Auto 2014-00057 de mayo 7 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp.: 11001 03 28000 2014 00057-00 y 11001 03 28000 2014 00083-00 acumulados

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Demandante: Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro

Demandada: Johana Chaves García

Auto Electoral - Recurso de Súplica

Bogotá D.C., siete de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «De la Decisión

Estudiados por la Sala los argumentos que sustentan la súplica contra la decisión de declarar imprósperas las excepciones de caducidad del medio de control, de inexistencia del acto demandado y de inepta demanda, como primera medida encuentra que en el fondo todas están fundadas en el mismo hilo conductor, que tiene que ver con el cómo y el cuándo se produjo la declaratoria de elección y su notificación.

A partir de ello y por las razones que a continuación se señalan, estima que la decisión suplicada debe ser confirmada.

Para el efecto parte de la base de que revisado el expediente se aprecia la presencia de una situación sui generis en cuanto a las especiales circunstancias que rodearon el Acta General de Escrutinios y la expedición del Formulario E-26 CA del 21 de marzo de 2014 que se acusa, que contiene la declaratoria de elección por parte de la Comisión Escrutadora Departamental de Santander, en tanto a la vez estos documentos se remitieron al Consejo Nacional Electoral para resolver recursos y solicitudes, organismo que se inhibió para conocerlos, y determinó notificar por estrados en audiencia pública, el Formulario E-26 CA.

De tal manera que con fines de darle curso a la demanda de tales características, con privilegio del acceso a la justicia, derecho fundamental que en materia electoral está en directa conexidad con el derecho del mismo rango superior, de participar en el control del poder político (traducido en la posibilidad de interponer acciones públicas como la de nulidad electoral), la Sala encuentra válido que el Despacho conductor del proceso haya considerado que por parte del demandante del proceso 2014-00057, se asumiera la viabilidad de instaurar el contencioso electoral desde el 22 de marzo de 2014, en el entendido de que el formulario E-26 de tal fecha en efecto contiene la declaratoria de elección, el cual se expide y se promulga dentro de la actuación administrativa electoral. Esto es, para entonces el acto sí existía.

En este punto la Sala precisa que existe diferencia entre existencia del acto y notificación del mismo. Lo primero concierne al reconocimiento material de su contenido. Lo segundo es relevante para su oponibilidad. En este entendido el acto acusado podía demandarse por estar proferido, aunque según la demandada sea discutible cuándo se produjo su notificación.

Por lo tanto, y por iguales razones, la demanda no es inepta. Cumplió con el requisito de identificar el acto acusado, pronunciamiento de la autoridad administrativa electoral contenida en el E-26 CA.

Igualmente para la Sala la determinación del Despacho conductor en el sentido de no dar por probada la excepción de caducidad, estuvo ajustada a derecho, puesto que, en esta etapa del proceso, cuando el mismo apenas comienza, no es posible asegurar que la demanda se presentó extemporáneamente, siendo regla conductora que el juez en tales casos, aplique la premisa según la cual si existe más de un punto de referencia a partir del cual poder considerar que inició el conteo de la caducidad, debe permitir el acceso a la justicia con el ejercicio del medio de control para el reclamo de tutela judicial efectiva.

A esta consideración se le suma la circunstancia de que existe un acto administrativo amparado por la presunción de legalidad: el Acuerdo 3 del 30 de mayo de 2014 que en su artículo 2º ordena notificar el Formulario E-26 CA, así como también la constancia obrante a folio 37 del expediente 2014-00083, según la cual dicho acto se notificó el 3 de junio del mismo año en estrados y en audiencia pública, lo que pudo haber conferido confianza legítima en el demandante de contabilizar el término de caducidad para demandar, a partir de ello.

2. De la excepción de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este organismo en ambos expedientes acumulados propuso como medio exceptivo la falta de legitimación en la causa por pasiva, fundada en que dicho organismo no tiene injerencia en la organización de escrutinios ni en el resultado de los mismos, razón por la cual carece de competencia para resolver asuntos que atañan a la revocatoria de la inscripción, doble militancia, cumplimiento de estatutos e inhabilidades de candidatos, y por lo tanto, en caso de prosperar las pretensiones de la demanda tampoco podría cumplir con la orden judicial que se impartiera.

En la decisión suplicada se consideró impróspera la excepción en atención a que definir si la demandada incurrió o no en doble militancia es un cuestionamiento cuyo control sí puede estar en la órbita funcional de la entidad que excepciona, pues le compete la elaboración de los formularios electorales y la recepción, aceptación o rechazo de los mismos, así como también definir los procedimientos para la inscripción de candidatos, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011 y del Decreto 1010 de 2000.

De la súplica

La apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil recurrió en súplica esta decisión de no permitir desvinculación del proceso a la entidad que representa. Para el efecto alegó que la inscripción de candidatos es una actuación imparcial de parte de la Registraduría y que quien avala los candidatos son los partidos políticos. Que la Constitución, el Código Electoral y la Ley 1475 de 2011 le atribuyen verificar el buen comportamiento y ética electoral al Consejo Nacional Electoral.

De la decisión

Para la Sala esta decisión debe revocarse y en su lugar, declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Lo anterior, porque debiendo seguirse el precedente de esta Sala sobre la materia, se tiene que en el auto del 6 de noviembre de 2014, expediente 2014-00065-00 se sostuvo que “la vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y su consecuente ubicación procesal en los juicios electorales, es especial (....) y por ello (...) resulta importante establecer en cada caso concreto si las actuaciones de la autoridad pública que se ordena vincular fueron relevantes frente al acto administrativo que se demande y que los cargos invocados por los demandantes apuntes a cuestionar su legalidad”.

Revisada esta premisa frente al caso concreto, no se cumple, pues en las demandas acumuladas no se cuestiona actuación alguna de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que concierna al acto administrativo de elección que se demanda, pues si bien los reproches que se elevan contra este apuntan a cuestionar la legalidad de la elección de la demandada, proceso administrativo que se origina en una inscripción de candidatura a cargo de dicho organismo, en el presente caso al acto de elección se le endilga como vicio que la elegida no podía serlo válidamente, por hallarse incursa en doble militancia política, que es causal de nulidad.

Este vicio atañe a un asunto de fondo, y no así a un aspecto formal posible de establecerse al verificar el cumplimiento de los requisitos de esta misma índole, frente a los candidatos, que es la única atribución que en la materia tiene asignada la RNEC, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.

En efecto, en atención a esta norma solo le es dable a la RNEC rechazar inscripciones cuando los candidatos sean diferentes a los que se seleccionaron mediante consulta popular o interna, o cuando estos habiendo participado en la consulta de un partido, movimiento o coalición, sean inscritos por uno diferente.

De tal manera que abrogarse competencia la RNEC para no aceptar o rechazar una inscripción frente a otro tipo de situaciones diferentes a la verificación de requisitos formales o de los eventos antes señalados previstos en la norma citada, como sería el caso concreto de inmiscuirse en determinar si el candidato incurre en doble militancia bajo otros supuestos diferentes, en ningún caso es atribución que corresponda a esta entidad, y que por lo tanto asumirlo, desbordaría sus facultades legales como entidad que realiza la inscripción.

Si lo hiciera, extralimitaría sus funciones, lo que podría significarle afectar a los candidatos en su derecho fundamental de participar en la conformación del poder político (ser elegidos), e incluso de elegir, por parte del partido político que los avala o del grupo significativo de ciudadanos, y de sus electores.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión adoptada por la Consejera Ponente en la audiencia inicial comenzada el 28 de noviembre de 2014, en cuanto declaró NO PRÓSPERAS las excepciones que propuso el apoderado de la demandada, doctora Johanna Chaves García, Representante a la Cámara por el Departamento de Santander, período 2014-2018.

2. REVOCAR la decisión adoptada por la Consejera Ponente en la audiencia inicial comenzada el 28 de noviembre de 2014, en cuanto declaró NO PRÓSPERA la excepción que propuso el apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En su lugar, SE DECLARA PROBADA la excepción de “Falta de Legitimación en la causa por pasiva” que propuso la citada entidad, y como consecuencia de ello, se le separa del presente proceso.

3. DEVOLVER el proceso al Despacho de la señora Consejera Sustanciadora del mismo, una vez ejecutoriada esta providencia.

Notifíquese y cúmplase».