecho de que el proceso penal en contra de la magistrada recusada “se encuentra actualmente en investigación previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 424 de la Ley 600 de 2000”(12), lo que quiere decir que en él no se ha dado inicio a la investigación formal, que es a la que se refiere la causal de recusación objeto de análisis cuando establece: “Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal contra el juez, su cónyuge, o pariente en primer grado de consanguinidad, antes de iniciarse el proceso, o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal”.

En efecto, tal ha sido la interpretación de esta corporación sobre dicho requisito de materialización de la causal de impedimento y recusación(13).

Por lo expuesto se,

III. RESUELVE:

1. NEGAR la recusación propuesta por el apoderado del demandado contra la consejera de Estado, doctora Susana Buitrago Valencia por la causal de pleito pendiente conforme a las razones expuestas en esta providencia.

2. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 132 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Notifíquese y cúmplase.»

(8) Tal y como se desprende del folio 465 del expediente que da cuenta que dicho proceso, que se identifica con el número 4364 ya existe. Además el secretario de la comisión de investigación y acusaciones así lo ha certificado.

(9) Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil General, Tomo 1, undécima edición 2012, página 254, Capítulo de Impedimentos y recusaciones.

(10) Visible a folios 242 al 260.

(11) Visible a folios 448 al 457.

(12) Folio 485 del expediente.

(13) Cfr. En este sentido se puede consultar las siguientes providencias - Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, auto de 19 de noviembre de 2002, radicación 11001-03-15-000-2002-1111- 01(IMP-307), accionante: Renzo Efraín Montalvo Jiménez. Contra concejales del Distrito de Barranquilla y Consejo de Estado - Sección Quinta, C.P. María Nohemí Hernández Pinzón, auto de 11 de febrero de 2010, radicación 11001-03-28- 000-2009-00045-00, accionante: Germán Guevara Ochoa contra el representante de profesores de la UPTC.