Auto 2014-00057/51230 de mayo 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION A

Rad.: 76001 23 33 000 2014 00057 01 (51230)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Servicios Financieros de Inversión S.A.

Demandado: Municipio de Santiago de Cali

Proceso: Ley 1437 de 2011 - ejecutivo contractual

Bogotá D. C., doce de mayo de dos mil quince.

Pasa a despacho el asunto de la referencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 8 de abril de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio del cual se negó librar mandamiento ejecutivo.

I. Antecedentes

1. La demanda.

La sociedad Servicios Financieros de Inversión S.A., a través de apoderado judicial, instauró demanda ejecutiva en contra del Municipio de Cali departamento administrativo de hacienda municipal, para solicitar que se ordenara lo siguiente: Actor: Servicios Financieros de Inversión S.A.

“3.1. Solicito comedidamente honorable magistrado, ordene librar mandamiento de pago a favor de la sociedad Servicios Financieros de Inversión S.A., con número de NIT. 900.061.198-5., representada legalmente por el doctor Yoffre Rojas Tinjaca, mayor de edad, vecino de Bogotá, (…) por el no pago de la obligación contenida en la factura de venta 138, del 27 de noviembre de 2012, por el capital de mil cuatrocientos veintisiete millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($ 1.427.546.644).

3.2. Solicito comedidamente honorable magistrado, ordene librar mandamiento de pago d favor de la sociedad Servicios Financieros de Inversión S.A., con número de NIT. 900.061.198-5, representada legalmente por el doctor Yoffre Rojas Tinjaca, mayor de edad, vecino de Bogotá, (...) por los intereses liquidados por el capital adeudado desde la fecha de la exigibilidad de la obligación, hasta la certificación de pago que haga la demandada, de la siguiente manera:

3.2.1. Por los intereses corrientes consolidados desde el 28 de noviembre de 2012 al 27 de diciembre de 2012, por el no pago del capital adeudado, un valor en intereses de veintidós millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y seis mil pesos m/cte, ($ 22.747.956).

3.2.2. Por los intereses moratorios consolidados desde el 28 de diciembre de 2012 a 31 de julio de 2013, por el no pago del capital adeudado, un valor en intereses de doscientos treinta y un millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y siete pesos m/cte, ($ 231.264.337).

3.3. De igual forma solicito de manera comedida se condene en costas a la parte demandada”.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, señaló, en síntesis, que el municipio de Cali - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, celebró contrato de prestación de servicios DAHM-GAA-015-05 el 11 de febrero de 2005, con la Unión Temporal de Servicios de Impuestos de Cali UT SICALI, integrada por las firmas Sistemas y Computadores S.A., Links S.A., Ckcnet Ltda., e Ingos Ltda.

Afirmó que, en virtud del contrato antes mencionado, SICALI expidió la. factura de venta 138, por un valor de $ 1.427'546.644, la cual, fue presentada para su cobro por la unión temporal ante el municipio el 27 de noviembre de 2012, por concepto de honorarios por recaudo extraordinario.

Agregó que, el 6 de diciembre de 2012, la unión temporal endosó en propiedad la referida factura a favor de Servicios Financieros de Inversiones S.A., lo cual le fue comunicado al municipio en la misma fecha. Además, que por medio de oficio 2012413100034354 recibido por SICALI el 7 de diciembre de la misma anualidad, el municipio de Cali expresó su decisión de no aceptar dicha factura, por considerar que no se ajustaba a los términos contractuales.

Relató que el 10 de diciembre de 2012, a través de oficio 4-34805, se presentó nuevamente la factura 138 correspondiente a' los honorarios por recaudo extraordinario del año 2012, liquidados parcialmente por el período ejecutado de dicho año, indicando y aportando en el mismo escrito la argumentación jurídico contractual que sustentaba su nueva presentación, escrito que fue recibido el 11 de diciembre del mismo año, no obstante lo cual la factura fue devuelta por medio de oficio 2012413100035304 del 18 de diciembre de 2012.

Añadió que por medio de oficio 4-34831 del 24 de diciembre de 2012, la Unión Temporal Servicios de Impuestos de Cali, presentó nuevamente la mencionada factura, con fundamento en que:

“(...) sobre el pago proporcional de facturas por recaudo extraordinario, el municipio de Santiago de Cali ya estudió detenidamente la situación, y la dejó absolutamente clarificada cuando en el ejercicio de su “ocultad de interpretación, asumió plenamente su compromiso contractual cuando en la primera vigencia de la ejecución pactada, recibió y aceptó la factura 18 de fecha de 23 de agosto de 2005 y ordenó su pago, el cual se materializó a través del consorcio fiduciario.

Dicha factura correspondió al recaudo extraordinario evidenciado desde el 2 de junio hasta el 31 de diciembre de 2005, período facturado y comprado por ser solo esos meses de ejecución de ese año 2005, utilizando en aquel entonces para obtener la cifra, la misma fórmula empleada hoy, para generar la factura 138 que ahora se nos devuelve.

Por ser exactamente la misma situación de hecho y de derecho, contemplada de manera clara en el texto contractual y sus correspondientes otro sí, y así entendida por la entidad contratante, me permito volver a presentarla e insistir en su pago actuar en contrario colocaría al municipio de Cali en el terreno del enriquecimiento sin causa, afectando nueva e injustamente el menguado equilibrio financiero de la Unión Temporal SI CALI...”.

Señaló que el Departamento Administrativo de Hacienda de la Alcaldía de Cali, dio respuesta a la comunicación anterior, por medio de oficio 2013413100000302 del 22 de febrero de 2013, para indicar que rechazaban la factura 138, hasta cuando existiera entre las partes un acuerdo en el cálculo para determinar la existencia o no de la comisión por recaudo extraordinario.

El 12 de abril de 2013, SICALI radicó el oficio 4-34881 ante la alcaldía de Cali - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, en el 'cual informó sobre la no aceptación de la devolución de la factura 138 de 2012, por encontrarse claramente vencidos los términos establecidos para que operara dicha devolución según lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008(1), por lo que, aportaron nuevamente la factura junto con los soportes de cálculo correspondientes para que la entidad procediera al pago, sin que se hubiera obtenido el pago de la misma.

Por su parte, el municipio de Cali, inició el trámite para la liquidación del contrato DAHM-GAA-015-05 y a través de la Resolución 411.0.21.0042 del 29 de abril de 2013, se declaró agotada la etapa de liquidación de mutuo acuerdo y se procedió a su liquidación unilateral, acto administrativo en el cual se aceptó y reconoció la obligación del pago parcial de la referida factura por la suma de $ 1.408'148.995.

En contra de la decisión anterior, salvo el punto del reconocimiento de la factura, SICALI interpuso recurso de reposición.

Manifestó la parte actora que si bien fue aceptada la factura 138 —título ejecutivo de esta demanda—, conforme la normatividad establecida para ello, y encontrándose en firme la Resolución-.411.0.21.0042 del 29 de abril de 2013 en torno al punto que no fue recurrido, no se ha cancelado la obligación contraída y reflejada en dicha factura, lo cual daba lugar a la causación de intereses.

2. Trámite de primera instancia.

2.1. Inadmisión de la demanda.

Mediante auto del 7 de febrero de 2014 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca inadmitió la demanda por encontrar unas deficiencias en cuanto a los anexos de la demanda y otorgó el término de 10 días para subsanarla(2).

2.2. Corrección de la demanda.

Dentro del término otorgado, la demandante allegó copia auténtica del contrato DAHM-GAA-015-05 celebrado entre el municipio de Cali - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y la Unión Temporal SICALI(3).

2.3. La providencia apelada.

A través de auto del 8 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió negar el mandamiento ejecutivo solicitado por la obligación contenida en la factura de venta 138 del 27 de noviembre de 2012, con origen en el contrato denominado DAHM-GAA-015-05 del 11 de febrero de 2005, celebrado entre el municipio de Cali Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y la Unión Temporal SICALI.

Como fundamento de su decisión, señaló que el título ejecutivo invocado era ineficaz, por cuanto no cumplía con los requisitos de fondo relativos a la claridad, proveniencia del deudor y exigibilidad, pues la factura 138 del 27 de noviembre de 2012 no contenía una obligación clara como lo ordenaba el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

Señaló el a quo que, para verificar la eficacia del objeto de la obligación, como elemento que afecta el fondo de su contenido jurídico, era necesario referirse a la sentencia del 30 de octubre de 2013, proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió en sede de apelación una acción de controversias contractuales, en donde se confirmó la declaratoria de nulidad absoluta del contrato DAHM-GAA-015-05 del 11 de febrero de 2005, el mismo que servía de origen a la factura que se• invocó como título ejecutivo, por objeto ilícito.

Así las cosas, concluyó el tribunal que el contrato subyacente a la obligación que se pretendía hacer cumplir, no tenía la capacidad de producir efectos jurídicos, es decir que las obligaciones que por su celebración se originaron, desaparecieron para las partes. En este sentido señaló que “La ineficacia de la cual adolece él contrato, nace a partir de la declaratoria judicial de nulidad absoluta por presentar vicios por ilicitud en el objeto; situación insalvable que enerva las pretensiones del ejecutante, por cuanto el soporte base del título no existe más en el mundo jurídico”.

2.3.1. Salvamento de voto.

Uno de los integrantes de la Sala se apartó de la decisión mayoritaria por considerar que el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, en relación con los efectos de la declaratoria de nulidad de los contratos, señala que: “... la declaratoria de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria...”, no obstante, en su inciso segundo, limita el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, solo en cuanto se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto que ésta hubiere obtenido.

En este sentido, consideró que se ha debido analizar la idoneidad del documento presentado, si se trataba de un título valor realmente aceptado por el deudor estatal o si era solo una cuenta de cobro desatendida por la administración, si existió o no aceptación o reconocimiento del crédito que pudiera establecerse de manera clara con base en el título complejo de que se componen esta clase de obligaciones: actas, resoluciones, contratos, su exigibilidad, etc.

2.4. La impugnación.

En contra del auto que negó el mandamiento ejecutivo(4), la parte ejecutante interpuso oportunamente recurso de apelación, para solicitar su revocatoria y que, en su lugar, se librara mandamiento de pago conforme a lo pedido en la demanda.

Como fundamento de su inconformidad manifestó que el artículo 48 de la. Ley 80 de 1993 establece que solo los contratos de ejecución sucesiva que sean anulados, dan derecho a que se reconozcan y paguen las prestaciones cumplidas entre las partes. Precisó que no importaba cuál fuera la causal de nulidad del contrato para efectos de adquirir el derecho o la obligación de recibir o reconocer, según el caso, las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad.

Además, señaló que en los casos de causa y objeto ilícitos, se debían reconocer las prestaciones ejecutadas cuando la entidad estatal se hubiera beneficiado de ellas, tal y como, a su juicio, ocurrió en el presente asunto, pues existió la prestación del servicio y la aceptación de la factura por la entidad beneficiada con dicho servicio.

De otra parte, hizo referencia a la condición de tenedor de buena fe por parte de Servicios Financieros de Inversión S.A., para señalar que la entidad estaba legitimada para presentar el título valor para su cobro e hizo mención a la idoneidad del título, al considerar el valor de la factura como único documento válido para que el vendedor cobrara jurídicamente el crédito cuando el comprador se rehusara a su pago. Así, indicó que siempre que la] factura cumpliera con los requisitos de ley, su original constituía título valor negociable que prestaba mérito ejecutivo.

2.5. Trámite del recurso.

El 13 de mayo de 2014, el tribunal concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo(5).

Mediante auto proferido por el despacho el 4 de diciembre de 2014(6) se ordenó incorporar al expediente la sentencia proferida el 30 de octubre del 2013, mediante la cual se declaró la nulidad del contrato DAHM-GAA-015-05 del 11 de febrero de 2005.

II. Consideraciones

Revisado el expediente, se observa que la demanda fue presentada el 13 de agosto de 2013, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 dé 2011(7), por lo que al presente caso le resultan aplicables las normas contenidas en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —en adelante CPACA—.

1. Procedencia del recurso de apelación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 150(8), 125(9) y 243 numeral 3º(10) del CPACA, esta corporación es competente funcionalmente para conocer del presente asunto, comoquiera que se trata de un auto interlocutorio proferido en primera instancia por un Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual se puso fin al proceso al negar el mandamiento ejecutivo solicitado.

Previo a resolver lo que en derecho corresponda sobre el recurso interpuesto, considera el despacho pertinente hacerlas siguientes consideraciones en relación con los procesos ejecutivos.

2. Competencia de la, Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de los procesos ejecutivos.

De conformidad con el artículo 104 del CPACA esta jurisdicción “está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo,, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”.

Ahora bien, en lo que hace a la competencia de la Jurisdicción Administrativa para conocer de procesos ejecutivos, la citada norma dispone en su numeral 6 que esta jurisdicción solo conoce de aquellos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades(11) y, además, “la Ley 1107 dispone que esta jurisdicción juzga las controversias y litigios...' de las entidades públicas y, técnicamente hablando, los procesos ejecutivos no constituyen controversia ni litigio, aun cuando se propongan excepciones de mérito, luego tales actuaciones no hacen parte del objeto de esta jurisdicción, con excepción, se repite, de los [tres] temas puntuales atribuidos expresamente por la ley”(12).

3. Título ejecutivo y normas de procedimiento.

Según lo dispuesto expresamente en el artículo 297 del CPACA, los siguientes documentos constituyen título ejecutivo:

“1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar”.

Ahora bien, con respecto a las normas aplicables en cuanto al procedimiento, el artículo 299 ibídem. dispone que “en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor• cuantía” y “las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”.

4. Caso concreto.

En el sub lite la sociedad de Servicios Financieros de Inversión S.A. instauró demanda ejecutiva en contra del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Santiago de Cali con el fin de que se librara mandamiento ejecutivo en su contra, con ocasión de la obligación contenida en (a factura de venta 138 del 27 de noviembre de 2012, por la suma de $ 1.427'546.644 más los intereses moratorios correspondientes.

Por su parte, el Tribunal a quo resolvió no librar mandamiento de pago por estimar que el título allegado al presente asunto era ineficaz, dado que no cumplía con los requisitos de fondo relativos a la claridad, proveniencia del deudor y exigibilidad, pues la factura 138 del 27 de noviembre de 2012 no contenía una obligación clara como lo ordena el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

Además, señaló que la factura de venta 138, fue expedida con origen en el contrato denominado DAHM-GAA-015-05 del 11 de febrero de 2005, celebrado entre el municipio de Cali - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y la Unión Temporal SICALI, el cual fue declarado nulo. por objeto ilícito por esta Corporación en sentencia del 30 de octubre de 2013, a través de la cual se ordenaron las correspondientes restituciones mutuas, por lo que el título aducido en esta oportunidad no tenía la capacidad de producir efectos jurídicos, comoquiera que el soporte base del título no existía más en el mundo jurídico.

La parte ejecutante en su recurso de apelación manifestó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, los contratos de ejecución sucesiva que eran anulados daban derecho a que se reconocieran y pagaran las prestaciones cumplidas entre las partes. Precisó que no importaba cuál fuera la causal de nulidad del contrato para efectos de adquirir el derecho o la obligación de recibir o reconocer, según el caso, las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria de nulidad.

Por lo anterior, la parte ejecutante indicó que en el presente asunto se debían reconocer las prestaciones cumplidas, toda vez que la entidad estatal se benefició de dichas prestaciones ejecutadas. También se refirió a la validez de la factura para cobrar jurídicamente un crédito a su favor y' afirmó que la misma prestaba mérito ejecutivo.

Cabe advertir que, en el presente casó, el título está compuesto por la factura de venta 138, que junto con el contrato DAHM-GAA-015-05, conforman un título ejecutivo complejo.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 297 del CPACA, para efectos de esta jurisdicción, prestarán mérito ejecutivo los contratos, así como los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

En el caso de autos, corno bien se dijo, .se trata de un título complejo, esto es, una factura expedida con ocasión de una relación contractual así como el mencionado contrato DAHM-GAA-015-05.

Dicho título complejo prestará mérito ejecutivo siempre y cuando contenga una obligación clara, expresa, y exigible, reúna los requisitos formales para el efecto y, además, se encuadre en alguno de los casos descritos en el citado artículo 297 del Estatuto de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así pues, pasa el despacho a analizar en su conjunto el título aducido en este caso.

En principio podría pensarse que la controversia es de conocimiento de la. Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en tanto la factura que se pretende ejecutar se derivó de una relación contractual, sin embargo, cabe señalar que la factura de venta 138 fue expedida con ocasión del contrato DAHM-GAA-015-05, que fue declarado absolutamente nulo a través de la sentencia proferida por esta subsección el 30 de octubre de. 2013, por cuanto su objeto era ilícito y, en dicha oportunidad frente a las restituciones mutuas se dispuso lo siguiente:

“(...) La nulidad absoluta del contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y, por lo mismo, cada una de las partes está en el deber de devolver a la otra lo que recibió como prestación durante la vigencia de aquél, tal como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, salvo que la naturaleza de las prestaciones impida que las cosas se retrotraigan al estado primigenio.

En efecto, dichas restituciones son procedentes, por regla general, cuando el contrato declarado nulo es de ejecución instantánea (salvo que verse sobre cosas fungibles), como en la compraventa, por ejemplo, pues, en este caso, el comprador restituye la cosa y el vendedor restituye la contraprestación recibida, conforme a lo prescrito por el artículo 1746 atrás citado; pero, existen eventos en los cuales las restituciones mutuas no son procedentes, porque la naturaleza del fenómeno que se presenta lo impide materialmente, como sucede, por ejemplo, cuando no se puede deshacer lo ejecutado por una de las partes, como ocurre en el caso de algunos contratos de ejecución sucesiva (el de prestación de servicios, el de arrendamiento, etc.)(13).

Por tal razón, el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 dispone que la declaración de nulidad absoluta de un contrato de ejecución sucesiva no impide el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas al momento de la declaratoria.

En este caso, a pesar de que el contrato DAHM-GAA-015-05 del 11 de febrero de 2005 adolece de nulidad absoluta, resulta imposible retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de su celebración, pues ello implica deshacer lo ejecutado por la Unión Temporal Servicios de Impuestos de Cali -SI CALI- y que ésta -como contratista- devuelva los valores que le fueron pagados por el municipio de Cali por la ejecución del objeto contractual, de lo cual al menos lo primero es materialmente irrealizable.

- Restitución de bienes corporales e incorporales.

Pese a lo anterior, lo que sí resulta procedente —para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato declarado nulo— es la restitución de los bienes que la entidad pública contratante entregó a la contratista, para la ejecución del objeto del contrato, pues, según se desprende de la prueba válidamente allegada al proceso, el municipio de Santiago de Cali se obligó a poner a disposición de la unión temporal algunos inmuebles, instalaciones físicas, equipos, infraestructura de comunicación y bases de datos (ver numerales 4.1.5, 4.1.5.1, 4.1.5.2, 4.1.5.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.7.1, 4.2.7.2 y 4.2.7.3 del pliego de condiciones, folios 210 a 215, C..2 y cláusulas sexta y séptima del contrato DAHM-GAA-015-05, folios 191 y 192, C. 1).

En ese sentido, la Sala ordenará que los integrantes de la Unión Temporal Servicios de Impuestos de Cali —SI CALI— restituyan al municipio de Santiago de Cali,' en un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la totalidad de los bienes muebles e inmuebles que le hayan sido entregados para la ejecución del objeto del contrato”.

Por otra parte, de la prueba que obra en el proceso se desprende que la Unión. Temporal Servicios de Impuestos de Cali —SI CALI— era la encargada de alimentar y actualizar las bases de datos relacionadas con la información de los contribuyentes y la administración de los impuestos objeto del contrato declarado nulo (ver numerales 4.1.1, 4.1.2.5, 4.1.2.6, 4.1.2.12, 4.1.3.6, 4.1.3.10, 4.2.7.3 y 4.4 del pliego de condiciones y cláusula sexta del contrato, folios 183 a 189, 202, 204, 206, 215 y 217, C. 2 y 191 y 192, C. 1); por consiguiente, para volver las cosas al estado anterior, se dispondrá que los integrantes de la Unión Temporal Servicios de Impuestos de Cali —SI CALI— entreguen a la entidad territorial, en un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la totalidad de la información física y magnética (bases de datos, expedientes, correspondencia y demás documentos), junto con las copias magnéticas de seguridad que se hallen bajo su custodia y que guarden relación con el objeto del contrato declarado nulo.

Las bases de datos deberán ser entregadas con la información actualiza da hasta la fecha en que se ejecutó materialmente el objeto del contrato, es decir, hasta la fecha en qué se produjo la suspensión definitiva del mismo, como consecuencia de la orden impartida dentro de la acción popular 76-109-33-31-000-2005-01625-01 (fls. 1352 a 1414, C. Consejo)”.

Sin perjuicio de las restituciones mutas a que hubo lugar, toda vez que el contrato DAHM-GAA-015-05 del 11 de febrero de 2005 celebrado entre el Municipio de Cali - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y la Unión Temporal SICALI, fue anulado por esta corporación en sentencia del 30 de octubre de 2013, esta circunstancia genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban antes de su celebración, como si dicho contrato no hubiera nacido nunca a la vida jurídica.

De manera que en el sub examine solo se tendría como título ejecutivo una factura cambiaria(14) —la factura de venta 138 que se pretende hacer valer como tal—, la cual debe cumplir con la regulación contenida en el Código de Comercio(15) con las modificaciones que le introdujo la Ley 123 de 2008(16), no obstante que, en tanto que el contrato que dio origen a la factura 138 y que hace parte del título ejecutivo allegado al proceso fue declarado absolutamente nulo por ilicitud en el objeto, no puede el ejecutante reclamar ante esta jurisdicción la obligación contenida en la factura de venta.

De conformidad con lo anterior, esta corporación carece de competencia para conocer de los procesos ejecutivos que tengan como base única para la ejecución las facturas cambiarias de compraventa, o cualquier otro título valor, pese a que la factura cumpliera con los requisitos señalados en los artículos 744 numeral 4º parte final, 778 y 685 del Código de Comercio, como título valor, teniendo en cuenta los principios de literalidad y autonomía propios de los títulos valores, razón por la cual éstos se sustraen del negocio jurídico que les sirve de fuente y, en consecuencia, su cobro forzoso se debe realizar a través de la acción cambiaria prescrita en el artículo 782 del referido estatuto, y ante los jueces civiles ordinarios, en aplicación del artículo 16, numeral 1º del C.P.C.(17).

Sumado a la declaratoria de nulidad por objeto ilícito del contrato que dio origen a la factura cambiaria 138 del 27 de noviembre de 2012 expedida por la Unión Temporal SICALI, se tiene que ésta le fue endosada en propiedad a la sociedad Servicios Financieros de Inversiones S.A. el 6 de diciembre de 2012, circunstancias que impiden el estudio de fondo de la apelación formulada.

Sobre este punto, vale la pena traer a colación lo dicho por esta Corporación en una circunstancia similar a la que hoy se estudia, en vigencia del Código Contencioso Administrativo —contenido en el Decreto O1 de 1984—, ocasión en la cual, a través de auto del 3 de agosto de 2006; la Sección Tercera resolvió remitir el expediente a la justicia ordinaria por falta de competencia, al considerar que el título valor que se pretendía cobrar no tenía origen en un contrato, caso en que sí conocería esta Sección(18), pues, “esta jurisdicción está a cargo de conocer los asuntos en que el título ejecutivo esté integrado con documentos relativos a negocios jurídicos estatales, que contengan obligaciones de pago representadas en títulos valores que no hayan circulado”(19).

Toda vez que la factura cambiarla aducida como título, en el presente asunto fue endosada a la sociedad de Servicios Financieros de Inversión S.A., la competencia se adscribe a la .justicia ordinaria, por ser dicho título valor un documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en él se incorpora, tal y como lo preceptúa el artículo 619 del Código de Comercio.

En mismo sentido, se pronunció la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver un conflicto negativo de competencias(20), al conocer de un caso en el que un endosatario de una factura cambiarla interpuso demanda ejecutiva, al señalar que por haber sido endosadas las facturas título de la ejecución, desapareció la relación con el contrato estatal(21).

Así las cosas, la ejecución pretendida en este caso, edificada sobre una factura cambiaria, no puede hacerse ante esta Jurisdicción, toda vez que la obligación contenida en ella no constituye un título ejecutivo demandable de manera autónoma ante lo Contencioso Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 297 del CPACA.

En estos términos, resulta necesario precisar que si bien al momento de interponerse la presente demanda ejecutiva —13 de agosto de 2013— aún no había sido proferida la sentencia del 30 de octubre de 2013 que ordenó anular absolutamente el contrato DAHM-GAA-015-05 por adolecer de objeto ilícito, dicha circunstancia se dio durante el trámite del presente proceso y, por consiguiente, la actuación a partir de la notificación de dicha sentencia, se encuentra viciada de nulidad.

En este orden de ideas, no puede el despacho pronunciarse frente a los argumentos de la apelación, pues de todo lo anterior, se colige que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es competente para conocer del presente asunto; luego, comoquiera que el conocimiento del presente asunto le corresponde a la Jurisdicción ordinaria, se ordenará la remisión del expediente al Tribunal Superior del Valle del Cauca para lo de su cargo, tal como lo consagra el inciso 4 del artículo 168 del CPACA(22).

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado, según lo expuesto.

2. REMITIR por competencia el asunto de la referencia al Tribunal. Superior del Valle del Cauca para lo de su cargo, previa cancelación de su radicación.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Hernan Andrade Rincón

1 Por medio de la cual se unifica la factura como título valor corno mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.

2 Folios 33 a 34 del cuaderno de la demanda.

3 Visible de folios 38 a 54 del cuaderno de la demanda.

4 Visible de folios 65 a 84 del cuaderno de la demanda.

5 Folio 86 del cuaderno principal 1.

6 Visible de folios 90 a 91 del cuaderno principal 1.

7 Entro a regir el 2 de julio de 2012.

8 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.

9 “Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso, de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar; as sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

10 “Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
(…).
3. El que ponga fin al proceso (…)”.

11 De los ejecutivos de carácter contractual (artículo 75 de la Ley 80 de 1993).

12 Auto del 20' de febrero de 2008, expediente 41001-23-31-000-1995-08427-01(21132) Magistrado Ponente Dr. Mauricio Fajardo; Gómez, ver también auto del 8 de febrero de. 2007, expediente 30.903, Magistrado Ponejite. Dr. Enrique Gil Botero.

13 También existen casos en los que la misma ley o la conveniencia pública impiden que se puedan decretar las restituciones mutuas:
A este respecto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de agosto de 1993, Expediente: 2.985, dijo:
“... ese efecto retroactivo de la declaración de nulidad admite excepciones, en primer lugar, cuando la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita; en segundo lugar: cuando se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz omitiéndose los requisitos que la ley exige y, en tercer lugar, por razones de interés público.
“Las dos primeras excepciones están contempladas en los artículos 1525, 1746 y 1747 del Código Civil. La primera disposición prohíbe repetir lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud, y la segunda, en igual forma, lo que se haya dado o pagado al incapaz, salvo prueba de haberse hecho éste más rico.
“La tercera excepción viene impuesta por las, necesidades del servicio público, dada la primacía del interés social por sobre el particular, establecida en el' artículo 58 de la Constitución Nacional (antes art. 30).
“Siendo, como es, la propiedad una función social, al tenor de la disposición, constitucional, debe ceder frente al interés general, por lo cual no siempre es conducente la acción restitutoria o reivindicatoria, sino uno sustitutiva de carácter compensatorio”.

14 “ART. 772.—Factura. Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.
No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito.
El emisor vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la factura. Para todos los efectos legales derivados del carácter de título valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado, será título valor negociable por endoso por el emisor y lo deberá conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en poder del emisor, para sus registros contables.
PAR.—Para la puesta en circulación de la factura electrónica como título valor, el Gobierno Nacional se encargará de su reglamentación”.

15 El artículo 774 del Código de Comercio reza así: “La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:
1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.
2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.
3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.
No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.
En todo caso, todo comprador o beneficiario del sérvicio tiene derecho a exigir del vendedor o prestador del servicio la formación y entrega de una factura que corresponda al negocio causal con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiere sido cancelada.
La omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las facturas” (se destaca).

16 Por la cual se unificó la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictaron otras disposiciones.

17 Esta corporación se pronunció en este mismo sentido, en vigencia del Código Contencioso Administrativo -contenido en el Decreto 1 de 1984- en Auto del 28 de septiembre del 2000 proferido por el Consejo de Estado, M.P.: Alier Hernández Enríquez, Expediente: 17864. Ver también los expedi6tes 17014 y 16048.

18 1 Autos que dictó la Sección Tercera: el 21 de febrero de 2002, Expediente: 19.270. Actor: Bancafé. Demandado: municipio de Pitalito y otros, Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez; el 31 de marzo de 2005, Expediente: 28.895, Actor: Julio César Zuluaga Trejos, Ejecutado: Municipio de Rionegro. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.

19 Auto del 3 de agosto de 2006, C.P.: Ramiro Saavedra Becerra, Expediente: 20403, en el cual se dijo que: “En esos casos, en que se pretenda ejecutar con base en un título valor, la Sala ha dicho que se deben' cumplir varios requisitos como son: (i) que el título valor tenga origen en un contrato estatal; (ii) que el contrato que originó el título valor sea de aquellos de los que conozca la jurisdicción contencioso administrativa; (iii) que haya identidad entre las partes del título valor y del contrato estatal; y (iv) que las excepciones que se puedan proponer al contrato estatal sean oponibles en el proceso ejecutivo.
(...) el título valor que pretende cobrar, no tiene origen en un contrato estatal.
Por lo tanto, al no tener competencia la jurisdicción contencioso administrativa para conocer del asunto, es necesario decretar la nulidad de todo lo actuado para remitir el asunto a la justicia ordinaria”.

20 Constituye el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Sala Civil del Tribunal. Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Séptima Administrativo de Cali, dentro del proceso ejecutivo contra el municipio de Dagua, donde solicita el actor que se libre mandamiento de pago de la obligación adquirida con los respectivos intereses moratorios por concepto de unas facturas de venta y se condene en costas a la entidad demandada. El, criterio jurisprudencial anterior, también, es compartido por el doctor Mauricio Rodríguez Tamayo, cuando al respecto, sostiene: “Por el contrario, se cree que si el título valor tiene su fuente en un contrato estatal y se dan las condiciones fijadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, el asunto, necesariamente, deberá ser conocido. por la justicia administrativa, pues cobra plena aplicación la previsión clara y especial del artículo 75 de la Ley 80 de 1993”.

21 Providencia del 3 de octubre de 2012, M.P.: Henry Villarraga Oliveros, Registro: 26-09-2012.

22 “En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”.