Auto 2014-00057 de agosto 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Rad.: 11001032800020140005700

Actor: Yorgin Harvey Cely Ovalle

Demandada: Johana Chaves García

Auto admisorio y suspensión provisional

Bogotá D.C., trece de agosto de dos mil catorce.

Procede la Sala a pronunciarse sobre la admisión de la demanda presentada por el ciudadano Yorgin Harvey Cely Ovalle y sobre la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo por medio del cual se declaró la elección de la señora Johana Chaves García como Representante a la Cámara por el departamento de Santander.

Antecedentes.

1. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral la parte actora instauró demanda con el objeto de que se declare la nulidad de la elección como Representante a la Cámara por el departamento de Santander de la señora Johana Chaves García identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.605.356.

Textualmente las pretensiones fueron (fl. 1, cdno. 1):

“1º—Que es nulo el acto de elección contenido en el formulario E-26 CA de fecha 21 de Marzo de 2014 (anexo 2), por medio del cual la Comisión Escrutadora Departamental de Santander declaró la elección de la señora Johanna Chaves García como Representante a la Cámara territorial por el departamento de Santander, para el periodo 2014 a 2018 y la correspondiente credencial que la acredita como tal.

2º—Que se declare la nulidad de la credencial respectiva.

3º—Que una vez declarada la nulidad electoral de la doctora Johanna Chaves García, se declare la elección de Marcos Johan Díaz Barrera quien es la persona que sigue en la lista y se expida la credencial respectiva”.

2. Mediante providencia del 16 de mayo de 2014, el despacho ordenó que previo a decidir sobre la admisión de la demanda, se oficiara al Consejo Nacional Electoral para que certificara sobre la existencia del acto final mediante el cual se declaró la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Santander y para que remitiera la copia auténtica del expediente administrativo que culminó con la Resolución 1263 del 18 de marzo de 2014.

3. En memorial de junio 4 del año cursante recibido en el despacho sustanciador el 13 de junio, el subsecretario del Consejo Nacional Electoral doctor Benjamín Ortiz Torres, remitió copia del plenario solicitado y copia auténtica del Acuerdo 3 de 30 de mayo de 2014 por medio del cual, entre otras cosas, decidió notificar la declaración de la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Santander para el periodo 2014-2018, realizada mediante el formulario E-26 CA.

Consideraciones.

1. Admisión de la demanda.

Habida cuenta que se reúnen los requisitos contemplados en los artículos 162, 163 y 166 del CPACA; por haberse instaurado dentro del término exigido en el literal a) del numeral 2º del artículo 164 del mismo estatuto y por ser competente la Sala para conocer del proceso en única instancia y de la suspensión provisional, se procederá a su admisión.

En este momento es menester precisar que, ante la situación sui generis presentada en relación con la declaratoria de elección realizada por medio del formulario E-26 CA y el momento de su notificación días después mediante el Acuerdo 3 de 30 de mayo de 2014, el conocimiento común y generalizado con fundamento en las actuaciones de la comisión escrutadora departamental, fue que la declaratoria de elección se dio en el formulario en comento y su notificación se dio en el momento de su expedición. Con todo, el Consejo Nacional Electoral, quien reconoció las incongruencias e inconsistencias del trámite para proferir el acto de elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Santander para el periodo 2014-2018, concluyó que dicho acto, era el contenido en el formulario E-26 CA pero su notificación se daba en la audiencia del 30 de mayo de 2014. Por tanto ante la confusión generada por la propia organización electoral, el demandante Yorgin Harvey Cely Ovalle, decidió demandar el acto de elección dentro de los 30 días siguientes a su declaración, que se suponía se había notificado el día de la firma del formulario tantas veces citado.

Así, al estar perfectamente individualizado el acto de elección y la fecha de su notificación, como expresamente lo reconoció el Consejo Nacional Electoral, y al haberse presentado la demanda en término, de acuerdo a las circunstancias expuestas, se cumple con los requisitos establecidos en los artículos 163 y 164 numeral 2º literal a) del CPACA.

2. Suspensión provisional.

La fuerza ejecutiva y ejecutoria que tienen los actos administrativos una vez quedan en firme como prerrogativa y pilar fundamental de la actuación pública, determinan su impostergable cumplimiento así sean demandados judicialmente; pero al mismo tiempo y como contrapartida y garantía de los administrados(1) implica que éstos puedan solicitar ante el juez la suspensión de sus efectos mientras se tramita el correspondiente proceso donde se cuestiona su legalidad.

La herramienta fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico en 1913 con la Ley 130 y perfilada posteriormente con las leyes 80 de 1935 y 167 de 1941 y el Decreto 1 de 1984. Sin embargo, constitucionalmente solo fue consagrada hasta 1945 con el Acto Legislativo 1 en su artículo 193.

Con el cambio constitucional en el año 1991 es el artículo 238 el que establece la posibilidad de aplicar la suspensión como medida provisoria frente a la efectividad de los actos administrativos, disposición desarrollada ahora en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —L. 1437/2011— (arts. 229 y ss.).

El Estado de derecho supone por antonomasia el acatamiento de las normas jurídicas tanto por parte de la administración como de los particulares y nuestra tradición jurídica nos reconduce al cumplimiento de estas reglas jurídicas a través de la coherencia y congruencia normativa que implica, dentro del sistema jerárquico y piramidal, la no contradicción entre unas y otras y en caso de presentarse tal fenómeno, la posibilidad de desactivar, definitiva o transitoriamente, la disposición transgresora en garantía del principio de legalidad. Pues es precisamente esa posibilidad de dejar sin efecto temporal la norma, el objeto de la denominada “suspensión provisional”.

Hoy en día el artículo 229 del CPACA consagra la medida en comento exigiendo una “petición de parte debidamente sustentada”, y el 231 impone como requisito la “(...) violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.

Entonces, las disposiciones precisan que la medida cautelar i) se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado o en la misma demanda, pero en todo caso que sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación y ii) al resolver se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

De esta manera, el cambio sustancial respecto al régimen del anterior Código Contencioso Administrativo radica en que, a la luz del artículo 231 del nuevo CPACA, el operador judicial puede analizar la transgresión bien sea con la confrontación entre el acto y las normas superiores invocadas o con el estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, sin que ello implique prejuzgamiento(2).

Por otra parte en el proceso de nulidad electoral, de conformidad con el inciso final del artículo 277 del CPACA, la decisión de otorgar o no la medida cautelar se toma en el auto admisorio, lo cual evidencia la misma efectividad que aquellas medidas catalogadas como de urgencia por el artículo 234 del CPACA, puesto que no implica la exigencia de adelantar el traslado previo mediante auto separado al demandado para que se pronuncie sobre la solicitud.

3. Caso concreto.

Conviene precisar entonces que el actor propuso en escrito diferente (fls. 19 a 26, cdno. 1) la sustentación para la medida cautelar planteada en atención a la presunta contradicción que se presenta entre el acto acusado y las normas en que debía fundarse, citando como transgredidas y explicando el concepto de su violación así:

- Los incisos primero, segundo y último del artículo 107 de la Constitución Política.

- Los incisos primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 —estatutaria de los partidos políticos—.

- El numeral 8º del artículo 275 del CPACA —L. 1437/2011—.

Se esgrimió como irregularidad para la anulación del acto demandado la consagrada en el numeral 8º del artículo 275 del CPACA, esto es: “Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política al momento de la elección”.

Indica el demandante que la elección cuestionada está viciada por cuanto la elegida está incursa en doble militancia por haber sido miembro directivo del partido Opción Ciudadana desde el 10 de julio de 2013 hasta cuando renunció el 17 de octubre de 2013 para ser inscrita como candidata a la Cámara por el departamento de Santander en representación del Centro Democrático, hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2013. Alega el actor que las normas invocadas como transgredidas imponen la obligación a los directivos de los partidos políticos que aspiren a ser elegidos en corporaciones públicas de elección popular por otros partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos de renunciar a su cargo doce (12) meses antes de postularse, aceptar la designación o ser inscrito como candidato.

Afirma que la demandada violó la prohibición establecida por cuanto entre su retiro del partido Opción Ciudadana y su inscripción como candidata por el Centro Democrático transcurrieron menos de los 12 meses exigidos por la Constitución y la ley, razón por la cual se configura la irregularidad de doble militancia consagrada en el numeral 8º del artículo 275 como causal para la anulación de su elección.

Allega como sustento probatorio de lo anterior, entre otros documentos: memorial de solicitud ante el Consejo Nacional Electoral de inscripción de la directiva nacional del partido Opción Ciudadana antiguo PIN conforme al artículo 9º de la Ley 1475 de 2011 (fls. 61 a 66, cdno. 1); Resolución 1825 del 10 de julio de 2013 expedida por el Consejo Nacional Electoral mediante la cual se inscribe a la demandada Johana Chaves García como miembro directivo del partido Opción Ciudadana (fls. 49 a 58, cdno. 1); memorial mediante el cual la señora Johana Chaves García presenta renuncia ante el presidente del directorio departamental del partido Opción Ciudadana del 17 de octubre de 2013 (fl. 187, cdno. 1); formulario E-6 CT de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde se inscribe la candidatura de la demandada a la Cámara de Representantes en el departamento de Santander por el Centro Democrático el día nueve (9) de diciembre de 2013 y carta de aceptación de la postulación suscrita por la señora Johana Chaves García (fls. 188,189 y 191, cdno. 1); oficio de abril 3 de 2014 suscrito por el presidente nacional del partido Opción Ciudadana en el que le informa a la doctora Johana Chaves García sobre su debida inscripción ante el Consejo Nacional Electoral como miembro de la dirección nacional del partido y sobre el efecto de su renuncia a partir del 17 de octubre de 2013 respecto a su cargo en la Dirección Nacional del partido (fl 228, cdno. 1); y formulario E-26 CA expedido por la organización electoral donde se declaró la elección de la doctora Johana Chaves García como Representante a la Cámara por el departamento de Santander a nombre del Centro Democrático (fl. 46, cdno. 1).

Atendiendo entonces la primera posibilidad que da el artículo 231 del CPACA, al analizar la simple contraposición entre el acto acusado y las normas invocadas como vulneradas, la Sala observa que no aparece divergencia o contradicción o que lo normado en las disposiciones constitucionales y legales se oponga a lo dispuesto en el acto de elección cuestionado individual y objetivamente considerado.

La doble militancia no se verifica con el simple examen del acto de elección atacado y al compararlo con los artículos 107 de la Constitución Política y 2º de la Ley 1475 de 2011 no aparece contradicción en su contenido literal. Sin embargo, utilizando la segunda posibilidad del artículo 231 del CPACA, al analizar el material probatorio allegado tanto por el demandante como el solicitado por el despacho sustanciador(3), se encuentra la transgresión evidente de las normas invocadas y la incursión de la demandada en doble militancia, causal que amerita la suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

- Se encuentra demostrado que Johana Chaves García fue elegida como Representante a la Cámara por el departamento de Santander a nombre del Centro Democrático, como se informa a folio 46 del cuaderno número 1 con la fotocopia autenticada por el subsecretario del Consejo Nacional Electoral del formulario E-26 CA mediante el cual se declaró la elección.

- Está acreditado que Johana Chaves García fue inscrita como miembro de la Dirección Nacional del partido Opción Ciudadana el 10 de julio de 2013, como se comprueba mediante la copia autenticada de la Resolución 1825 del 10 de julio de 2013 expedida por el Consejo Nacional Electoral obrante dentro del expediente administrativo remitido por solicitud del despacho sustanciador y también aportada por el demandante, en la cual se informa que el representante legal y el secretario general del antiguo partido de Integración Nacional - PIN solicitaron el cambio de nombre del partido político por el de Opción Ciudadana y pidieron la inscripción de sus directivas ante la organización electoral conforme lo establecido en el artículo 265 de la Constitución Política. En dicho acto administrativo se resolvió inscribir como miembros de la dirección nacional a ciento veintiséis (126) personas, entre las que figura en el lugar ciento dos (102) la señora Johana Chaves García identificada con la cédula de ciudadanía número 1.098.605.356, acto que goza de la presunción de legalidad (art. 88 CPACA) y frente al cual no aparece demostración de haber sido anulado o suspendido por lo que merece plena credibilidad para la Sala (fls. 49 a 58, cdno. 1 y anexo 1).

- Aparece evidenciado que la señora Johana Chaves García presentó su renuncia al partido Opción Ciudadana a partir del 17 de octubre de 2013 como lo documenta la copia de su carta obrante a folio 129 del anexo 1 dentro del expediente administrativo remitido por el Consejo Nacional Electoral y la copia de la comunicación remitida por el presidente nacional del partido Opción Ciudadana a la demandada visible a folio 211 del anexo 1.

- Se determina que la señora Johana Chaves García aceptó la candidatura y efectivamente se inscribió como aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander por el Centro Democrático el día nueve (9) de diciembre del año 2013, conforme se corrobora en el folio 191 del cuaderno 1 con la copia de la carta remitida por la demandada al registrador delegado departamental de Santander y con la copia del formulario E-6 CT de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde consta la inscripción, obrante a folios 188 y 189 del cuaderno 1 del plenario.

Así las cosas, tanto el formulario E-26 CA como el Acuerdo 3 de 30 de mayo de 2014 mediante el cual se notificó la declaratoria de elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Santander, documentos auténticos válidamente allegados al proceso y sobre los cuales la Sala no observa reparo alguno atendiendo su procedencia e integralidad, llevan a la certeza sobre la elección de Johana Chaves García como congresista por el partido Centro Democrático. De igual manera, los Estatutos del partido Opción Ciudadana que determinan la forma de escogencia de sus directivos, como las actas de la convención celebrada el 31 de mayo y 1 de junio de 2013 y la Resolución 1825 del 10 de julio del mismo año proferida por el Consejo Nacional Electoral mediante las cuales se escogió y se registró la designación de la ahora demandada como directiva de tal agrupación, son elementos documentales cuya autenticidad no fue discutida en el expediente administrativo que se cerró con la Resolución 1263 del 18 de marzo de 2014 allegado a este proceso por solicitud de la magistrada conductora, documentos que merecen plena credibilidad observando la autoridad pública de quien provienen y la ausencia de tacha en su trámite al interior de la administración.

A su turno, las comunicaciones remitidas por la Representante Chaves García y por el presidente del partido Opción Ciudadana obrantes dentro de la foliatura administrativa allegada a este proceso (fls. 206 y 211, anexo 1), dan cuenta de su renuncia y aceptación a la misma, escritos que no fueron desvirtuados en dicho trámite ante el Consejo Nacional Electoral, que en su apariencia no tienen indicios de alteración o enmendaduras y que fueron reconocidos por la propia demandada en comunicación posterior donde solicitó aclarar su situación como directiva del partido Opción Ciudadana, razones por las que merecen ser tenidos como soporte probatorio de la petición provisional impetrada.

Finalmente el formulario E-6 CT de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde consta la inscripción de Johana Chaves García como candidata a la Cámara de Representantes de Santander por el Centro Democrático, es un documento público remitido también por la propia autoridad y obrante en el expediente administrativo tantas veces referenciado, que goza de plena veracidad y no fue discutida su autenticidad en sede administrativa, el cual deberá ser tenido como pleno elemento de convicción para la Sala al momento de decidir la medida provisoria demandada.

Por tanto, la valoración de los documentos aportados por la parte actora y los allegados por solicitud del despacho sustanciador, lleva a la Sala a concluir que, al estar la demandada registrada como directiva del partido Opción Ciudadana dentro del año anterior al momento de su inscripción como candidata al Congreso de la República el día 9 de octubre de 2013 por el Centro Democrático, se incurrió en doble militancia, tal como lo establece con absoluta claridad el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 al decir:

“(...) Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.

(...)”.

En el caso examinado la demandada Johana Chaves García hizo parte de las directivas del partido Opción Ciudadana desde el 10 de julio de 2013 hasta el 17 de octubre de 2013, esto es un mes y 22 días antes de ser inscrita como candidata por el Centro Democrático. En efecto, la Ley 1475 de 2011, recogiendo los principios del artículo 107 de la Constitución Política, garantiza la participación de los ciudadanos para que tomen parte en las decisiones fundamentales de sus partidos o movimientos políticos, integrando sus diferentes estructuras internas y en especial los cuadros directivos de tales agremiaciones(4).

A su turno, los estatutos del partido Opción Ciudadana (fls. 231 a 246, cdno. 1) determinan que la afiliación y desafiliación al mismo será libre y voluntaria (art. 6); y la escogencia de sus cuadros directivos deberá hacerse por mecanismos de carácter electivo al interior de la agrupación (art. 11). Ahora bien, respecto a la máxima expresión y nivel de compromiso dentro de la estructura del partido Opción Ciudadana, se encuentran los “directivos” que corresponde a aquellos afiliados que, de acuerdo con los estatutos, hayan sido inscritos ante el consejo nacional electoral (art. 14) y que hubieren sido elegidos por la convención nacional (arts. 24 y 33), de acuerdo con su extracción, bien sea congresista, representante territorial o elegido en la misma convención por consenso o votación.

Fue así como, en la convención nacional del antiguo partido PIN, hoy Opción Ciudadana, celebrada los días 31 de mayo y 1º de junio del año 2013, el secretario nacional manifestó que a la mesa directiva había llegado una propuesta de plancha única para escoger los directivos del partido, de acuerdo con los estatutos, lista dentro de la cual se encontraba como líder natural, la hoy demandada Johana Chaves García, a la sazón precandidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, postulación que fue puesta a consideración y aprobada por la convención por unanimidad como se lee en el acta a folio 181 del cuaderno 1.

Como aparece demostrado, la propia demandada manifestó que se inscribió como precandidata a la Cámara de Representantes por el partido Opción Ciudadana (fls. 187 y 228, cdno. 1), posibilidad que, de acuerdo con los estatutos, únicamente tenían los afiliados que demostraran liderazgo y trabajo socio-político, que hubieren sido autorizados por el partido (arts. 18 y 19) y ratificados por las directivas (art. 35) bien sea por que fueran presentados por los comités ejecutivos departamentales (art. 55) o por las direcciones municipales o distritales del partido Opción Ciudadana (art. 60) de acuerdo con la siguiente facultad:

“(...) Acordar la designación de precandidatos(a) a corporaciones públicas o puestos de elección popular efectuadas en la convención municipal o distrital”.

Por otra parte, la ley estatutaria impone a la organización electoral la obligación de llevar y autorizar un registro formal de los partidos y movimientos políticos y en especial de sus actuaciones respecto a su fundación, reformas de sus estatutos y designación de sus directivas(5). En el presente caso, el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 1825 de 10 de julio de 2013, previa verificación de la documentación pertinente, decidió mediante acto administrativo, inscribir como miembro de la dirección nacional del partido Opción Ciudadana a la señora Johana Chaves García (fl. 49 a 58, anexo 1). Es decir en acto administrativo debidamente notificado, en firme y vigente se verificó su inscripción como directiva del partido Opción Ciudadana.

Por tanto no existe hesitación alguna, respecto al papel activo, representativo, de relieve y conocido, desplegado por la, en su momento precandidata Johana Chaves García, quien, con autorización de las directivas y como miembro destacado del partido Opción Ciudadana, inició y desarrolló desde el mes de mayo de 2013 y hasta el mes de octubre del mismo año (mes de su renuncia) su campaña política en el departamento de Santander, es decir que entre el 10 de julio y el 17 de octubre, término en el que estuvo registrada como directiva, fue al mismo tiempo precandidata a la Cámara de Representantes, con las implicaciones de visibilidad, liderazgo y conocimiento público que esto conlleva.

De igual forma, el numeral 8º del artículo 4º de la ley estatutaria ordena que, los estatutos de los partidos y movimientos políticos incluyan los mecanismos necesarios para controvertir las decisiones tomadas por sus órganos de dirección, gobierno y administración, entre estos, la designación y remoción de sus autoridades(6). Finalmente respecto a los directivos de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, la Ley 1475 es muy clara en advertir que deben ser inscritos ante el CNE y frente a tal situación cualquier delegado al Congreso o convención podrá impugnar tal designación ante la autoridad electoral(7), herramientas que no fueron ejercidas oportunamente por la doctora Chaves García como se extrae del expediente administrativo que culminó con la Resolución 1263 del 18 de marzo de 2014.

Las pruebas analizadas que dan cuenta de la pertenencia de Johana Chaves García al partido Opción Ciudadana, de su escogencia como directiva, de su inscripción como tal ante la autoridad electoral, de su desafiliación al mismo, de su registro en el partido Centro Democrático y de su elección como Representante a la Cámara a nombre de tal colectividad, son material suficientemente plausible para concluir en este momento procesal y ante la medida provisoria impetrada, que la demandada incurrió en doble militancia, en contraposición al único material demostrativo que podría desestimar tal convicción, como lo es la solicitud dirigida por la demandada al presidente del partido Opción Ciudadana sobre su desconocimiento de la designación como directiva de la citada agrupación, circunstancia en la que se advertiría algún cuestionamiento o duda sobre su voluntad de pertenecer a la dirigencia del partido, pero que no tiene la suficiente entidad para deducir lo contrario, habida cuenta que en primer lugar la manifestación sobre el desconocimiento la realiza en los hechos de su petición del 19 de marzo de 2014 elevada ante el presidente del partido Opción Ciudadana sin explicar satisfactoriamente las razones en que se funda, ni solicitar de manera expresa su exclusión como directiva, sino intentando enervar el hecho objetivo de su designación, refrendado por el acto administrativo emanado de la autoridad electoral, mediante un pronunciamiento del jefe de la colectividad sobre su inactividad respecto a su postulación para ser elegida en la convención y sobre la falta de notificación y aceptación de la misma, supuestos o requisitos no exigidos por la ley ni por los estatutos.

Por tanto habiendo valorado las pruebas referenciadas conforme a la sana crítica(8), sistema consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, las reglas de la lógica y la experiencia, llevan a la persuasión racional, libre de discrecionalidades y arbitrariedades, acerca del conocimiento de la ahora demandada sobre su designación como directiva del partido Opción Ciudadana en representación del cual hizo proselitismo como precandidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander.

En segundo lugar, resulta también diciente que, ante la respuesta dada a la anterior petición elevada por la demandada por el presidente del partido Opción Ciudadana, la señora Johana Chaves García no hubiera activado los mecanismos legales permitidos por los estatutos y por la ley para cuestionar el acto de elección e inscripción como directiva, expedidos tanto por el partido como por el Consejo Nacional Electoral.

De igual forma, tanto los estatutos del partido Opción Ciudadana, como el acta de la convención celebrada el 31 de mayo y 1º de junio de 2013 y la Resolución 1825 del 10 de julio de 2013, documentos válidamente aducidos, revelan el hecho objetivo y sin más condicionamientos y exigencias, de que la demandada en este proceso, fue directiva del partido Opción Ciudadana, condición en la que aún aparece en el registro administrativo llevado por el Consejo Nacional Electoral y que configura la causal de anulación esgrimida por la parte actora y sobre la cual fundamenta la medida provisional incoada. En efecto, los estatutos de la colectividad a la que pertenecía la señora Chaves García ni la Ley 1475 de 2011 establecen requisitos adicionales, como aceptaciones, notificaciones, ratificaciones, etc., para ser considerada directiva de la agrupación, por lo que en este momento del proceso y ante la evidencia aportada por el solicitante de la medida cautelar y oficiosamente pedida por el despacho sustanciador, no es válido y jurídico hacer elucubraciones y razonamientos subjetivos que exceden las pruebas obrantes a la fecha en el plenario.

Así las cosas, para la Sala resulta claro que la prohibición consagrada en la norma estatutaria (L. 1475/2011) implica que la persona perteneciente, de acuerdo con las disposiciones antes citadas, a las directivas de un partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos que busque hacerse elegir por otro partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos renuncie al primero doce meses antes de su aceptación o inscripción, por lo que en el asunto bajo examen, la designación de Johana Chaves García como directiva de Opción Ciudadana entre el 10 de julio de 2013, fecha en que el Consejo Nacional Electoral la aprobó por medio de la Resolución 1825, hasta el 17 de octubre de 2013, fecha en que presentó la renuncia al partido, le imponía automáticamente la restricción de inscribirse por otra organización política dentro del año siguiente.

Inclusive desde antes de la reciente decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la expresión “al momento de la elección” contenida en el numeral 8º del artículo 275 y en el literal a) del numeral 1º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, se precisó que el candidato que participa en un proceso electoral incurre en doble militancia cuando, siendo directivo de un partido o movimiento político decida postularse o aceptar su designación como directivo de otro partido o se inscriba como candidato por este último(9), operando la prohibición desde el momento de la elección (antes de la C-334/2014) o desde la inscripción.

Visto desde el otro extremo, la disposición invocada impone un límite temporal hacia atrás de doce meses, es decir, como lo reiteró la Corte Constitucional en la Sentencia C-334 de 2014, la fecha de la inscripción marca el inicio del conteo del término de manera retrospectiva para que el directivo que se cambia de afiliación se retire de su anterior organización política. De acuerdo con lo anterior, para la Sala es protuberante que la señora Johana Chaves García, cuando realizó su inscripción, e inclusive desde su elección, como candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático se encontraba dentro del ámbito temporal de la prohibición consagrada en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, incurriendo entonces en doble militancia y como consecuencia de ello con mérito suficiente para decretar la medida cautelar solicitada.

Por las anteriores razones y con fundamento en los artículos 231, 276 y 277 del CPACA la Sala,

RESUELVE:

ADMITIR la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle contra la elección de la señora Johana Chaves García como Representante a la Cámara por el departamento de Santander, por lo que se dispone:

1. NOTIFÍQUESE a la señora Johana Chaves García como Representante a la Cámara elegida por el departamento de Santander de conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 277 del CPACA.

2. NOTIFÍQUESE personalmente al presidente del Consejo Nacional Electoral de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 277 del CPACA.

3. NOTIFÍQUESE personalmente al Registrador Nacional del Estado Civil de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 277 del CPACA.

4. NOTIFÍQUESE personalmente al señor agente del ministerio público ante esta Sección como lo dispone el numeral 3º del artículo 277 del CPACA.

5. NOTIFÍQUESE por estado a la parte actora.

6. INFÓRMESE a la comunidad la existencia del proceso como lo ordena el numeral 5º del artículo 277 del CPACA.

7. INFÓRMESE al presidente de la Cámara de Representantes como lo ordena el numeral 6º del artículo 277 del CPACA.

SEGUNDO: DECRETAR la suspensión provisional del acto que declaró la elección de Johana Chaves García solicitada por el demandante.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Alberto Yepes Barreiro, presidente—Lucy Jeannette Bermúdez BermúdezMartín Gonzalo Bermúdez Muñoz, conjuez—Susana Buitrago Valencia.

(1) González Rodríguez, Miguel. Derecho procesal administrativo. Bogotá: Ed. Jurídicas Wilches, 1989.

(2) CPACA, Art. 229, inc. 2º.

(3) Auto de mayo 16/2014, fls. 251 a 253, cdno. 1.

(4) “ART. 1º—Participación. Entiéndase por el derecho de todo afiliado a intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del partido o movimiento, en el máximo órgano de dirección y en las demás instancias de gobierno, administración y control, así como los derechos de elegir y ser elegido en todo proceso de designación o escogencia de sus directivos y de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, de acuerdo a sus estatutos”.

(5) “ART. 3º—Registro único de partidos y movimientos políticos.

El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos”.

(6) “ART. 4°—Contenido de los estatutos.

(...).

8. Mecanismos de impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, gobierno, administración y control, así como por las respectivas bancadas”.

(7) “ART. 9º—Directivos.

Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización, hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración y control. El Consejo Nacional Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la respectiva inscripción si ella no se ha realizado dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o designación, y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier delegado al congreso o convención del partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas en él”.

(8) Ver Sentencia C. Const. C-202 de mar. 8/2005, M.P. Jaime Araujo Rentería.

(9) Ver fundamento jurídico 4.4.7 de la Sent. C. Const. C-334/2014.