Auto 2014-00062 de diciembre 4 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-28-000-2014-00062-00(S)

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Henry Hernandez Beltrán

Demandado: Representantes a la Cámara por el Distrito Capital de Bogotá.

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia y oportunidad de recurso de súplica

De conformidad con el inciso 4º del artículo 276 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2), los demás miembros de la Sección Quinta del Consejo de Estado son competentes para conocer del recurso de súplica formulado por el actor en contra del auto de 29 de agosto de 2014, con el cual fue rechazada por caducidad la demanda frente a 234 mesas por diferencias entre formularios E-14 y E-24 de los votos obtenidos por los señores Telésforo Pedraza Ortega (101) y Jairo Gómez Buitrago (102), candidatos del Partido Conservador Colombiano.

Igualmente, dicha norma establece que el recurso de súplica deberá ser formulado por el interesado en el término de dos días siguientes aquel en que se notifique la decisión, plazo que se cumple en este caso, ya que el escrito fue radicado en la secretaría de la Sección Quinta el 5 de septiembre de 2014 (fl. 466 vuelto), y la notificación del rechazo parcial de la demanda dispuesto por auto de 29 de agosto de 2014, se notificó por estado del 3 de septiembre de 2014 (fl. 443 vlto.).

2. Cuestión previa.

Considera la Sala dual, que en atención a que en el auto objeto de súplica se hace una interesante disertación, que se advierte es la posición minoritaria y propia del consejero ponente, es necesario hacer claridad sobre el manejo de la procedibilidad en materia de nulidad electoral en la posición institucional de la corporación a través de su Sección Quinta.

De antemano se advierte que la Sala no comparte la postura de no exigir el cumplimiento del requisito de procedibilidad y menos, por vía de la inaplicación del artículo 161 numeral 6º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto este responde a la previsión constitucional del artículo 237 superior.

Bajo ninguna interpretación de las que enuncia el auto del ponente podría concluirse que la citada norma es inaplicable, pues históricamente, el requisito de procedibilidad fue una propuesta nacida del Consejo de Estado, precisamente para garantizar que la autoridad electoral pudiera apoyar en forma eficiente y eficaz la labor de votación y escrutinio, en pro de garantizar la realidad de la voluntad popular y permitir un filtro certero y fidedigno que permitiera acrecer en la labor de administración de justicia en la competencia del contencioso electoral.

Desde el punto de vista de la exégesis, el artículo precitado del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aunque no en forma fidedigna(3), responde al mandato constitucional superior que ha sido voluntad del constituyente derivado y que no entra en oposición con la voluntad del constituyente primario, única posibilidad de predicar disconformidad al interior de los mandatos que integran la Constitución Política, en las figuras de la sustitución de la Constitución y la intangibilidad de la Constitución.

No es dable pensar que las previsiones constitucionales que se ingresan posteriormente al texto constitucional original y cuya temática es novedosa, contravengan o sustituyan, per se, el texto constitucional, porque ello implicaría volver pétrea la Constitución e imposibilitar o proscribir su reforma.

Pensar o afirmar que los requisitos de procedibilidad —previstos ahora para casi todos los medios de control y para la acción electoral— son un obstáculo para el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia, implicaría desconocer y desechar el desarrollo constitucional, legal y jurisprudencial de más de una década.

Es más normas constitucionales como la contenida en el artículo 237 superior responde a la filosofía de ingreso a la administración de justicia haciendo uso razonado y razonable del mecanismo, y por ende, de aquella.

La norma constitucional establece elementos definitorios o esenciales del requisito de procedibilidad, que en su contenido son propios del contexto de una norma constitucional, pues la disposición que se refirió a los aspectos necesarios para entender el requisito y, no le era necesario entrar sobre el detalle, pues la técnica de redacción de las disposiciones y denominadas marco, no permite entrar en reglamentarismos o sobre el detalle de la regulación, pues ello le corresponde a la ley.

Así pues, no puede afirmarse que la norma constitucional sea de aplicación indirecta, que implique ineluctablemente la necesidad de desarrollo legal para su aplicación, porque se recaba que el contenido de la norma constitucional es suficiente, tanto así que desde su creación ha sido aplicado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y sin que se haya considerado que constituye restricción al acceso a la administración de justicia. No puede ponerse en duda la vigencia y obligatoriedad de dicho requisito, tanto para quien pretende demandar como respecto del juez que debe analizar la demanda para su admisión y curso.

Para reforzar el entendimiento de la figura de reciente creación, la Sala agregará: Concepto y discurso sobre el requisito de procedibilidad

Como cualquier rama del derecho, el electoral no escapa a la concatenación y conexión con las otras disciplinas jurídicas homólogas y, ello encuentra una de sus mayores concreciones en la figura del agotamiento del requisito de procedibilidad como presupuesto procesal de la acción de nulidad electoral.

Esta figura de reciente creación y que fue constitucionalizada, se debate entre el alcance de ser una norma sustancial y una norma procesal, sin que ello desvirtúe su teleología.

El derecho constitucional fuente del derecho electoral

El derecho constitucional como parte integrante del derecho público es fuente del derecho electoral, no en vano nuestra actual Constitución Política consagra dentro de los derechos políticos un abanico de situaciones que son regentadas por el derecho electoral y que se derivan del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a través del derecho a elegir y ser elegido, a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas y a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley, contexto en el que se entiende incorporada la acción de nulidad electoral, como acción pública que es, sólo que sometida a término de caducidad (C.P., art. 40).

Es indudable que temas comunes estructuran tanto al derecho constitucional como al derecho electoral y no puede ser de otra manera porque al derecho constitucional le corresponde en sus materias de estudio abordar las temáticas de la relación de poder individuo-Estado.

Pero no sólo desde el punto de vista sustantivo y organizacional sino frente al derecho procesal electoral también existe consagración constitucional que consiste en que cuando se demande la elección de carácter popular y se trate de causales objetivas de nulidad, esto es, irregularidades en el proceso de votación o escrutinios, se debe agotar el requisito de procedibilidad, mediante la puesta en conocimiento de las anomalías a la autoridad electoral respectiva, pero en todo caso, antes de la declaratoria de la elección (art. 237, par.), reforma constitucional que fue introducida en el Acto Legislativo 1 de 2009 (art. 8º).

La circunstancia de que el mentado presupuesto, conforme a la previsión Constitucional, deba agotarse antes de la declaratoria de la elección enerva cualquier pensamiento o consideración de que se asimile a la vía gubernativa, cuyo desarrollo es posterior al nacimiento de la decisión unilateral de la administración, por eso es necesario ahondar en el siguiente capítulo.

Por otra parte, el derecho constitucional permite descorrer el velo de la consideración de que la exigencia de dicho requisito es una restricción sin natura que afecta a la comunidad al emerger, según sus detractores, como una medida de intervención restrictiva al acceso a la administración de justicia, pues incluso se ha indicado que los derechos fundamentales, por regla general, no son absolutos y que los límites razonados y racionales que permite el constituyente que se impongan, casi siempre, mediante regulación legislativa, son manifestaciones acordes a las normas superiores y absolutamente sanas y convenientes dentro del Estado social de derecho, hablar de comprensión absoluta y omnicomprensiva de los derechos constitucionales es un contrasentido y una utopía dentro del orden que cohesiona al conglomerado, pues naturalmente incluso mi dignidad humana traducida como mi autonomía para regirme tiene límites en el interés social y colectivo y en la individualidad del otro.

Pensar o afirmar que los requisitos de procedibilidad son obstáculo para el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia implica desconocer otros dispositivos que exigen y desarrollan en muchos escenarios.

Pues bien, decantado el aspecto fundamental desde la visión del derecho constitucional, la Sala pasará a la arista del derecho procesal.

La visión del derecho procesal frente al derecho electoral en materia de requisito de procedibilidad

El derecho electoral como todo derecho y para efectos de poder ser objeto de litigio requiere indefectiblemente del derecho procesal como instrumento regulador de las relaciones que surgen a partir de una controversia que se pone en conocimiento de la autoridad administrativa electoral o que se judicializa a fin de obtener decisión por un operador jurídico.

Dentro de ese contexto se encuentra entonces dos clases de derecho procesal en materia electoral, por una parte, el administrativo que regirá toda la actividad procesal en la vía administrativa y cuyo máximo instrumento de regulación es el Código Electoral, con posibilidad de aplicación en caso de vacío de las primeras partes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y por otra parte, el proceso judicial propiamente o de potestad jurisdiccional, que se rige en forma general, mas no exclusiva, por el Código Contencioso Administrativo para los procesos en curso hasta el 2 de julio de 2012 (procesos escritos) y por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o Ley 1437 de 2011 (procesos orales) a partir de esa fecha.

En este punto y frente al requisito de procedibilidad puede considerarse que se ubica en la mitad, en tanto se origina en el estadio de la actividad procesal administrativa electoral, pero afecta y tiene injerencia determinante y trascendental en el proceso judicial propiamente dicho porque es un presupuesto procesal de la acción para poder acceder a la administración de justicia electoral en materia de nulidad de elecciones por voto popular fundamentadas en las causales objetivas.

Pues bien, tanto el derecho administrativo y el procedimental nutren a la acción de nulidad electoral y permiten definir la necesidad de un derecho electoral autónomo, escindible pero coordinado y armónico con las demás disciplinas del derecho e incluso con otras como la sociología, la antropología y todas aquellas que de una u otra forma analizan al hombre —entendido en sentido amplio— como ser político.

El Consejo de Estado en su Sección Quinta ha enarbolado a la acción electoral como aquella llamada a preservar la legalidad del proceso de elección(4) “la pureza del sufragio como soporte del régimen representativo democrático”, de legitimación universal lo cual le otorga su carácter de acción pública, con pretensiones y decisiones judiciales sui géneris, en tanto el interesado tiene la posibilidad de deprecar la nulidad del acto declaratorio de elección o de nombramiento o de llamamiento y, el operador jurídico además de ser juez declarativo, que se pronuncia sobre la nulidad o no del acto de designación, es juez constitutivo, en tanto efectúa nuevos escrutinios para sacar a la luz a los verdaderos elegidos y cancela y otorga las credenciales que dan la condición de elegidos a los nuevos designados.

La acción electoral y el proceso mediante el cual se desarrolla tienen sus reglas propias que le otorgan su especialidad (caducidad propia, causales de nulidad electoral, régimen de acumulación de pretensiones propias, intervención de terceros, requisito de procedibilidad).

Más allá de las particularidades procesales de la acción de nulidad electoral, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha entendido que el contencioso electoral como mecanismo de control ciudadano puede desligarse del contencioso abstracto de legalidad (acción de nulidad simple) por cuanto su objetivo es proteger la legalidad de acto administrativo que materializa los derechos políticos y su efecto, es de doble espectro, pues protege la legalidad abstracta del acto electoral, pero a su vez afecta en forma específica al demandado vencido, quien deberá ser excluido de la competencia administrativa o función administrativa ante el rompimiento de la presunción de legalidad del acto de declaración de la elección.

Principios orientadores de la acción de nulidad electoral que se entienden apoyados y acordes con la previsión que constitucional y legalmente se hiciera del requisito de procedibilidad. En efecto:

• la celeridad y prontitud con las que debe definirse la controversia electoral que ha sido judicializada obedece, por una parte, a la vigencia de la elección cuestionada que, por lo general, es de período y, por otra, en especial, a que se requiere consolidar la certeza o no sobre la legalidad del acto de elección o designación que interesa no sólo al elegido o al nombrado sino también a los electores quienes legítimamente hicieron uso del derecho político de elegir, de carácter fundamental, a través del voto, todo lo cual constituye la integración del sistema electoral en Colombia y a la sociedad en general que debe velar por la legitimidad del ingreso a la función pública de los designados que manejan los destinos del país.

Con el requisito de procedibilidad, la jurisdicción tiene la certeza de que la organización electoral ha tenido la oportunidad de verificar y sanear la irregularidad en el escrutinio o en la votación, permitiendo así una mayor exactitud en la definición de quienes regirán los destinos del país.

• el contencioso electoral en su propósito es un juicio de legalidad objetiva y abstracta, es decir, no fue creado para alcanzar en forma directa e inmediata derechos subjetivos (aunque mediata e indirectamente a través de esta vía, al final también pueda resultar protegido el derecho de quien tenga la vocación legítima de ser nombrado o elegido);

Mediante el requisito de procedibilidad la autoridad administrativa electoral contribuye dentro de sus competencias a defender la legalidad objetiva y abstracta al poder conocer de primera mano y de sus protagonistas en las justas que causó inconformidad en el escrutinio o en la votación.

• siempre debe respetar el principio de la eficacia del voto como protección al derecho de elegir, mayoritariamente ejercido por los ciudadanos a través de la libre y legítima expresión de su voluntad en el voto.

Es una de las mayores manifestaciones que se encuentran ínsitas en el requisito de procedibilidad, pues depurado el escrutinio o la votación mediante la actuación de la organización electoral luego de que ha sido noticiado de las irregularidades, el operador jurídico podrá ejercer su competencia administrando justicia en forma más rápida y expedita, gracias a ese primer filtro que constitucionalmente se presenta ante la autoridad administrativa.

• cuando se demanda un acto administrativo contentivo de una elección por voto popular se debe atender la especialidad de la acción, es decir, respetar las reglas particulares fijadas para el contencioso electoral.

El requisito de procedibilidad para la acción de nulidad electoral es único y específico tanto por predicarse únicamente con respecto a las elecciones por voto popular como por recaer en las vicisitudes de la votación y el escrutinio.

• la jurisdicción de lo contencioso administrativo es rogada por lo que el análisis debe circunscribirse a los hechos, normas y concepto de violación expuestos en la demanda que se constituyen en el marco de litis, no siendo jurídicamente posible para el juzgador salirse de tales parámetros para analizar de manera oficiosa, aspectos que no se plantean en la demanda.

El requisito de procedibilidad responde en un todo a la característica de rogada de la jurisdicción, pues le impone a quien pretende judicializar su causa que acredite que se agotó, por él o por otro (legitimación universal) el referido presupuesto.

La Sección Quinta mediante antecedentes jurisprudenciales(5) ha decantado los principales parámetros para la exigibilidad del requisito, siendo uno de los primeros asumir que en los términos en que el presupuesto fue concebido a nivel constitucional, es de aplicación directa, sin que para ello debiera mediar un desarrollo legislativo, idea que tiene respaldo en el carácter normativo que a la Constitución Política le otorgó la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. La exigibilidad del mencionado presupuesto constitucional se deduce del hecho mismo de haberse pedido su acreditación en dicho caso y en los demás asuntos que hasta el día de hoy ha conocido la Sección Quinta sobre causales de nulidad de tipo objetivo.

De igual manera, en cuanto a los parámetros que deben tenerse en consideración para asumir que el requisito de procedibilidad se agotó correctamente, se identificaron los siguientes: 1. Su acreditación dentro del proceso de nulidad electoral necesariamente está sujeta a la prueba documental, y para ello debe acompañarse copia de la respectiva petición con constancia de haberse radicado ante la autoridad electoral; 2. A través del requisito de procedibilidad solamente se pueden denunciar irregularidades en la votación y los escrutinios, esto es, aquellas anomalías que constituyan causales objetivas de nulidad, como podrían ser las falsedades en los documentos electorales. Por lo mismo, no aplica frente a las causales de reclamación de que se ocupa el Código Electoral, cuyo régimen legal propio se conserva incólume; 3. El correcto agotamiento del requisito de procedibilidad únicamente está ligado a la petición, que es lo que significa “someterlas,… a examen de la autoridad administrativa correspondiente”; 4. El requisito en cuestión tan solo debe agotarse en las elecciones por votación popular, esto es, en los certámenes electorales que se llevan a cabo para escoger la fórmula presidencial, senadores de la República, representantes a la cámara, diputados, concejales, ediles y jueces de paz. A contrario sensu, no aplica para aquellas elecciones que se cumplen al interior de corporaciones electorales como el consejo superior de las universidades estatales o las altas cortes y 5. En los escrutinios nacionales que están a cargo del Consejo Nacional Electoral el requisito de procedibilidad bien puede agotarse ante esa entidad mediante la denuncia de las irregularidades en la votación y los escrutinios.

La conclusión que se advierte en este punto es que la acción de nulidad electoral y su desarrollo por parte de las autoridades jurisdiccionales contencioso administrativas en cuanto el requisito de procedibilidad es sustancial porque su trasfondo es la puesta en conocimiento de la organización electoral de las irregularidades que afectan la elección popular como manifestación del derecho político a elegir y ser elegido y, de ahí la necesidad de su previsión constitucional, pero a su vez goza de una connotación procesal al esgrimirse como presupuesto de la acción y quedar positivizado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

No obstante, ambas aristas no pueden ser escindidas, pues su relación es de dependencia porque le es inherente el principio pro actione, según el cual las normas procesales son instrumentos o medios para la realización del derecho sustancial y con mayor razón el previsto en la Constitución Política.

Así las cosas, para la Sala no cabe duda que el nuevo escenario constitucional que acoge los avances en materia electoral, de participación política y de control judicial respecto a estas controversias, impone de manera general un requisito de procedibilidad cuando se pretenda impugnar elecciones populares con fundamento en irregularidades acaecidas en la etapa electoral y de escrutinios.

Las anteriores disertaciones de la Sala dual permiten entender que la previsión constitucional del requisito de procedibilidad contenida en el parágrafo del artículo 237 constitucional y su homólogo del numeral 6º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo responden en un todo a la parte sustantiva y a la parte procesal del presupuesto procesal, aplicable en la actualidad por decisión mayoritaria de la Sala de la Sección Quinta desde que fue previsto en la Constitución Política a las demandas de nulidad electoral por voto popular basadas en causales objetivas.

3. Caso concreto.

Como se advirtió en precedencia, la competencia de la Sala está enmarcada por las razones que presentó el actor con el recurso de súplica. Así, en tal documento el demandante se limitó a señalar que las mesas que fueron rechazadas con el auto de 29 de agosto de 2014, sí fueron relacionadas en la demanda, pues el escrito de solicitud de revisión de escrutinios que presentó el “…apoderado del doctor Jairo Gomez Buitrago…” ante el CNE por diferencias entre formularios E-14 y E-24 de los votos obtenidos por los señores Telésforo Pedraza Ortega, candidato 101 por el Partido Conservador Colombiano y Jairo Gómez Buitrago, candidato 102, del mismo partido, “…obra dentro del escrito inicial de la demanda…”.

Al respecto encuentra la Sala que el actor con la demanda alegó que al candidato Jairo Gómez Buitrago (102) del Partido Conservador Colombiano le fueron sustraídos votos en forma fraudulenta, y al candidato Telésforo Pedraza Ortega (101), del mismo partido político, le adicionaron votos en forma injustificada. Al efecto indicó que ello sucedió en los siguientes 99 puestos de votación, frente a los cuales ninguna mesa relacionó:

ZP ZP ZP ZP
10115260705510907761406
20208270711520911771407
30210280713530912781502
40401290716540913791505
50411300719551016801507
60412310805561017811513
70422320806571019821602
80424330812581023831606
90427340813591025841613
100501350816601026851619
110503360819611033861622
120506370820621039871624
130507380825631045881801
140510390826641046891802
150513400827651049901805
160514410829661115911806
170515420834671117921816
180516430838681128931823
190519440845691131941906
200520450848701201951907
210601460849711208961912
220602470851721215971913
230607480860731217981915
240608490901741301991925
250610500902751403   

Y con la corrección, el actor relacionó las diferencias entre formularios E-14 y E-24 de los votos obtenidos por los candidatos Telésforo Pedraza Ortega (101) y Jairo Gómez Buitrago (102), ambos del Partido Conservador Colombiano, de las siguientes 291 mesas, las primeras 188 para el primer candidato y las restantes para el segundo, así:

ZPM ZPM ZPM ZPM
10101043260210014510602034760827011
20101045270306002520603019770830024
30101096280403001530604037780835058
40102015290403039540609007790837037
50102018300403041550609013800841003
60102032310405002560704024810854003
70102068320409001570713002820901054
80105003330412012580718004830902018
90108011340414007590721013840904009
100108044350416058600723021850906001
110109054360417004610802003860906002
120110007370422004620802028870906008
130110024380427008630802061880906028
140111024390427017640803003890906051
150112075400502001650804013900909009
160113017410503005660808001910910011
170117019420503010670811011920911009
180118007430505011680812019930914005
190121004440505048690815020940915017
200201019450506001700817027950915046
210201054460506035710819003961002017
220203025470510014720821009971002043
230204013480511014730822021981003038
240204034490513018740823002991005010
2502080015005180177508260061001011018

ZPM ZPM ZPM ZPM
1011012005126111104015112130111761820036
1021014001127111108515213010141771822021
1031018016128111108615313040111781834001
1041021021129111701715413100071791905007
1051023015130111703015513130091801912025
1061024015131111704215614050061811920004
1071025003132111704715714080311821926019
1081025020133112002315815010201831928003
1091025021134112602515915090141841928013
1101029005135112602816016010181859001186
1111029018136112701916116010261869001211
1121031021137112704916216030151879001359
1131032012138112706616316040211889001405
1141033014139112902116416060111890103001
1151037007140113104116516170131900105002
1161040057141113201016616230011910105003
1171042014142114001116716240061920105018
1181043006143120102216817020661930108026
1191047003144120200116917020671940108060
1201103012145120300117018020071950110054
1211103025146120400217118040121960119004
1221104024147120700717218080061970204015
1231107006148120901017318100221980205008
1241108028149120901317418120141990215012
1251108068150121002417518140042000301003

ZPM ZPM ZPM ZPM
2010304014226082300225111040142761619007
2020304023227082401925211040232771621011
2030306010228083002425311180012781624005
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2100505006235090400926012080092851813003
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2120513018237100303126213080172871823017
2130602011238100400526313100502881920073
2140603019239100601526413140202891924031
2150606008240101101726513170112901931007
2160607006241101600326613180182919001207
217070901824210200062671401015    

ZPM ZPM ZPM ZPM
218071600324310220142681403010    
219071700224410250212691403012    
220080900624510320082701408014    
221081701824610340042711506017    
222081702024710390102721509010    
223081801024810430112731601022    
224081901824911030102741606038    
225082000525011030282751617008    

El ejercicio que realizó el despacho ponente consistió en comparar los puestos de votación que fueron referenciados por el demandante con la demanda y las mesas que relacionó en el escrito de corrección, y de esta forma, entre las que existió correspondencia consideró que el cargo fue corregido oportunamente y, por ende, era apto y admisible; pero en aquellos casos en los que no hubo correlación, determinó que eran cargos nuevos, y como fueron presentados fuera del término de caducidad de la acción electoral, entonces debían ser rechazados.

Valga precisar que en esta oportunidad, así como ocurrió en el auto objeto de súplica, se verifica que la causal de nulidad invocada por el demandante se ha mantenido, esto es, la falsedad en la votación por diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24. En cambio, la variación se produjo, y fue ello lo que determinó la admisibilidad y rechazo simultáneo en el auto de 29 de agosto de 2014, en la existencia de cargos diferentes entre la demanda y la corrección. En otras palabras, si bien la causal que sustenta la petición de nulidad es la misma en la demanda y la corrección, lo cierto es que con el segundo escrito del accionante, este trajo nuevos cargos referidos a zonas, puestos y mesas que no fueron relacionados por él en libelo introductorio.

Pues bien, encuentra la Sala que no le asiste razón al recurrente, pues basta con precisar que la aptitud formal de la demanda, en lo que a los cargos se refiere, no depende de las actuaciones que hubiese surtido previo su ejercicio. Quiere decir esto, que la determinación de las irregularidades sustentadas en causales objetivas de nulidad electoral, deben presentarse con el escrito de la demanda, pues sobre ellas es que habrá de pronunciarse el juez, y lo cierto es que el actor pretende que se tengan como cargos presentados oportunamente los que alegó ante una autoridad electoral y que obran en un escrito anexo, pero sobre los que ninguna referencia hizo en la demanda.

Dicho de otra forma, debe existir coherencia entre las peticiones y reclamaciones que formuló ante la autoridad electoral, y la causa petendi de la demanda. Como sucede en este caso, el actor solo relacionó con la demanda los 99 puestos descritos arriba, pero no hizo referencia alguna a otras mesas o a actuaciones proferidas por las autoridades electorales que se hubiesen referido a las mesas rechazadas, por ende, no es posible aceptar como válido su argumento para superar el análisis de caducidad que hizo el magistrado sustanciador en el auto suplicado.

No obstante, verificado el ejercicio comparativo que se realizó entre la demanda y la corrección en el auto de 29 de agosto de 2014, a fin de establecer si la totalidad de las mesas que fueron rechazadas correspondían a los puestos que se relacionaron con el escrito inicial, la Sala encontró que por votos que le adicionaron sin justificación al candidato Telésforo Pedraza Ortega (101), 2 mesas fueron dejadas fuera del análisis:

ZPMPaCE-14E- 4Dif
0208001002101011
0210014002101011

Entonces, como el recurso de súplica se dirige, en últimas, a afirmar que los cargos rechazados que fueron adicionados con la corrección, sí habían sido formulados con la demanda, podría considerarse que el numeral primero del auto de 29 de agosto de 2014, debería ser revocado parcialmente, en lo que a las mesas 02-08- 01 y 02-10-04 se refiere, pues efectivamente los puestos de cada una de esas mesas se encuentran relacionados en la pretensión número 3 de la demanda visible a folio 3 y, por ende, frente a ellas debería ser admitida ya que no estaban afectadas por la caducidad de la acción.

No obstante, como se concluyó en el acápite 2 de esta providencia, la Sala no comparte la tesis formulada por el magistrado sustanciador sobre la inaplicación “…para este caso, [d]el artículo 161 numeral 6º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…”, por ende, al realizar el estudio de procedibilidad de la acción de nulidad electoral, se encuentra que el actor no lo agotó frente a las mesas 02-08-01 y 02-10-04, en consecuencia, la decisión de rechazo se mantiene incólume respecto de ellas pero por esta razón.

Y la Sala mantiene la decisión de rechazo frente a las 232 mesas restantes que se relacionan a continuación, porque, así como lo determinó el magistrado ponente, se trata de nuevos cargos que si bien fueron allegados en el término otorgado para subsanar la demanda el (mayo 30/2014), lo cierto es que para esa fecha ya había expirado el término de caducidad, lo cual ocurrió el 21 de mayo anterior, considerando que el acto demandado fue proferido el 1º de abril de 2014.

ZPM ZPM ZPM ZPM
10101043300409001590830024881032012
20101045310414007600835058891037007
30101096320416058610837037901040057
40102015330417004620841003911042014
50102018340502001630854003921043006
60102032350505011640904009931047003
70102068360505048650906001941103012
80105003370511014660906002951103025
90108011380518017670906008961104024
100108044390603019680906028971107006
110109054400604037690906051981108028
120110007410609007700909009991108068
1301100244206090137109100111001111040
1401110244307040247209140051011111085
1501120754407180047309150171021111086
1601130174507210137409150461031120023
1701170194607230217510020171041126025
1801180074708020037610020431051126028
1901210044808020287710030381061127019
2002010194908020617810050101071127049
2102010545008030037910110181081127066
2202030255108040138010120051091129021
2302040135208080018110140011101132010
2402040345308110118210180161111140011
2503060025408150208310210211121202001
2604030015508170278410240151131203001
2704030395608210098510290051141204002
2804030415708220218610290181151207007
2904050025808230028710310211161209010

ZPM ZPM ZPM ZPM
1171209013146192800317507170022041120018
1181210024147192801317608090062051126025
1191213011148900118617708170182061129017
1201304011149900121117808170202071140024
1211310007150900135917908180102081206020
1221313009151900140518008230022091306008
1231405006152010300118108240192101308017
1241408031153010500218208300242111310050
1251501020154010500318308370022121314020
1261509014155010501818408400152131317011
1271601018156010802618508610032141318018
1281601026157010806018609030052151401015
1291603015158011005418709040092161408014
1301604021159011900418810030182171506017
1311617013160020401518910030312181509010
1321623001161020500819010040052191601022
1331702066162021501219110060152201617008
1341702067163030100319210110172211621011
1351804012164030401419310200062221804006
1361808006165030402319410220142231804012
1371810022166030601019510320082241807001
1381812014167040600319610340042251807012
1391814004168041603919710430112261810036
1401820036169042001119811030102271813003
1411822021170042300719911030282281817004
1421834001171050500620011040142291920073
1431905007172060301920111040232301924031
1441920004173060600820211180012311931007
1451926019174070901820311180062329001207

En conclusión, el rechazo de la totalidad de mesas por diferencias entre formularios E-14 y E-24 en los votos obtenidos por los candidatos Telésforo Pedraza Ortega (101) y Jairo Gómez Buitrago (102) del Partido Conservador Colombiano, dispuesta con auto de 29 de agosto de 2014 será confirmada así: las mesas 02-08-01 y 02- 10-04 por no agotar el requisito de procedibilidad de la acción y las restantes 232, por caducidad.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE:

Confirmar el rechazo de la demanda respecto de los cargos relacionados con las diferencias entre formularios E-14 y E-24 de los votos obtenidos por los candidatos Telésforo Pedraza Ortega (101) y Jairo Gómez Buitrago (102), ambos del Partido Conservador Colombiano, de las 234 mesas señaladas en la parte considerativa de esta providencia.

Notifíquese.»

(2) “ART. 276.—Trámite de la demanda. Recibida la demanda deberá ser repartida a más tardar el día siguiente hábil y se decidirá sobre su admisión dentro de los tres (3) días siguientes.

El auto admisorio de la demanda no es susceptible de recursos y quedará en firme al día siguiente al de la notificación por estado al demandante.

Si la demanda no reúne los requisitos formales mediante auto no susceptible de recurso se concederá al demandante tres (3) días para que los subsane. En caso de no hacerlo se rechazará.

Contra el auto que rechace la demanda procede el recurso de súplica ante el resto de los magistrados o de reposición ante el juez administrativo en los procesos de única instancia y el de apelación en los de primera, los cuales deberán presentarse debidamente sustentados dentro de los dos (2) días siguientes al de la notificación de la decisión” (resaltado de la Sala).

(3) Se afirma de esa forma porque el artículo 161 numeral 6º al consagrar el requisito de procedibilidad para las demandas de nulidad contra el acto de declaratoria de elección en las justas por voto popular, sólo lo impuso para las causales contenidas en los numerales 3º y 5º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ello podría significar que el legislador solo instrumentalizó parcialmente el mandato del parágrafo del artículo 237 constitucional respecto de dos causales, dejando por fuera a otras irregularidades de índole objetivo.

(4) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de 2002, expediente 2828, M.P. Darío Quiñones Pinilla.

(5) Sentencia de 25 de agosto de 2011, expedientes 201000045 y 201000046. Actor: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro contra la elección de los representantes a la Cámara por Boyacá (2010-2014).